El 10 de diciembre de 1948, al mismo tiempo que en París se suscribía la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la presencia del canciller conservador de Colombia; en nuestro país había sido asesinado Jorge Eliécer Gaitán, candidato liberal a la presidencia; y vivíamos el peor régimen de violencia de su historia reciente, que dejo 300 mil muertos a manos de la dictadura conservadora.
En 2021 la USO conmemora esta fecha, en medio de otra dictadura, también de signo conservador, que transita su periodo realizando todo tipo de operativos judiciales, políticos y militares, para hacer trizas la paz; que rinde honores al fascismo en las instalaciones militares, que declara la guerra a sus vecinos por el único motivo de haber tomado distancia del imperio del norte; Defender los derechos humanos en Colombia es considerada una actividad de alto riesgo. En este 2021 tanto la ONU, como la CIDH, tuvieron que venir a observar cómo los tanques de guerra disparan contra las protestas populares, como más de 90 jóvenes fueron asesinados por la espalda por las balas policiales, las violaciones de jóvenes mujeres en vehículos y estaciones policiales; el asesinato de 290 firmantes de la paz; en fin, como se pisotea una y otra vez, la declaración de los derechos humanos, la constitución, la independencia de los tres poderes, los órganos de control, y la dignidad humana.
En la industria petrolera no estamos mejor. Desde que en 1951 le arrancamos de las manos el recurso petrolero al enclave norteamericano y constituimos Ecopetrol como una industria nacional, las elites parasitas y sometidas a los intereses extranjeros, han hecho todo lo posible para debilitar la empresa, para descuartizarla y privatizarla por partes; no han permitido que los recursos del petróleo irriguen para el progreso de las regiones y han conspirado para dirigir el peso de la violencia contra la USO, estorbando el ejercicio sindical, desconociendo la convención colectiva; Desplazando, encarcelando, empujando al exilio a los líderes y asesinando a 126 dirigentes y activistas sindicales.
Por estos días la situación empeora. Se entroniza la tercerización laboral: la peor y más grande forma de vulneración de los derechos humanos. Asistimos un paulatino crecimiento de violencia antisindical en el sector petrolero: Los despidos arbitrarios como los de 6 trabajadores en Orito (Putumayo), las amenazas, los atentados; asesinatos como los registrados en las últimas semanas contra el compañero Robinson Jiménez de Cantagallo protagonizado por sicarios y del líder social Michelsen Vargas, asesinado por el Esmad, en contubernio con Cenit, en el municipio de Bolívar (Santander).
Ecopetrol ha orientado el más vergonzoso acto de desalojo, ejecutado por el ejército, este 22 de noviembre, contra los trabajadores en la refinería de Barrancabermeja, so pretexto de “situaciones de seguridad” que claramente son una simulación en desarrollo de la política de privatización que vienen aplicando de tiempo atrás. A este complot empresarial les ha seguido la entrega a terceros de los quipos de Subsuelo del Work Over y Varilleo, Contratos Marco de Mantenimiento de la Vicepresidencia de Producción y Refinación. Este llamado “nuevo modelo operativo” de Ecopetrol busca tercerizar la sección de subsuelo perjudicando los contratos directos de 162 trabajadores. Semejante situación de hecho generó una acción sindical de la U.S.O. que se desarrolla sin que ECOPETROL admita dialogo, ni le dé salida, amenazando como de costumbre con retaliaciones jurídicas y tratamiento de guerra.
Los trabajadores del mundo y Colombia esperamos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que le antecedió 50 millones de muertos en la segunda guerra mundial, deje de ser letra muerta en manos de las élites adineradas que se han apoderado de los gobiernos, y se convierta en un instrumento de libertad, justicia y ejercicio práctico de los derechos.
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ – USO
Bogotá, 10 de diciembre de 2021.
En la industria petrolera no estamos mejor. Desde que en 1951 le arrancamos de las manos el recurso petrolero al enclave norteamericano y constituimos Ecopetrol como una industria nacional, las elites parasitas y sometidas a los intereses extranjeros, han hecho todo lo posible para debilitar la empresa, para descuartizarla y privatizarla por partes; no han permitido que los recursos del petróleo irriguen para el progreso de las regiones y han conspirado para dirigir el peso de la violencia contra la USO, estorbando el ejercicio sindical, desconociendo la convención colectiva; Desplazando, encarcelando, empujando al exilio a los líderes y asesinando a 126 dirigentes y activistas sindicales.
Por estos días la situación empeora. Se entroniza la tercerización laboral: la peor y más grande forma de vulneración de los derechos humanos. Asistimos un paulatino crecimiento de violencia antisindical en el sector petrolero: Los despidos arbitrarios como los de 6 trabajadores en Orito (Putumayo), las amenazas, los atentados; asesinatos como los registrados en las últimas semanas contra el compañero Robinson Jiménez de Cantagallo protagonizado por sicarios y del líder social Michelsen Vargas, asesinado por el Esmad, en contubernio con Cenit, en el municipio de Bolívar (Santander).
Ecopetrol ha orientado el más vergonzoso acto de desalojo, ejecutado por el ejército, este 22 de noviembre, contra los trabajadores en la refinería de Barrancabermeja, so pretexto de “situaciones de seguridad” que claramente son una simulación en desarrollo de la política de privatización que vienen aplicando de tiempo atrás. A este complot empresarial les ha seguido la entrega a terceros de los quipos de Subsuelo del Work Over y Varilleo, Contratos Marco de Mantenimiento de la Vicepresidencia de Producción y Refinación. Este llamado “nuevo modelo operativo” de Ecopetrol busca tercerizar la sección de subsuelo perjudicando los contratos directos de 162 trabajadores. Semejante situación de hecho generó una acción sindical de la U.S.O. que se desarrolla sin que ECOPETROL admita dialogo, ni le dé salida, amenazando como de costumbre con retaliaciones jurídicas y tratamiento de guerra.
Los trabajadores del mundo y Colombia esperamos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que le antecedió 50 millones de muertos en la segunda guerra mundial, deje de ser letra muerta en manos de las élites adineradas que se han apoderado de los gobiernos, y se convierta en un instrumento de libertad, justicia y ejercicio práctico de los derechos.
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ – USO
Bogotá, 10 de diciembre de 2021.
No hay comentarios:
Publicar un comentario