Por: Heidy Sánchez Barreto
En las últimas semanas hemos asistido a un gran número de capturas a lo largo y ancho del país, varias de ellas efectuadas en Bogotá, en las que se ha iniciado el proceso de judicialización de varios jóvenes que participaron en las actividades de protesta del paro nacional que tuvo lugar este año.
Esto no es otra cosa que la reproducción de lo que las clases dominantes han hecho con toda expresión de movilización social a lo largo de nuestra historia: desde la traición a los comuneros encabezados por Galán hasta nuestros días, las castas dirigentes de este territorio se han dedicado a pactar con quienes protestan para luego traicionar esos acuerdos y castigar después a quienes lideran o encabezan esas movilizaciones. Ninguna de las demandas sociales que se expresaron en el paro nacional ha sido atendida ni solucionada por el gobierno, todo sigue igual, lo único eficiente es la persecución judicial a quienes protestan.
Más allá del debate puntual caso a caso, del cual esperamos y exigimos las garantías de debido proceso que la Constitución le garantiza a todas las personas en Colombia, hay varios elementos que saltan a la vista en estos procesos y que generan una enorme preocupación sobre el uso que el Estado hace del derecho penal y sus consecuencias para la democracia.
Lo primero, es que son procesos anormalmente celeros. La misma Fiscalía que se demora eternidades en investigar casos como el de Odebrecht, la misma que al sol de hoy no sabe cómo salen avionetas cargadas de cocaína de un aeropuerto en Bogotá frente a las narices de la Policía, o peor, que no ha realizado ningún avance a pesar de que está más que probado que civiles armados dispararon contra manifestantes; en cambio sí es muy ágil y muy diligente para armar extensos expedientes en contra de jóvenes que han participado de escenarios de protesta. Asombra cómo un paro que llegó incluso al mes de agosto de este año, tiene resultados de judicialización en tan pocos meses. Al parecer, contener la movilización social sí es un trabajo priorizado en la Fiscalía General de la Nación.
Lo segundo, que es el tema quizás más preocupante, es que pareciera haber en la rama judicial, tanto en jueces como en fiscales (especialmente en fiscales y la mano de Francisco Barbosa y el uribismo ahí es más que evidente) una creencia de tener la atribución para dictaminar cómo se debe y cómo no se debe protestar en Colombia, atribución que ninguna de estas autoridades tiene, y es que esta atribución auto endilgada comporta una extrema gravedad, por lo menos, por dos razones:
En primer lugar, el derecho a la protesta es un derecho fundamental, por lo tanto, solo el legislador mediante una ley estatutaria podría definir cómo se debe y no se debe protestar. En segundo lugar, asistimos a una práctica de imputación en donde el contexto (en tiempos pasados, sana costumbre de la investigación criminal) pareciera no importar para nada, y es que el contexto aquí es absolutamente relevante, no solo estamos ante un escenario de protesta (lo cual ya impone sendas obligaciones de garantía de derechos humanos en cabeza del Estado) sino que asistimos al más grande estallido social en la historia nacional desde el paro de 1977, lo cual es relevante no solo porque un contexto histórico daría cuenta del papel de los paros en la historia del país y de que esa es la forma en la que el pueblo colombiano históricamente ha protestado, sino también porque hay lineamientos y reflexiones sobre el rol punitivo del Estado ante estas circunstancias.
Ya la Fiscalía -la misma que hoy preside Francisco Barbosa- había dicho que el delito de terrorismo es inaplicable al contexto de la protesta social, cosa que se les olvidó de un plumazo, pero, además, hay varias recomendaciones sobre cómo interpretar tipos penales que elaboró la CIDH sobre este contexto en particular, el del paro nacional de 2021 en Colombia, recomendaciones que el Estado se pasa por la faja al aplicar sin pudor y a rajatabla delitos como el de obstrucción de vías públicas. Luego se quejarán de las demandas de reparación y los procesos ante la Corte Interamericana de DDHH.
Lo tercero, no solo quedó impune (no hay ni una investigación disciplinaria y, por supuesto, ninguna penal) el abuso que la Policía hizo durante el paro de la figura a través traslado por protección, incluso usando estaciones de los sistemas de transporte masivos como centros de tortura, sino que ahora la rama judicial completa el combo, aplicando medidas de aseguramiento a diestra y siniestra a los jóvenes que protestan; se les envía a la cárcel o a prisión domiciliaria con argumentos tan pueriles que no resisten el menor análisis si se los compara con los criterios establecidos por la ley.
Por ejemplo, una juez de control de garantías en Bogotá, en vez de contrastar si estos jóvenes representaban un peligro para la sociedad o si podrían obstruir la investigación judicial, lo que elaboró fue una extensa reflexión personal sobre cómo se debe protestar, asegurándole a los jóvenes que ellos deslegitimaban la protesta social, llamándolos “alborotadores, gamberros, patanes, camorreros y forajidos” y diciendo que son un lastre para la sociedad y sus familias. Asimismo, dentro de esa larga retahíla de insultos, argumentó también que los acusados podrían usar sus residencias para desarrollar sus “reuniones” y que por eso los enviaba a la cárcel ¿Acaso una acusación de la Fiscalía cancela o suspende el derecho de asociación?
Lo peor de todo es que este conservadurismo punitivo, tan ágil para reprimir la protesta, es bastante extendido en el sistema judicial, razón por la cual, aun cuando exigimos garantías, no albergamos muchas esperanzas. Urge un cambio del sentido histórico en el país, un cambio que elimine de tajo el abuso del poder punitivo del Estado (lo cual es una reivindicación liberal del siglo XVIII, acá no ha sucedido y para eso se necesita un nuevo congreso) y que entienda que la gente no protesta por deporte, por aburrimiento, sino que expresa profundas carencias y desigualdades, que si se atendieran con tanta celeridad como la mostrada por la Fiscalía para encarcelar manifestantes, habría un largo periodo de la historia sin paros. No obstante, eso solo puede lograrse con un nuevo gobierno, que será el que surja de un Pacto Histórico por la democracia avanzada que nos merecemos.
