Comenzaba la última década del siglo pasado convulsionada por la caída del muro de Berlín y de la implantación global del modelo neoliberal y el libre mercado.
En Colombia para esa época se firmó el histórico proceso de paz con las guerrillas del M19 y del EPL, y se había convocado al país a un proceso constituyente que dio como resultado la expedición de la Constitución Política de Colombia de 1991, hecho que coincidió con la decisión gubernamental de bombardear el campamento guerrillero de las FARC-EP que también había iniciado un proceso de paz con el gobierno de Belisario Betancourt, presagiando el desmonte paulatino de las reivindicaciones sociales y políticas logradas en el proceso democrático de la Constituyente.
Efectivamente, se inició solapadamente una serie de imperceptibles reformas orientadas a acabar los logros obtenidos en la Constitución, asestando un duro golpe a la efímera seguridad social conquistada y sustituida por las denigrantes Ley 100, que regula el negocio de la salud, Ley 50, inicio de la degradación del trabajo, y Ley 30, de la educación superior. La ley 100 privatizó la salud pública que se gozaba, y se daba inicio al más precario y nefasto sistema de salud con las EPS, liquidó el fondo público de pensiones del ISS dando paso a los fondos privados de pensiones FPP, entregando este multimillonario negocio a los conglomerados económicos y a los especuladores financieros. Con la Ley 50, se acabó el trabajo estable, se eliminó el retroactivo de las cesantías y se eliminó la estabilidad laboral plena, se autorizó el despido sin justa causa y otros derechos que, de alguna manera, dignificaban al trabajador, todo lo anterior se hizo, supuestamente, para aumentar el empleo. En el periodo de transición de la Ley 50 se dio inicio a la contratación por meses, semanas, luego, por días, y ahora los políticos neoliberales proponen el trabajo por horas, degradando miserablemente la dignidad humana del trabajador.
Con la expedición de la Ley 30 se proyectó e implementó la asfixia presupuestal de la universidad pública, aumentando la base presupuestal únicamente con el IPC, sin que existiera incremento para gastos de funcionamiento, capacitación docente, adiciones para investigación, ciencia y tecnología, cobertura e inversión en planta física y laboratorios; hoy se calcula que este déficit para las IES bordea los veinte billones de pesos equivalentes al 40% de lo que roban al erario por corrupción.
Con la aplicación de la Ley 30 se conforma el Consejo Superior Universitario, CSU, en la universidad pública; para la misma época en la FUAC se mantiene la estructura de Presidente y Consejo Directivo, este último conformado por cinco fundadores, un estudiante y un profesor, todos pertenecientes a la comunidad universitaria, modelo regulado por la Ley 30. En las Universidades Públicas llegan al CSU mayorías espurias, ajenas a la academia, vinculadas al clientelismo político y expertos en mecánicas para avivar focos de corrupción académica-administrativa, tal como viene ocurriendo en la FUAC ahora que se ha implementado este modelo basado en estas prácticas que tanto daño le hacen a la educación superior. El objetivo de estas mayorías es la de controlar los peculios de la universidad para satisfacer apetitos personales, familiares, grupales o políticos, además, se declaran unilateralmente poseedores de la Autonomía Universitaria, deslegitimando al constituyente primario como son los trabajadores, docentes y no docentes, estudiantes y egresados, que en esencia serían los legítimos depositarios de la Autonomía Universitaria.
Los estamentos universitarios de nuestra Alma Mater: fundadores, trabajadores docentes y no docentes, no estábamos preparados, no presagiamos la competencia que se avecinada con la puesta en ejecucion de esta ley neoliberal. La FUAC tenía el privilegio de estar ubicada en el statu quo de Universidad y esto nos permitía la selección de estudiantes y por ende su crecimiento horizontal y vertical. Nuestros directivos no lograron augurar la proliferación de IES que abririan sus puertas y que generarían competencia para la prestación del servicio educativo.
A inicios de los noventa la universidad inaugura sus edificios emblemáticos sedes XX y XXX aniversario cambiando positivamente la imagen de la universidad, y es en este evento donde hacen presencia hijos de fundadores, primigenios advenedizos y se comenzó a hablar de ceder los derechos fundacionales a estos, que, a diferencia de los verdaderos Fundadores, no tenían ninguna experiencia académica o, como se dice en el argot docente, nunca tuvieron en sus manos una tiza, y llegarían a usufructuar el trabajo que la comunidad universitaria de la FUAC había realizado con gran tesón y esfuerzo durante varios lustros. Su ambición, el sentirse “dueños” de la universidad, la falta de competencias universitarias y el sentirse fundador de nombre, no de hecho, fue el inicio de la debacle de la FUAC dirigida por la mediocridad.
