La discusión de este pleno se desenvuelve en la recta final de la primera vuelta presidencial con el apoyo del Partido Comunista y del conjunto de fuerzas que integran el Pacto Histórico, así como de aquellas que se han incorporado en el marco de una política de Frente amplio al respaldo de la fórmula presidencial de Gustavo Petro para la presidencia y Francia Márquez para la vicepresidencia. Tiene lugar un año después del inicio del gran paro nacional que canalizó la protesta popular, de clase y democrática, que conmovió al país e hizo posible el avance de la conciencia de cambio como una necesidad de transición histórica. Intenta comprender la difícil y compleja situación que se deriva de esta opción de transformación política y social, particularmente ante la actitud de las fuerzas reaccionarias instaladas en el control del poder ejecutivo, del Congreso y de la mayor parte de las instituciones, incluidas las fuerzas militares y de policía, orientadas a impedir, obstaculizar o condicionar dicha transición en función exclusiva de sus intereses políticos y de clase.
Esta confrontación, aparentemente local y colombiana, no es ajena a los fenómenos de resistencia democrática, de procesos alternativos y de crecientes expresiones de unidad popular que disputan en América Latina la dirección del poder con fuerzas de la extrema derecha y semi fascistas en el lugar, ahora, de la derecha tradicional de las oligarquías locales, con el respaldo de los factores más agresivos y retardatarios del imperialismo. Tales factores son los mismos que han alentado los “golpes suaves” y las guerras jurídicas en tanto nuevas modalidades de la reacción contemporánea.
Sin embargo, la experiencia muestra que estamos en un momento de luchas en ascenso, que los procesos democráticos y revolucionarios resisten y que avanzan nuevas realidades de gobierno en Chile y en Honduras y reagrupamientos prometedores en Brasil y Colombia. Este panorama de luchas nos inspira para ubicar el papel de las y los comunistas, con el conjunto de las fuerzas avanzadas, en un rumbo que puede conducir por primera vez en nuestra historia nacional a un cambio significativo en dirección a la paz democrática con justicia social.
Para una interpretación del momento.
El pleno de abril de 2021 señaló algunos rasgos de la crisis nacional y la calificó como una triple crisis: de la estructura económica y social, del sistema político y del Estado y de la soberanía. La campaña política electoral y su desenvolvimiento en la elección de Congreso del 13 de marzo de 2022, así como la consulta presidencial han mostrado un desplazamiento de la situación nacional hacia una coyuntura de cambio, que se puede caracterizar como una condensación de la crisis en la perspectiva de desplazar del gobierno a la fracción fascista y narco paramilitar de la burguesía, fuertemente unida al gran capital transnacional, a la fracción financiera y terrateniente de la burguesía, al militarismo enquistado en núcleos del empresariado y en la cúpula de las fuerzas militares y de policía.
Tal desplazamiento y condensación han sido el resultado de la convergencia de las varias crisis, de su agudización, así como de las respuestas de la movilización social popular de masas, extendida y profunda, y del fortalecimiento de una alternativa democrática de carácter político, unitaria y con perspectiva de poder representada por el Pacto Histórico. Esta fuerza dinámica de acumulación transformadora ha podido formarse y avanzar sobre la superficie creada por el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC EP, aún inconcluso y en disputa en varios aspectos, que constituye en todo caso el sustrato primario de la nueva realidad nacional en desarrollo.
Si el Acuerdo de paz ha puesto de presente quiénes y qué intereses están detrás de la guerra de contrainsurgencia y de los esfuerzos por echar atrás las reformas que lo institucionalizaron como una realidad de Estado y un compromiso de Colombia ante el mundo, las movilizaciones populares de 2018, 2019, la protesta ante los crímenes de septiembre de 2020 y la explosión social de abril de 2021 desnudaron ante la nación y ante el mundo las violentas desigualdades, los efectos dañinos y empobrecedores del modelo neoliberal privatizador, las limitaciones del asistencialismo financiado por el Banco Mundial y la persistencia de la guerra del Estado con apoyo paramilitar en regiones campesinas donde se expanden los planes extractivistas y la amenaza de una intervencionismo militar en Venezuela bajo la cobertura de una aparente acción internacional antinarcóticos con la participación del Comando Sur.
Tal vez el rasgo más sobresaliente de la coyuntura son los notables los avances de la política de unidad. Esta política hace parte de una visión estratégica elaborada por el Partido Comunista y la Unión Patriótica, puesta en práctica en el marco de las distintas escenas de lucha que confluyen en dirección al cambio político, por una vía democrática con la intervención creciente del pueblo. En tal sentido crece la consciencia en las masas populares de los efectos de la crisis del capitalismo, de su agravamiento en el marco de la pandemia y de la política de clase, agenciada por el desastroso gobierno de Iván Duque. No es solo el régimen uribista lo que se desmorona ante la efervecencia popular activada, es el sistema heredado del Frente Nacional bipartidista el que está cuestionado. De allí los esfuerzos desesperados de sus agentes para tratar de neutralizar, detener o limitar el alcance de los cambios propuestos que tocan sólidos privilegios y costumbres corruptas institucionalizadas.
Resultados que revelan un avance de la lucha popular.
Las elecciones del 13 de marzo muestran un significativo avance del Pacto Histórico que alcanzo más de 2.800.000 votos para su lista al Senado y algo más para la sumatoria de listas departamentales, circunscripciones étnicas, territoriales de paz e internacional. Es significativo el triunfo sobre el uribismo con la candidatura unitaria internacional a la Cámara. Así mismo, la participación coherente en el marco de la circunscripción indígena tanto de Cámara como de Senado. En general, hay una relación positiva entre los resultados del 2019 en elecciones locales y los nuevos avances registrados el 13 de marzo particularmente en Cámara. La experiencia muestra que se logró avanzar mucho más sólidamente en aquellas circunscripciones donde hubo progresos para edilatos y concejales, dentro de lo que se debe contabilizar la significativa experiencia de Bogotá donde la lista del pacto a Cámara alcanzó siete representantes. Se alcanzaron los objetivos previstos con la elección de Aida Avella y Jael Quiroga en la lista del Senado y Gabriel Becerra en Cámara por Bogotá. La UP logra un núcleo de 4 senadoras y en conjunto ha surgido una bancada de Pacto Histórico, paritaria de mujeres y hombres en el Congreso de la Republica de 20 Senadores y 35 Representantes a la Cámara, a los que se agregan los 5 senadores y los 5 representantes de Comunes, las y los representantes de Circunscripciones territoriales de paz y aquellos de otros partidos que se integran en la convergencia de Frente amplio.
En la consulta presidencial marcó un peldaño fundamental el logro de 4.4 millones de votos por Gustavo Petro y casi 800 mil por Francia Márquez, en contraste con los resultados de las coaliciones Equipo por Colombia y Centro Esperanza. Las cifras dieron la clave para la conformación de la fórmula presidencial.
En un contexto de retroceso de las fuerzas del establecimiento la presencia de Francia Márquez representó un franco rechazo al racismo, a la discriminación clasista y un decidido empuje al papel de las mujeres como respuesta a la ofensiva de rumores, falsas noticias, estigmas e insultos de los voceros del régimen. La campaña contra Piedad Córdoba y contra el propio Gustavo Petro, marcan la peligrosidad de la ultraderecha y su propósito de frenar por todos los medios, incluidos las amenazas de golpe de Estado militar o los atentados, el vuelco innegable en las intenciones de voto de grandes sectores de la población. Duque y el Centro Democrático CD actúan con violación de todas normas legales para rodear y promover la candidatura uribista de Federico Gutiérrez, como la carta priorizada de la derecha.
Las encuestas manipuladas chocan con la lógica y el ambiente de repudio al mercadeo de votos, delatan la dificultad de la extrema derecha para reagrupar sus fuerzas en torno de la candidatura de Fico que representa el continuismo, con las peores condiciones de un candidato que carece del sentido de estadista, ignora aspectos esenciales de la economía y de las desigualdades sociales, reduce su intervención al antipetrismo, al anticomunismo y a la reafirmación del modelo actualmente existente de gobierno incluido su concepto sobre las relaciones internacionales del país con los hermanos vecinos de América Latina.
La candidatura del centro esperanza de Sergio Fajardo pierde sustentación por efecto de la polarización en tanto fenómeno de la disyuntiva continuismo o transformación. Simultáneamente, la fuerza gravitacional del Pacto Histórico estimula una tendencia al reagrupamiento con la fórmula Petro-Francia de sectores de la burguesía y de las capas medias que buscan copar un espacio en la conformación de un probable gobierno alternativo. Esto explicaría la aproximación de sectores caracterizados del santismo que apoyaron el Acuerdo de paz. Una vez más es el sector liberal de César Gaviria el que se aleja de esta postura para apoyar vergonzantemente la candidatura Uribista. La presencia de factores de la política tradicional debe entenderse en el marco de la sumatorias fuerzas y no de la captura del Pacto por la derecha. En la dinámica de la lucha actuamos para que prevalezca la iniciativa y el programa de cambios democráticos. La fuerza conjugada del avance electoral del Pacto Histórico y del Acuerdo Final de Paz reúne coincidencias de programa que explican y son un factor de impulso de la convergencia y el diseño del tránsito a un nuevo poder.
La derecha se reagrupa con el apoyo internacional.
Una de las razones del desespero oficial es el hecho de que la burguesía no logro cohesionar una candidatura con capacidad de aglutinar la diversidad de posturas y de propuestas lanzadas a raíz de la consulta presidencial del 13 de marzo y en la configuración ulterior de las fórmulas presidenciales para primera vuelta. Varias de las precandidaturas inicialmente postuladas salieron derrotadas en dicha consulta y el nombre de Sergio Fajardo del denominado Centro Esperanza no logró reunir un influjo creciente y se ha desinflado en las últimas encuestas.
Por su parte, un sector de la cúpula militar encabezado por el comandante del Ejército Eduardo Enrique Zapateiro asume posturas desafiantes de intervención en política y alienta en distintos niveles y en sectores de la reserva acciones destinadas a impedir la llegada del Pacto Histórico al gobierno. Iván Duque, no sólo no desautoriza esa conducta sino que ha asumido la promoción de la candidatura de Federico Gutiérrez, abierto desafío a la legalidad. La Corte constitucional a comienzos de mayo declaró inexequible la reforma a la ley de garantías electorales que prohibía las contrataciones inter administrativas en períodos electorales.
