La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Corporación Jurídica Yira Castro organizaciones acompañantes en calidad de defensoras de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y los Derechos Humanos lamentamos comunicar esta terrible noticia, la tristeza e indignación ahoga nuestro camino por esta pérdida.
Desde el pasado miércoles 12 de enero se encontraba desaparecida, el día sabado16 se activaron las acciones de búsqueda. Es de anotar que la defensora de Derechos Humanos y lideresa campesina y las organizaciones había solicitado insistentemente a la Unidad Nacional de Protección –UNP- la asignación de medidas de protección acordes a su situación de seguridad y condición económica debido al riesgo inminente por liderar procesos de Derechos Humanos y de tierras con las comunidades en Puerto Gaitán Meta, del caso emblemático de El Porvenir.
Exigimos a las autoridades celeridad y transparencia en la investigación de los hechos, así como la protección inmediata de los demás lideres, lideresas y defensores que están amenazados por este proceso de Porvenir y Matarratón.
De acuerdo con información suministrada por la comunidad de Matarratón, también del municipio de Orocué (Casanare) y su familia, desde el pasado miércoles 12 de enero del presente año, la lideresa Luz Marina Arteaga Henao, salió de su finca “El Raudal” ubicada en la vereda Matarratón, municipio de Puerto Gaitán, hacia el casco urbano del municipio de Orocué, Casanare, lugar de residencia. La lideresa pasó hacia las 3:00 p.m. de la tarde por una finca vecina, allí realizó 2 llamadas telefónicas: una al señor motorista para que la transportara de Matarratón a Orocué y la otra se desconoce la persona, versión de los vecinos, que alcanzaron a escuchar, ella mencionó “que ya iba camino para el pueblo”.
Siendo las 4:30 p.m., desembarcó de la lancha en el lugar conocido como el paso de pelencho en Orocué, a orillas del rio Meta, allí fue vista por última vez, hablando con un señor de una motocicleta, se desconoce la identidad y el paradero de este señor.
Luz Marina Arteaga ha representado a las comunidades campesinas históricas de El Porvenir y Matarratón en diferentes espacios de denuncia e interlocución interinstitucional. Esto la ha llevado a ser uno de los liderazgos más visibles en el proceso de exigencia de cumplimiento de las sentencias STP 16298 de 2015 de la Corte Suprema de Justicia y la SU-426 de 2016 de la Corte Constitucional, que ordena a la Agencia Nacional de Tierras adjudicarles estas tierras, así como a las entidades gubernamentales la protección de los derechos fundamentales de estas comunidades campesinas históricas.
El gobierno del presidente Iván Duque, con sus instituciones han hecho todo para no garantizar los derechos de las familias reclamantes de tierras históricas y han permitido la re- invasión de los predios de exempleados de la Familia Carranza y organizaciones supuestamente sociales que acaparan tierras, lo cual, Luz Marina había denunciado en reiteradas ocasiones.
La lideresa y reclamante de tierras, había recibido en reiteradas ocasiones amenazas de muerte de personas que se hacían pasar por actores armados, en el marco de su ejercicio de lideresa, le decían que dejara de estar peleando por tierras y que no asistiera a reuniones en el marco de la exigencia de tierras. Estas amenazas fueron puestas en conocimiento de las diferentes entidades encabezadas por el Presidente Iván Duque, así como a la Unidad Nacional de Protección, quienes desconocieron la gravedad de la situación asignándoles unas medidas blandas.
Así mismo, la Agencia Nacional de Tierras, la desconoció como solicitante de tierras argumentando que ya había sido adjudicataria de un predio en Antioquia de 14 hectáreas. La lideresa Luz Marina, fue desplazada de su territorio en Antioquia y le tocó abandonar su predio, por el cual, ella se encontraba sin tierra además de ser víctima de la violencia, situación que fue puesta en conocimiento de la subdirectora de acceso a tierras de la ANT Julia Elena Venegas, quienes le negaron la calidad de sujeto de ordenamiento social, a lo que la lideresa apeló y fue confirmada según como aparece en el sistema de la Agencia Nacional de Tierras, fue excluida de los derechos como campesina por parte de esta entidad.
