Por: Heidy Sánchez (*)
Sin lugar a dudas el COVID-19 trajo consigo no solo afectaciones en la salud de las y los bogotanos, que incluso llevó a la pérdida de muchas vidas, sino también graves impactos en términos económicos, principalmente para las personas más vulnerables. Esto ha representado un reto para la administración de la ciudad, al que desafortunadamente no ha sabido responder pues las medidas tomadas han sido insuficientes para contener y paliar la crisis.
Según la Secretaría de Desarrollo Económico, con datos del DANE, para el segundo trimestre de 2021 el PIB de Bogotá creció 17,3% con relación al mismo periodo del 2020, sin embargo, la realidad es que la gran mayoría de las y los ciudadanos han reducido sus ingresos, lo cual ha tenido repercusiones en su calidad de vida. Por ejemplo, como lo evidencia la encuesta Pulso Social del DANE, antes de pandemia el 91,8% de los hogares de la ciudad consumían tres comidas al día o más y a noviembre de 2021 estos hogares se redujeron a 67,4%.
Mientras se recuperan y crecen exclusivamente los grandes capitales de unos pocos, las cifras de pobreza y desempleo no tienen una recuperación en la misma proporción. Es así que hoy en Bogotá más de 3.350.000 personas están en condición de pobreza y casi 1.100.000 en pobreza extrema; es decir, la mitad de la ciudad se encuentra en esta precaria situación.
El desempleo en Bogotá no es neutral al género
En cuanto a las cifras de ocupación y desempleo para Bogotá, según el DANE, vemos cómo para noviembre del 2021 se contó con una tasa de ocupación del 56,8% y de desempleo de 12,3%. Además, las brechas laborales permanecen e incluso se recrudecen, pues son las mujeres quienes mayoritariamente ocupan las filas del desempleo a la vez que asumen de manera exclusiva las tareas del cuidado. Es así que para octubre de 2021 en Bogotá las mujeres tuvieron una tasa de desempleo del 15% mientras los hombres del 11,6%, lo cual representa una diferencia de 30.000 mujeres más desempleadas con respecto a los hombres, evidenciando la exclusión del mercado laboral formal por condición de género. Situación que además amplia la posibilidad de dependencia económica, que puede repercutir en violencia intrafamiliar; una cadena que esta administración “cuidadora” se ha propuesto romper.
Informalidad
En Colombia más de 5,3 millones de personas están resolviendo su situación económica desde la informalidad, principalmente a través de actividades artísticas y de entretenimiento (72%), transporte (67%), comercio (65%), servicios de comida (63%) y la construcción (59%). En Bogotá el 42,1% de las personas ocupadas están en la informalidad, es decir, cerca de 1.700.000 personas se dedican al llamado “rebusque” para solventar las necesidades básicas, bien sea a través de las ventas informales, ventas por catálogos, domicilios, tiendas de barrio, conductores/as de plataformas o taxis, entre otros. Este fenómeno ocurre por la falta de garantías y la incapacidad tanto del Estado como de la empresa privada para proveer trabajos dignos y estables, lo cual se traduce en menor cobertura de seguridad social y menos posibilidad de cotización a pensión.
Medidas del Distrito
Teniendo en cuenta que han sido las mujeres las más afectadas, se puede identificar que la oferta de reactivación presentada desde la Secretaría de Desarrollo Económico para ellas se basa en la idea de cortar los lazos de dependencia por considerar que la incapacidad de generar ingresos propios genera desigualdad, de tal forma que a partir de la autonomía económica se puede también disminuir las tasas de violencia en contra de estas o puede ser un factor protector determinante. Para esto formularon un portafolio de programas con la intención de fortalecer el desarrollo y el empoderamiento de la mujer, pretendiendo poner a su disposición herramientas que les faciliten, entre otras, sacar adelante sus emprendimientos, conseguir financiación, acceder a capacitación y conseguir un empleo formal. No obstante, los resultados han sido limitados.
Para que estas iniciativas cumplan sus objetivos y puedan ser efectivas, es necesario que incluyan el componente de estabilidad social, teniendo en cuenta que no hay política de subsidios ni agenda de derechos que pueda ser sostenible sin un aparato productivo sólido que organice la generación de empleo como principal vehículo que ayude a superar la crisis en general.
A todo lo anterior, se suman los problemas de inseguridad, el incremento en el pasaje del transporte público, el alto endeudamiento de la ciudad para financiar el déficit del sistema de transporte que es pagado por los ciudadanos vía incremento de la tarifa e impuestos, la mercantilización de la educación pública, el incremento en feminicidios, entre otros.
