La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS, en su labor por la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos, manifiesta su gran preocupación por los reiterativos hechos violentos que atentan contra la vida y la dignidad humana de las y los habitantes del Magdalena Medio colombiano. En reciente pronunciamiento de la Corporación CREDHOS del 23 de diciembre de 2021, titulado “CRÍTICA SITUACIÓN DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO”, alertamos sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario vividas por las comunidades del territorio.
Durante el mes de enero del 2022, registramos con gran preocupación la expansión, el posicionamiento y control de grupos armados en el territorio. Es inocultable la fuerte presencia del grupo heredero del paramilitarismo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en los diversos municipios del Magdalena Medio; su accionar se ha extendido y consolidado en las veredas Cañabraval Bajo, Patio Bonito, Diamante, Virgencita, San Juan Alto y Muribá del municipio de San Pablo, el corregimiento Monterrey y las veredas el Triángulo, Humareda, La Ramona y Aguas Lindas del municipio de Simití, así como el corregimiento de Puente Sogamoso del municipio de Puerto Wilches, esto, en las subregiones del Sur de Bolívar y el Magdalena Medio santandereano.
Recientemente, en los municipios de Puerto Wilches, San Pablo y Simití, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia han amenazado y coaccionado mediante comunicados públicos y citaciones a reuniones a líderes- as- sociales, ambientales, de desempleados, defensores-as- de Derechos Humanos, presidentes-as- de Junta Acción Comunal. En estos comunicados amenazan de muerte y exigen el desplazamiento forzado del territorio; en las reuniones, les anuncian que ahora “mandan ellos” en el territorio, y les avisan que ahora deben “seguir las normas” por ellos impuestas. Una de estas reuniones fue citada para el viernes 05 de febrero de 2022, a las 3 pm en zona rural del municipio de Puerto Wilches. Todo esto, al tiempo que asesinan pobladores de la región -como en el municipio de San Pablo, donde en el último trimestre fueron asesinadas 13 personas-.
En un hecho que demuestra una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario, cerca de 30 paramilitares de las AGC se asentaron dentro del caserío El Paraíso del municipio de Simití desde mediados del mes de diciembre de 2021. El día 08 de febrero de 2022, hacia las 6:30 pm, se presentaron combates con integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Esta situación puso en grave riesgo la integridad de la población civil. Cabe señalar, que, de acuerdo con información de la comunidad, pese a existir un fuerte despliegue de las fuerzas militares en el territorio, los integrantes de las AGC pudieron sostener por varios días -hasta el 01 de febrero de 2022-, dos retenes; el primero en “Alto Ventanas” y el segundo en “la Y de Agua Linda”, encontrándose el Ejército a escasos 500 metros en “Punto Tablones”, todo esto, en el Corregimiento de El Paraíso, municipio de Simití.
De otra parte, en la ciudad de Barrancabermeja continúan las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y las estructuras urbanas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Su presencia se evidencia en diversos asentamientos humanos y barrios de las comunas 1, 2, 3, 5, 6, y 7, así como los corregimientos El Llanito, El Centro y la Meseta de San Rafael. En el último trimestre han sido asesinadas 14 personas en la ciudad.
Dentro de los principales hechos victimizantes cometidos por el ELN y las AGC en Barrancabermeja, hallamos la imposición de normas de conducta y tránsito en los barrios donde tienen presencia y control territorial. Las personas – primordialmente mujeres- que no cumplen estas normas de control social - horarios de ingreso a los barrios, entrar con su permiso o con conocidos, pago de extorsiones, entre otras- son expuestas a amenazas de muerte, despojo de sus bienes, golpizas y desplazamiento forzado.
Adicional, las continuas amenazas provenientes de grupos armados a través de panfletos públicos se enmarcan en un contexto socioeconómico, ambiental y político; donde se acentúan los intereses derivados de la implementación de métodos no convencionales de extracción de petróleo -fracking- y los procesos electorales a desarrollarse en el 2022. Sin duda alguna, el fuerte liderazgo social y la férrea defensa de los Derechos Humanos, la vida y el territorio, se sitúan contra los intereses de quienes pretenden imponer un modelo económico extractivista en la región del Magdalena Medio. Dentro de estos panfletos fueron amenazadas cerca de 45 personas, incluyendo dos defensores de derechos humanos de la Corporación CREDHOS; CAROLINA AGÓN -Promotora de CREDHOS y presidenta del Comité de Derechos Humanos de Puerto Wilches- y RAMON ABRIL -integrante de la Junta Directiva de CREDHOS y coordinador del Área de Formación-
Teniendo en cuenta la crítica situación de violación a los Derechos Humanos en el Magdalena Medio, exigimos:
• Al Estado Colombiano, los grupos armados legales e ilegales, respetar el Derecho Internacional Humanitario. Es necesario recordar que el Artículo 3 Común y el Artículo 13 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra señalan que la población civil gozará de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Así mismo, llegar a un ACUERDO HUMANITARIO, que excluya a la población civil y sus bienes de la confrontación armada.
