El lunes 7 de febrero de 2022 se desarrolló, por fin, el debate de control político sobre el futuro estratégico de la ETB que habíamos programado desde diciembre del año pasado. En este debate, quedó en evidencia como se le cayó a la administración de Claudia López un intento de privatización soterrada de la infraestructura en fibra óptica de la ciudad, hoy de propiedad de la ETB, que, de no ser por una intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio, se hubiera cedido sin más a los privados; renunciando a uno de los negocios más estratégicos en la era digital.
Lo primero es entender cómo funciona este tema: estamos en una era en donde internet se convierte en un importante medio de producción y una de las más avanzadas tecnologías para proveerlo es la fibra óptica que consiste en un cableado de fibras de vidrio ligeramente más gruesas que un cabello humano promedio, estas fibras permiten la transmisión en distancias y en un ancho de banda (velocidad de datos) más grandes que los cables eléctricos.
La administración de Gustavo Petro, consciente de lo estratégico de este negocio, no solo en términos lucrativos para la ciudad sino de seguridad y soberanía informática (por estos cables pasa toda la información que circula en internet) hizo una cuantiosa inversión para la construcción de infraestructura de fibra óptica en Bogotá, de propiedad de la ETB.
Pues bien, la actual gerencia había resuelto que ya no era una buena idea seguir construyendo su propia infraestructura, sino que iba a estructurar un negocio del siguiente calado: ETB ponía su infraestructura ya existente de fibra óptica, UFINET -el socio privado con quien se había sellado este negocio- construye la nueva y también les arrienda a todos los operadores de telecomunicaciones esta infraestructura, sin exclusiones, incluyendo a la ETB. El argumento de la gerencia es que es ineficiente que todos los operadores construyan su propia infraestructura y que como ETB ya tiene la autopista (parte de la fibra óptica construida) ¿Por qué no arrendarla en vez de invertir en más? En la práctica, lo que esto significa es que ETB pasa de tener una fibra óptica que, en vez de expandir, como era el plan inicial, prefiere ceder a un privado, para luego tener que pagar por usar lo que antes era solo suyo.
Es en extremo difícil comprender qué es lo estratégico de esta decisión, claro, eso si asumimos que el objetivo es fortalecer la empresa y seguir teniendo un actor competitivo y fuerte en el mercado rentando continuamente para la ciudad. Sin embargo, si la entendemos como una estrategia para entregarle a los privados un activo estratégico de Bogotá en un momento de agresiva digitalización de la vida cotidiana, tiene todo el sentido del mundo: en primer lugar, este negocio pretendía concesionar la fibra óptica existente de la ETB y permitir que fuera un privado el que la extienda hacia la futura Región Metropolitana, en ese sentido, ETB renunciaría a su negocio principal, un negocio estratégico para el porvenir de la ciudad y la región.
Pero, además, para hacer este negocio, se había recurrido a un acto de contorsión jurídica sin precedentes en la historia nacional: se inventaron un nuevo tipo de sociedad, una “sociedad de vehículo especial” (SPV, por sus siglas en inglés), semejante rareza no existe en el ordenamiento jurídico colombiano, y así nos lo ha confirmado la Secretaría de Hábitat. ¿Qué lleva a la ETB a esta aventura jurídica? Esta nueva compañía será el primer operador de red de fibra óptica neutral en Colombia, hoy en día, esas redes son públicas, en una buena porción: quieren hacer de Bogotá el piloto para esta modalidad de privatización, entregar a un privado la infraestructura que ya construyó la empresa pública, de manera que se les arriende ese activo estratégico a todos los operadores privados.
Pero además hay otras preguntas que merecen respuesta, respuesta que, por demás, no obtuvimos en ese debate: en gracia de discusión, si se trata de buscar socios para ampliar nuestra capacidad de proveer internet por medio de fibra óptica ¿Por qué con UFINET? ¿Por qué no con UNE o INTERNEXA, el mayor agente de este mercado? INTERNEXA es la filial de ISA para la provisión de infraestructura pasiva en el segmento de fibra óptica oscura, tiene el 44% del mercado con una red de 54.034 km desplegados ¿Por qué no escogimos al agente público que es el más fuerte competidor del mercado en vez de un competidor privado de menor calado? ¿No era una mejor alianza? Esa explicación se la debe ETB a la ciudad.
Hoy ETB es el segundo más importante competidor de internet fijo después de COMCEL (Claro), es decir, le va muy bien en el mercado y, con corte del tercer trimestre de 2020, los accesos por fibra en Bogotá representan solo el 25,38% mientras que el 54,62% de los hogares accede a Internet a través de cable. Esto, lo que quiere decir que es un negocio con muchísimas oportunidades de crecimiento, oportunidades que, en vez de capitalizar para beneficio de la ciudad, preferimos entregarle a un privado. Privatización también es cesión de infraestructura, también lo es retirarse de la competencia sin más y, de no ser por la decisión de la SIC que impidió esto, eso es lo que hubiera conseguido la alcaldía “cuidadora” de Claudia López que, como se ve, tampoco “cuida” los recursos públicos.
