Bogotá.-
La Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos
determinó la responsabilidad del Ejército de Colombia en la muerte de
11 civiles como resultado de un operativo en el departamento de
Putumayo.
De acuerdo con el informe de esa instancia, en la operación del pasado 28 de marzo los militares hicieron uso de armas de fuego en la localidad de Alto Remanso, Puerto Leguízamo, donde se encontraban de 30 a 50 lugareños, incluidos menores y mujeres.
Tras la acciones fueron reportados los referidos fallecidos, entre ellos una embarazada y un menor, y cinco heridos, que los militares intentaron contabilizar como falsos positivos (civiles cuyas muertes son reportadas como bajas en combate), según declaraciones de los sobrevivientes y reportes de prensa.
“Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el uso intencional de armas letales sólo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida”, precisa el informe de Naciones Unidas.
El organismo internacional recomendó que las autoridades pertinentes tomen las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en esa localidad ubicada al sur del país.
También instó a la Fiscalía de Colombia a realizar una investigación exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Por último exhortó a la protección y reparación de la comunidad y la vida e integridad de testigos y periodistas que denunciaron el operativo como una masacre.
El ministro de Defensa, Diego Molano, explicó en conferencia de prensa que se trató de un operativo conjunto del Ejército y la Fiscalía para eliminar a miembros de las llamadas disidencias relacionados con el narcotráfico y otros delitos y capturar a uno de sus líderes, Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, alias Bruno.
Sin embargo la operación fracasó y de puso en tela de juicio la planificación de la misma y el trabajo de la cúpula militar del país andino-amazónico.
Molano defendió el trabajo de los uniformados, quienes siguieron protocolos nacionales e internacionales, dijo, fue “una operación legítima porque fue planeada por más de cinco meses con información de inteligencia”.
Por su parte el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, aseguró que en ocasiones anteriores fue reportada la muerte de civiles, entre ellos embarazadas y menores, como resultado de los enfrentamientos con grupos armados ilegales.
La operación en Alto Remanso es analizada por la Comisión de Paz del Senado colombiano, cámara del Congreso (parlamento) que también podría solicitar un debate de control sobre el Ministerio de Defensa.
Fuente: Prensa Latina
De acuerdo con el informe de esa instancia, en la operación del pasado 28 de marzo los militares hicieron uso de armas de fuego en la localidad de Alto Remanso, Puerto Leguízamo, donde se encontraban de 30 a 50 lugareños, incluidos menores y mujeres.
Tras la acciones fueron reportados los referidos fallecidos, entre ellos una embarazada y un menor, y cinco heridos, que los militares intentaron contabilizar como falsos positivos (civiles cuyas muertes son reportadas como bajas en combate), según declaraciones de los sobrevivientes y reportes de prensa.
“Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el uso intencional de armas letales sólo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida”, precisa el informe de Naciones Unidas.
El organismo internacional recomendó que las autoridades pertinentes tomen las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en esa localidad ubicada al sur del país.
También instó a la Fiscalía de Colombia a realizar una investigación exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Por último exhortó a la protección y reparación de la comunidad y la vida e integridad de testigos y periodistas que denunciaron el operativo como una masacre.
El ministro de Defensa, Diego Molano, explicó en conferencia de prensa que se trató de un operativo conjunto del Ejército y la Fiscalía para eliminar a miembros de las llamadas disidencias relacionados con el narcotráfico y otros delitos y capturar a uno de sus líderes, Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, alias Bruno.
Sin embargo la operación fracasó y de puso en tela de juicio la planificación de la misma y el trabajo de la cúpula militar del país andino-amazónico.
Molano defendió el trabajo de los uniformados, quienes siguieron protocolos nacionales e internacionales, dijo, fue “una operación legítima porque fue planeada por más de cinco meses con información de inteligencia”.
Por su parte el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, aseguró que en ocasiones anteriores fue reportada la muerte de civiles, entre ellos embarazadas y menores, como resultado de los enfrentamientos con grupos armados ilegales.
La operación en Alto Remanso es analizada por la Comisión de Paz del Senado colombiano, cámara del Congreso (parlamento) que también podría solicitar un debate de control sobre el Ministerio de Defensa.
Fuente: Prensa Latina
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