• Al gobierno del presidente Iván Duque y al ELN, retomar los diálogos de paz que permitan una salida política y negociada al conflicto interno armado que vive nuestro país. Son las comunidades que se ubican en las zonas de conflicto las más afectadas por una guerra degradada y con prácticas sistemáticas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derechos Internacional Humanitario.
• Al Estado Colombiano dar cumplimiento y celeridad en la implementación del Acuerdo de Paz, en especial, lo referente a la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito; así como el punto 3.4 acerca de las garantías de seguridad para líderes-as- sociales, defensores-as- de Derechos humanos, excombatientes y población civil en general, que además permita el desmonte real y efectivo de los grupos paramilitares.
• A las autoridades nacionales, departamentales y locales aplicar la Directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación, el Decreto 1066 de 2015 y sus posteriores adiciones (Decreto 1581 de 2017; Decreto 2252 de 2017 y Decreto 660 de 2018) emitidos por el Ministerio del Interior, relacionados con la protección de líderes-as-, defensores-as-, comunidades y la labor de alcaldes y gobernadores.
• A las autoridades nacionales, departamentales y locales, brindar las garantías necesarias para la participación política de las comunidades, líderes sociales, víctimas del conflicto armado y ciudadanía en general en los procesos electorales que se adelantarán en el 2022. Esto incluye las elecciones legislativas -con especial mención, las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz- y presidenciales.
• Al gobierno nacional y en especial al Ministerio del Interior, reactivar con prontitud la Mesa Regional de Garantías del Magdalena Medio.
Instamos:
• A la Comunidad Internacional a continuar sus esfuerzos en el seguimiento de la situación de Derechos Humanos en Colombia.
Junta Directiva Barrancabermeja, 10 de febrero De 2022
En el municipio de Cantagallo circuló un panfleto con amenazas a la población civil por parte de un grupo postfarc autodenominado “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 37 Frente Martín Caballero”. Allí se amenazan a pobladores en toda la zona de la Serranía de San Lucas. Sumado a esto, se presenta una protesta social derivada de los conflictos laborales entre las comunidades y la estatal petrolera Ecopetrol, debido a la NO contratación de la mano de obra local.
Recientemente, en los municipios de Puerto Wilches, San Pablo y Simití, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia han amenazado y coaccionado mediante comunicados públicos y citaciones a reuniones a líderes- as- sociales, ambientales, de desempleados, defensores-as- de Derechos Humanos, presidentes-as- de Junta Acción Comunal. En estos comunicados amenazan de muerte y exigen el desplazamiento forzado del territorio; en las reuniones, les anuncian que ahora “mandan ellos” en el territorio, y les avisan que ahora deben “seguir las normas” por ellos impuestas. Una de estas reuniones fue citada para el viernes 05 de febrero de 2022, a las 3 pm en zona rural del municipio de Puerto Wilches. Todo esto, al tiempo que asesinan pobladores de la región -como en el municipio de San Pablo, donde en el último trimestre fueron asesinadas 13 personas-.
En un hecho que demuestra una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario, cerca de 30 paramilitares de las AGC se asentaron dentro del caserío El Paraíso del municipio de Simití desde mediados del mes de diciembre de 2021. El día 08 de febrero de 2022, hacia las 6:30 pm, se presentaron combates con integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Esta situación puso en grave riesgo la integridad de la población civil. Cabe señalar, que, de acuerdo con información de la comunidad, pese a existir un fuerte despliegue de las fuerzas militares en el territorio, los integrantes de las AGC pudieron sostener por varios días -hasta el 01 de febrero de 2022-, dos retenes; el primero en “Alto Ventanas” y el segundo en “la Y de Agua Linda”, encontrándose el Ejército a escasos 500 metros en “Punto Tablones”, todo esto, en el Corregimiento de El Paraíso, municipio de Simití.
