El día 18 de noviembre grupos armados atacaron e incendiaron el esquema de seguridad colectivo de los firmantes de paz ubicado en la Macarena, situación que agudiza la compleja condición de seguridad que enfrenta la población firmante de paz y comunidades que habitan la región. Este hecho y las presiones de los grupos armados, han obligado a qué 106 familias compuestas por 64 niños, 15 personas con discapacidad y 15 adultos mayores, emprendan un desplazamiento colectivo y forzoso hacia el municipio del Doncello en Caquetá.
Una grave situación humanitaria se viene presentando en la región de los Llanos del Yarí, en jurisdicción del municipio de la Macarena, Meta y con incidencia en el departamento del Caquetá, afectando a las comunidades campesinas que allí residen y en particular a la población en proceso de reincorporación del antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación Urías Rondón.
El día 18 de noviembre grupos armados atacaron e incendiaron el esquema de seguridad colectivo de los firmantes de paz ubicado en la Macarena, situación que agudiza la compleja condición de seguridad que enfrenta la población firmante de paz y comunidades que habitan la región. Este hecho y las presiones de los grupos armados, han obligado a qué 106 familias compuestas por 64 niños, 15 personas con discapacidad y 15 adultos mayores, emprendan un desplazamiento colectivo y forzoso hacia el municipio del Doncello en Caquetá, situación que obligó la realización de una reunión de carácter urgente el día sábado 20 de noviembre con la participación de líderes lideresas del colectivo en reincorporación Urías Rondón, la Agencia para la reincorporación y la normalización ARN, el Consejo Nacional de reincorporación componente comunes, la personería del Doncello, la defensoría del pueblo, la segunda misión de Naciones Unidas., el PNUD, además de líderes sociales que acompañaron el espacio realizado en la casa cultural del municipio caqueteño. Allí se abordó esta situación de emergencia, exigiendo la necesidad de implementar un plan humanitario inmediato de reubicación de la comunidad que está siendo víctima de las amenazas y el cerco por parte de los grupos armados en el territorio. En la reunión se evidenció que la dificultad radica en la casi nula implementación del acuerdo final de paz en lo concerniente a las medidas de seguridad que garanticen la integridad y la vida de los hombres y mujeres firmantes de paz, situación que el gobierno nacional no reconoce y minimiza, donde además expresa su talante demagógico, ya que en sus plataformas comunicativas desinforma a la opinión pública al afirmar que han venido cumpliendo a cabalidad del acuerdo, cuando la realidad en los territorios es otra, son casi 300 excombatientes de las extintas Farc víctimas de homicidio, y existe una realidad de temor y zozobra en los territorios por la presencia de los grupos armados que no han sido desarticulados, y que las claves para avanzar en esa dirección están enmarcadas en el acuerdo final de paz.
El Consejo Nacional de reincorporación componente Comunes se pronunció y aclaro, qué el gobierno nacional no ha tenido una actitud consecuente con lo que viene ocurriendo en la región del Yarí, ya que no acudieron a reunión con un plan específico para garantizar la protección de la comunidad sino siguen dando largas y evasivas, sin concretar conclusiones que garanticen efectivamente los derechos de esta población. El CNR Comunes recordó qué no es suficiente lo que se ha definido como plan estratégico de seguridad, qué no hay esquemas de seguridad activos en la región y que por el contrario la comunidad ha solicitado la unidad nacional de protección que se reactiven inmediatamente las medidas de protección y seguridad para el colectivo, entretanto la única fórmula del gobierno es la militarización excesiva de la región, situación que acrecienta las dificultades de seguridad para las comunidades y para los firmantes de paz, echarle gasolina al fuego nunca es la salida, la solución real es y está en la implementación efectiva del acuerdo final de paz como único mecanismo cierto y con dientes, que permita potenciar una política y una estrategia de seguridad clara y determinante en la región, que proteja no solo la vida y la integridad de firmantes de paz sino de las comunidades que cohabitan en estos territorios que secularmente han sido Víctimas de la violencia.
Hoy no se ha concretado un mecanismo claro que proteja los derechos de las personas que se han visto obligadas a dejar sus proyectos de vida, sus arraigos y su territorio, producto de la presión de los grupos armados. Este desplazamiento recuerda la triste situación de cientos de familias que tuvieron que abandonar Ituango para reubicarse por iniciativa propia en la zona de Urabá antioqueño, después de que empezaron a sembrar sus sueños de paz y los grupos armados, además de la insensibilidad del gobierno que sigue haciendo trizas Los acuerdos, obligó a está triste situación que réplica el horrible drama del desplazamiento que ha vivido este país durante años de conflicto. El Consejo Nacional de reincorporación, componentes comunes, ratificó qué son la falta de garantías por parte del gobierno nacional, las que han potenciado estas situaciones graves de seguridad en los territorios, y que si no se toman rápidamente acciones efectivas se van a seguir replicando estos escenarios de emergencia humanitaria y desplazamiento forzado en todo el territorio nacional.
A 5 años de la firma del acuerdo de paz, en el marco de la visita del secretario general de las naciones unidas, Antonio Guterres, y mientras el gobierno nacional desarrolla toda una campaña de posicionamiento mediático, donde pretenden demostrar su supuesto compromiso con la comunidad internacional como signatarios de acuerdo de paz, contradice en los hechos su discurso, ya que producto de la falta de políticas claras, de decisión y voluntad política, no se ha podido estructurar efectivamente la implementación total de los acuerdos, ni en el terreno de las necesidades de las colectivos como lo son la vivienda, los proyectos productivos y la educación, sino además con relación al tema de seguridad para quienes apostaron por la construcción de la paz. El gobierno y el Estado colombiano deben proteger la vida de los hombres y mujeres que hace 5 años dieron un paso fundamental e histórico para construir la reconciliación y la paz en el país.
