Documento Lecciones Aprendidas, Paro Nacional Colombia, 2021, Juliette de Rivero, Representante de la Alta Comisionada.
El informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre la violencia policial contra manifestantes durante el paro nacional, fue el tema más relevante esta semana en Colombia.
GINEBRA/BOGOTA (15 de diciembre de 2021) - Las autoridades colombianas
deberían reformar su forma de gestionar las protestas para evitar más
pérdidas de vidas y más personas heridas como ha sucedido durante las
manifestaciones masivas que tuvieron lugar a partir de abril de este año
en el contexto del Paro Nacional, dice la Oficina de Derechos Humanos
de la ONU en un documento publicado hoy sobre las lecciones aprendidas
del Paro.
Las protestas masivas del Paro Nacional, que empezaron el 28 de abril y
continuaron en todo el país durante semanas, ocurrieron en un contexto
prevalente de profundas desigualdades económicas y sociales, muchas de
las cuales se agudizaron durante la pandemia del Covid-19.
Entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina de Derechos Humanos de
la ONU en Colombia recibió alegaciones de muertes de 63 personas en el
contexto de las protestas. Hasta la fecha, la Oficina ha verificado 46
muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las
muertes documentadas, el 76% de las víctimas murieron por heridas de
bala.
Según la información recopilada y analizada por la Oficina*, existen
motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes,
los responsables habrían sido agentes de la policía y que, en al menos
10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón
Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional. Actores no
estatales habrían matado a 10 personas, mientras que no existe
información suficiente para establecer la autoría de la muerte de ocho
personas.
El informe documenta varias instancias de uso innecesario o
desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de policía,
especialmente miembros del ESMAD, para dispersar protestas pacíficas y
bloqueos. Asimismo, reporta sobre individuos armados que atacaron y
dispararon contra manifestantes, sin que las fuerzas de seguridad
intervinieran.
El documento resalta la importancia de que los agentes de las fuerzas de
seguridad respeten los principios de legalidad, precaución, necesidad,
proporcionalidad, y no discriminación a la hora de controlar las
manifestaciones y de que las armas de fuego sólo deben ser utilizadas
como último recurso ante una amenaza inminente para la vida o de
lesiones graves. Además, recalca que el uso de armas de fuego para
dispersar de forma indiscriminada una protesta siempre es ilegal, que no
son apropiadas para el control policial de manifestaciones y que no
deben usarse nunca para dispersar una manifestación.
Otros incidentes detallados en el documento demuestran un uso
inapropiado e indiscriminado de armas menos letales por parte de la
policía, en violación de los estándares internacionales.
Todos los presuntos implicados en causar lesiones o muertes, incluyendo
agentes del Estado, deben ser objeto de investigaciones prontas,
efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes. El
Estado debe garantizar también el derecho de las víctimas a una
reparación integral. Las medidas tomadas por las autoridades para
investigar y perseguir penalmente estos abusos son bienvenidas, dice el
informe.
El documento destaca la responsabilidad del Estado de proteger los
derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida y a la seguridad
personal, sin discriminación, y la obligación de facilitar el ejercicio
del derecho de reunión pacífica. Basándose en el análisis realizado por
la Oficina, el informe afirma que el Estado colombiano no logró mantener
un entorno seguro para los manifestantes en numerosas ocasiones.
El documento también reporta sobre 60 casos de violencia sexual
presuntamente cometidos por la policía, de los cuales la Oficina pudo
verificar 16 hasta la fecha.
También es de preocupación el grado de criminalización y estigmatización
de los manifestantes, incluso por parte de medios de comunicación
relacionándolos con actos vandálicos o incluso alegando actos de
terrorismo. Asimismo, el informe expresa preocupación por agresiones
contra defensores de derechos humanos en el contexto de las protestas y
contra periodistas que documentaron los acontecimientos.
El documento también reporta sobre actos de violencia y daños por parte
de algunos manifestantes y otros individuos, que la Oficina de Derechos
Humanos de la ONU ha condenado consistentemente. Sin embargo, el
documento concluye que la gran mayoría de las protestas fueron pacíficas
y que cuando las autoridades recurrieron al diálogo en lugar de la
fuerza para interactuar con los manifestantes e incluyeron a los
defensores de derechos humanos en las decisiones relacionadas con las
protestas, resultó en una clara disminución de las tensiones y
contribuyó a prevenir la violencia.
El documento detalla algunas áreas en las que las investigaciones sobre
presuntas violaciones de derechos humanos han avanzado y saluda la
declaración del Gobierno de cero tolerancia ante las violaciones por
parte de las fuerzas de seguridad.
El documento presenta las lecciones aprendidas sobre el manejo de las
protestas y, entre sus recomendaciones, insta a las autoridades
colombianas a tomar las medidas necesarias para garantizar que las
instituciones encargadas de gestionar las protestas, en particular la
Policía Nacional, sólo recurran a la dispersión de manifestantes en
estricto cumplimiento con las normas internacionales de derechos
humanos. Tomando nota de las propuestas de reforma del Gobierno, la
Oficina recomienda el desarrollo de un amplio debate nacional sobre la
reforma de la policía, incluyendo la posibilidad de transferir la
policía del Ministerio de Defensa a una autoridad civil, y mejorar los
mecanismos internos de supervisión y rendición de cuentas. El objetivo
de dichas reformas debería ser garantizar el goce efectivo del derecho
de reunión pacífica en Colombia.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también recomienda – además de
garantizar justicia - medidas de reparación individual y colectiva para
honrar la memoria y la vida de las víctimas, garantizar la no repetición
al reconocer lo sucedido y apoyar adecuadamente a las personas
afectadas por las violaciones y la violencia ejercida durante las
protestas y que buscan reconstruir sus vidas.
Fuente: https://www.hchr.org.co/
En Ginebra: Liz Throssell + 41 22 917 9296 / elizabeth.throssell@un.org
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