El PCC se fortalece al calor de la lucha de masas y de la participación político electoral de 2022
-INTRODUCCION:
Como parte de la iniciativa política en el 2021, que coloco a los comunistas como gestores en el desarrollo de las principales acciones de confrontación y movilización social como expresión de la lucha de clases en el Distrito Capital a partir de la participación directa del gran estallido social, el rechazo a las decisiones adoptadas por la administración de Claudia López por vía de los debates de control político al interior del Concejo de Bogotá y la actuación de nuestra Concejala, Ediles y Edilesas, cerramos el año con un balance importante que exige analizar la dinámica de nuestro trabajo en relación con el papel político de las células y nuestra influencia en las organizaciones de masas para cualificar el Crecimiento, el liderazgo político y las tareas para elevar el nivel de conciencia de la población capitalina.
I. ASPECTOS GENERALES DE LA COYUNTURA NACIONAL Y DISTRITAL:
Después de las más variadas manifestaciones de inconformidad y rechazo evidenciadas en el marco del Paro Nacional iniciado el pasado 28 de abril y de los logros alcanzados en unidad de acción del conjunto de expresiones del movimiento social, sindical y popular, con la acción decidida de barriadas, comunidades y poblaciones indignadas e inconformes, como se expresa en los jóvenes en resistencia, asistimos a un momento de agravamiento de la crisis política, social y económica producto de la implementación de las medidas regresivas que impone el modelo a través del nefasto gobierno de Iván Duque.
Las decisiones impuestas por el Congreso de la Republica son evidencia de lo anterior, como materialización de las políticas del Gobierno de Iván Duque para favorecer los intereses del gran capital, del empresariado y el sector financiero, la continuidad de la agenda neoliberal que restringe derechos sociales y limita conquistas logradas por los trabajadores impuestas por el Banco Mundial, el FMI y la OCDE; desconociendo a la vez, las iniciativas populares como los Proyectos de Ley presentados por el Comité Nacional de Paro, que sintetizan propuestas para enfrentar la crisis generada por la pandemia, mediante el Pliego Único de Emergencia.
Dentro de estas reformas está la aprobación de la nueva Reforma Tributaria, que no incluía la suspensión de exenciones tributarias que se hacen a megaempresas, evadió medidas de control fiscal para contener la fuga de capitales a paraísos fiscales, impuso impuestos a pequeñas y medianas empresas para llevarlas a la quiebra y definió la estrategia de reducir el tamaño del Estado para continuar con la venta y liquidación de empresas públicas.
Por supuesto el beneplácito de las élites usando el Presupuesto General de la
Nación, recientemente aprobado en favor de su clientela política y la corrupción administrativa a partir de la modificación de la “Ley de Garantías” (Artículo 125), avalando la celebración de convenios interadministrativos entre la nación y los entes territoriales para ejecutar programas y proyectos que buscan perpetuar en cargos de elección popular a los partidos tradicionales en las próximas elecciones del 2022; al igual que la destinación de importantes recursos económicos para el pago de intereses por concepto de deuda interna y externa.
De la misma manera, continúa la permanente y sistemática violación de los Derechos Humanos con datos tan dramáticos como el asesinato de 1.270 líderes y lideresas sociales desde la firma de los acuerdos de paz, al igual que la ejecución de 92 masacres en lo corrido de este año, según cifras compiladas por Indepaz, lo cual expresa una práctica genocida y negacionista por parte del establecimiento contra el movimiento social y popular.
A esta situación se suma la escalada de detenciones arbitrarias contra jóvenes de las primeras líneas y dirigentes sociales que participaron en el paro nacional, lo cual hace parte de los montajes y entrampamientos que se convierten en falsos positivos judiciales que se profundizarán con la aprobación del proyecto de seguridad ciudadana que intensifica este uso represivo del aparato judicial para perseguir y criminalizar el derecho a la protesta social.
De otra parte, A cinco años de conmemorarse la firma de los acuerdos de paz, demandamos el cumplimiento e implementación de lo pactado, como eje de ejecución de la solución política al conflicto social y armado, en perspectiva de una salida democrática y popular a la actual crisis que vive el país.
Es lamentable que persista el asesinato de excombatientes firmantes de la Paz que ya supera los 300 homicidios, el acecho a los ETCR, la incapacidad de brindar protección a firmantes y comunidades en el territorio nacional y la inestabilidad en el otorgamiento de plenas garantías para el libre ejercicio de la participación política de la oposición, sectores de izquierda y del campo democrático; el desmantelamiento de las estructuras del paramilitarismo como parte de la política de terrorismo de Estado sigue siendo un tema sin desarrollo, en conclusión, La Paz, los DDHH y las garantías siguen siendo una consigna a movilizar por las huestes revolucionarias en el país.
