Por: Heidy Sánchez Barreto
El pasado viernes 19 de noviembre realizamos, como bancada de oposición, debate de control político sobre la situación de pobreza en la ciudad de Bogotá y la precaria respuesta ante esta problemática por parte de la administración distrital. En este debate, abordamos entre otros temas, lo relacionado con uno de los sectores más afectados por la pandemia, como lo es el de las y los trabajadores informales. Esto, a propósito de la auditoría realizada por la Contraloría al Instituto para la Economía Social (IPES), la cual fue publicada en marzo de 2021 y tuvo como objetivo “evaluar la gestión adelantada por el IPES respecto de las ayudas humanitarias dadas a los vendedores informales frente a la emergencia social y económica durante el 2020”, en donde se encontraron hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria.
Pese a que el IPES indicó al ente de control que “no ejecutó ningún contrato, cuyo objeto guarde relación con la emergencia originada por la pandemia y que tuviera como fin beneficiar a nuestra población objeto para la entrega de ayudas”, se evidenció la asignación de recursos presupuestales para mitigar los riesgos derivados del COVID-19 tan solo hasta el 28 y 30 de diciembre de 2020, en cuantías de más de $208 millones y $104 millones de pesos. Los bienes contratados fueron “kits de seguridad para apoyar la población objetivo del IPES”, que se entregaron dentro del primer trimestre de la vigencia 2021. Es decir, casi un año después del inicio de la pandemia.
En consecuencia, cabe resaltar que tras de que la entidad mintió a la Contraloría al decir que no había ejecutado contratos relacionados a este tema, se gastó más de $300 millones de pesos durante dos días en kits de bioseguridad que entregó hasta marzo de 2021. La pregunta que surge es: ¿cómo esto ayudó a los trabajadores informales y de la economía popular a sobrellevar la dura situación económica que estaban pasando?
Para dicha auditoría la Contraloría eligió dos proyectos del IPES: 1. el 7772, “Implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá” y 2. el 7773, “Fortalecimiento oferta de Alternativas económicas en el espacio público en Bogotá”, en razón de que a través de estos proyectos, a pesar de que no tenían relación con la respuesta a la pandemia, se utilizaron recursos para el desarrollo de actividades de acompañamiento para ayudar a los vendedores informales durante la emergencia económica, sanitaria y ambiental en la vigencia 2020.
Por otro lado, en el informe “Acciones adelantadas por el IPES para mitigar los efectos de la Pandemia – Covid – 19” con la población trabajadora informal y, de acuerdo con lo señalado en la Gestión y Resultados a 31 de diciembre de 2020, se mencionan una serie de actividades efectuadas por la entidad durante la vigencia, como lo es el “diseño y puesta en funcionamiento de la Ruta de Atención Integral al Ciudadano, adoptada a través de la Resolución 336 de octubre 28 de 2020, con la cual se establecen los lineamientos para brindarles a los ciudadanos y beneficiarios de los programas del IPES una atención adecuada, fundamentada en la identificación de necesidades de los usuarios, oferta de los programas y proyectos del IPES».
A pesar de que se trata de informar a la Contraloría sobre las acciones realizadas por el IPES en el marco de la pandemia y como respuesta a esta, en ninguna parte de la Resolución 336 siquiera se menciona la pandemia, siendo un documento de octubre del 2020; es decir, la ruta no atiende esta circunstancia, pero aun así se incluyó en la información que se entregó al ente de control. ¿Con qué pretensión se hace esto? ¿Se quería inflar los informes para ocultar que no se realizaron verdaderas acciones que ayudaran a sobrellevar los efectos de la pandemia a los vendedores informales y trabajadores de la economía popular?
