Comunicado. El Buró Político del Comité Central del PCV, en primer lugar reitera su condena histórica a la pretensión del Gobierno de los Estados Unidos de arrogarse el papel de policía y juez del mundo, y que hoy ejerce mediante la recurrente práctica de aplicar ilegalmente sus leyes nacionales más allá de sus fronteras, en flagrante violación del derecho internacional y la soberanía de los países.
En segundo lugar, queremos dejar claro que estos procesos iniciados por la justicia estadounidense contra los ciudadanos Alex Saab, Claudia Díaz y Hugo Carvajal, no tienen como finalidad la lucha contra la corrupción, el narcotráfico o hacer justicia al pueblo venezolano, como la propaganda imperialista quiere hacer ver. El contenido hipócrita del discurso anti-corrupción del Gobierno de los EEUU queda al descubierto por su pasividad frente a las empresas estadounidenses y empresarios venezolanos que participaron del saqueo del país por medio de la asignación preferencial de divisas en el periodo 2003-2016. La mayor parte de ese dinero fue sustraído al país mediante mecanismos fraudulentos, como por ejemplo la sobrefacturación de importaciones en combinación con funcionarios corruptos del gobierno y la complicidad de los Bancos norteamericanos donde terminaron a parar esos recursos, sin que se produjera en todos estos años ninguna investigación sobre la procedencia de esas exorbitantes ganancias o ingresos.
Es importante resaltar, que buena parte del dinero mal habido, como en los casos de los extesoreros Andrade y Claudia, provienen de sobornos pagados por esas mismas empresas extranjeras y “empresarios” nacionales, para que se les autorizara sacar del país sumas colosales de dinero con destino a EEUU y países de Europa.
Es evidente que el Gobierno de los Estados Unidos politiza los casos de Claudia, Saab y Carvajal con un claro propósito intervencionista. Un ejemplo de la farsa de su lucha anti-corrupción son las recientes decisiones de sus tribunales sobre el caso del corrupto extesorero Alejandro Andrade, juzgado por lavar mil millones de dólares que fueron desfalcado al país. La justicia estadounidense ha decidido reducir la pena contra este ciudadano permitiéndole quedar en libertad el próximo año, con la protección del Gobierno Estadounidense para no tener que rendir cuentas a la justicia Venezolana y garantías para el disfrute de una parte del dinero que robó al pueblo venezolano. Por si fuera poco, ni un centavo del dinero que la justicia reconoce que fue hurtado a Venezuela le será devuelto al país. Este es el verdadero rostro del “compromiso” de la lucha anti-corrupción de los EEUU con Venezuela.
La justicia estadounidense no es más que una red de extorsión de corruptos, que cumple el objetivo de sustraerles información a estos ciudadanos en función de sus intereses geopolítico y para terminar de legitimar el dinero robado a los países víctimas de la corrupción, con la finalidad de aprovecharlos en beneficio del sistema financiero estadounidense.
El pueblo venezolano queda así sin posibilidad de hacer justicia y sin poder recuperar el dinero robado por los corruptos que ahora pasan a ser protegidos del Gobierno de los EEUU.
Por estas evidentes razones, el PCV rechaza este circo de la justicia estadounidense. Los corruptos deben ser devueltos al país donde cometieron sus crímenes, para que rindan cuenta de sus actos. Defendemos el derecho soberano de la nación Venezolana para juzgar a estos ciudadanos y hacer justicia al pueblo venezolano. Sin embargo, no es un secreto que la actual Fiscalía General de la República y el sistema de Justicia, por encontrarse altamente parcializados en favor de la narrativa que interesa al Partido gobernante, no dan garantías para que se lleven a cabo procesos de investigación objetivos que permitan asestar un duro golpe a la amplia red de corrupción que asola al país. En este sentido, desde el PCV proponemos que sea la Asamblea Nacional quien designe una comisión especial con la participación de los diversos sectores de la sociedad y presidida por una personalidad que merezca credibilidad de la sociedad, para liderar una investigación profunda y transparente de estos casos.
Asimismo, desde esta comisión se debe emprender el rastreo de todo el dinero robado al país y ejecutar las acciones internacionales necesarias para lograr la inmediata repatriación del mismo, en el marco de los acuerdos internacionales de lucha contra la corrupción.
En este contexto, el PCV deja claro que no acompaña el mensaje gubernamental de presentar al ciudadano Alex Saab como “el salvador de la Patria”. Es un insulto al pueblo venezolano que sufre a diario las inclementes consecuencias de las sanciones, mientras un puñado de empresarios y burócratas corruptos incrementan sus riquezas, presentar a un representante de ese empresariado- que saca provecho comercial de las sanciones ilegales- como si fuese un héroe nacional.