Por otro lado, la política de precarización del trabajo y el empobrecimiento del salario por vía de la tercerización y la pérdida de garantías laborales sigue siendo un eje estratégico de explotación y empobrecimiento de las mayorías nacionales; el anunciado acuerdo logrado en la mesa de concertación laboral entre el gobierno, empresarios y centrales obreras para la asignación del salario mínimo de 2022, está por debajo del aumento de los índices de inflación y de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras; al igual que el desconocimiento de
las exigencias de los trabajadores del sector salud, quienes en medio de la pandemia son víctimas del desconocimiento de sus derechos adquiridos, demandando a la vez el cumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos alcanzados recientemente con los trabajadores del sector estatal, especialmente aquellos que cobijan el régimen especial de los maestros y maestras agrupados en FECODE.
En el contexto Latinoamericano avanza la consolidación de proyectos unitarios de sectores sociales y expresiones políticas de izquierda, el progresismo y procesos democráticos; posibilitando la conquista de Gobiernos alternativos como lo ocurrido recientemente en Honduras con el triunfo de Xiomara Castro y Gabriel Boric en Chile a la presidencia; sumándose al torrente de cambios y transformaciones que continúan en Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela, México, Nicaragua y Cuba; generándose grandes expectativas frente a lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones presidenciales de 2022 en Colombia, Brasil y Costa Rica.
Por su parte, el impacto de las políticas del orden nacional tienen una afectación directa en las dinámicas sociales y económicas de Bogotá, donde al cumplirse el segundo año de la administración de Claudia López se registra una agudización de la crisis producto de sus indefiniciones e improvisaciones con el diseño y ejecución de sus políticas, como se expresa en el POT, en el manejo de la protesta social, la mitigación del hambre y el manejo de la reactivación económica, que han multiplicado sus efectos tanto por la pandemia y las medidas restrictivas en la cuarentena, como por las crisis energéticas, de transporte y especulación financiera global que se cierne en los actuales momentos.
En consecuencia, la disputa por un modelo de ciudad y en desarrollo de los lineamientos alternativos a los trazados en el Plan de Desarrollo Distrital es una consigna fundamental. Fortalecer la exigencia de mayor y mejor trabajo, una reactivación económica pronta, mayor ingestión social, control a la ejecución de las grandes obras de infraestructura como el metro elevado, la movilización contra la masificación de las troncales de Transmilenio favoreciendo de esta manera los intereses de sectores del Empresariado, Camacol y Pro Bogotá, es parte de esa movilización que debemos fortalecer desde los trabajadores, Barrios, comunidades y sectores sociales.
Por su parte el Proyecto de Acuerdo sobre el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, presentado al Concejo de Bogotá, careció de una real consulta con las comunidades en sus territorios, donde se registran una serie de actuaciones urbanísticas como parte de la mal llamada “renovación urbana” con una densificación que afecta de manera directa a barrios importantes del Distrito y de paso se pretende imponer una “planeación” que generara cambios en el diseño de la Ciudad con impactos sociales y ambientales; hoy frente a una eventual aprobación por Decreto del POT por parte de la Alcaldesa Claudia López, se han manifestado un importante número de organizaciones sociales, populares,
ambientalistas y comités de veeduría ciudadana, exigiendo el retiro del Proyecto de Acuerdo 413 del Plan de Ordenamiento Territorial, con el fin de iniciar un nuevo proceso de discusión y participación comunitaria el próximo año, que garantice una concertación con todos los actores comprometidos.
Corresponde señalar la actitud permisiva de la Alcaldesa de Bogotá, frente al tratamiento represivo y de guerra que se dio a la movilización y la protesta social, como acción desmedida y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía nacional durante los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020 y que se tipifican como una masacre con el asesinato de 14 jóvenes a partir del informe, recientemente presentado; el cual determina una serie de recomendaciones que buscan garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el derecho fundamental a la movilización; la naturaleza civil de la policía nacional, el uso excepcional de la fuerza en el contexto de la protesta social, el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad; de la misma manera persisten las críticas y denuncias por acción u omisión a la Administración Distrital, frente a la permanente y sistemática violación de los Derechos Humanos por parte del ESMAD y la Policía en el marco del Paro Nacional iniciado el pasado 28 de abril y la implementación de los “falsos positivos judiciales” con la detención de un importante número de jóvenes que se movilizaron en varias Localidades de Bogotá.