(*) Abogada de la Universidad Libre, especialista en derecho ambiental y concejal de Bogotá.
Fuente:Cuarto de hora
La administración de Gustavo Petro, consciente de lo estratégico de este negocio, no solo en términos lucrativos para la ciudad sino de seguridad y soberanía informática (por estos cables pasa toda la información que circula en internet) hizo una cuantiosa inversión para la construcción de infraestructura de fibra óptica en Bogotá, de propiedad de la ETB.
Pues bien, la actual gerencia había resuelto que ya no era una buena idea seguir construyendo su propia infraestructura, sino que iba a estructurar un negocio del siguiente calado: ETB ponía su infraestructura ya existente de fibra óptica, UFINET -el socio privado con quien se había sellado este negocio- construye la nueva y también les arrienda a todos los operadores de telecomunicaciones esta infraestructura, sin exclusiones, incluyendo a la ETB. El argumento de la gerencia es que es ineficiente que todos los operadores construyan su propia infraestructura y que como ETB ya tiene la autopista (parte de la fibra óptica construida) ¿Por qué no arrendarla en vez de invertir en más? En la práctica, lo que esto significa es que ETB pasa de tener una fibra óptica que, en vez de expandir, como era el plan inicial, prefiere ceder a un privado, para luego tener que pagar por usar lo que antes era solo suyo.
Es en extremo difícil comprender qué es lo estratégico de esta decisión, claro, eso si asumimos que el objetivo es fortalecer la empresa y seguir teniendo un actor competitivo y fuerte en el mercado rentando continuamente para la ciudad. Sin embargo, si la entendemos como una estrategia para entregarle a los privados un activo estratégico de Bogotá en un momento de agresiva digitalización de la vida cotidiana, tiene todo el sentido del mundo: en primer lugar, este negocio pretendía concesionar la fibra óptica existente de la ETB y permitir que fuera un privado el que la extienda hacia la futura Región Metropolitana, en ese sentido, ETB renunciaría a su negocio principal, un negocio estratégico para el porvenir de la ciudad y la región.
Pero, además, para hacer este negocio, se había recurrido a un acto de contorsión jurídica sin precedentes en la historia nacional: se inventaron un nuevo tipo de sociedad, una “sociedad de vehículo especial” (SPV, por sus siglas en inglés), semejante rareza no existe en el ordenamiento jurídico colombiano, y así nos lo ha confirmado la Secretaría de Hábitat. ¿Qué lleva a la ETB a esta aventura jurídica? Esta nueva compañía será el primer operador de red de fibra óptica neutral en Colombia, hoy en día, esas redes son públicas, en una buena porción: quieren hacer de Bogotá el piloto para esta modalidad de privatización, entregar a un privado la infraestructura que ya construyó la empresa pública, de manera que se les arriende ese activo estratégico a todos los operadores privados.
Pero además hay otras preguntas que merecen respuesta, respuesta que, por demás, no obtuvimos en ese debate: en gracia de discusión, si se trata de buscar socios para ampliar nuestra capacidad de proveer internet por medio de fibra óptica ¿Por qué con UFINET? ¿Por qué no con UNE o INTERNEXA, el mayor agente de este mercado? INTERNEXA es la filial de ISA para la provisión de infraestructura pasiva en el segmento de fibra óptica oscura, tiene el 44% del mercado con una red de 54.034 km desplegados ¿Por qué no escogimos al agente público que es el más fuerte competidor del mercado en vez de un competidor privado de menor calado? ¿No era una mejor alianza? Esa explicación se la debe ETB a la ciudad.
Hoy ETB es el segundo más importante competidor de internet fijo después de COMCEL (Claro), es decir, le va muy bien en el mercado y, con corte del tercer trimestre de 2020, los accesos por fibra en Bogotá representan solo el 25,38% mientras que el 54,62% de los hogares accede a Internet a través de cable. Esto, lo que quiere decir que es un negocio con muchísimas oportunidades de crecimiento, oportunidades que, en vez de capitalizar para beneficio de la ciudad, preferimos entregarle a un privado. Privatización también es cesión de infraestructura, también lo es retirarse de la competencia sin más y, de no ser por la decisión de la SIC que impidió esto, eso es lo que hubiera conseguido la alcaldía “cuidadora” de Claudia López que, como se ve, tampoco “cuida” los recursos públicos.
(*) Abogada de la Universidad Libre, especialista en derecho ambiental y concejal de Bogotá.
Fuente:Cuarto de hora
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