En el mes de febrero se reunió en Bogotá una conferencia convocada por le extrema derecha de VOX de España y grupos de distintos movimientos y partidos del plano internacional que produjeron proclamas para mover cuanto fuera posible para cerrar el paso a un cambio de gobierno democrático en Colombia. Simultáneamente se han incrementado en numero los asesinatos de líderes y lideresas sociales en los primeros meses de este año, destacándose dolorosamente la situación de Arauca, Nariño, Cauca, Choco y el Catatumbo con cifras que superan las de igual periodo de los años anteriores.
En su visita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a finales del mes de Abril varios embajadores increparon duramente al gobierno de Iván Duque por la grave situación de derechos humanos y particularmente por la tergiversación del Acuerdo final de Paz del que son garantes la comunidad internacional, los países garantes, las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que no tiene nada que ver con la denominada “paz con legalidad” presentada por Duque.
En tales condiciones afirmamos que esta campaña ha carecido de garantías electorales, pues por una parte el gobierno había suspendido la ley correspondiente, la Registraduría improvisó la adquisición del Software y las manipulaciones del pre-conteo con la configuración de los formularios E-14, el ocultamiento de la votación por el Pacto Histórico en alrededor de 23.000 mesas que causó el primer sacudón por las amenazas de fraude y otros aspectos detectados como el borrado de resultados electorales ya reconocidos, sancionados y suscritos por los jueces, indican claramente las distintas modalidades de trampa que fracasó sobre todo por el esfuerzo colectivo de las y los testigos electorales, el papel de los jurados en casos reconocidos y el esfuerzo organizado desde el Pacto Histórico por el equipo de abogados y abogadas que trabajaron incansablemente en el desarrollo, cuestionamiento y aclaración de tan graves irregularidades. Esta es una de las lecciones aprendidas que tiene que replicarse en la elección presidencial conjuntamente con el apoyo de muchos más testigos y también el papel de las y los observadores internacionales que se han ofrecido a acompañar el proceso eleccionario en Colombia.
El sentido de la política de Alianzas en el nuevo contexto.
Vistos los procesos en contexto de largo y mediano plazo, hay que examinar atentamente la forma y los métodos que han permitido el avance de una línea política de perspectivas estratégicas. El conjunto de experiencias de los últimos 4 años ha permitido comprobar en la práctica las posibilidades de la correcta utilización del proceso electoral como medio de educación y ejercicio práctico del actuar en común con fuerzas diferentes pero con objetivos coincidentes.
En ello ha tenido un importante papel la política de alianzas del Partido Comunista y la Unión Patriótica que se basa en acuerdos de identidad programática y también de coincidencias. Tal tipo de entendimientos son posibles aún manteniendo diferencias ideológicas. En todos estos casos el objetivo es encontrar elementos de unidad de acción política que superen las convergencias puramente transitorias, gremiales o corporativas para enfocarse en una perspectiva del orden transformador y por lo tanto político. Como lo recordó el pleno de abril de 2021, lo nuevo en materia de unidad es que ésta se fragua en torno a un Proyecto democrático nacional alternativo, concebido en la perspectiva de una solución popular a la confluencia de crisis que asfixian el progreso y la justicia social en Colombia. Por eso los avances sucesivos, desde las coincidencias y acercamientos en 2018 con Colombia Humana, los puntos de identidad programáticos que hicieron posibles los avances entonces con Decentes, MAIS, el POLO y otros acercamientos, están en el centro de los logros que se han venido consolidado en la conformación del PH. Se trata por lo tanto de una política de alianzas correcta que se basa en una convergencia de puntos programáticos, presentes en los acuerdos de paz alcanzados por la lucha revolucionaria, por las luchas y movilizaciones cívicas, indígenas y populares, las movilizaciones urbanas y rurales e incorporados luego por equipos colectivos en un documento inscrito con la fórmula presidencial Petro-Francia. Aun así, estos logros son insuficientes cuando se mira la perspectiva de conducción colectiva, consensuada y unitaria, el carácter plural del Pacto, su consolidación como proceso de convergencias, los compromisos y tensiones como gobierno programático y movilización social de masas, entre otros aspectos.
¿Qué es y qué perspectiva tiene el Pacto Histórico?
El pacto histórico es una forma de expresión de la política de frente amplio reafirmado por el 22 congreso del PCC y el séptimo congreso de la unión patriótica. Esa política viene concretándose en el acercamiento de la izquierda (PCC, UP, POLO, Poder Ciudadano) corrientes indígenas agrupadas en MAIS y el abanico progresista reunido en Colombia Humana-UP- Decentes que tuvo un importante avance en los comicios nacionales de 2018 y locales de 2019. Esta política de unidad se proyectó a más amplias convergencias con la propuesta de Gustavo Petro de un pacto histórico, concebido dentro de su idea de un acuerdo nacional más allá del Acuerdo Final de paz, enfocado a resolver la crisis histórica no resuelta, tras la nueva situación creada con el triunfo de uribista con la elección de Iván Duque en junio de 2018.
El Pacto Histórico inaugura un nuevo momento de la acumulación de fuerzas desatada por el Acuerdo Final de paz del Estado colombiano con las FARC EP. Se trata de una experiencia singular, vinculada a la particularidad colombiana que se puede caracterizar como una lucha antifascista, anticorrupción, anti mafias en el poder del Estado, profundamente ligada a la defensa de la vida, de las libertades y garantías esenciales para el ejercicio de la política, a los efectos de las explosiones de protesta populares y a las exigencias para la consolidación del proceso de paz y sus acuerdos. Adicionalmente, el Pacto Histórico puede llegar a representa el núcleo central de un proceso de unidad de acción programática que encierra una diversidad de posiciones, de enfoques y de visiones orientadas a una transformación democrática por una vía electoral en conjugación con la movilización y presión popular. Las experiencias destacadas de América Latina, entre ellas la de Uruguay, indican alcances positivos, en varios casos en la larga duración, incluso como experiencias de gobiernos en alternancia, pero que mantienen una clara coherencia tanto programática como organizativa y a la vez una profunda y creciente inserción en las organizaciones de masas populares del movimiento obrero y de muchas de las expresiones de la acción popular. Este no es el estadio actual del Pacto Histórico en Colombia.
El proceso en curso, en el marco de la política de Frente Amplio, ha podido surgir también merced al liderazgo de Gustavo Petro, quien ha sabido exponer de manera persuasiva ante masivos sectores de opinión puntos significativos coincidentes con puntos de nuestro programa básico para el cambio, con los enlaces históricos de la Revolución en Marcha liberal de López Pumarejo y, en la proyección a largo plazo, de transformaciones democráticas, dentro de una visión que no contempla una perspectiva ni anticapitalista ni socialista. Pese a esta diferencia que no desconocemos, comprendemos el papel decisivo que representa emprender la derrota del modelo neoliberal, paramilitar y guerrerista, fortalecer la táctica de solución política como especificidad colombiana de transición a la democracia y ensanchar la correlación de fuerzas en torno a un proyecto democrático nacional de superación de la crisis y del sistema de subordinación neocolonialista, heredado del Frente nacional. Pensamos que el pacto histórico podría ser el instrumento político de unidad y convergencias, de frente amplio que encarne la construcción de ese Proyecto. Nuestra perspectiva socialista se sitúa en una óptica de profundización de la democracia, de movilización obrera y popular por la justicia social, ambiental, de género, antirracista, feminista, revolucionaria, internacionalista, antimperialista, Nuestra Americana y es parte y paso inicial hacia una sociedad no capitalista.
En este contexto, la actual denominación de Frente Amplio por la Vida, la paz y la Democracia es una proyección más extensa de acercamiento con sectores del establecimiento, es decir, cuadros gobernantes del santismo, el Partido liberal, Cambio radical e independientes, que se han acercado al Pacto Histórico, desde posiciones que puede ir del oportunismo hasta el realismo, bajo el influjo de la victoria política alcanzada en la elección de Congreso y la identidad en defensa del Acuerdo Final de Paz, de su implementación y de reformas que conduzcan a un avance real. Aspiran a hacer parte de un futuro gobierno en el marco de los compromisos con el programa definido e inscrito por la fórmula presidencial.
Debemos defender y fortalecer el Pacto Histórico. Nuestra concepción del papel de la izquierda es la de contribuir a consolidar los aspectos de unidad de acción política programática y a dinamizar la movilización, la organización y la apropiación de nuevas experiencias por la vía de la formación política de nuevos contingentes de cuadros entre la juventud, la mujer, el movimiento obrero, los movimientos agrarios, el feminismo y otras expresiones de la lucha popular. El papel de las y los comunistas no se limita sólo a la defensa del Pacto Histórico, sino que se basa principalmente en la contribución a articular la iniciativa y la dinámica de los distintos sectores políticos que en él participan, pero también especialmente de las fuerzas de la izquierda avanzada, comprometida con la solución política y con las posturas anti-imperialistas más definidas. El concepto de un papel articulador y dinamizador de la izquierda conlleva necesariamente el colocarse al frente de la iniciativa política, buscando simultáneamente la cohesión, pero también la apropiación de las experiencias y lecciones aprendidas de las distintas formas de lucha de masas de nuestro pueblo, la incorporación de nuevos sectores del movimiento social y popular de base a la acción, la lucha y la movilización. Además, recordando a Lenin, debemos cuidar la unidad del Pacto Histórico como a la niña de los ojos.
Reafirmamos así la idea del Bloque popular revolucionario alternativo que debe contribuir a la unidad de conjunto del Pacto Histórico y a la proyección de la política de Frente Amplio. Implica cualificar mucho más la importancia de la forma de lucha electoral para contribuir a enraizarla en lo profundo de las necesidades de la movilización organizada de las bases, aquella que aprendimos del Paro Nacional del 2021 y que encarna, en el instinto popular la perspectiva de formas de poder, de resistencia territorializada en barrios, municipios, veredas, con la idea de la unidad del pueblo como una potencialidad que se sigue construyendo sólida y prioritariamente de abajo hacia arriba.
A partir de estas iniciativas es necesario contemplar el horizonte del 2023 en torno a la lucha por los Gobiernos Locales, las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales, y Juntas Administradoras de Comunas y Localidades. Las experiencias de organización de los puntos de resistencia, del paro nacional de abril de 2021, del sentido solidario de la convivencia en los espacios territoriales, barriales, urbanos y rurales como expresiones germinales de un poder popular deben estimular el espíritu de trabajo y la metodología de las y los revolucionarios. La unidad y coherencia entre las luchas urbanas y rurales que tuvieron expresión en el marco del paro nacional de 2021 representan un nuevo escenario de exploración, experimentación, relacionamiento y convergencias hacia el poder popular, del conjunto de fuerzas sociales constituyentes que se han puesto en movimiento en la sociedad profunda.