II. LA POLITICA DE UNIDAD Y LOS DESARROLLOS DEL PACTO HISTORICO:
Como parte de la implementación de la política de unidad definida en el XXII Congreso Nacional del PCC que definió influir en la construcción de una gran convergencia social y política, avanzamos en el posicionamiento del Pacto Histórico como reagrupamiento de sectores del movimiento social y fuerzas progresistas, revolucionarias y del campo democrático, teniendo como propósito inicial la conquista de una alternativa de gobierno, con proyección estratégica de poder popular hacia la conformación del bloque histórico.
Hoy el Pacto Histórico se perfila como un proceso unitario de amplia confluencia, el cual se alista a participar en la contienda electoral del 2022, elaborando un programa de acción y lucha, con la presentación de listas cerradas y paritarias al Congreso de la Republica en la mayoría de Regiones del País; procurando de esta manera la elección de una bancada alternativa con candidatos y candidatas que representan la tradición, acumulados de lucha y resistencia del pueblo colombiano; proyectando nuestra participación y actuación con la candidatura de la camarada Aida Abella en el cuarto renglón en la lista cerrada al Senado de la Republica y del camarada Gabriel Becerra en el tercer renglón de la lista cerrada a la Cámara de Representantes por Bogotá; garantizando de esta manera recuperar la voz y presencia política de los comunistas en el parlamento colombiano; en ese orden de ideas nos corresponde impulsar la consulta interpartidista para la definición del
candidato único del Pacto Histórico a la Presidencia de la Republica y que en nuestro caso, implica posicionar a Gustavo Petro como una alternativa de cambio y transformación en el País.
Un elemento de gran valor para el momento actual es la restitución de la personería jurídica del PCC, la cual abre una expectativa que supera la mera formalidad del reconocimiento de la existencia del partido. Es la posibilidad de fortalecer la capacidad, influencia y organización del trabajo partidario. El comité central deberá formular un plan que permita visibilizar la acción partidaria que lograremos, así como la información necesaria para que las direcciones actuemos y fortalezcamos la identidad militante sin dubitaciones.
III. LAS TAREAS DEL MOMENTO POLITICO:
Con todo lo anterior y las discusiones que las células y direcciones intermedias deben determinar en la política de sus espacios de trabajo directo, los principales aspectos de la coyuntura Nacional y Distrital, debemos avanzar en el cumplimiento y desarrollo de los siguientes aspectos:
1 – Fortalecer los escenarios de coordinación y articulación de la movilización y la protesta social, con una mayor presencia y participación de nuestros dirigentes de masas en el Comité Distrital de Paro y el fortalecimiento de los Comités Locales de Paro en los respectivas Localidades de Bogotá, recogiendo las propuestas y problemáticas de las comunidades en sus territorios por vía de los pliegos locales.
2 – Avanzar con el proceso de alistamiento de nuestra participación político electoral, mediante la acción coordinada y permanente del Comité Distrital de campaña electoral del PCC, la JUCO y UP; estableciendo una articulación con la Coordinación Distrital del Pacto Histórico en Bogotá y el diseño de la estrategia electoral con los candidatos y candidatas en la lista cerrada a la Cámara de Representantes.
3 – Convocar el Activo Distrital Comunal con los camaradas elegidos como nuevos dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, con el propósito de concretar el plan de trabajo, avanzar en el diseño y posicionamiento de las principales iniciativas políticas y proyectar la realización de la escuela de liderazgo social y comunitario.
4 – Fortalecer los espacios de trabajo y coordinación del PCC y la JUCO en las diferentes Localidades de Bogotá con los nuevos Consejeros Locales de Juventud, recientemente elegidos y que posibilitaron a la Colombia Humana – UP convertirse en la primera fuerza política de Bogotá;
5- Concretar nuestra participación en el proceso eleccionario del Consejo Distrital de Paz, cuyo propósito institucional es procurar el logro de la paz y la generación de una cultura de reconciliación y transformación de conflictos; misión que debe de
Complementarse y ampliarse con la exigencia del cumplimento de los acuerdos de paz y su implementación inmediata.
6 – Convocar la realización del Pleno del Comité Distrital de balance del plan de trabajo y de las responsabilidades individuales y colectivas de la Dirección Distrital para la tercera semana de enero de 2022; concretando a la vez la convocatoria de la Conferencia Ordinaria del PCC en Bogotá.
