Por: Alfredo Valdivieso
Los representantes de las nacientes élites oligárquicas, plutocráticas y gamonalescas que veían en Bolívar y sus tropas solo el elemento indispensable, el brazo armado, para ganar la guerra, decidieron hacer una Constitución a su amaño, prevista para regir futuras haciendas y no la gran república.
Han transcurrido 200 años desde aquel miércoles 3 de octubre de 1821 cuando el Padre de la Patria, el Libertador Simón Bolívar, hizo ingreso junto con el estado mayor del Ejército Libertador al recinto de sesiones del Congreso Constituyente, reunido en el templo de Villa del Rosario de San José de Cúcuta, para promulgar la Constitución de la República de Colombia.
El pasado domingo 3, por ende, se cumplieron los 200 años de la expedición, o mejor: promulgación de la Constitución que unificaba a Venezuela, Nueva Granada y el actual Ecuador, tras la serie de acciones heroicas y cruentas que sellaron nuestra primera independencia en esta parte del continente (Nueva Granada y Venezuela).
El Congreso fue instalado en mayo de ese mismo año, tras el resultado de la victoria en la altiplanicie, en el Puente de Boyacá, donde el 7 de agosto de 1819 fueron batidas las tropas chapetonas y apresada toda su oficialidad y suboficialidad; y tras la batalla, barridos los restos del ejército realista a todo lo largo de la actual Colombia, bajando el río Magdalena, así como en el occidente (Antioquia, Chocó, Cauca), dejando expedito el territorio de Nueva Granada.
Pero previo a estas heroicas acciones de armas –que incluyeron Pantano de Vargas, Corrales de Bonza, Tópaga, Charalá–, la dirección política de la Campaña Libertadora de Nueva Granada se había pergeñado con el Congreso de Angostura de febrero de 1819, y tras las victorias en territorio de la actual Colombia, con la expedición de la Ley Fundamental de la República de Colombia, la grande, en diciembre de 1819.
El triunfo en el Puente de Boyacá, y sus previas, y la campaña del río Magdalena, a cargo de Joseph Hermógenes Maza, generaron como rebufo la Revolución de los Coroneles, iniciada el 1 de enero de 1820 en España contra el intento de enviar veinte mil soldados para la reconquista.
Con dicha revolución, para obligar al rey de España a superar la monarquía absolutista, se da el comienzo del llamado “trienio liberal”, y se produjo la liberación de don Antonio Nariño y su publicación, con el seudónimo de Enrique Somoyar, de las denuncias contra los crímenes del “Pacificador” Pablo Morillo (especie diacrónica del actual Matarife del Ubérrimo). Por eso, don Antonio, el general Nariño, puede regresar a Colombia recién fundada, y por eso el Libertador, en reconocimiento y honor a su abnegación, firmeza y consecuencia, lo hace nombrar vicepresidente del Congreso de Cúcuta y luego de Colombia.
La revolución en España propicia además la firma de los Tratados de Trujillo –con el armisticio y la regularización de la guerra–, ratificados el 25 y 26 de noviembre de 1820 por Pablo Morillo como representante del rey y comandante en jefe de las tropas españolas y por el Libertador Simón Bolívar, en calidad de Presidente de Colombia. El pacto de armisticio se rompe, como estaba previsto y acordado, con la liberación de Maracaibo y la batalla homónima. Por eso, con el realinderamiento y concentración de tropas de ambos bandos, se presenta la batalla definitiva para la liberación de Venezuela (Batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821).
La Asamblea o Congreso, instalada en mayo, con presencia mayoritaria de letrados (abogados, tinterillos, políticos, curas, comerciantes; muy pocos soldados) entró en sesiones constituyentes después de conocer el triunfo en Carabobo. y con sus normas simplemente derogó las disposiciones del Libertador Simón Bolívar, producidas en el Decreto de Carúpano y el Manifiesto de Ocumare, de mediados de 1816, en que se ordenaba la liberación (manumisión la llamaban por esas épocas) de la población esclavizada, reivindicación de las masas desharrapadas de los soldados del Ejército Libertador.
Los representantes de las nacientes élites oligárquicas, plutocráticas y gamonalescas que veían en Bolívar y sus tropas solo el elemento indispensable, el brazo armado, para ganar la guerra, decidieron hacer una Constitución a su amaño, prevista para regir futuras haciendas y no la gran república, y por eso las normas supremas fueron solo pequeños cambios, dejando vigente la columna vertebral del régimen colonial.
Tardarían treinta años más para que las masas artesanales, con las armas en la mano, impusieran como presidente de la república (disuelta Colombia la Grande y muerto Bolívar), al antiguo general del Ejército Libertador José Hilario López y para que el Congreso de la República decretara, mediante la ley del 21 de mayo de 1851, la libertad definitiva y total de la población esclavizada.
La Constitución que mantenía la esclavitud como columna vertebral (pues solo preveía la mal llamada y violentada “libertad de vientres”) y las instituciones provenientes del régimen colonial español con los privilegios, la discriminación y el despojo, simplemente borró de plumazo lo que fueron los lineamientos para dictar la suprema ley, esbozados en el discurso de instalación del Congreso de Angostura del 15 de febrero de 1819 pronunciado por El Libertador.