La situación socioeconómica en la condensación de la crisis.
El Gobierno de Iván Duque concluye con un balance negativo indiscutible. Las políticas económicas y sociales durante la pandemia no contribuyeron a resolver los problemas del hambre y de la escasez de ingresos para una inmensa población, súbitamente sujeta al desempleo y la indigencia. La militarización del país, la persistencia de la guerra con utilización de máxima letalidad (bombardeos), la ley de seguridad ciudadana que autoriza a los uniformados disparar a ciudadanos desarmados “en defensa propia”, la indiferencia y el enceguecimiento en contra del Acuerdo de paz al imponer la llamada “paz con legalidad” bajo cuyo lema mueren semanalmente decenas de personas, las 33 masacres en lo corrido del año hasta el 24 de abril, los asesinatos sicariales, los operaciones militares como ocurrió en El Descanso, en el Putumayo, sin mencionar los bombardeos en Chocó, Catatumbo y Arauca, son hechos dramáticos en la terminación de un mandato. El hambre y la guerra estructural del sistema saturan el aguante y disparan el giro de las subjetividades hacia una convicción de cambios como necesidad no postergable.
Al lado de esto, el crecimiento de la pobreza especialmente monetaria ha conllevado el incremento de la población sin acceso suficiente a los alimentos. Adicionalmente la inflación del 8,5% en los primeros 4 meses del año, como característica de la situación económica en 2022, absorbió en masa la mayor parte del aumento salarial del 10%, reduciéndolo a un aumento real de 1.5%, en vías de seguirse erosionando. En tales condiciones el grupo de alimentos es el mayor causante de la inflación del país, lo que es extremadamente preocupante porque afecta a los hogares más pobres y reduce el número de comidas diarias de un número creciente de núcleos familiares. Por eso, la predicción de la FAO en cuanto al riesgo de Colombia en términos de hambruna está en proceso de materializarse para desgracia de las mayorías sociales del país que padecen el incremento de los precios de alimentos y bebidas y artículos de hogar, a medida que avanza el 2022.
La misma OCDE reconoce que el 60% de los trabajadores están en una situación de informalidad laboral que los excluye de la seguridad social y reduce su capacidad de mejoramiento productivo. Según esta misma entidad, la mitad de la población mayor de 65 años no recibe ningún tipo de pensión, en su visión la corrupción reduce la eficiencia del gasto público, genera un terreno de juego desigual y potencia las desigualdades. Señala que Colombia no cuenta con una ley específica de protección de denunciantes, a diferencia de la mayoría de los países de la OCDE. Esto explica el temor de las personas a destapar el monstruo de la corrupción que desangra el erario. Gráficamente asegura la OCDE que deben pasar más de diez generaciones para que el 10% inferior de la sociedad pueda acceder al ingreso medio actualmente existente.
La lucha social de clase debe cobrar más sentido en condiciones de mayores libertades y en consecuencia templar las exigencias que permiten democratizar y ganar capacidad de acción al movimiento obrero. Petro insiste en que su propuesta intenta humanizar y democratizar el capitalismo. La crisis del capitalismo que se agrava no tiene una solución solo con reformas. Pero no es posible una reactivación económica que desconozca las condiciones materiales de existencia de las y los trabajadores, la recuperación de sus derechos fundamentales a la estabilidad, al salario justo, a la organización sindical sin estigmatizaciones por Estado o por el mundo empresarial y mediático, sin un vuelco en la seguridad social como un derecho general, no limitado a un contrato de trabajo, sin una garantía en el sistema de pensiones que universalice su extensión y asegure el fortalecimiento de un sistema público y solidario. No pueden esperar las y los trabajadores que estas conquistas les lluevan desde arriba, obra de un gobierno por bien intencionado que sea. El Consejo Gremial Nacional CGN, el Grupo Empresarial Antioqueño GEA y otras estructuras gremiales expresan la conjunción de los intereses del capital, transnacional y nacional y sus aparatos de crédito transnacional Banco Mundial, FMI, BID, etc. que dictan las principales líneas de políticas económicas, sociales y de seguridad a los gobiernos colombianos. Para un gobierno transitorio de carácter democrático, que ha definido algunos compromisos vitales con el movimiento popular su éxito dependerá de la consecuencia con tales compromisos. Desde la experiencia de las y los trabajadores, tendrá que ser la lucha, la terminación de las prácticas de “concertación” asimétrica de empresarios y Estado contra los trabajadores, la movilización, la reclamación y negociación colectivas, los compromisos verificables. El estatuto del trabajo es la bandera del momento como parte del compromiso de clase del movimiento obrero en la coyuntura de lucha por la democratización de las relaciones laborales y de la sociedad. Igual puede decirse de las acciones agrarias que se desprenden del abandono por el régimen de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz.
Como lo mostraron las movilizaciones nacionales entre 2018 y 2021, la coincidencia coordinada de las luchas universitarias, feministas, urbanas y rurales requiere de una secuencia clara y precisa de reivindicaciones centrales, no una lista de mercado, infinita y dispersa. Los gremios patronales tienen que ser interpelados por la presión popular y el gobierno de coalición debe responder coherentemente con el cumplimiento de sus líneas de programa.
Todo lo anterior refuerza el significado del triunfo de la fórmula presidencial Petro – Francia y las enormes expectativas que los sectores más depauperados de la sociedad cifran hoy en el cambio democrático.
La actitud ante un nuevo poder democrático.
La formación de un gobierno de coalición democrática, con un programa de compromisos que tocan puntos sensibles de las relaciones rurales con la propiedad de la tierra, la consolidación de los acuerdos de solución política, la ampliación de los planes de desarrollo con enfoque territorial a todo el país rural para recuperar la oferta alimentaria con base en la producción, el reconocimiento del papel del campesinado, el punto final a la guerra contra sus formas de ocupación del territorio, organización del trabajo e intervención en la vida pública, liberado del terror paramilitar y de los operativos oficiales. Son medidas de urgencia enfrentar el hambre y proceder a sustituir la importación de alimentos, en perspectiva de una soberanía sustentada en la producción.
No es fácil predecir una transición tranquila en las condiciones de asedio y confrontación que ha puesto en juego la ultraderecha. La situación convoca la defensa de lo conquistado por el pueblo, de la legitimidad ganada y de los instrumentos institucionales útiles a la defensa de las garantías y los derechos de las mayorías. Un compromiso del gobierno deberá ser la depuración de los mandos militares y de policía más comprometidos en la represión, la corrupción y los vínculos con el paramilitarismo. Las organizaciones de derechos humanos deberán actuar como fiscalizadoras de estos procesos que no es dable esperar procedan automáticamente. Serán resultado de la presión, el alegato, la movilización, el diálogo y los acuerdos.
Debemos mantener en alto la bandera de la paz democrática, con justicia social y ambiental, con equidad de género, con equidad étnica y respeto a las diversidades. El cumplimiento y la implementación del acuerdo final de paz tienen que ser un eje sólido de la política oficial. De ello depende la credibilidad de la solución política que sigue siendo vigente para enfrentar los problemas de la guerra estructural que se ha vuelto permanente. Un aspecto diseñado por el gobierno de Duque es el papel de la Comisión Nacional de Garantías de seguridad, que tiene la obligación legal de construir una política de preservación de la vida y del libre ejercicio de la actividad ciudadana para las y los exguerrilleros como también para las y los líderes sociales, populares y defensores de los derechos humanos en todo el territorio nacional. Uno de sus propósitos es el pacto nacional para sacar las armas de la política (Punto 3.4 del Acuerdo de Paz) a través de un acuerdo y de una política pública de paz con base en el diálogo, con el ELN, con el EPL, con los grupos que el gobierno ha bautizado como disidencias e implementar medidas de acogimiento a la justicia hacia aparatos armados del paramilitarismo. En nuestro criterio, se trata de sellar un ciclo histórico de la lucha armada por una vía que alimente la profundización de la democracia, las libertades y derechos del pueblo. En tal sentido adelantamos el diálogo con el Congreso de los Pueblos.
El contenido social de la consolidación de la paz en los territorios dependerá de un viraje en el tratamiento de las relaciones entre la ciudad y el campo. Más que los compromisos ante notario de no expropiación será más productivo provocar el diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones por regiones, otorgando poder y capacidad de organización a las bases rurales, campesinas, indígenas o afro con el apoyo del Estado. Tendrá lógica que la nación, representada en el Estado, reclame millones de hectáreas indebidamente apropiadas como baldíos y se establezca un límite a la extensión de suelo que pueda poseer privadamente un individuo. Los derechos laborales para los trabajadores del campo, sus condiciones de vivienda, salud, educación, asistencia técnica, formación profesional constituyen prioridades exigibles, más allá de la retórica.
El movimiento por la salud, después de la experiencia durísima de la pandemia, reagrupó buena parte de las reclamaciones justas orientadas a la reforma del sistema con prioridad a la prevención y promoción de la salud junto con el esfuerzo por superar definitivamente la intermediación financiera y el negocio.
En contraste, en los medios universitarios, en particular de la universidad pública existe un reto derivado del largo periodo de no presencialidad educativa, con los efectos psicológicos y de socialización que han afectado todos los niveles. No ha tomado forma hasta el momento ninguna propuesta coherente vinculada al papel que debe desempeñar la universidad frente a una sociedad en proceso de cambio democrático y de consolidación de una paz justa, en búsqueda de la igualdad, de la tolerancia y de la identidad en las narrativas y la socialización de una verdad histórica muy distinta del relato dominante del negacionismo, de la estigmatización y del odio. Al término del mandato de Duque se habla de reformas privatizadoras para convertir universidades públicas en centros de liderazgo de orientación estrechamente empresarial, alejados de las preocupaciones sociales, en un país en donde se asesinan a diario a jóvenes y líderes populares. El movimiento estudiantil debe despertar de su letargo y las corrientes avanzadas en su seno reasumir un liderazgo frente al compromiso social, la gratuidad, el contenido científico, la valoración de la historia y de la cultura propia, el sentido laico de la formación moral y ciudadana.