Deseamos al conjunto de la militancia del PCC y la JUCO en Bogotá, felicidades en las fiestas decembrinas y éxitos en el cumplimiento de las metas proyectadas para el nuevo año; el cual nos depara importantes logros en el desarrollo de la iniciativa política partidaria.
Comité Ejecutivo Distrital
Partido Comunista Colombiano
I. ASPECTOS GENERALES DE LA COYUNTURA NACIONAL Y DISTRITAL:
Después de las más variadas manifestaciones de inconformidad y rechazo evidenciadas en el marco del Paro Nacional iniciado el pasado 28 de abril y de los logros alcanzados en unidad de acción del conjunto de expresiones del movimiento social, sindical y popular, con la acción decidida de barriadas, comunidades y poblaciones indignadas e inconformes, como se expresa en los jóvenes en resistencia, asistimos a un momento de agravamiento de la crisis política, social y económica producto de la implementación de las medidas regresivas que impone el modelo a través del nefasto gobierno de Iván Duque.
Las decisiones impuestas por el Congreso de la Republica son evidencia de lo anterior, como materialización de las políticas del Gobierno de Iván Duque para favorecer los intereses del gran capital, del empresariado y el sector financiero, la continuidad de la agenda neoliberal que restringe derechos sociales y limita conquistas logradas por los trabajadores impuestas por el Banco Mundial, el FMI y la OCDE; desconociendo a la vez, las iniciativas populares como los Proyectos de Ley presentados por el Comité Nacional de Paro, que sintetizan propuestas para enfrentar la crisis generada por la pandemia, mediante el Pliego Único de Emergencia.
Dentro de estas reformas está la aprobación de la nueva Reforma Tributaria, que no incluía la suspensión de exenciones tributarias que se hacen a megaempresas, evadió medidas de control fiscal para contener la fuga de capitales a paraísos fiscales, impuso impuestos a pequeñas y medianas empresas para llevarlas a la quiebra y definió la estrategia de reducir el tamaño del Estado para continuar con la venta y liquidación de empresas públicas.
Por supuesto el beneplácito de las élites usando el Presupuesto General de la
Nación, recientemente aprobado en favor de su clientela política y la corrupción administrativa a partir de la modificación de la “Ley de Garantías” (Artículo 125), avalando la celebración de convenios interadministrativos entre la nación y los entes territoriales para ejecutar programas y proyectos que buscan perpetuar en cargos de elección popular a los partidos tradicionales en las próximas elecciones del 2022; al igual que la destinación de importantes recursos económicos para el pago de intereses por concepto de deuda interna y externa.
De la misma manera, continúa la permanente y sistemática violación de los Derechos Humanos con datos tan dramáticos como el asesinato de 1.270 líderes y lideresas sociales desde la firma de los acuerdos de paz, al igual que la ejecución de 92 masacres en lo corrido de este año, según cifras compiladas por Indepaz, lo cual expresa una práctica genocida y negacionista por parte del establecimiento contra el movimiento social y popular.
A esta situación se suma la escalada de detenciones arbitrarias contra jóvenes de las primeras líneas y dirigentes sociales que participaron en el paro nacional, lo cual hace parte de los montajes y entrampamientos que se convierten en falsos positivos judiciales que se profundizarán con la aprobación del proyecto de seguridad ciudadana que intensifica este uso represivo del aparato judicial para perseguir y criminalizar el derecho a la protesta social.
De otra parte, A cinco años de conmemorarse la firma de los acuerdos de paz, demandamos el cumplimiento e implementación de lo pactado, como eje de ejecución de la solución política al conflicto social y armado, en perspectiva de una salida democrática y popular a la actual crisis que vive el país.
Es lamentable que persista el asesinato de excombatientes firmantes de la Paz que ya supera los 300 homicidios, el acecho a los ETCR, la incapacidad de brindar protección a firmantes y comunidades en el territorio nacional y la inestabilidad en el otorgamiento de plenas garantías para el libre ejercicio de la participación política de la oposición, sectores de izquierda y del campo democrático; el desmantelamiento de las estructuras del paramilitarismo como parte de la política de terrorismo de Estado sigue siendo un tema sin desarrollo, en conclusión, La Paz, los DDHH y las garantías siguen siendo una consigna a movilizar por las huestes revolucionarias en el país.
