 |
| Un policía del Escuadrón Móvil Antidistturbios (ESMAD) dispara contra el cuerpo de un manifestante a corta distancia durante las protestas del Paro Nacional en Bogotá. Hubo miles de heridos y más de 80 civiles muertos por la represión. |
Por:Jaime Cedano Roldán
Organizaciones de derechos humanos y los senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar denunciaron los peligros que encierra el proyecto de «Seguridad Ciudadana» que con “mensaje de urgencia” y en sesión extraordinaria fue presentado por el presidente Iván Duque y que ha sido aprobado este lunes 20 de diciembre en primer debate en la Cámara de Representantes con el apoyo de congresistas uribistas y gobiernistas. Hoy martes el proyecto pasa a discusión definitiva al Senado.
Señalan Cepeda y Bolívar que el proyecto es una iniciativa totalmente contraria a la convivencia y la democracia. Es un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares.“Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno”, señaló Iván Cepeda.
Los senadores señalaron diversos aspectos de esta ley:
Se promueve la venta libre de armas «menos letales», como las municiones de energía cinética. Esta medida no incluye ningún tipo de restricción para quien tenga denuncias por violencia de género y puede intensificarla.
El artículo 3 autoriza usar fuerza letal contra cualquier persona que invada un comercio, vivienda o vehículo sin que medie ningún tipo de proporcionalidad en la respuesta, es decir: se podrá asesinar sin que exista algún riesgo a la vida que amerite ese tipo de reacción. Prácticamente se exime a la policía y al ejército de responsabilidad penal por accionar sus armas de fuego contra los manifestantes como lo hicieron durante las protestas del paro Nacional, ahora se legaliza.
Aumenta la pena de prisión máxima a 60 años sin ningún tipo de estudio sobre su pertinencia, tanto en la seguridad como en la situación carcelaria del país. Ya está ampliamente probado que el aumento de penas no tiene un impacto directo en la reducción de la inseguridad. Se crea el delito de «obstrucción a la función pública». Organizaciones de derechos humanos y también funcionarios de la Defensoría del Pueblo han denunciado que constantemente la policía los amenaza con comparendos por “obstruir procedimientos” cuando intervienen frente a detenciones arbitrarias.
El proyecto de “seguridad ciudadana” intencionalmente mezcla los problemas de inseguridad provocados por la delincuencia común con el derecho a la movilización, así como avanza en legalizar modalidades de paramilitarismo urbano y armar a civiles para la justicia por mano propia.
De esta manera el gobierno colombiano avanza en sentido contrario a las recomendaciones de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que señalaron el uso desproporcionado de la fuerza, la brutalidad policial y los crímenes cometidos por la policía durante las protestas del Paro Nacional.
Sevilla, 21 de diciembre de 2021.
(*) Jaime Cedano Roldán es militante comunista, superviviente del genocidio contra la Unión Patriótica en Colombia. Escritor y conductor del programa radial"Suenan Timbres"
Fuente: Mundo Obrero
Los senadores señalaron diversos aspectos de esta ley:
Se promueve la venta libre de armas «menos letales», como las municiones de energía cinética. Esta medida no incluye ningún tipo de restricción para quien tenga denuncias por violencia de género y puede intensificarla.
El artículo 3 autoriza usar fuerza letal contra cualquier persona que invada un comercio, vivienda o vehículo sin que medie ningún tipo de proporcionalidad en la respuesta, es decir: se podrá asesinar sin que exista algún riesgo a la vida que amerite ese tipo de reacción. Prácticamente se exime a la policía y al ejército de responsabilidad penal por accionar sus armas de fuego contra los manifestantes como lo hicieron durante las protestas del paro Nacional, ahora se legaliza.
Aumenta la pena de prisión máxima a 60 años sin ningún tipo de estudio sobre su pertinencia, tanto en la seguridad como en la situación carcelaria del país. Ya está ampliamente probado que el aumento de penas no tiene un impacto directo en la reducción de la inseguridad. Se crea el delito de «obstrucción a la función pública». Organizaciones de derechos humanos y también funcionarios de la Defensoría del Pueblo han denunciado que constantemente la policía los amenaza con comparendos por “obstruir procedimientos” cuando intervienen frente a detenciones arbitrarias.
El proyecto de “seguridad ciudadana” intencionalmente mezcla los problemas de inseguridad provocados por la delincuencia común con el derecho a la movilización, así como avanza en legalizar modalidades de paramilitarismo urbano y armar a civiles para la justicia por mano propia.
De esta manera el gobierno colombiano avanza en sentido contrario a las recomendaciones de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que señalaron el uso desproporcionado de la fuerza, la brutalidad policial y los crímenes cometidos por la policía durante las protestas del Paro Nacional.
Sevilla, 21 de diciembre de 2021.
(*) Jaime Cedano Roldán es militante comunista, superviviente del genocidio contra la Unión Patriótica en Colombia. Escritor y conductor del programa radial"Suenan Timbres"
Fuente: Mundo Obrero
No hay comentarios:
Publicar un comentario