Un punto sensible del nuevo gobierno es el referente a su política exterior. El Estado colombiano debe practicar una política exterior independiente, soberana y pacífica, particularmente hacia sus vecinos de América Latina. Tiene que restablecer de manera urgente y completa sus relaciones diplomáticas, comerciales y de amistad con la República bolivariana de Venezuela y abandonar toda idea de buscar el derrocamiento de su gobierno. En el tema relacionado con el fallo de la corte internacional de La Haya sobre delimitación marítima y submarina con la República de Nicaragua el Estado colombiano debe rectificar su postura de no cumplimiento de dicho fallo y debe tomar la iniciativa de un acuerdo binacional Colombo-Nicaragüense que permita establecer de manera concertada y pacífica las relaciones de vecindad, vigilancia, respeto por las comunidades raizales y aprovechamiento conjunto de la navegación, la pesca y la reserva submarina. Es necesario reevaluar el abandono frente a Unasur y retomar una postura activa en el marco de la Celac.
Al asumir una política de paz, el Estado colombiano debe reafirmar la vigencia del tratado América latina y el Caribe como zona de paz, suscrito en La Habana en 2014. Es muy importante tratar el tema de las relaciones con Estados Unidos. Estas relaciones han evolucionado a condiciones de dependencia en materia judicial, en materia de intervencionismo militar e injerencia de múltiples agencias federales en los asuntos internos de Colombia sin que prevalezca un sentido de respeto a la soberanía del país. La embajada y el embajador opinan a su antojo como si fuéramos un Estado anexado. En materia militar el país es utilizado en varios sentidos, incluido el despliegue de mercenarios con inmunidad diplomática. El eje principal sigue siendo el tratado militar bilateral de 1952, en la época más dura de la guerra fría. Hay que reversar la vinculación de Colombia como socio global de la OTAN, con base en la idea que nuestro país no debe unirse a un pacto militar nuclear agresivo en expansión, que propicia guerras en distintas partes del mundo. Las bases militares y la presencia de tropas, asesores, mercenarios corporativos deben salir del país. El tratado de extradición actualmente existente debe ser revisado, especialmente sus aspectos procedimentales que se pasan por encima de todo control y regulación de Colombia. Mejores relaciones son posibles con base en el respeto mutuo, las relaciones en pie de igualdad, de cooperación, como se pueden tener con cualquier estado del planeta y cero sometimiento.
Un tema complejo es el de las relaciones de un gobierno democrático con las fuerzas militares y la policía nacional. Estas deben basarse en las normas constitucionales existentes y en el respeto, acatamiento y prioridad de la autoridad civil. El pacto que impuso la oligarquía con Lleras Camargo en 1958 en realidad fue una concesión al militarismo y a la militarización del Estado, al dejar el manejo del llamado orden público en manos del ejército y las Fuerzas militares, lo que hizo posible la prolongada guerra de contrainsurgencia que aún padecemos. Es necesario madurar nuevas formas de relación institucional y también un acercamiento de las fuerzas de la izquierda hacia los sectores militares para romper el hermetismo nazificante, para entablar el diálogo necesario hacia una reforma profunda de la doctrina, de la concepción del papel del militar como intelectual, de la defensa de la soberanía y de la defensa nacional en las fronteras. Es necesario poner fin a la idea del “enemigo interno” y a toda justificación de la guerra y de bombardeos sobre ciudadanos como manera de imponer el orden público en el país. Estamos por una reforma de la Policía nacional incluida la desaparición del ESMAD, la creación de un concepto y una política de seguridad humana, social, integral que tenemos que construir. Algunos de sus elementos surgieron con el Acuerdo Final de Paz.
La opción de un triunfo democrático es real. Pero no debemos olvidar que otras salidas son posibles y que pueden reversar los mejores propósitos. En todo caso, sea cual sea el desenlace de la elección presidencial hay riesgos que habrá que saber enfrentar, posibilidades de diálogo, acciones de masas por realizar y alianzas por construir para asegurar la defensa popular, proteger a la organización y a sus miembros.
La guerra de Ucrania y el agravamiento de la crisis internacional
Todo este panorama nacional se desenvuelve e interactúa en un contexto mundial agravado por la expansión creciente del pacto militar global denominado OTAN y el empeño de los Estados Unidos y de la Unión Europea de extender sus áreas de influencia sobre la frontera con la República Federativa Rusa y al mismo tiempo la creación del AUKUS como un nuevo pacto militar en el Indo-Pacifico contra la República Popular China, la India, Vietnam y en general toda el Asia Sur Oriental.
Estados Unidos rodea de bases militares a Rusia y ahora intenta hacerlo con China. En tal sentido, la instrumentación y el esfuerzo provocador por armar a Ucrania en la frontera con Rusia y forzar su ingreso en la OTAN en tales condiciones de rearme, ha sido interpretado por el gobierno ruso como una amenaza directa a su seguridad nacional. Sabemos que Rusia no es un país socialista, que su gobierno dirigido por Rusia Unida, Partido de Putin, representa intereses activos del neocapitalismo de Estado ruso, de influencia nacionalista, con incidencia en la política social y en la política de Estado. También intervienen partidos comunistas, en primer lugar el Partido Comunista de la Federación rusa que sostienen posiciones propias y se identifica con la defensa de Rusia frente a la amenaza de intervención y provocación imperialista que podría desatar una guerra total. Es evidente que en este conflicto choca Rusia con el bloque imperialista liderado por Estados Unidos y que solo este hecho impacta de manera directa la estabilidad de la paz mundial.
Rusia y la República Popular China, dos potencias en Eurasia no imperialistas, han desarrollado un acuerdo de complementariedad desde el punto de vista estratégico tanto en lo económico, en el desenvolvimiento y la lógica de infraestructuras transcontinentales, la Ruta de la Seda y la Franja, con prioridad en el desarrollo de las fuerzas productivas, en tanto que Rusia mantiene su papel hoy en día como primera potencia militar en el mundo y desde luego sin desplegar ningún tipo de política agresiva hacia terceros países. Este es un hecho fundamental que revelan las avanzadas de Occidente, la OTAN y el AUKUS, el encerramiento y despliegue de bases militares de EEUU que afectan la seguridad en Eurasia y el Indopacífico, porque colocan armamento nuclear en la frontera misma de los países amenazados.
Por esto, el Partido Comunista colombiano ha insistido en la necesidad de una salida política por la vía del dialogo de Rusia con Ucrania, que desde luego implica la decisión de este país por la neutralidad, la salida de las armas de la OTAN de Ucrania, su no ingreso a ese organismo, el repliegue en consecuencia de Rusia hacia el interior de sus fronteras y el establecimiento de un Acuerdo de Paz con base en el compromiso de Ucrania de renunciar a la política racista hacia los ciudadanos ruso parlantes que habitan el Donbass, que ha sido uno de los puntos más duros de las confrontaciones desde el 2014, es decir, el golpe militar mercenario de orientación nazi-fascista y al gobierno que practica una orientación racista, anticomunista, anti sindicalista desde la dirección del Estado con el apoyo de Occidente. Expresamos nuestra solidaridad al Partido Comunista de Ucrania y a su Juventud Comunista.
Los comunistas colombianos abogamos por la disolución de la OTAN. Reclamamos del Estado Colombiano medidas destinadas a separar definitivamente a Colombia de la OTAN, un pacto agresivo de carácter nuclear que compromete la seguridad de nuestro pueblo y contradice la voluntad de paz y de emancipación de los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe. Reafirmamos que Colombia no tiene enemigos ni en China ni en Rusia, ni en Irán ni en ningún país de aquellos que hoy en día Estados Unidos y la Unión Europea especifican en el marco de “sus” enemigos.
A propósito de la personería jurídica del PCC.
El restablecimiento de la personería jurídica del Partido Comunista es un hecho favorable que nos obliga a observar algunas normas legales en su significado para la organización, junto con la necesidad de adaptar hasta donde es posible las formas de funcionamiento de una organización revolucionaria dentro un mecanismo de control estatal sobre los partidos políticos.
Se trata de una restitución tardía pero no menos significativa y también un reconocimiento de la existencia del Partido Comunista pese al genocidio, la persecución, estigmatización y un espacio por desarrollar desde el punto de vista del significado, la vigencia y la necesidad de la presencia, en una coyuntura decisoria como la actual, de una fuerza revolucionaria con capacidad de incidir en la conducción de un proceso de alcance político histórico.
El elemento estratégico esencial es la necesidad de fortalecer el Partido, desarrollar su crecimiento, su incidencia en los espacios popular, obrero, agrario y en nuevas regiones del territorio nacional como prioridad fundamental. Esto incluye el papel y la función de la Juventud Comunista, avanzada de la lucha juvenil y escuela de cuadros del partido y del movimiento popular en su conjunto.
El Partido Comunista y la Unión Patriótica representan dos personarías distintas y una sola orientación política, cada una en los espacios diseñados y previstos para ampliar la influencia de una visión transformadora, democrática, de profundo arraigo popular y la promoción de la unidad popular como elemento vertebral de la cultura política emancipadora.
El tema de la unidad de los comunistas es también parte de este nuevo momento de reflexión y estudio. Hay que pensar en la unidad en el campo electoral y también en el papel de las y los comunistas en todas las organizaciones, iniciativas y frentes de masas. Es necesario formalizar una coalición - no exclusiva - PCC-UP con vistas a las elecciones locales de 2023 con su debida planificación, distribución de cuadros y de tareas, incluida la opción de un activo nacional al respecto.
Nuestra actitud hacia Comunes ha sido de comprensión y diálogo. En algunas partes se lograron acuerdos que es necesario balancear, con sentido crítico y disposición autocrítica y proponer una táctica de coalición electoral 2023 en donde haya las condiciones, como también en el campo de los derechos humanos, la solidaridad y el Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, sin perjuicio de un diálogo amplio y fraterno también con sectores que se han desprendido, como se viene haciendo. Un esfuerzo de atención, seguimiento y discusión especial en el plano bilateral ameritan las relaciones PCC-Comunes en Fensuagro y la CUT.
Tenemos que hacer un refuerzo en términos de la batalla de ideas frente a todo el arsenal que el militarismo y el negacionismo histórico han venido montando y acumulando para confrontar el avance de las fuerzas alternativas. Los temas ideológicos, el papel fundamental del programa del partido, el trabajo que se viene haciendo sobre la incidencia comunista en la historia del país, la recuperación de la historiografía de la Juventud Comunista, la sistematización del trabajo en el campo ambientalista, de la cultura y las artes, el rehacer un concepto y una metodología de organización hacia la niñez y la adolescencia, tal como lo fue en su momento la asociación de pioneros José Antonio Galán, deben ser objeto de nuestra reflexión en relación con la ampliación del Partido a nuevas experiencias.
En el campo político necesitamos reorganizar los departamentos político, de organización y de masas para actuar en las condiciones de una nueva situación nacional. La tarea concreta es ampliar la influencia del partido y sus aliados en la dirección y conducción del Pacto Histórico y en los procesos de conformación de un gobierno de coaliciones, que actúe en interacción y se realimente con las organizaciones y la movilización popular independiente.