Igualmente, además de lo mencionado, en tiempos de austeridad y pese a las necesidades de la población que atiende el IPES en el marco de la pandemia, se pueden mencionar otros contratos. Por ejemplo, uno por valor de más de $40 millones para la adquisición de elementos de protección personal para los colaboradores del Instituto durante la cuarentena obligatoria. Sobre este surge la pregunta de cuántos trabajadores tiene el IPES en las condiciones del objeto del contrato, cuánto costaron los elementos de protección de cada trabajador, en qué consistían estos elementos y por cuánto tiempo se entregaron para que arroje dicha cifra.
Del mismo modo, hay 3 contratos más para la prestación de servicios de apoyo a la subdirección de gestión de redes sociales e informalidad con el fin de adoptar el protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19 en las diferentes alternativas comerciales administradas por la subdirección. Estos, por valores superiores a los $18 millones y otra serie de gastos relacionados que sumaron en total más de $800 millones. Aquí la Contraloría ubicó hallazgos disciplinarios que deberán ser evaluados debidamente por la entidad y que hacen parte del plan de mejoras, pero con consecuencias en últimas fiscales, de violación de principios administrativos y de pérdida de confianza, en deterioro de la imagen y gestión institucional en las entidades.
En definitiva, lo que demuestra es que las actividades desarrolladas por la administración distrital en el marco de la pandemia no generaron un impacto positivo importante en la población de vendedores y vendedoras, como lo son las estrategias de formación y de apoyo económico. Estas no han sido diferenciadas, pues se debe tener en cuenta por ejemplo los niveles de ingreso de las personas, o el hecho de que de un negocio vivan y trabajen familias completas, que, sumado a las dificultades en el ejercicio del cuidado de sus hijos e hijas, obstaculiza la formación básica y acceso a la educación superior de estos, permitiendo que los ciclos de pobreza permanezcan intactos.
Por tal motivo, tales situaciones deben ser objeto de estudio por parte del Distrito a la hora de realizar una caracterización, pues las medidas, ofertas y presupuestos serán obsoletos si no se desarrollan soluciones estructurales. La situación de pobreza tan alarmante que hoy afecta a la ciudad requiere ampliar las medidas para su contención, por ejemplo, aumentando y garantizando las transferencias monetarias y ayudas alimentarias que brinden protección social; por lo menos hasta que la pandemia deje de impedir el desarrollo habitual de la actividad económica.
En términos generales, se le propone al IPES trabajar en el uso adecuado de recursos, así como un informe de seguimiento que identifique las dificultades planteadas por los vendedores y vendedoras respecto los portafolios entregados por la entidad. Igualmente, la necesidad de adecuarlos si no están arrojando los resultados pertinentes para garantizar un acceso real a oportunidades, permitiendo la superación de las altas tasas de inequidad que presenta la ciudad, las cuales eran parte importante de las demandas del paro nacional que coincidió con la pandemia.
Fuente: Cuarto de Hora
En consecuencia, cabe resaltar que tras de que la entidad mintió a la Contraloría al decir que no había ejecutado contratos relacionados a este tema, se gastó más de $300 millones de pesos durante dos días en kits de bioseguridad que entregó hasta marzo de 2021. La pregunta que surge es: ¿cómo esto ayudó a los trabajadores informales y de la economía popular a sobrellevar la dura situación económica que estaban pasando?
Para dicha auditoría la Contraloría eligió dos proyectos del IPES: 1. el 7772, “Implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá” y 2. el 7773, “Fortalecimiento oferta de Alternativas económicas en el espacio público en Bogotá”, en razón de que a través de estos proyectos, a pesar de que no tenían relación con la respuesta a la pandemia, se utilizaron recursos para el desarrollo de actividades de acompañamiento para ayudar a los vendedores informales durante la emergencia económica, sanitaria y ambiental en la vigencia 2020.