De otra parte, en la ciudad de Barrancabermeja continúan las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y las estructuras urbanas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Su presencia se evidencia en diversos asentamientos humanos y barrios de las comunas 1, 2, 3, 5, 6, y 7, así como los corregimientos El Llanito, El Centro y la Meseta de San Rafael. En el último trimestre han sido asesinadas 14 personas en la ciudad.
Dentro de los principales hechos victimizantes cometidos por el ELN y las AGC en Barrancabermeja, hallamos la imposición de normas de conducta y tránsito en los barrios donde tienen presencia y control territorial. Las personas – primordialmente mujeres- que no cumplen estas normas de control social - horarios de ingreso a los barrios, entrar con su permiso o con conocidos, pago de extorsiones, entre otras- son expuestas a amenazas de muerte, despojo de sus bienes, golpizas y desplazamiento forzado.
Adicional, las continuas amenazas provenientes de grupos armados a través de panfletos públicos se enmarcan en un contexto socioeconómico, ambiental y político; donde se acentúan los intereses derivados de la implementación de métodos no convencionales de extracción de petróleo -fracking- y los procesos electorales a desarrollarse en el 2022. Sin duda alguna, el fuerte liderazgo social y la férrea defensa de los Derechos Humanos, la vida y el territorio, se sitúan contra los intereses de quienes pretenden imponer un modelo económico extractivista en la región del Magdalena Medio. Dentro de estos panfletos fueron amenazadas cerca de 45 personas, incluyendo dos defensores de derechos humanos de la Corporación CREDHOS; CAROLINA AGÓN -Promotora de CREDHOS y presidenta del Comité de Derechos Humanos de Puerto Wilches- y RAMON ABRIL -integrante de la Junta Directiva de CREDHOS y coordinador del Área de Formación-
Teniendo en cuenta la crítica situación de violación a los Derechos Humanos en el Magdalena Medio, exigimos:
• Al Estado Colombiano, los grupos armados legales e ilegales, respetar el Derecho Internacional Humanitario. Es necesario recordar que el Artículo 3 Común y el Artículo 13 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra señalan que la población civil gozará de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Así mismo, llegar a un ACUERDO HUMANITARIO, que excluya a la población civil y sus bienes de la confrontación armada.
• Al gobierno del presidente Iván Duque y al ELN, retomar los diálogos de paz que permitan una salida política y negociada al conflicto interno armado que vive nuestro país. Son las comunidades que se ubican en las zonas de conflicto las más afectadas por una guerra degradada y con prácticas sistemáticas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derechos Internacional Humanitario.
• Al Estado Colombiano dar cumplimiento y celeridad en la implementación del Acuerdo de Paz, en especial, lo referente a la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito; así como el punto 3.4 acerca de las garantías de seguridad para líderes-as- sociales, defensores-as- de Derechos humanos, excombatientes y población civil en general, que además permita el desmonte real y efectivo de los grupos paramilitares.
• A las autoridades nacionales, departamentales y locales aplicar la Directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación, el Decreto 1066 de 2015 y sus posteriores adiciones (Decreto 1581 de 2017; Decreto 2252 de 2017 y Decreto 660 de 2018) emitidos por el Ministerio del Interior, relacionados con la protección de líderes-as-, defensores-as-, comunidades y la labor de alcaldes y gobernadores.
• A las autoridades nacionales, departamentales y locales, brindar las garantías necesarias para la participación política de las comunidades, líderes sociales, víctimas del conflicto armado y ciudadanía en general en los procesos electorales que se adelantarán en el 2022. Esto incluye las elecciones legislativas -con especial mención, las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz- y presidenciales.
• Al gobierno nacional y en especial al Ministerio del Interior, reactivar con prontitud la Mesa Regional de Garantías del Magdalena Medio.
Instamos:
• A la Comunidad Internacional a continuar sus esfuerzos en el seguimiento de la situación de Derechos Humanos en Colombia.
Junta Directiva Barrancabermeja, 10 de febrero De 2022
En el municipio de Cantagallo circuló un panfleto con amenazas a la población civil por parte de un grupo postfarc autodenominado “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 37 Frente Martín Caballero”. Allí se amenazan a pobladores en toda la zona de la Serranía de San Lucas. Sumado a esto, se presenta una protesta social derivada de los conflictos laborales entre las comunidades y la estatal petrolera Ecopetrol, debido a la NO contratación de la mano de obra local.
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