¡VIVA EL PACTO HISTÓRICO!
¡VIVA LA FORMULA PETRO-FRANCIA!
¡VIVA LA UNIDAD DEL PUEBLO COLOMBIANO!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO!
Comité Ejecutivo Central
Partido Comunista Colombiano
Bogotá DC, mayo 6 de 2022
Esta confrontación, aparentemente local y colombiana, no es ajena a los fenómenos de resistencia democrática, de procesos alternativos y de crecientes expresiones de unidad popular que disputan en América Latina la dirección del poder con fuerzas de la extrema derecha y semi fascistas en el lugar, ahora, de la derecha tradicional de las oligarquías locales, con el respaldo de los factores más agresivos y retardatarios del imperialismo. Tales factores son los mismos que han alentado los “golpes suaves” y las guerras jurídicas en tanto nuevas modalidades de la reacción contemporánea.
Sin embargo, la experiencia muestra que estamos en un momento de luchas en ascenso, que los procesos democráticos y revolucionarios resisten y que avanzan nuevas realidades de gobierno en Chile y en Honduras y reagrupamientos prometedores en Brasil y Colombia. Este panorama de luchas nos inspira para ubicar el papel de las y los comunistas, con el conjunto de las fuerzas avanzadas, en un rumbo que puede conducir por primera vez en nuestra historia nacional a un cambio significativo en dirección a la paz democrática con justicia social.
Para una interpretación del momento.
El pleno de abril de 2021 señaló algunos rasgos de la crisis nacional y la calificó como una triple crisis: de la estructura económica y social, del sistema político y del Estado y de la soberanía. La campaña política electoral y su desenvolvimiento en la elección de Congreso del 13 de marzo de 2022, así como la consulta presidencial han mostrado un desplazamiento de la situación nacional hacia una coyuntura de cambio, que se puede caracterizar como una condensación de la crisis en la perspectiva de desplazar del gobierno a la fracción fascista y narco paramilitar de la burguesía, fuertemente unida al gran capital transnacional, a la fracción financiera y terrateniente de la burguesía, al militarismo enquistado en núcleos del empresariado y en la cúpula de las fuerzas militares y de policía.
Tal desplazamiento y condensación han sido el resultado de la convergencia de las varias crisis, de su agudización, así como de las respuestas de la movilización social popular de masas, extendida y profunda, y del fortalecimiento de una alternativa democrática de carácter político, unitaria y con perspectiva de poder representada por el Pacto Histórico. Esta fuerza dinámica de acumulación transformadora ha podido formarse y avanzar sobre la superficie creada por el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC EP, aún inconcluso y en disputa en varios aspectos, que constituye en todo caso el sustrato primario de la nueva realidad nacional en desarrollo.
Si el Acuerdo de paz ha puesto de presente quiénes y qué intereses están detrás de la guerra de contrainsurgencia y de los esfuerzos por echar atrás las reformas que lo institucionalizaron como una realidad de Estado y un compromiso de Colombia ante el mundo, las movilizaciones populares de 2018, 2019, la protesta ante los crímenes de septiembre de 2020 y la explosión social de abril de 2021 desnudaron ante la nación y ante el mundo las violentas desigualdades, los efectos dañinos y empobrecedores del modelo neoliberal privatizador, las limitaciones del asistencialismo financiado por el Banco Mundial y la persistencia de la guerra del Estado con apoyo paramilitar en regiones campesinas donde se expanden los planes extractivistas y la amenaza de una intervencionismo militar en Venezuela bajo la cobertura de una aparente acción internacional antinarcóticos con la participación del Comando Sur.
Tal vez el rasgo más sobresaliente de la coyuntura son los notables los avances de la política de unidad. Esta política hace parte de una visión estratégica elaborada por el Partido Comunista y la Unión Patriótica, puesta en práctica en el marco de las distintas escenas de lucha que confluyen en dirección al cambio político, por una vía democrática con la intervención creciente del pueblo. En tal sentido crece la consciencia en las masas populares de los efectos de la crisis del capitalismo, de su agravamiento en el marco de la pandemia y de la política de clase, agenciada por el desastroso gobierno de Iván Duque. No es solo el régimen uribista lo que se desmorona ante la efervecencia popular activada, es el sistema heredado del Frente Nacional bipartidista el que está cuestionado. De allí los esfuerzos desesperados de sus agentes para tratar de neutralizar, detener o limitar el alcance de los cambios propuestos que tocan sólidos privilegios y costumbres corruptas institucionalizadas.
Resultados que revelan un avance de la lucha popular.
Las elecciones del 13 de marzo muestran un significativo avance del Pacto Histórico que alcanzo más de 2.800.000 votos para su lista al Senado y algo más para la sumatoria de listas departamentales, circunscripciones étnicas, territoriales de paz e internacional. Es significativo el triunfo sobre el uribismo con la candidatura unitaria internacional a la Cámara. Así mismo, la participación coherente en el marco de la circunscripción indígena tanto de Cámara como de Senado. En general, hay una relación positiva entre los resultados del 2019 en elecciones locales y los nuevos avances registrados el 13 de marzo particularmente en Cámara. La experiencia muestra que se logró avanzar mucho más sólidamente en aquellas circunscripciones donde hubo progresos para edilatos y concejales, dentro de lo que se debe contabilizar la significativa experiencia de Bogotá donde la lista del pacto a Cámara alcanzó siete representantes. Se alcanzaron los objetivos previstos con la elección de Aida Avella y Jael Quiroga en la lista del Senado y Gabriel Becerra en Cámara por Bogotá. La UP logra un núcleo de 4 senadoras y en conjunto ha surgido una bancada de Pacto Histórico, paritaria de mujeres y hombres en el Congreso de la Republica de 20 Senadores y 35 Representantes a la Cámara, a los que se agregan los 5 senadores y los 5 representantes de Comunes, las y los representantes de Circunscripciones territoriales de paz y aquellos de otros partidos que se integran en la convergencia de Frente amplio.
En la consulta presidencial marcó un peldaño fundamental el logro de 4.4 millones de votos por Gustavo Petro y casi 800 mil por Francia Márquez, en contraste con los resultados de las coaliciones Equipo por Colombia y Centro Esperanza. Las cifras dieron la clave para la conformación de la fórmula presidencial.
En un contexto de retroceso de las fuerzas del establecimiento la presencia de Francia Márquez representó un franco rechazo al racismo, a la discriminación clasista y un decidido empuje al papel de las mujeres como respuesta a la ofensiva de rumores, falsas noticias, estigmas e insultos de los voceros del régimen. La campaña contra Piedad Córdoba y contra el propio Gustavo Petro, marcan la peligrosidad de la ultraderecha y su propósito de frenar por todos los medios, incluidos las amenazas de golpe de Estado militar o los atentados, el vuelco innegable en las intenciones de voto de grandes sectores de la población. Duque y el Centro Democrático CD actúan con violación de todas normas legales para rodear y promover la candidatura uribista de Federico Gutiérrez, como la carta priorizada de la derecha.
Las encuestas manipuladas chocan con la lógica y el ambiente de repudio al mercadeo de votos, delatan la dificultad de la extrema derecha para reagrupar sus fuerzas en torno de la candidatura de Fico que representa el continuismo, con las peores condiciones de un candidato que carece del sentido de estadista, ignora aspectos esenciales de la economía y de las desigualdades sociales, reduce su intervención al antipetrismo, al anticomunismo y a la reafirmación del modelo actualmente existente de gobierno incluido su concepto sobre las relaciones internacionales del país con los hermanos vecinos de América Latina.
La candidatura del centro esperanza de Sergio Fajardo pierde sustentación por efecto de la polarización en tanto fenómeno de la disyuntiva continuismo o transformación. Simultáneamente, la fuerza gravitacional del Pacto Histórico estimula una tendencia al reagrupamiento con la fórmula Petro-Francia de sectores de la burguesía y de las capas medias que buscan copar un espacio en la conformación de un probable gobierno alternativo. Esto explicaría la aproximación de sectores caracterizados del santismo que apoyaron el Acuerdo de paz. Una vez más es el sector liberal de César Gaviria el que se aleja de esta postura para apoyar vergonzantemente la candidatura Uribista. La presencia de factores de la política tradicional debe entenderse en el marco de la sumatorias fuerzas y no de la captura del Pacto por la derecha. En la dinámica de la lucha actuamos para que prevalezca la iniciativa y el programa de cambios democráticos. La fuerza conjugada del avance electoral del Pacto Histórico y del Acuerdo Final de Paz reúne coincidencias de programa que explican y son un factor de impulso de la convergencia y el diseño del tránsito a un nuevo poder.
La derecha se reagrupa con el apoyo internacional.
Una de las razones del desespero oficial es el hecho de que la burguesía no logro cohesionar una candidatura con capacidad de aglutinar la diversidad de posturas y de propuestas lanzadas a raíz de la consulta presidencial del 13 de marzo y en la configuración ulterior de las fórmulas presidenciales para primera vuelta. Varias de las precandidaturas inicialmente postuladas salieron derrotadas en dicha consulta y el nombre de Sergio Fajardo del denominado Centro Esperanza no logró reunir un influjo creciente y se ha desinflado en las últimas encuestas.
Por su parte, un sector de la cúpula militar encabezado por el comandante del Ejército Eduardo Enrique Zapateiro asume posturas desafiantes de intervención en política y alienta en distintos niveles y en sectores de la reserva acciones destinadas a impedir la llegada del Pacto Histórico al gobierno. Iván Duque, no sólo no desautoriza esa conducta sino que ha asumido la promoción de la candidatura de Federico Gutiérrez, abierto desafío a la legalidad. La Corte constitucional a comienzos de mayo declaró inexequible la reforma a la ley de garantías electorales que prohibía las contrataciones inter administrativas en períodos electorales.
En el mes de febrero se reunió en Bogotá una conferencia convocada por le extrema derecha de VOX de España y grupos de distintos movimientos y partidos del plano internacional que produjeron proclamas para mover cuanto fuera posible para cerrar el paso a un cambio de gobierno democrático en Colombia. Simultáneamente se han incrementado en numero los asesinatos de líderes y lideresas sociales en los primeros meses de este año, destacándose dolorosamente la situación de Arauca, Nariño, Cauca, Choco y el Catatumbo con cifras que superan las de igual periodo de los años anteriores.