Fuente: Agencia Prensa Rural
El día 18 de noviembre grupos armados atacaron e incendiaron el esquema de seguridad colectivo de los firmantes de paz ubicado en la Macarena, situación que agudiza la compleja condición de seguridad que enfrenta la población firmante de paz y comunidades que habitan la región. Este hecho y las presiones de los grupos armados, han obligado a qué 106 familias compuestas por 64 niños, 15 personas con discapacidad y 15 adultos mayores, emprendan un desplazamiento colectivo y forzoso hacia el municipio del Doncello en Caquetá, situación que obligó la realización de una reunión de carácter urgente el día sábado 20 de noviembre con la participación de líderes lideresas del colectivo en reincorporación Urías Rondón, la Agencia para la reincorporación y la normalización ARN, el Consejo Nacional de reincorporación componente comunes, la personería del Doncello, la defensoría del pueblo, la segunda misión de Naciones Unidas., el PNUD, además de líderes sociales que acompañaron el espacio realizado en la casa cultural del municipio caqueteño. Allí se abordó esta situación de emergencia, exigiendo la necesidad de implementar un plan humanitario inmediato de reubicación de la comunidad que está siendo víctima de las amenazas y el cerco por parte de los grupos armados en el territorio. En la reunión se evidenció que la dificultad radica en la casi nula implementación del acuerdo final de paz en lo concerniente a las medidas de seguridad que garanticen la integridad y la vida de los hombres y mujeres firmantes de paz, situación que el gobierno nacional no reconoce y minimiza, donde además expresa su talante demagógico, ya que en sus plataformas comunicativas desinforma a la opinión pública al afirmar que han venido cumpliendo a cabalidad del acuerdo, cuando la realidad en los territorios es otra, son casi 300 excombatientes de las extintas Farc víctimas de homicidio, y existe una realidad de temor y zozobra en los territorios por la presencia de los grupos armados que no han sido desarticulados, y que las claves para avanzar en esa dirección están enmarcadas en el acuerdo final de paz.
El Consejo Nacional de reincorporación componente Comunes se pronunció y aclaro, qué el gobierno nacional no ha tenido una actitud consecuente con lo que viene ocurriendo en la región del Yarí, ya que no acudieron a reunión con un plan específico para garantizar la protección de la comunidad sino siguen dando largas y evasivas, sin concretar conclusiones que garanticen efectivamente los derechos de esta población. El CNR Comunes recordó qué no es suficiente lo que se ha definido como plan estratégico de seguridad, qué no hay esquemas de seguridad activos en la región y que por el contrario la comunidad ha solicitado la unidad nacional de protección que se reactiven inmediatamente las medidas de protección y seguridad para el colectivo, entretanto la única fórmula del gobierno es la militarización excesiva de la región, situación que acrecienta las dificultades de seguridad para las comunidades y para los firmantes de paz, echarle gasolina al fuego nunca es la salida, la solución real es y está en la implementación efectiva del acuerdo final de paz como único mecanismo cierto y con dientes, que permita potenciar una política y una estrategia de seguridad clara y determinante en la región, que proteja no solo la vida y la integridad de firmantes de paz sino de las comunidades que cohabitan en estos territorios que secularmente han sido Víctimas de la violencia.
Hoy no se ha concretado un mecanismo claro que proteja los derechos de las personas que se han visto obligadas a dejar sus proyectos de vida, sus arraigos y su territorio, producto de la presión de los grupos armados. Este desplazamiento recuerda la triste situación de cientos de familias que tuvieron que abandonar Ituango para reubicarse por iniciativa propia en la zona de Urabá antioqueño, después de que empezaron a sembrar sus sueños de paz y los grupos armados, además de la insensibilidad del gobierno que sigue haciendo trizas Los acuerdos, obligó a está triste situación que réplica el horrible drama del desplazamiento que ha vivido este país durante años de conflicto. El Consejo Nacional de reincorporación, componentes comunes, ratificó qué son la falta de garantías por parte del gobierno nacional, las que han potenciado estas situaciones graves de seguridad en los territorios, y que si no se toman rápidamente acciones efectivas se van a seguir replicando estos escenarios de emergencia humanitaria y desplazamiento forzado en todo el territorio nacional.
A 5 años de la firma del acuerdo de paz, en el marco de la visita del secretario general de las naciones unidas, Antonio Guterres, y mientras el gobierno nacional desarrolla toda una campaña de posicionamiento mediático, donde pretenden demostrar su supuesto compromiso con la comunidad internacional como signatarios de acuerdo de paz, contradice en los hechos su discurso, ya que producto de la falta de políticas claras, de decisión y voluntad política, no se ha podido estructurar efectivamente la implementación total de los acuerdos, ni en el terreno de las necesidades de las colectivos como lo son la vivienda, los proyectos productivos y la educación, sino además con relación al tema de seguridad para quienes apostaron por la construcción de la paz. El gobierno y el Estado colombiano deben proteger la vida de los hombres y mujeres que hace 5 años dieron un paso fundamental e histórico para construir la reconciliación y la paz en el país.
Fuente: Agencia Prensa Rural
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