En la Carta Magna de Cúcuta se mantuvo el carácter de ciudadano solo a los varones libres, excluyendo al pueblo en armas. Sería de tal magnitud la prevalencia de las nacientes élites oligárquicas, el peso de la llamada civilidad, a pesar de no estar concluida la independencia, que en su discurso de aceptación de la Presidencia y de jura de la Constitución, El Libertador expresó: “Esta espada no puede servir de nada el día de paz, y éste debe ser el último de mi poder”.
El artículo 10 de la misma dio inicio a la restricción general para el pueblo (llevada a un régimen político de “democracia restringida y deformada” que se mantiene hasta hoy), al señalar expresamente: “El pueblo no ejercerá por sí mismo otras atribuciones de la soberanía que la de las elecciones primarias…”. Y aun de ese derecho se privaba a los soldados del Ejército Libertador, a las masas que eran el pueblo en armas, al establecer en el artículo 15, entre las calidades para poder sufragar, “4º. Ser dueño de alguna propiedad raíz que alcance el valor libre de cien pesos. Suplirá este defecto el ejercitar algún oficio, profesión, comercio o industria útil con casa o taller abierto, sin dependencia de otro en clase de jornalero o sirviente”.
¡Los soldados, masa del pueblo, solo tenían como propiedad sus harapos y lanzas! La gran diferencia con el Congreso de Angostura, cuyos delegados fueron elegidos en las poblaciones liberadas y en los cuarteles y vivacs. Y en términos generales, al observar los 191 artículos de dicha Constitución de Cúcuta se entiende cómo se estableció una república señorial, oligárquica, elitista y dinástica.
Para recordar la Constitución de Cúcuta, las élites oligárquicas y aristocráticas que gobiernan a Colombia desde mediados del siglo XIX en representación de su bloque de clases, seguramente rememorarán la efeméride como un episodio más, como “celebraron” los 200 años de la Batalla de Boyacá, falseando esa fecha como “Día del Ejército” (el de los falsos positivos y los crímenes de guerra). Y a no ser por la presión popular será ignorada la fecha, como lo fue el bicentenario de los Tratados de Trujillo y los de la Batalla de Carabobo.
Pero exaltarán la Constitución de Cúcuta como el pilar del inicio jurídico de su dominación, y se mostrarán, de Duque para abajo, como los nuevos próceres que ya no buscan la unidad y el progreso de los pueblos hermanos liberados por Bolívar y los hombres y mujeres de “pata al suelo”, sino que azuzan una guerra fratricida y la intervención extranjera.
Nuestro legado es avanzar para alcanzar en corto tiempo una Constitución verdaderamente patriótica, democrática, soberana y popular.
Bucaramanga, octubre 8 de 2021 (Día del Guerrillero Heroico).
El pasado domingo 3, por ende, se cumplieron los 200 años de la expedición, o mejor: promulgación de la Constitución que unificaba a Venezuela, Nueva Granada y el actual Ecuador, tras la serie de acciones heroicas y cruentas que sellaron nuestra primera independencia en esta parte del continente (Nueva Granada y Venezuela).
El Congreso fue instalado en mayo de ese mismo año, tras el resultado de la victoria en la altiplanicie, en el Puente de Boyacá, donde el 7 de agosto de 1819 fueron batidas las tropas chapetonas y apresada toda su oficialidad y suboficialidad; y tras la batalla, barridos los restos del ejército realista a todo lo largo de la actual Colombia, bajando el río Magdalena, así como en el occidente (Antioquia, Chocó, Cauca), dejando expedito el territorio de Nueva Granada.
Pero previo a estas heroicas acciones de armas –que incluyeron Pantano de Vargas, Corrales de Bonza, Tópaga, Charalá–, la dirección política de la Campaña Libertadora de Nueva Granada se había pergeñado con el Congreso de Angostura de febrero de 1819, y tras las victorias en territorio de la actual Colombia, con la expedición de la Ley Fundamental de la República de Colombia, la grande, en diciembre de 1819.
El triunfo en el Puente de Boyacá, y sus previas, y la campaña del río Magdalena, a cargo de Joseph Hermógenes Maza, generaron como rebufo la Revolución de los Coroneles, iniciada el 1 de enero de 1820 en España contra el intento de enviar veinte mil soldados para la reconquista.
Con dicha revolución, para obligar al rey de España a superar la monarquía absolutista, se da el comienzo del llamado “trienio liberal”, y se produjo la liberación de don Antonio Nariño y su publicación, con el seudónimo de Enrique Somoyar, de las denuncias contra los crímenes del “Pacificador” Pablo Morillo (especie diacrónica del actual Matarife del Ubérrimo). Por eso, don Antonio, el general Nariño, puede regresar a Colombia recién fundada, y por eso el Libertador, en reconocimiento y honor a su abnegación, firmeza y consecuencia, lo hace nombrar vicepresidente del Congreso de Cúcuta y luego de Colombia.