Al pueblo trabajador no nos engañan con esos cuentos de desprendimiento empresarial en favor de la patria, que se esfuerza ahora en vender la propaganda gubernamental. La discrecionalidad y opacidad en el manejo de los recursos y negocios públicos son la fuente de una corrupción desatada que carcome la vida nacional. El caso Alex Saab debe ser también objeto de una exhaustiva investigación. La lucha contra las ilegales sanciones imperialistas no puede ser excusa para legitimar acciones que violenten la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Todo debe ser investigado y quienes resulten responsables de actos de corrupción deben ser castigados con todo el peso de la ley y la incautación de todo lo robado a la nación Venezolana, sin importar a que bando político pertenezcan.
Buró Político del Comité Central
Partido Comunista de Venezuela (PCV)
Caracas, 25 de octubre de 2021.
Es importante resaltar, que buena parte del dinero mal habido, como en los casos de los extesoreros Andrade y Claudia, provienen de sobornos pagados por esas mismas empresas extranjeras y “empresarios” nacionales, para que se les autorizara sacar del país sumas colosales de dinero con destino a EEUU y países de Europa.
Es evidente que el Gobierno de los Estados Unidos politiza los casos de Claudia, Saab y Carvajal con un claro propósito intervencionista. Un ejemplo de la farsa de su lucha anti-corrupción son las recientes decisiones de sus tribunales sobre el caso del corrupto extesorero Alejandro Andrade, juzgado por lavar mil millones de dólares que fueron desfalcado al país. La justicia estadounidense ha decidido reducir la pena contra este ciudadano permitiéndole quedar en libertad el próximo año, con la protección del Gobierno Estadounidense para no tener que rendir cuentas a la justicia Venezolana y garantías para el disfrute de una parte del dinero que robó al pueblo venezolano. Por si fuera poco, ni un centavo del dinero que la justicia reconoce que fue hurtado a Venezuela le será devuelto al país. Este es el verdadero rostro del “compromiso” de la lucha anti-corrupción de los EEUU con Venezuela.
La justicia estadounidense no es más que una red de extorsión de corruptos, que cumple el objetivo de sustraerles información a estos ciudadanos en función de sus intereses geopolítico y para terminar de legitimar el dinero robado a los países víctimas de la corrupción, con la finalidad de aprovecharlos en beneficio del sistema financiero estadounidense.
El pueblo venezolano queda así sin posibilidad de hacer justicia y sin poder recuperar el dinero robado por los corruptos que ahora pasan a ser protegidos del Gobierno de los EEUU.
Por estas evidentes razones, el PCV rechaza este circo de la justicia estadounidense. Los corruptos deben ser devueltos al país donde cometieron sus crímenes, para que rindan cuenta de sus actos. Defendemos el derecho soberano de la nación Venezolana para juzgar a estos ciudadanos y hacer justicia al pueblo venezolano. Sin embargo, no es un secreto que la actual Fiscalía General de la República y el sistema de Justicia, por encontrarse altamente parcializados en favor de la narrativa que interesa al Partido gobernante, no dan garantías para que se lleven a cabo procesos de investigación objetivos que permitan asestar un duro golpe a la amplia red de corrupción que asola al país. En este sentido, desde el PCV proponemos que sea la Asamblea Nacional quien designe una comisión especial con la participación de los diversos sectores de la sociedad y presidida por una personalidad que merezca credibilidad de la sociedad, para liderar una investigación profunda y transparente de estos casos.
Asimismo, desde esta comisión se debe emprender el rastreo de todo el dinero robado al país y ejecutar las acciones internacionales necesarias para lograr la inmediata repatriación del mismo, en el marco de los acuerdos internacionales de lucha contra la corrupción.
En este contexto, el PCV deja claro que no acompaña el mensaje gubernamental de presentar al ciudadano Alex Saab como “el salvador de la Patria”. Es un insulto al pueblo venezolano que sufre a diario las inclementes consecuencias de las sanciones, mientras un puñado de empresarios y burócratas corruptos incrementan sus riquezas, presentar a un representante de ese empresariado- que saca provecho comercial de las sanciones ilegales- como si fuese un héroe nacional.
Al pueblo trabajador no nos engañan con esos cuentos de desprendimiento empresarial en favor de la patria, que se esfuerza ahora en vender la propaganda gubernamental. La discrecionalidad y opacidad en el manejo de los recursos y negocios públicos son la fuente de una corrupción desatada que carcome la vida nacional. El caso Alex Saab debe ser también objeto de una exhaustiva investigación. La lucha contra las ilegales sanciones imperialistas no puede ser excusa para legitimar acciones que violenten la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Todo debe ser investigado y quienes resulten responsables de actos de corrupción deben ser castigados con todo el peso de la ley y la incautación de todo lo robado a la nación Venezolana, sin importar a que bando político pertenezcan.
Buró Político del Comité Central
Partido Comunista de Venezuela (PCV)
Caracas, 25 de octubre de 2021.
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