En su visita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a finales del mes de Abril varios embajadores increparon duramente al gobierno de Iván Duque por la grave situación de derechos humanos y particularmente por la tergiversación del Acuerdo final de Paz del que son garantes la comunidad internacional, los países garantes, las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que no tiene nada que ver con la denominada “paz con legalidad” presentada por Duque.
En tales condiciones afirmamos que esta campaña ha carecido de garantías electorales, pues por una parte el gobierno había suspendido la ley correspondiente, la Registraduría improvisó la adquisición del Software y las manipulaciones del pre-conteo con la configuración de los formularios E-14, el ocultamiento de la votación por el Pacto Histórico en alrededor de 23.000 mesas que causó el primer sacudón por las amenazas de fraude y otros aspectos detectados como el borrado de resultados electorales ya reconocidos, sancionados y suscritos por los jueces, indican claramente las distintas modalidades de trampa que fracasó sobre todo por el esfuerzo colectivo de las y los testigos electorales, el papel de los jurados en casos reconocidos y el esfuerzo organizado desde el Pacto Histórico por el equipo de abogados y abogadas que trabajaron incansablemente en el desarrollo, cuestionamiento y aclaración de tan graves irregularidades. Esta es una de las lecciones aprendidas que tiene que replicarse en la elección presidencial conjuntamente con el apoyo de muchos más testigos y también el papel de las y los observadores internacionales que se han ofrecido a acompañar el proceso eleccionario en Colombia.
El sentido de la política de Alianzas en el nuevo contexto.
Vistos los procesos en contexto de largo y mediano plazo, hay que examinar atentamente la forma y los métodos que han permitido el avance de una línea política de perspectivas estratégicas. El conjunto de experiencias de los últimos 4 años ha permitido comprobar en la práctica las posibilidades de la correcta utilización del proceso electoral como medio de educación y ejercicio práctico del actuar en común con fuerzas diferentes pero con objetivos coincidentes.
En ello ha tenido un importante papel la política de alianzas del Partido Comunista y la Unión Patriótica que se basa en acuerdos de identidad programática y también de coincidencias. Tal tipo de entendimientos son posibles aún manteniendo diferencias ideológicas. En todos estos casos el objetivo es encontrar elementos de unidad de acción política que superen las convergencias puramente transitorias, gremiales o corporativas para enfocarse en una perspectiva del orden transformador y por lo tanto político. Como lo recordó el pleno de abril de 2021, lo nuevo en materia de unidad es que ésta se fragua en torno a un Proyecto democrático nacional alternativo, concebido en la perspectiva de una solución popular a la confluencia de crisis que asfixian el progreso y la justicia social en Colombia. Por eso los avances sucesivos, desde las coincidencias y acercamientos en 2018 con Colombia Humana, los puntos de identidad programáticos que hicieron posibles los avances entonces con Decentes, MAIS, el POLO y otros acercamientos, están en el centro de los logros que se han venido consolidado en la conformación del PH. Se trata por lo tanto de una política de alianzas correcta que se basa en una convergencia de puntos programáticos, presentes en los acuerdos de paz alcanzados por la lucha revolucionaria, por las luchas y movilizaciones cívicas, indígenas y populares, las movilizaciones urbanas y rurales e incorporados luego por equipos colectivos en un documento inscrito con la fórmula presidencial Petro-Francia. Aun así, estos logros son insuficientes cuando se mira la perspectiva de conducción colectiva, consensuada y unitaria, el carácter plural del Pacto, su consolidación como proceso de convergencias, los compromisos y tensiones como gobierno programático y movilización social de masas, entre otros aspectos.
¿Qué es y qué perspectiva tiene el Pacto Histórico?
El pacto histórico es una forma de expresión de la política de frente amplio reafirmado por el 22 congreso del PCC y el séptimo congreso de la unión patriótica. Esa política viene concretándose en el acercamiento de la izquierda (PCC, UP, POLO, Poder Ciudadano) corrientes indígenas agrupadas en MAIS y el abanico progresista reunido en Colombia Humana-UP- Decentes que tuvo un importante avance en los comicios nacionales de 2018 y locales de 2019. Esta política de unidad se proyectó a más amplias convergencias con la propuesta de Gustavo Petro de un pacto histórico, concebido dentro de su idea de un acuerdo nacional más allá del Acuerdo Final de paz, enfocado a resolver la crisis histórica no resuelta, tras la nueva situación creada con el triunfo de uribista con la elección de Iván Duque en junio de 2018.
El Pacto Histórico inaugura un nuevo momento de la acumulación de fuerzas desatada por el Acuerdo Final de paz del Estado colombiano con las FARC EP. Se trata de una experiencia singular, vinculada a la particularidad colombiana que se puede caracterizar como una lucha antifascista, anticorrupción, anti mafias en el poder del Estado, profundamente ligada a la defensa de la vida, de las libertades y garantías esenciales para el ejercicio de la política, a los efectos de las explosiones de protesta populares y a las exigencias para la consolidación del proceso de paz y sus acuerdos. Adicionalmente, el Pacto Histórico puede llegar a representa el núcleo central de un proceso de unidad de acción programática que encierra una diversidad de posiciones, de enfoques y de visiones orientadas a una transformación democrática por una vía electoral en conjugación con la movilización y presión popular. Las experiencias destacadas de América Latina, entre ellas la de Uruguay, indican alcances positivos, en varios casos en la larga duración, incluso como experiencias de gobiernos en alternancia, pero que mantienen una clara coherencia tanto programática como organizativa y a la vez una profunda y creciente inserción en las organizaciones de masas populares del movimiento obrero y de muchas de las expresiones de la acción popular. Este no es el estadio actual del Pacto Histórico en Colombia.
El proceso en curso, en el marco de la política de Frente Amplio, ha podido surgir también merced al liderazgo de Gustavo Petro, quien ha sabido exponer de manera persuasiva ante masivos sectores de opinión puntos significativos coincidentes con puntos de nuestro programa básico para el cambio, con los enlaces históricos de la Revolución en Marcha liberal de López Pumarejo y, en la proyección a largo plazo, de transformaciones democráticas, dentro de una visión que no contempla una perspectiva ni anticapitalista ni socialista. Pese a esta diferencia que no desconocemos, comprendemos el papel decisivo que representa emprender la derrota del modelo neoliberal, paramilitar y guerrerista, fortalecer la táctica de solución política como especificidad colombiana de transición a la democracia y ensanchar la correlación de fuerzas en torno a un proyecto democrático nacional de superación de la crisis y del sistema de subordinación neocolonialista, heredado del Frente nacional. Pensamos que el pacto histórico podría ser el instrumento político de unidad y convergencias, de frente amplio que encarne la construcción de ese Proyecto. Nuestra perspectiva socialista se sitúa en una óptica de profundización de la democracia, de movilización obrera y popular por la justicia social, ambiental, de género, antirracista, feminista, revolucionaria, internacionalista, antimperialista, Nuestra Americana y es parte y paso inicial hacia una sociedad no capitalista.
En este contexto, la actual denominación de Frente Amplio por la Vida, la paz y la Democracia es una proyección más extensa de acercamiento con sectores del establecimiento, es decir, cuadros gobernantes del santismo, el Partido liberal, Cambio radical e independientes, que se han acercado al Pacto Histórico, desde posiciones que puede ir del oportunismo hasta el realismo, bajo el influjo de la victoria política alcanzada en la elección de Congreso y la identidad en defensa del Acuerdo Final de Paz, de su implementación y de reformas que conduzcan a un avance real. Aspiran a hacer parte de un futuro gobierno en el marco de los compromisos con el programa definido e inscrito por la fórmula presidencial.
Debemos defender y fortalecer el Pacto Histórico. Nuestra concepción del papel de la izquierda es la de contribuir a consolidar los aspectos de unidad de acción política programática y a dinamizar la movilización, la organización y la apropiación de nuevas experiencias por la vía de la formación política de nuevos contingentes de cuadros entre la juventud, la mujer, el movimiento obrero, los movimientos agrarios, el feminismo y otras expresiones de la lucha popular. El papel de las y los comunistas no se limita sólo a la defensa del Pacto Histórico, sino que se basa principalmente en la contribución a articular la iniciativa y la dinámica de los distintos sectores políticos que en él participan, pero también especialmente de las fuerzas de la izquierda avanzada, comprometida con la solución política y con las posturas anti-imperialistas más definidas. El concepto de un papel articulador y dinamizador de la izquierda conlleva necesariamente el colocarse al frente de la iniciativa política, buscando simultáneamente la cohesión, pero también la apropiación de las experiencias y lecciones aprendidas de las distintas formas de lucha de masas de nuestro pueblo, la incorporación de nuevos sectores del movimiento social y popular de base a la acción, la lucha y la movilización. Además, recordando a Lenin, debemos cuidar la unidad del Pacto Histórico como a la niña de los ojos.
Reafirmamos así la idea del Bloque popular revolucionario alternativo que debe contribuir a la unidad de conjunto del Pacto Histórico y a la proyección de la política de Frente Amplio. Implica cualificar mucho más la importancia de la forma de lucha electoral para contribuir a enraizarla en lo profundo de las necesidades de la movilización organizada de las bases, aquella que aprendimos del Paro Nacional del 2021 y que encarna, en el instinto popular la perspectiva de formas de poder, de resistencia territorializada en barrios, municipios, veredas, con la idea de la unidad del pueblo como una potencialidad que se sigue construyendo sólida y prioritariamente de abajo hacia arriba.
A partir de estas iniciativas es necesario contemplar el horizonte del 2023 en torno a la lucha por los Gobiernos Locales, las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales, y Juntas Administradoras de Comunas y Localidades. Las experiencias de organización de los puntos de resistencia, del paro nacional de abril de 2021, del sentido solidario de la convivencia en los espacios territoriales, barriales, urbanos y rurales como expresiones germinales de un poder popular deben estimular el espíritu de trabajo y la metodología de las y los revolucionarios. La unidad y coherencia entre las luchas urbanas y rurales que tuvieron expresión en el marco del paro nacional de 2021 representan un nuevo escenario de exploración, experimentación, relacionamiento y convergencias hacia el poder popular, del conjunto de fuerzas sociales constituyentes que se han puesto en movimiento en la sociedad profunda.
La situación socioeconómica en la condensación de la crisis.