Por otro lado, la política de precarización del trabajo y el empobrecimiento del salario por vía de la tercerización y la pérdida de garantías laborales sigue siendo un eje estratégico de explotación y empobrecimiento de las mayorías nacionales; el anunciado acuerdo logrado en la mesa de concertación laboral entre el gobierno, empresarios y centrales obreras para la asignación del salario mínimo de 2022, está por debajo del aumento de los índices de inflación y de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras; al igual que el desconocimiento de
las exigencias de los trabajadores del sector salud, quienes en medio de la pandemia son víctimas del desconocimiento de sus derechos adquiridos, demandando a la vez el cumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos alcanzados recientemente con los trabajadores del sector estatal, especialmente aquellos que cobijan el régimen especial de los maestros y maestras agrupados en FECODE.
En el contexto Latinoamericano avanza la consolidación de proyectos unitarios de sectores sociales y expresiones políticas de izquierda, el progresismo y procesos democráticos; posibilitando la conquista de Gobiernos alternativos como lo ocurrido recientemente en Honduras con el triunfo de Xiomara Castro y Gabriel Boric en Chile a la presidencia; sumándose al torrente de cambios y transformaciones que continúan en Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela, México, Nicaragua y Cuba; generándose grandes expectativas frente a lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones presidenciales de 2022 en Colombia, Brasil y Costa Rica.
Por su parte, el impacto de las políticas del orden nacional tienen una afectación directa en las dinámicas sociales y económicas de Bogotá, donde al cumplirse el segundo año de la administración de Claudia López se registra una agudización de la crisis producto de sus indefiniciones e improvisaciones con el diseño y ejecución de sus políticas, como se expresa en el POT, en el manejo de la protesta social, la mitigación del hambre y el manejo de la reactivación económica, que han multiplicado sus efectos tanto por la pandemia y las medidas restrictivas en la cuarentena, como por las crisis energéticas, de transporte y especulación financiera global que se cierne en los actuales momentos.
En consecuencia, la disputa por un modelo de ciudad y en desarrollo de los lineamientos alternativos a los trazados en el Plan de Desarrollo Distrital es una consigna fundamental. Fortalecer la exigencia de mayor y mejor trabajo, una reactivación económica pronta, mayor ingestión social, control a la ejecución de las grandes obras de infraestructura como el metro elevado, la movilización contra la masificación de las troncales de Transmilenio favoreciendo de esta manera los intereses de sectores del Empresariado, Camacol y Pro Bogotá, es parte de esa movilización que debemos fortalecer desde los trabajadores, Barrios, comunidades y sectores sociales.
Por su parte el Proyecto de Acuerdo sobre el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, presentado al Concejo de Bogotá, careció de una real consulta con las comunidades en sus territorios, donde se registran una serie de actuaciones urbanísticas como parte de la mal llamada “renovación urbana” con una densificación que afecta de manera directa a barrios importantes del Distrito y de paso se pretende imponer una “planeación” que generara cambios en el diseño de la Ciudad con impactos sociales y ambientales; hoy frente a una eventual aprobación por Decreto del POT por parte de la Alcaldesa Claudia López, se han manifestado un importante número de organizaciones sociales, populares,
ambientalistas y comités de veeduría ciudadana, exigiendo el retiro del Proyecto de Acuerdo 413 del Plan de Ordenamiento Territorial, con el fin de iniciar un nuevo proceso de discusión y participación comunitaria el próximo año, que garantice una concertación con todos los actores comprometidos.
Corresponde señalar la actitud permisiva de la Alcaldesa de Bogotá, frente al tratamiento represivo y de guerra que se dio a la movilización y la protesta social, como acción desmedida y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía nacional durante los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020 y que se tipifican como una masacre con el asesinato de 14 jóvenes a partir del informe, recientemente presentado; el cual determina una serie de recomendaciones que buscan garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el derecho fundamental a la movilización; la naturaleza civil de la policía nacional, el uso excepcional de la fuerza en el contexto de la protesta social, el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad; de la misma manera persisten las críticas y denuncias por acción u omisión a la Administración Distrital, frente a la permanente y sistemática violación de los Derechos Humanos por parte del ESMAD y la Policía en el marco del Paro Nacional iniciado el pasado 28 de abril y la implementación de los “falsos positivos judiciales” con la detención de un importante número de jóvenes que se movilizaron en varias Localidades de Bogotá.