La FUAC no es ajena a las indelicadezas optadas en los CSU de la universidad pública y que hacen metástasis en la Universidad Autónoma en el seno del otrora Consejo Directivo. A mediados de los noventa la pugna por el control y el repartimiento de la universidad es un hecho, como resultado de las intrigas un fundador en plena reunión del máximo organismo de dirección académica y administrativa sufre lesión cerebral al ser increpado por el hijo de otro fundador; en ese conflicto por el poder, uno de los grupos con pleno dominio del Consejo Directivo, contrata a un exministro de educación como rector para elaborar el proyecto institucional FUAC que sería de gran envergadura para presentar a la comunidad universitaria nacional. Esta eminencia de rector, se ve obligado a renunciar al observar los enfrentamientos intestinales entre los diferentes grupos de fundadores, la degradación de las diferencias entre ellos por líos de faldas y que se reflejaba negativamente en el entorno universitario. Por esta época ya el presidente no era la cabeza visible en la FUAC sino el Consejo Directivo compuesto por mayorías mecánica mediada por la ambición de los emergentes.
A pesar de todas las adversidades la universidad para el año 2000 contaba con cerca de 9000 estudiantes de pregrado y un poco más 1000 de posgrado, la universidad era viable y robusta con las Convenciones Colectivas de Trabajo de profesores y trabajadores, de las que también se beneficiaban los fundadores administrativos. Para estos años ya se oían voces de fundadores advenedizos sin ningún sentido de pertenencia con la FUAC de vender lo invendible o simplemente enajenar la universidad y de hacer de la Fundación una monarquía absorbente como efectivamente sucedió, haciendo alarde de sus habilidades como negociantes y capacidad para timar a la comunidad autónoma.
La universidad entra integralmente al modelo neoliberal, tanto en el contenido de sus programas académicos, elaborados y puestos en práctica por los funcionarios contratados para tal fin, y también, para enraizar clientelas y mostrarlas en las elecciones a la Asamblea General y al Consejo Directivo y de esta manera mantener sus estructuras de poder convertidas en clanes depredadores de las finanzas de la Universidad. En lo laboral, los directivos Neoliberales se dan a la tarea de despedir personal docente y administrativo violando flagrantemente las Convenciones Colectivas de Trabajo, que años más tarde, después de hacerse justicia, la Universidad se viera obligada a desembolsar grandes sumas de dinero por estos falsos positivos laborales. Por la presión sindical para derrotar el neoliberalismo en la FUAC, las organizaciones sindicales hicieron contundentes denuncias en la prensa hablada, escrita y televisada, dejando como única salida a la universidad el nombramiento a término indefinido de 196 profesores que estaban precarizados con contratos basuras de 4.5 meses. No satisfechos con estas políticas destructivas, los directivos neoliberales con sus mayorías espurias en el Consejo Directivo hacen uso de la figura outsourcing para contratar con un instituto de lenguas que a todas luces se trataba de un negocio personal, y años después se vio obligada la FUAC a pagar millonarias sumas por la cancelación del contrato y por los emolumentos dejados de percibir a profesores perjudicados por esta maniobra corrupta. Para este periodo la FUAC realiza convenios para profesionalizar estudiantes de una corporación universitaria donde fundadores advenedizos tenían intereses económicos, sin que la FUAC se haya beneficiado pecuniariamente, se trató de un nuevo mecanismo para dilapidar los recursos financieros de la FUAC. La tapa del derroche y la irresponsabilidad administrativa también fue la supuesta implementación de las redes datos internas que poco o nada funcionaron, después de viajes y tures por la China y otros países del continente asiático.