La revolución en España propicia además la firma de los Tratados de Trujillo –con el armisticio y la regularización de la guerra–, ratificados el 25 y 26 de noviembre de 1820 por Pablo Morillo como representante del rey y comandante en jefe de las tropas españolas y por el Libertador Simón Bolívar, en calidad de Presidente de Colombia. El pacto de armisticio se rompe, como estaba previsto y acordado, con la liberación de Maracaibo y la batalla homónima. Por eso, con el realinderamiento y concentración de tropas de ambos bandos, se presenta la batalla definitiva para la liberación de Venezuela (Batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821).
La Asamblea o Congreso, instalada en mayo, con presencia mayoritaria de letrados (abogados, tinterillos, políticos, curas, comerciantes; muy pocos soldados) entró en sesiones constituyentes después de conocer el triunfo en Carabobo. y con sus normas simplemente derogó las disposiciones del Libertador Simón Bolívar, producidas en el Decreto de Carúpano y el Manifiesto de Ocumare, de mediados de 1816, en que se ordenaba la liberación (manumisión la llamaban por esas épocas) de la población esclavizada, reivindicación de las masas desharrapadas de los soldados del Ejército Libertador.
Los representantes de las nacientes élites oligárquicas, plutocráticas y gamonalescas que veían en Bolívar y sus tropas solo el elemento indispensable, el brazo armado, para ganar la guerra, decidieron hacer una Constitución a su amaño, prevista para regir futuras haciendas y no la gran república, y por eso las normas supremas fueron solo pequeños cambios, dejando vigente la columna vertebral del régimen colonial.
Tardarían treinta años más para que las masas artesanales, con las armas en la mano, impusieran como presidente de la república (disuelta Colombia la Grande y muerto Bolívar), al antiguo general del Ejército Libertador José Hilario López y para que el Congreso de la República decretara, mediante la ley del 21 de mayo de 1851, la libertad definitiva y total de la población esclavizada.
La Constitución que mantenía la esclavitud como columna vertebral (pues solo preveía la mal llamada y violentada “libertad de vientres”) y las instituciones provenientes del régimen colonial español con los privilegios, la discriminación y el despojo, simplemente borró de plumazo lo que fueron los lineamientos para dictar la suprema ley, esbozados en el discurso de instalación del Congreso de Angostura del 15 de febrero de 1819 pronunciado por El Libertador.
En la Carta Magna de Cúcuta se mantuvo el carácter de ciudadano solo a los varones libres, excluyendo al pueblo en armas. Sería de tal magnitud la prevalencia de las nacientes élites oligárquicas, el peso de la llamada civilidad, a pesar de no estar concluida la independencia, que en su discurso de aceptación de la Presidencia y de jura de la Constitución, El Libertador expresó: “Esta espada no puede servir de nada el día de paz, y éste debe ser el último de mi poder”.
El artículo 10 de la misma dio inicio a la restricción general para el pueblo (llevada a un régimen político de “democracia restringida y deformada” que se mantiene hasta hoy), al señalar expresamente: “El pueblo no ejercerá por sí mismo otras atribuciones de la soberanía que la de las elecciones primarias…”. Y aun de ese derecho se privaba a los soldados del Ejército Libertador, a las masas que eran el pueblo en armas, al establecer en el artículo 15, entre las calidades para poder sufragar, “4º. Ser dueño de alguna propiedad raíz que alcance el valor libre de cien pesos. Suplirá este defecto el ejercitar algún oficio, profesión, comercio o industria útil con casa o taller abierto, sin dependencia de otro en clase de jornalero o sirviente”.
¡Los soldados, masa del pueblo, solo tenían como propiedad sus harapos y lanzas! La gran diferencia con el Congreso de Angostura, cuyos delegados fueron elegidos en las poblaciones liberadas y en los cuarteles y vivacs. Y en términos generales, al observar los 191 artículos de dicha Constitución de Cúcuta se entiende cómo se estableció una república señorial, oligárquica, elitista y dinástica.
Para recordar la Constitución de Cúcuta, las élites oligárquicas y aristocráticas que gobiernan a Colombia desde mediados del siglo XIX en representación de su bloque de clases, seguramente rememorarán la efeméride como un episodio más, como “celebraron” los 200 años de la Batalla de Boyacá, falseando esa fecha como “Día del Ejército” (el de los falsos positivos y los crímenes de guerra). Y a no ser por la presión popular será ignorada la fecha, como lo fue el bicentenario de los Tratados de Trujillo y los de la Batalla de Carabobo.
Pero exaltarán la Constitución de Cúcuta como el pilar del inicio jurídico de su dominación, y se mostrarán, de Duque para abajo, como los nuevos próceres que ya no buscan la unidad y el progreso de los pueblos hermanos liberados por Bolívar y los hombres y mujeres de “pata al suelo”, sino que azuzan una guerra fratricida y la intervención extranjera.
Nuestro legado es avanzar para alcanzar en corto tiempo una Constitución verdaderamente patriótica, democrática, soberana y popular.
Bucaramanga, octubre 8 de 2021 (Día del Guerrillero Heroico).
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