El Gobierno de Iván Duque concluye con un balance negativo indiscutible. Las políticas económicas y sociales durante la pandemia no contribuyeron a resolver los problemas del hambre y de la escasez de ingresos para una inmensa población, súbitamente sujeta al desempleo y la indigencia. La militarización del país, la persistencia de la guerra con utilización de máxima letalidad (bombardeos), la ley de seguridad ciudadana que autoriza a los uniformados disparar a ciudadanos desarmados “en defensa propia”, la indiferencia y el enceguecimiento en contra del Acuerdo de paz al imponer la llamada “paz con legalidad” bajo cuyo lema mueren semanalmente decenas de personas, las 33 masacres en lo corrido del año hasta el 24 de abril, los asesinatos sicariales, los operaciones militares como ocurrió en El Descanso, en el Putumayo, sin mencionar los bombardeos en Chocó, Catatumbo y Arauca, son hechos dramáticos en la terminación de un mandato. El hambre y la guerra estructural del sistema saturan el aguante y disparan el giro de las subjetividades hacia una convicción de cambios como necesidad no postergable.
Al lado de esto, el crecimiento de la pobreza especialmente monetaria ha conllevado el incremento de la población sin acceso suficiente a los alimentos. Adicionalmente la inflación del 8,5% en los primeros 4 meses del año, como característica de la situación económica en 2022, absorbió en masa la mayor parte del aumento salarial del 10%, reduciéndolo a un aumento real de 1.5%, en vías de seguirse erosionando. En tales condiciones el grupo de alimentos es el mayor causante de la inflación del país, lo que es extremadamente preocupante porque afecta a los hogares más pobres y reduce el número de comidas diarias de un número creciente de núcleos familiares. Por eso, la predicción de la FAO en cuanto al riesgo de Colombia en términos de hambruna está en proceso de materializarse para desgracia de las mayorías sociales del país que padecen el incremento de los precios de alimentos y bebidas y artículos de hogar, a medida que avanza el 2022.
La misma OCDE reconoce que el 60% de los trabajadores están en una situación de informalidad laboral que los excluye de la seguridad social y reduce su capacidad de mejoramiento productivo. Según esta misma entidad, la mitad de la población mayor de 65 años no recibe ningún tipo de pensión, en su visión la corrupción reduce la eficiencia del gasto público, genera un terreno de juego desigual y potencia las desigualdades. Señala que Colombia no cuenta con una ley específica de protección de denunciantes, a diferencia de la mayoría de los países de la OCDE. Esto explica el temor de las personas a destapar el monstruo de la corrupción que desangra el erario. Gráficamente asegura la OCDE que deben pasar más de diez generaciones para que el 10% inferior de la sociedad pueda acceder al ingreso medio actualmente existente.
La lucha social de clase debe cobrar más sentido en condiciones de mayores libertades y en consecuencia templar las exigencias que permiten democratizar y ganar capacidad de acción al movimiento obrero. Petro insiste en que su propuesta intenta humanizar y democratizar el capitalismo. La crisis del capitalismo que se agrava no tiene una solución solo con reformas. Pero no es posible una reactivación económica que desconozca las condiciones materiales de existencia de las y los trabajadores, la recuperación de sus derechos fundamentales a la estabilidad, al salario justo, a la organización sindical sin estigmatizaciones por Estado o por el mundo empresarial y mediático, sin un vuelco en la seguridad social como un derecho general, no limitado a un contrato de trabajo, sin una garantía en el sistema de pensiones que universalice su extensión y asegure el fortalecimiento de un sistema público y solidario. No pueden esperar las y los trabajadores que estas conquistas les lluevan desde arriba, obra de un gobierno por bien intencionado que sea. El Consejo Gremial Nacional CGN, el Grupo Empresarial Antioqueño GEA y otras estructuras gremiales expresan la conjunción de los intereses del capital, transnacional y nacional y sus aparatos de crédito transnacional Banco Mundial, FMI, BID, etc. que dictan las principales líneas de políticas económicas, sociales y de seguridad a los gobiernos colombianos. Para un gobierno transitorio de carácter democrático, que ha definido algunos compromisos vitales con el movimiento popular su éxito dependerá de la consecuencia con tales compromisos. Desde la experiencia de las y los trabajadores, tendrá que ser la lucha, la terminación de las prácticas de “concertación” asimétrica de empresarios y Estado contra los trabajadores, la movilización, la reclamación y negociación colectivas, los compromisos verificables. El estatuto del trabajo es la bandera del momento como parte del compromiso de clase del movimiento obrero en la coyuntura de lucha por la democratización de las relaciones laborales y de la sociedad. Igual puede decirse de las acciones agrarias que se desprenden del abandono por el régimen de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz.
Como lo mostraron las movilizaciones nacionales entre 2018 y 2021, la coincidencia coordinada de las luchas universitarias, feministas, urbanas y rurales requiere de una secuencia clara y precisa de reivindicaciones centrales, no una lista de mercado, infinita y dispersa. Los gremios patronales tienen que ser interpelados por la presión popular y el gobierno de coalición debe responder coherentemente con el cumplimiento de sus líneas de programa.
Todo lo anterior refuerza el significado del triunfo de la fórmula presidencial Petro – Francia y las enormes expectativas que los sectores más depauperados de la sociedad cifran hoy en el cambio democrático.
La actitud ante un nuevo poder democrático.
La formación de un gobierno de coalición democrática, con un programa de compromisos que tocan puntos sensibles de las relaciones rurales con la propiedad de la tierra, la consolidación de los acuerdos de solución política, la ampliación de los planes de desarrollo con enfoque territorial a todo el país rural para recuperar la oferta alimentaria con base en la producción, el reconocimiento del papel del campesinado, el punto final a la guerra contra sus formas de ocupación del territorio, organización del trabajo e intervención en la vida pública, liberado del terror paramilitar y de los operativos oficiales. Son medidas de urgencia enfrentar el hambre y proceder a sustituir la importación de alimentos, en perspectiva de una soberanía sustentada en la producción.
No es fácil predecir una transición tranquila en las condiciones de asedio y confrontación que ha puesto en juego la ultraderecha. La situación convoca la defensa de lo conquistado por el pueblo, de la legitimidad ganada y de los instrumentos institucionales útiles a la defensa de las garantías y los derechos de las mayorías. Un compromiso del gobierno deberá ser la depuración de los mandos militares y de policía más comprometidos en la represión, la corrupción y los vínculos con el paramilitarismo. Las organizaciones de derechos humanos deberán actuar como fiscalizadoras de estos procesos que no es dable esperar procedan automáticamente. Serán resultado de la presión, el alegato, la movilización, el diálogo y los acuerdos.
Debemos mantener en alto la bandera de la paz democrática, con justicia social y ambiental, con equidad de género, con equidad étnica y respeto a las diversidades. El cumplimiento y la implementación del acuerdo final de paz tienen que ser un eje sólido de la política oficial. De ello depende la credibilidad de la solución política que sigue siendo vigente para enfrentar los problemas de la guerra estructural que se ha vuelto permanente. Un aspecto diseñado por el gobierno de Duque es el papel de la Comisión Nacional de Garantías de seguridad, que tiene la obligación legal de construir una política de preservación de la vida y del libre ejercicio de la actividad ciudadana para las y los exguerrilleros como también para las y los líderes sociales, populares y defensores de los derechos humanos en todo el territorio nacional. Uno de sus propósitos es el pacto nacional para sacar las armas de la política (Punto 3.4 del Acuerdo de Paz) a través de un acuerdo y de una política pública de paz con base en el diálogo, con el ELN, con el EPL, con los grupos que el gobierno ha bautizado como disidencias e implementar medidas de acogimiento a la justicia hacia aparatos armados del paramilitarismo. En nuestro criterio, se trata de sellar un ciclo histórico de la lucha armada por una vía que alimente la profundización de la democracia, las libertades y derechos del pueblo. En tal sentido adelantamos el diálogo con el Congreso de los Pueblos.
El contenido social de la consolidación de la paz en los territorios dependerá de un viraje en el tratamiento de las relaciones entre la ciudad y el campo. Más que los compromisos ante notario de no expropiación será más productivo provocar el diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones por regiones, otorgando poder y capacidad de organización a las bases rurales, campesinas, indígenas o afro con el apoyo del Estado. Tendrá lógica que la nación, representada en el Estado, reclame millones de hectáreas indebidamente apropiadas como baldíos y se establezca un límite a la extensión de suelo que pueda poseer privadamente un individuo. Los derechos laborales para los trabajadores del campo, sus condiciones de vivienda, salud, educación, asistencia técnica, formación profesional constituyen prioridades exigibles, más allá de la retórica.
El movimiento por la salud, después de la experiencia durísima de la pandemia, reagrupó buena parte de las reclamaciones justas orientadas a la reforma del sistema con prioridad a la prevención y promoción de la salud junto con el esfuerzo por superar definitivamente la intermediación financiera y el negocio.
En contraste, en los medios universitarios, en particular de la universidad pública existe un reto derivado del largo periodo de no presencialidad educativa, con los efectos psicológicos y de socialización que han afectado todos los niveles. No ha tomado forma hasta el momento ninguna propuesta coherente vinculada al papel que debe desempeñar la universidad frente a una sociedad en proceso de cambio democrático y de consolidación de una paz justa, en búsqueda de la igualdad, de la tolerancia y de la identidad en las narrativas y la socialización de una verdad histórica muy distinta del relato dominante del negacionismo, de la estigmatización y del odio. Al término del mandato de Duque se habla de reformas privatizadoras para convertir universidades públicas en centros de liderazgo de orientación estrechamente empresarial, alejados de las preocupaciones sociales, en un país en donde se asesinan a diario a jóvenes y líderes populares. El movimiento estudiantil debe despertar de su letargo y las corrientes avanzadas en su seno reasumir un liderazgo frente al compromiso social, la gratuidad, el contenido científico, la valoración de la historia y de la cultura propia, el sentido laico de la formación moral y ciudadana.
Un punto sensible del nuevo gobierno es el referente a su política exterior. El Estado colombiano debe practicar una política exterior independiente, soberana y pacífica, particularmente hacia sus vecinos de América Latina. Tiene que restablecer de manera urgente y completa sus relaciones diplomáticas, comerciales y de amistad con la República bolivariana de Venezuela y abandonar toda idea de buscar el derrocamiento de su gobierno. En el tema relacionado con el fallo de la corte internacional de La Haya sobre delimitación marítima y submarina con la República de Nicaragua el Estado colombiano debe rectificar su postura de no cumplimiento de dicho fallo y debe tomar la iniciativa de un acuerdo binacional Colombo-Nicaragüense que permita establecer de manera concertada y pacífica las relaciones de vecindad, vigilancia, respeto por las comunidades raizales y aprovechamiento conjunto de la navegación, la pesca y la reserva submarina. Es necesario reevaluar el abandono frente a Unasur y retomar una postura activa en el marco de la Celac.
