miércoles, 27 de octubre de 2021

Paro minero en Colombia completa diez días


 Comunicado a la opinión pública

La Federación de pequeños mineros del Chocó FEDEMICHOCÓ - CONAMINERCOL, ASOMICHOCÓ, ASOMITADO, ASOMINOV, COAINCH, ASOMINARMEA, ASOMIBEBARA, LAS ORGANIZACIONES  INDIGENAS y AFROS, CRITH, FEDEOREWA, WOUNDECO, COCOMACIA, COCOMAUPA, COCOMINSA, COCOMAN, COCOMACER, CONSEJO COMUNITARIO DE PAIMADO, CONSEJO COMUNITARIO DE CANTON DE SAN PABLO, CONSEJO COMUNIRTARIO DE RIO QUITO, ACADESAN,   COCOMANORTE y algunas organizaciones sociales, unidas en el propósito de, defender la actividad minera de pequeña escala y, de velar por la implementación de los acuerdos de Paz en el departamento del Chocó, manifestamos lo siguiente:



Que el Gobierno nacional incumple los acuerdos de la mesa minera del Chocó, pactados en las diferentes movilizaciones que buscaban atención y solución efectiva a la problemática minera y viene adelantando acciones deliberadas, temerarias y terroristas en contra del desarrollo de la pequeña minería, ancestral, y tradicional del departamento, destruyendo la maquinaria, capturando a pequeños mineros de moto bombas, e incautando los insumos, y elementos para pequeña minería.

Que, de manera deliberada también incumple los acuerdos de Paz, pactados con las FARC-EP y la comunidad internacional.

Incumple lo mandatado por la corte constitucional en la sentencia. T-622 de 2016. (Sobre el rio Atrato que lo declara sujeto de derecho e insta a la institucionalidad a erradicar la minería ilegal y velar por su conservación y protección.) Y que también busca legalizar la minería ancestral y tradicional en la cuenca del Rio Atrato, e irrumpe con sus operativos desconociendo el mandato de la sentencia.
Que, la resolución 0773 del 10 de mayo del 2018 del ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible por la cual se impone la medida preventiva de suspensión temporal de las actividades de exploración y/o explotación minera en el Rio Quito y sus afluentes y se adoptan otras determinaciones. Esta resolución afecta todos los procesos mineros de formalización que se estén realizando por parte de los pequeños mineros en la cuenca de este Rio.

Que, el decreto 0181 del 28 de julio del año 2020 emanando por el gobierno departamental del Chocó, viene siendo la cereza en el postre para que la fuerza pública persiga, incaute y decomise todo tipo de insumos y maquinaria para la actividad minera.
 
Que, consideramos, que no se mide con el mismo racero, el grave daño ambiental, que constantemente causa la gran Minera, en el caso de Atico Mining, en el municipio de Carmen de Atrato, empresa que contamina con efluentes sólidos y líquidos dicho cuerpo de agua, incumpliendo las obligaciones contractuales, laborales, sociales, y económicas, ante la total indiferencia y complacencia por parte de las autoridades ambientales y mineras. Este accionar amenaza y pone en alto riesgo, los derechos humanos de estas comunidades.

Que, a pesar del rigor de la pandemia, el más alto índice de desempleo y pobreza del país y la supuesta reactivación económica planteada por el gobierno nacional para la región. las fuerzas militares y de policía, siguen utilizando acciones intimidatorias, con el excesivo uso de la fuerza, con su aparato de guerra, como lo son los operativos para la destrucción de la maquinaria pesada. De igual manera, viene informando sobre falsos positivos, tergiversando a través de medios pre-pagos, y amarillistas, acciones y escenas de otras latitudes, haciéndolas ver y parecer como si fueran propias de la región.
Que, el Departamento del Chocó se anunció, por parte del gobierno de Santos, como uno de los primeros en ser priorizados y ser atendidos, en la implementación de los acuerdos de Paz, firmados el 26 de septiembre del 2016. De haberse dado así, hoy no estaríamos ocupando, los últimos renglones, en la de implementación de los acuerdos y arrojando, tan pobres resultados en su desarrollo según el propio gobierno y las mediciones del instituto KROC.

Que, la institucionalidad creada, para la implementación de los acuerdos y la decisión del gobierno de volver trizas lo pactado, tienen al departamento del Chocó, ubicado en los últimos renglones de crecimiento, desarrollo, e inseguridad Que, es tal el desgobierno que, el orden público y la seguridad colectiva contrastan con el índice de criminalidad, ubicándolo en un 300% por encima de la media nacional.

Que en materia de empleo estamos ubicados en el último lugar, por debajo de departamentos como la guajira.

Que, la pobreza multidimensional extrema es la más alta del país.

Por todo lo anterior, las comunidades, étnicas, campesinos y los pequeños mineros, concertamos declarar el cese de actividades mineras y afines, a partir de las 00 horas día 11 de octubre del año 2021 en el departamento del Chocó, hasta tanto el gobierno nacional, atienda nuestro pliego de peticiones y de solución oportuna y efectiva a este.

Entidades sugeridas para atender las peticiones

Oficina del alto comisionado para la Paz de la ONU
Oficina de la alta Consejería presidencial para la Paz.
Consejería Presidencial para la Regiones – Comisión Intersectorial-Dcto 749/2018.
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Defensa
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Minas y Energía
Ministerio de Interior
Departamento Administrativo de la función pública.
Colombia Joven
ICBF
JEP (Justicia especial para la Paz)
Gobernación del Chocó
Comunidades Indígenas (Atrato, San Juan y Baudó) - 1 por cuenca
Comunidades Negras (Atrato, San Juan y Baudó) - 1 por cuenca
Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó
1 medio de Comunicación de cobertura nacional
Universidad Tecnológica del Chocó
SENA Regional Chocó
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico.  

Garantes propuestos para el seguimiento a las negociaciones e implementación de los acuerdos que se pacten.

MAPP OEA
DEFENSORIA DEL PUEBLO
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
DIOCESIS DE ISTMINA Y QUIBDÓ.
OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Quibdó, octubre 19 de 2021

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