Al comenzar la segunda década del siglo, sectores conspirativos, en su afán de apropiarse y dilapidar los recursos, en ese sentido, destituyen al Presidente y colocan al corrillo que llevaría a la universidad al desenlace final por todos hoy conocido. Este periodo fofo de la universidad se caracteriza por su nulo desarrollo y mejoramiento académico, se presenta una deserción de casi 1500 estudiantes de pregrado comparativos con los existentes al inicio del siglo, sin que las directivas realizaran un diagnóstico para pronosticar la crisis y enrumbar la universidad por los senderos del prestigio que gozaba; directivos académicos de nivel medio, preocupados por la deserción estudiantil y el crecimiento de la universidad proponen a la rectoría la necesidad implementar ciclos propedéuticos para mantener y aumentar la población estudiantil, proposición que no fue tenida en cuenta por la rectoría, en cambio, se optó por la apertura de una Facultad con tres programas académicos, supuestamente, para el favorecimiento de un fundador, su consorte y su hijo. Cabe anotar que dicha Facultad no contó con los estudios rigurosos para su apertura. Para esta mitad de la segunda década una fundadora en la Asamblea General, denunció que por investigaciones externas aprobadas en el SUI habían salido miles de millones, sin que existiera una investigación o una explicación por parte de los funcionarios administrativos, dejando una estela de dudas sobre el impacto social de los resultados de la investigación. El SUI se convierte en el ente que canaliza el desangre de la Universidad al pagar salarios a fundadores-profesores de tiempo completo sin asignación académica y sin control en sus investigaciones, al tiempo que el Consejo Directivo aprobaba la compra de todo tipo software y hardware sin estudio de factibilidad y si verdaderamente entraría a solucionar los problemas concretos de información de la Universidad.
La crisis de la FUAC era inminente, entre el 2015 y 2016 se presentó una diferencia en los estados financieros de $ 3.830 millones de pesos, una reducción del 9,12%, aumentando el déficit en $10.000 millones de pesos, a pesar de esta situación la Universidad adquirió deudas por $ 50.000 millones de pesos por la herramienta peoplesoft que nunca funciono al 100% por tratarse de un sistema diseñado para la empresa y no para la educación superior. Las organizaciones sindicales hacían solicitudes respetuosas de los estados financieros e incluso se comprometían a pagar una autoría forense, pero todo era infructuoso. Se escuchaban rumores que el Consejo Directivo realizaría demandas por el detrimento del patrimonial institucional. La Asamblea General totalmente “enmermelada” nombra a un Presidente sin el pedigrí y los pergaminos necesarios para dar salida a la crisis mientras sus intereses estaban puestos en la corporación universitaria que él dirigía.
Cuando esta trágica historia toca fondo, los sindicatos de profesores y trabajadores, que no reciben pago de salarios, votan dos veces la huelga imputada al patrón y en el tercer intento, en un acto democrático los trabajadores docentes y no docentes votan la huelga y ésta es aprobada. Después, de 76 días de huelga, el MEN retira al fundador que estaba en ejercicio y nombra al nuevo presidente y a su equipo de vigilancia, con los delegados de los ministerios, la procuraduría como garantes, se firma el acuerdo para levantar la huelga. En forma inmediata comienza el incumplimiento del representante nombrado por el MEN y la universidad llega al punto de no retorno.
Conclusión
La FUAC llega a la crisis por:
1. El clientelismo y la mermelada de la que gozaron los barones electorales para conservar las dadivas que mayorías mecánicas en el Consejo Directivo y la Asamblea General les ofrecían.
2. La incapacidad y falta de idoneidad de la directiva para dirigir y afrontar los retos de la desleal competencia inmersa en la Ley 30.
3. La cooptación de cargos administrativos y académico para fundadores y su familia sin contar en la mayoría de los casos sin la actualización y méritos académicos.
4. El despilfarrado en proyectos de investigación que se convirtió en caja menor para fundadores, sus familias, los clanes y sus amigos.
5. El desperdicio de inversión en software y hardware, para beneficio de administrativos en el poder y sus socios, así como la contratación outsourcing de institución especializada en lenguas extranjeras.
6. La implementación neoliberal en los programas y la vinculación de trabajadores docentes y no docentes sin cumplir los requerimientos de ley
7. Pasar de 9.000 estudiantes en el 2000 a 7.500 en el 2010, 5.600 en el 2017, 5.600 en 2018, 4.600 en 2019 y 1.000 en 2022, lo que demuestra la verdadera intención de la nueva administración impuesta por el Ministerio de Educación.
8. Ser una entidad robusta en el 2000 con CDT para no contar con estos recursos en el 2015, a mediados de 2018 las arcas estaban vacías y en el 2019 contar con un déficit de cerca de 13 mil millones a finales de 2022 de cerca de 70 mil millones.
9. Hasta la presente no hay incriminados por la debacle de nuestra Alma Mater.
10. La Convención Colectiva de Trabajo es viable en la medida de contar con funcionarios administrativos que sean idóneos, que realicen gestión para su crecimiento y expansión de la FUAC.
Compañeros delegados a la Asamblea General de la FUAC, todavía podemos rescatar la Universidad y mantener su legado vivo como respaldo a los casi 50.000 egresados que luchan por el engrandecimiento del país.
Luis Felipe Millan Buitrago
Representante de Profesores a la Asamblea General
Fuente: ASPU
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