Al asumir una política de paz, el Estado colombiano debe reafirmar la vigencia del tratado América latina y el Caribe como zona de paz, suscrito en La Habana en 2014. Es muy importante tratar el tema de las relaciones con Estados Unidos. Estas relaciones han evolucionado a condiciones de dependencia en materia judicial, en materia de intervencionismo militar e injerencia de múltiples agencias federales en los asuntos internos de Colombia sin que prevalezca un sentido de respeto a la soberanía del país. La embajada y el embajador opinan a su antojo como si fuéramos un Estado anexado. En materia militar el país es utilizado en varios sentidos, incluido el despliegue de mercenarios con inmunidad diplomática. El eje principal sigue siendo el tratado militar bilateral de 1952, en la época más dura de la guerra fría. Hay que reversar la vinculación de Colombia como socio global de la OTAN, con base en la idea que nuestro país no debe unirse a un pacto militar nuclear agresivo en expansión, que propicia guerras en distintas partes del mundo. Las bases militares y la presencia de tropas, asesores, mercenarios corporativos deben salir del país. El tratado de extradición actualmente existente debe ser revisado, especialmente sus aspectos procedimentales que se pasan por encima de todo control y regulación de Colombia. Mejores relaciones son posibles con base en el respeto mutuo, las relaciones en pie de igualdad, de cooperación, como se pueden tener con cualquier estado del planeta y cero sometimiento.
Un tema complejo es el de las relaciones de un gobierno democrático con las fuerzas militares y la policía nacional. Estas deben basarse en las normas constitucionales existentes y en el respeto, acatamiento y prioridad de la autoridad civil. El pacto que impuso la oligarquía con Lleras Camargo en 1958 en realidad fue una concesión al militarismo y a la militarización del Estado, al dejar el manejo del llamado orden público en manos del ejército y las Fuerzas militares, lo que hizo posible la prolongada guerra de contrainsurgencia que aún padecemos. Es necesario madurar nuevas formas de relación institucional y también un acercamiento de las fuerzas de la izquierda hacia los sectores militares para romper el hermetismo nazificante, para entablar el diálogo necesario hacia una reforma profunda de la doctrina, de la concepción del papel del militar como intelectual, de la defensa de la soberanía y de la defensa nacional en las fronteras. Es necesario poner fin a la idea del “enemigo interno” y a toda justificación de la guerra y de bombardeos sobre ciudadanos como manera de imponer el orden público en el país. Estamos por una reforma de la Policía nacional incluida la desaparición del ESMAD, la creación de un concepto y una política de seguridad humana, social, integral que tenemos que construir. Algunos de sus elementos surgieron con el Acuerdo Final de Paz.
La opción de un triunfo democrático es real. Pero no debemos olvidar que otras salidas son posibles y que pueden reversar los mejores propósitos. En todo caso, sea cual sea el desenlace de la elección presidencial hay riesgos que habrá que saber enfrentar, posibilidades de diálogo, acciones de masas por realizar y alianzas por construir para asegurar la defensa popular, proteger a la organización y a sus miembros.
La guerra de Ucrania y el agravamiento de la crisis internacional
Todo este panorama nacional se desenvuelve e interactúa en un contexto mundial agravado por la expansión creciente del pacto militar global denominado OTAN y el empeño de los Estados Unidos y de la Unión Europea de extender sus áreas de influencia sobre la frontera con la República Federativa Rusa y al mismo tiempo la creación del AUKUS como un nuevo pacto militar en el Indo-Pacifico contra la República Popular China, la India, Vietnam y en general toda el Asia Sur Oriental.
Estados Unidos rodea de bases militares a Rusia y ahora intenta hacerlo con China. En tal sentido, la instrumentación y el esfuerzo provocador por armar a Ucrania en la frontera con Rusia y forzar su ingreso en la OTAN en tales condiciones de rearme, ha sido interpretado por el gobierno ruso como una amenaza directa a su seguridad nacional. Sabemos que Rusia no es un país socialista, que su gobierno dirigido por Rusia Unida, Partido de Putin, representa intereses activos del neocapitalismo de Estado ruso, de influencia nacionalista, con incidencia en la política social y en la política de Estado. También intervienen partidos comunistas, en primer lugar el Partido Comunista de la Federación rusa que sostienen posiciones propias y se identifica con la defensa de Rusia frente a la amenaza de intervención y provocación imperialista que podría desatar una guerra total. Es evidente que en este conflicto choca Rusia con el bloque imperialista liderado por Estados Unidos y que solo este hecho impacta de manera directa la estabilidad de la paz mundial.
Rusia y la República Popular China, dos potencias en Eurasia no imperialistas, han desarrollado un acuerdo de complementariedad desde el punto de vista estratégico tanto en lo económico, en el desenvolvimiento y la lógica de infraestructuras transcontinentales, la Ruta de la Seda y la Franja, con prioridad en el desarrollo de las fuerzas productivas, en tanto que Rusia mantiene su papel hoy en día como primera potencia militar en el mundo y desde luego sin desplegar ningún tipo de política agresiva hacia terceros países. Este es un hecho fundamental que revelan las avanzadas de Occidente, la OTAN y el AUKUS, el encerramiento y despliegue de bases militares de EEUU que afectan la seguridad en Eurasia y el Indopacífico, porque colocan armamento nuclear en la frontera misma de los países amenazados.
Por esto, el Partido Comunista colombiano ha insistido en la necesidad de una salida política por la vía del dialogo de Rusia con Ucrania, que desde luego implica la decisión de este país por la neutralidad, la salida de las armas de la OTAN de Ucrania, su no ingreso a ese organismo, el repliegue en consecuencia de Rusia hacia el interior de sus fronteras y el establecimiento de un Acuerdo de Paz con base en el compromiso de Ucrania de renunciar a la política racista hacia los ciudadanos ruso parlantes que habitan el Donbass, que ha sido uno de los puntos más duros de las confrontaciones desde el 2014, es decir, el golpe militar mercenario de orientación nazi-fascista y al gobierno que practica una orientación racista, anticomunista, anti sindicalista desde la dirección del Estado con el apoyo de Occidente. Expresamos nuestra solidaridad al Partido Comunista de Ucrania y a su Juventud Comunista.
Los comunistas colombianos abogamos por la disolución de la OTAN. Reclamamos del Estado Colombiano medidas destinadas a separar definitivamente a Colombia de la OTAN, un pacto agresivo de carácter nuclear que compromete la seguridad de nuestro pueblo y contradice la voluntad de paz y de emancipación de los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe. Reafirmamos que Colombia no tiene enemigos ni en China ni en Rusia, ni en Irán ni en ningún país de aquellos que hoy en día Estados Unidos y la Unión Europea especifican en el marco de “sus” enemigos.
A propósito de la personería jurídica del PCC.
El restablecimiento de la personería jurídica del Partido Comunista es un hecho favorable que nos obliga a observar algunas normas legales en su significado para la organización, junto con la necesidad de adaptar hasta donde es posible las formas de funcionamiento de una organización revolucionaria dentro un mecanismo de control estatal sobre los partidos políticos.
Se trata de una restitución tardía pero no menos significativa y también un reconocimiento de la existencia del Partido Comunista pese al genocidio, la persecución, estigmatización y un espacio por desarrollar desde el punto de vista del significado, la vigencia y la necesidad de la presencia, en una coyuntura decisoria como la actual, de una fuerza revolucionaria con capacidad de incidir en la conducción de un proceso de alcance político histórico.
El elemento estratégico esencial es la necesidad de fortalecer el Partido, desarrollar su crecimiento, su incidencia en los espacios popular, obrero, agrario y en nuevas regiones del territorio nacional como prioridad fundamental. Esto incluye el papel y la función de la Juventud Comunista, avanzada de la lucha juvenil y escuela de cuadros del partido y del movimiento popular en su conjunto.
El Partido Comunista y la Unión Patriótica representan dos personarías distintas y una sola orientación política, cada una en los espacios diseñados y previstos para ampliar la influencia de una visión transformadora, democrática, de profundo arraigo popular y la promoción de la unidad popular como elemento vertebral de la cultura política emancipadora.
El tema de la unidad de los comunistas es también parte de este nuevo momento de reflexión y estudio. Hay que pensar en la unidad en el campo electoral y también en el papel de las y los comunistas en todas las organizaciones, iniciativas y frentes de masas. Es necesario formalizar una coalición - no exclusiva - PCC-UP con vistas a las elecciones locales de 2023 con su debida planificación, distribución de cuadros y de tareas, incluida la opción de un activo nacional al respecto.
Nuestra actitud hacia Comunes ha sido de comprensión y diálogo. En algunas partes se lograron acuerdos que es necesario balancear, con sentido crítico y disposición autocrítica y proponer una táctica de coalición electoral 2023 en donde haya las condiciones, como también en el campo de los derechos humanos, la solidaridad y el Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, sin perjuicio de un diálogo amplio y fraterno también con sectores que se han desprendido, como se viene haciendo. Un esfuerzo de atención, seguimiento y discusión especial en el plano bilateral ameritan las relaciones PCC-Comunes en Fensuagro y la CUT.
Tenemos que hacer un refuerzo en términos de la batalla de ideas frente a todo el arsenal que el militarismo y el negacionismo histórico han venido montando y acumulando para confrontar el avance de las fuerzas alternativas. Los temas ideológicos, el papel fundamental del programa del partido, el trabajo que se viene haciendo sobre la incidencia comunista en la historia del país, la recuperación de la historiografía de la Juventud Comunista, la sistematización del trabajo en el campo ambientalista, de la cultura y las artes, el rehacer un concepto y una metodología de organización hacia la niñez y la adolescencia, tal como lo fue en su momento la asociación de pioneros José Antonio Galán, deben ser objeto de nuestra reflexión en relación con la ampliación del Partido a nuevas experiencias.
En el campo político necesitamos reorganizar los departamentos político, de organización y de masas para actuar en las condiciones de una nueva situación nacional. La tarea concreta es ampliar la influencia del partido y sus aliados en la dirección y conducción del Pacto Histórico y en los procesos de conformación de un gobierno de coaliciones, que actúe en interacción y se realimente con las organizaciones y la movilización popular independiente.
¡VIVA EL PACTO HISTÓRICO!
¡VIVA LA FORMULA PETRO-FRANCIA!
¡VIVA LA UNIDAD DEL PUEBLO COLOMBIANO!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO!
Comité Ejecutivo Central
Partido Comunista Colombiano
Bogotá DC, mayo 6 de 2022
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