Por otro lado, en el informe “Acciones adelantadas por el IPES para mitigar los efectos de la Pandemia – Covid – 19” con la población trabajadora informal y, de acuerdo con lo señalado en la Gestión y Resultados a 31 de diciembre de 2020, se mencionan una serie de actividades efectuadas por la entidad durante la vigencia, como lo es el “diseño y puesta en funcionamiento de la Ruta de Atención Integral al Ciudadano, adoptada a través de la Resolución 336 de octubre 28 de 2020, con la cual se establecen los lineamientos para brindarles a los ciudadanos y beneficiarios de los programas del IPES una atención adecuada, fundamentada en la identificación de necesidades de los usuarios, oferta de los programas y proyectos del IPES».
A pesar de que se trata de informar a la Contraloría sobre las acciones realizadas por el IPES en el marco de la pandemia y como respuesta a esta, en ninguna parte de la Resolución 336 siquiera se menciona la pandemia, siendo un documento de octubre del 2020; es decir, la ruta no atiende esta circunstancia, pero aun así se incluyó en la información que se entregó al ente de control. ¿Con qué pretensión se hace esto? ¿Se quería inflar los informes para ocultar que no se realizaron verdaderas acciones que ayudaran a sobrellevar los efectos de la pandemia a los vendedores informales y trabajadores de la economía popular?
Igualmente, además de lo mencionado, en tiempos de austeridad y pese a las necesidades de la población que atiende el IPES en el marco de la pandemia, se pueden mencionar otros contratos. Por ejemplo, uno por valor de más de $40 millones para la adquisición de elementos de protección personal para los colaboradores del Instituto durante la cuarentena obligatoria. Sobre este surge la pregunta de cuántos trabajadores tiene el IPES en las condiciones del objeto del contrato, cuánto costaron los elementos de protección de cada trabajador, en qué consistían estos elementos y por cuánto tiempo se entregaron para que arroje dicha cifra.
Del mismo modo, hay 3 contratos más para la prestación de servicios de apoyo a la subdirección de gestión de redes sociales e informalidad con el fin de adoptar el protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19 en las diferentes alternativas comerciales administradas por la subdirección. Estos, por valores superiores a los $18 millones y otra serie de gastos relacionados que sumaron en total más de $800 millones. Aquí la Contraloría ubicó hallazgos disciplinarios que deberán ser evaluados debidamente por la entidad y que hacen parte del plan de mejoras, pero con consecuencias en últimas fiscales, de violación de principios administrativos y de pérdida de confianza, en deterioro de la imagen y gestión institucional en las entidades.
En definitiva, lo que demuestra es que las actividades desarrolladas por la administración distrital en el marco de la pandemia no generaron un impacto positivo importante en la población de vendedores y vendedoras, como lo son las estrategias de formación y de apoyo económico. Estas no han sido diferenciadas, pues se debe tener en cuenta por ejemplo los niveles de ingreso de las personas, o el hecho de que de un negocio vivan y trabajen familias completas, que, sumado a las dificultades en el ejercicio del cuidado de sus hijos e hijas, obstaculiza la formación básica y acceso a la educación superior de estos, permitiendo que los ciclos de pobreza permanezcan intactos.
Por tal motivo, tales situaciones deben ser objeto de estudio por parte del Distrito a la hora de realizar una caracterización, pues las medidas, ofertas y presupuestos serán obsoletos si no se desarrollan soluciones estructurales. La situación de pobreza tan alarmante que hoy afecta a la ciudad requiere ampliar las medidas para su contención, por ejemplo, aumentando y garantizando las transferencias monetarias y ayudas alimentarias que brinden protección social; por lo menos hasta que la pandemia deje de impedir el desarrollo habitual de la actividad económica.
En términos generales, se le propone al IPES trabajar en el uso adecuado de recursos, así como un informe de seguimiento que identifique las dificultades planteadas por los vendedores y vendedoras respecto los portafolios entregados por la entidad. Igualmente, la necesidad de adecuarlos si no están arrojando los resultados pertinentes para garantizar un acceso real a oportunidades, permitiendo la superación de las altas tasas de inequidad que presenta la ciudad, las cuales eran parte importante de las demandas del paro nacional que coincidió con la pandemia.
Fuente: Cuarto de Hora
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