II. LA POLITICA DE UNIDAD Y LOS DESARROLLOS DEL PACTO HISTORICO:
Como parte de la implementación de la política de unidad definida en el XXII Congreso Nacional del PCC que definió influir en la construcción de una gran convergencia social y política, avanzamos en el posicionamiento del Pacto Histórico como reagrupamiento de sectores del movimiento social y fuerzas progresistas, revolucionarias y del campo democrático, teniendo como propósito inicial la conquista de una alternativa de gobierno, con proyección estratégica de poder popular hacia la conformación del bloque histórico.
Hoy el Pacto Histórico se perfila como un proceso unitario de amplia confluencia, el cual se alista a participar en la contienda electoral del 2022, elaborando un programa de acción y lucha, con la presentación de listas cerradas y paritarias al Congreso de la Republica en la mayoría de Regiones del País; procurando de esta manera la elección de una bancada alternativa con candidatos y candidatas que representan la tradición, acumulados de lucha y resistencia del pueblo colombiano; proyectando nuestra participación y actuación con la candidatura de la camarada Aida Abella en el cuarto renglón en la lista cerrada al Senado de la Republica y del camarada Gabriel Becerra en el tercer renglón de la lista cerrada a la Cámara de Representantes por Bogotá; garantizando de esta manera recuperar la voz y presencia política de los comunistas en el parlamento colombiano; en ese orden de ideas nos corresponde impulsar la consulta interpartidista para la definición del
candidato único del Pacto Histórico a la Presidencia de la Republica y que en nuestro caso, implica posicionar a Gustavo Petro como una alternativa de cambio y transformación en el País.
Un elemento de gran valor para el momento actual es la restitución de la personería jurídica del PCC, la cual abre una expectativa que supera la mera formalidad del reconocimiento de la existencia del partido. Es la posibilidad de fortalecer la capacidad, influencia y organización del trabajo partidario. El comité central deberá formular un plan que permita visibilizar la acción partidaria que lograremos, así como la información necesaria para que las direcciones actuemos y fortalezcamos la identidad militante sin dubitaciones.
III. LAS TAREAS DEL MOMENTO POLITICO:
Con todo lo anterior y las discusiones que las células y direcciones intermedias deben determinar en la política de sus espacios de trabajo directo, los principales aspectos de la coyuntura Nacional y Distrital, debemos avanzar en el cumplimiento y desarrollo de los siguientes aspectos:
1 – Fortalecer los escenarios de coordinación y articulación de la movilización y la protesta social, con una mayor presencia y participación de nuestros dirigentes de masas en el Comité Distrital de Paro y el fortalecimiento de los Comités Locales de Paro en los respectivas Localidades de Bogotá, recogiendo las propuestas y problemáticas de las comunidades en sus territorios por vía de los pliegos locales.
2 – Avanzar con el proceso de alistamiento de nuestra participación político electoral, mediante la acción coordinada y permanente del Comité Distrital de campaña electoral del PCC, la JUCO y UP; estableciendo una articulación con la Coordinación Distrital del Pacto Histórico en Bogotá y el diseño de la estrategia electoral con los candidatos y candidatas en la lista cerrada a la Cámara de Representantes.
3 – Convocar el Activo Distrital Comunal con los camaradas elegidos como nuevos dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, con el propósito de concretar el plan de trabajo, avanzar en el diseño y posicionamiento de las principales iniciativas políticas y proyectar la realización de la escuela de liderazgo social y comunitario.
4 – Fortalecer los espacios de trabajo y coordinación del PCC y la JUCO en las diferentes Localidades de Bogotá con los nuevos Consejeros Locales de Juventud, recientemente elegidos y que posibilitaron a la Colombia Humana – UP convertirse en la primera fuerza política de Bogotá;
5- Concretar nuestra participación en el proceso eleccionario del Consejo Distrital de Paz, cuyo propósito institucional es procurar el logro de la paz y la generación de una cultura de reconciliación y transformación de conflictos; misión que debe de
Complementarse y ampliarse con la exigencia del cumplimento de los acuerdos de paz y su implementación inmediata.
6 – Convocar la realización del Pleno del Comité Distrital de balance del plan de trabajo y de las responsabilidades individuales y colectivas de la Dirección Distrital para la tercera semana de enero de 2022; concretando a la vez la convocatoria de la Conferencia Ordinaria del PCC en Bogotá.
Deseamos al conjunto de la militancia del PCC y la JUCO en Bogotá, felicidades en las fiestas decembrinas y éxitos en el cumplimiento de las metas proyectadas para el nuevo año; el cual nos depara importantes logros en el desarrollo de la iniciativa política partidaria.
Comité Ejecutivo Distrital
Partido Comunista Colombiano
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