Por tal motivo, instamos a la administración a poner en funcionamiento sus iniciativas de cara a las necesidades de la mayoría de la ciudadanía que son quienes padecen el desempleo, la informalidad y las violencias, promoviendo de este modo una verdadera ciudad cuidadora y equitativa, que logre no solo la reducción de la pobreza sino también de la desigualdad.
(*) Heidy Sánchez, abogada de la Universidad Libre, especialista en derecho ambiental y concejal de Bogotá.
Fuente: Cuarto de Hora
Mientras se recuperan y crecen exclusivamente los grandes capitales de unos pocos, las cifras de pobreza y desempleo no tienen una recuperación en la misma proporción. Es así que hoy en Bogotá más de 3.350.000 personas están en condición de pobreza y casi 1.100.000 en pobreza extrema; es decir, la mitad de la ciudad se encuentra en esta precaria situación.
El desempleo en Bogotá no es neutral al género
En cuanto a las cifras de ocupación y desempleo para Bogotá, según el DANE, vemos cómo para noviembre del 2021 se contó con una tasa de ocupación del 56,8% y de desempleo de 12,3%. Además, las brechas laborales permanecen e incluso se recrudecen, pues son las mujeres quienes mayoritariamente ocupan las filas del desempleo a la vez que asumen de manera exclusiva las tareas del cuidado. Es así que para octubre de 2021 en Bogotá las mujeres tuvieron una tasa de desempleo del 15% mientras los hombres del 11,6%, lo cual representa una diferencia de 30.000 mujeres más desempleadas con respecto a los hombres, evidenciando la exclusión del mercado laboral formal por condición de género. Situación que además amplia la posibilidad de dependencia económica, que puede repercutir en violencia intrafamiliar; una cadena que esta administración “cuidadora” se ha propuesto romper.
Informalidad
En Colombia más de 5,3 millones de personas están resolviendo su situación económica desde la informalidad, principalmente a través de actividades artísticas y de entretenimiento (72%), transporte (67%), comercio (65%), servicios de comida (63%) y la construcción (59%). En Bogotá el 42,1% de las personas ocupadas están en la informalidad, es decir, cerca de 1.700.000 personas se dedican al llamado “rebusque” para solventar las necesidades básicas, bien sea a través de las ventas informales, ventas por catálogos, domicilios, tiendas de barrio, conductores/as de plataformas o taxis, entre otros. Este fenómeno ocurre por la falta de garantías y la incapacidad tanto del Estado como de la empresa privada para proveer trabajos dignos y estables, lo cual se traduce en menor cobertura de seguridad social y menos posibilidad de cotización a pensión.
Medidas del Distrito
Teniendo en cuenta que han sido las mujeres las más afectadas, se puede identificar que la oferta de reactivación presentada desde la Secretaría de Desarrollo Económico para ellas se basa en la idea de cortar los lazos de dependencia por considerar que la incapacidad de generar ingresos propios genera desigualdad, de tal forma que a partir de la autonomía económica se puede también disminuir las tasas de violencia en contra de estas o puede ser un factor protector determinante. Para esto formularon un portafolio de programas con la intención de fortalecer el desarrollo y el empoderamiento de la mujer, pretendiendo poner a su disposición herramientas que les faciliten, entre otras, sacar adelante sus emprendimientos, conseguir financiación, acceder a capacitación y conseguir un empleo formal. No obstante, los resultados han sido limitados.
Para que estas iniciativas cumplan sus objetivos y puedan ser efectivas, es necesario que incluyan el componente de estabilidad social, teniendo en cuenta que no hay política de subsidios ni agenda de derechos que pueda ser sostenible sin un aparato productivo sólido que organice la generación de empleo como principal vehículo que ayude a superar la crisis en general.
A todo lo anterior, se suman los problemas de inseguridad, el incremento en el pasaje del transporte público, el alto endeudamiento de la ciudad para financiar el déficit del sistema de transporte que es pagado por los ciudadanos vía incremento de la tarifa e impuestos, la mercantilización de la educación pública, el incremento en feminicidios, entre otros.
Por tal motivo, instamos a la administración a poner en funcionamiento sus iniciativas de cara a las necesidades de la mayoría de la ciudadanía que son quienes padecen el desempleo, la informalidad y las violencias, promoviendo de este modo una verdadera ciudad cuidadora y equitativa, que logre no solo la reducción de la pobreza sino también de la desigualdad.
(*) Heidy Sánchez, abogada de la Universidad Libre, especialista en derecho ambiental y concejal de Bogotá.
Fuente: Cuarto de Hora
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