Más allá del debate puntual caso a caso, del cual esperamos y exigimos las garantías de debido proceso que la Constitución le garantiza a todas las personas en Colombia, hay varios elementos que saltan a la vista en estos procesos y que generan una enorme preocupación sobre el uso que el Estado hace del derecho penal y sus consecuencias para la democracia.
Lo primero, es que son procesos anormalmente celeros. La misma Fiscalía que se demora eternidades en investigar casos como el de Odebrecht, la misma que al sol de hoy no sabe cómo salen avionetas cargadas de cocaína de un aeropuerto en Bogotá frente a las narices de la Policía, o peor, que no ha realizado ningún avance a pesar de que está más que probado que civiles armados dispararon contra manifestantes; en cambio sí es muy ágil y muy diligente para armar extensos expedientes en contra de jóvenes que han participado de escenarios de protesta. Asombra cómo un paro que llegó incluso al mes de agosto de este año, tiene resultados de judicialización en tan pocos meses. Al parecer, contener la movilización social sí es un trabajo priorizado en la Fiscalía General de la Nación.
Lo segundo, que es el tema quizás más preocupante, es que pareciera haber en la rama judicial, tanto en jueces como en fiscales (especialmente en fiscales y la mano de Francisco Barbosa y el uribismo ahí es más que evidente) una creencia de tener la atribución para dictaminar cómo se debe y cómo no se debe protestar en Colombia, atribución que ninguna de estas autoridades tiene, y es que esta atribución auto endilgada comporta una extrema gravedad, por lo menos, por dos razones:
En primer lugar, el derecho a la protesta es un derecho fundamental, por lo tanto, solo el legislador mediante una ley estatutaria podría definir cómo se debe y no se debe protestar. En segundo lugar, asistimos a una práctica de imputación en donde el contexto (en tiempos pasados, sana costumbre de la investigación criminal) pareciera no importar para nada, y es que el contexto aquí es absolutamente relevante, no solo estamos ante un escenario de protesta (lo cual ya impone sendas obligaciones de garantía de derechos humanos en cabeza del Estado) sino que asistimos al más grande estallido social en la historia nacional desde el paro de 1977, lo cual es relevante no solo porque un contexto histórico daría cuenta del papel de los paros en la historia del país y de que esa es la forma en la que el pueblo colombiano históricamente ha protestado, sino también porque hay lineamientos y reflexiones sobre el rol punitivo del Estado ante estas circunstancias.
Ya la Fiscalía -la misma que hoy preside Francisco Barbosa- había dicho que el delito de terrorismo es inaplicable al contexto de la protesta social, cosa que se les olvidó de un plumazo, pero, además, hay varias recomendaciones sobre cómo interpretar tipos penales que elaboró la CIDH sobre este contexto en particular, el del paro nacional de 2021 en Colombia, recomendaciones que el Estado se pasa por la faja al aplicar sin pudor y a rajatabla delitos como el de obstrucción de vías públicas. Luego se quejarán de las demandas de reparación y los procesos ante la Corte Interamericana de DDHH.
Lo tercero, no solo quedó impune (no hay ni una investigación disciplinaria y, por supuesto, ninguna penal) el abuso que la Policía hizo durante el paro de la figura a través traslado por protección, incluso usando estaciones de los sistemas de transporte masivos como centros de tortura, sino que ahora la rama judicial completa el combo, aplicando medidas de aseguramiento a diestra y siniestra a los jóvenes que protestan; se les envía a la cárcel o a prisión domiciliaria con argumentos tan pueriles que no resisten el menor análisis si se los compara con los criterios establecidos por la ley.
Por ejemplo, una juez de control de garantías en Bogotá, en vez de contrastar si estos jóvenes representaban un peligro para la sociedad o si podrían obstruir la investigación judicial, lo que elaboró fue una extensa reflexión personal sobre cómo se debe protestar, asegurándole a los jóvenes que ellos deslegitimaban la protesta social, llamándolos “alborotadores, gamberros, patanes, camorreros y forajidos” y diciendo que son un lastre para la sociedad y sus familias. Asimismo, dentro de esa larga retahíla de insultos, argumentó también que los acusados podrían usar sus residencias para desarrollar sus “reuniones” y que por eso los enviaba a la cárcel ¿Acaso una acusación de la Fiscalía cancela o suspende el derecho de asociación?
Lo peor de todo es que este conservadurismo punitivo, tan ágil para reprimir la protesta, es bastante extendido en el sistema judicial, razón por la cual, aun cuando exigimos garantías, no albergamos muchas esperanzas. Urge un cambio del sentido histórico en el país, un cambio que elimine de tajo el abuso del poder punitivo del Estado (lo cual es una reivindicación liberal del siglo XVIII, acá no ha sucedido y para eso se necesita un nuevo congreso) y que entienda que la gente no protesta por deporte, por aburrimiento, sino que expresa profundas carencias y desigualdades, que si se atendieran con tanta celeridad como la mostrada por la Fiscalía para encarcelar manifestantes, habría un largo periodo de la historia sin paros. No obstante, eso solo puede lograrse con un nuevo gobierno, que será el que surja de un Pacto Histórico por la democracia avanzada que nos merecemos.
Fuente: Cuarto de Hora
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