Por: Alfonso Castillo
El pasado viernes 29 de octubre, el fiscal de la Corte Penal Internacional, toma la decisión de levantar la “investigación preliminar” que adelantaba en Colombia desde el año 2004 por crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante el conflicto armado de este país. Esta decisión no deja de ser un absurdo, por cuanto los hechos de creciente impunidad, recrudecimiento de la violencia y el evidente desinterés del gobierno de Iván Duque en establecer un claro compromiso para cumplir el acuerdo final de paz y garantizar una política pública de reparación y garantía de no repetición a millones de víctimas.