Responsabilizamos al gobierno colombiano de la muerte de la lideresa campesina y colocamos en mano de las instituciones del estado, la suerte que siga corriendo los lideres, lideresas, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras.
En el año 2021 la Corporación Claretiana NPB denunció ante la Fiscalía la amenaza contra integrantes del proceso de Porvenir y Matarratón y contra integrantes de la Corporación Claretiana.
En el año 2021 la Corporación Claretiana NPB denuncio ante la Fiscalía General seguimientos e intento de secuestro de una persona de la Corporación Claretiana NPB.
En la acción urgente No. 11-2021 del 10 de junio de 2021 emitida por la Corporación Jurídica Yira Castro se alertó del grave riesgo que corrían las comunidades campesinas de El Porvenir y Matarratón tras el retiro de la estación de Policía de El Porvenir y se solicitó a las autoridades revocar esta decisión, dejando como constancia que los hechos victimizantes que pudieran ocurrir serían responsabilidad del Ministerio de Defensa – Policía Nacional y demás entidades que no han avanzado en el cumplimiento de la sentencia SU – 426 de 2016.
En la denuncia N° 28 emitida por la Corporación Claretiana NPB, menciona que integrantes de la comunidad campesina de la vereda de Matarratón informan que el 02 de octubre de 2019, dos hombres desconocidos, con edades aproximadas de 25 y 45 años, rondaron e hicieron vigilancia por largo tiempo a la finca “El Raudal” propiedad de la lideresa Luz Marina Arteaga. En la propiedad se encontraron varias colillas de cigarrillo que demuestran una larga estancia de los desconocidos a la espera de la Señora Arteaga. Así mismo, los desconocidos realizaron preguntas a las personas de la comunidad sobre el paradero de la lideresa, como: ¿Cuándo va a venir a la finca? ¿En dónde está y cuándo se comunica con ustedes? Los vecinos también alertan que los desconocidos señalaron saber que la lideresa había hecho presencia recientemente en la finca ya que el lugar se encontraba limpio. Esta misma situación se repitió el 06 de octubre de 2019, donde la comunidad menciona que tres hombres desconocidos que se transportaban por canoa por el rio Meta estaban buscando a la lideresa y reclamante de tierras.
El 10 de abril de 2019 se realizó una reunión en la Inspección El Porvenir por parte de la Unidad de Victimas, socializando la ruta de reparación colectiva con la que se pretende restituir los derechos a la comunidad víctima de El Porvenir, campesinos accionantes de la tutela y ocupantes históricos. Sin embargo, a este espacio asistieron de manera mayoritaria los invasores de la sabana que no son beneficiarias de esta disposición, dejando sin garantías de participación a los campesinos y campesinas que habitan la inspección desde hace décadas y que son los únicos que conocen a profundidad los escenarios de terror por los que han vivido en la inspección durante muchos años. En este mismo espacio, Luz Marina Arteaga exige a la Unidad de Víctimas que actúe de acuerdo a la ley, que no deslegitime los procesos de víctimas ni los Acuerdos de Paz y que por el contrario no victimice más a la población histórica de El Porvenir. De igual forma, ningún accionante de la tutela, ni campesino histórico habló por miedo, pues, los funcionarios atendieron a la población invasora y desconocieron a los campesinos históricos y victimas de El Porvenir y Matarratón.
En la denuncia pública N° 27 emitida por la Corporación Claretiana NPB, menciona que el 16 de abril de 2019, el señor Omar Elkin Salgado, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Matarratón, y líder activo del proceso de Tierras de la Inspección de El Porvenir, del municipio de Puerto Gaitán – Meta, recibió una llamada a su número móvil, de un hombre que se identificó como comandante del grupo paramilitar los Rastrojos. Según indicó el “paramilitar” opera en Puerto Gaitán y Vichada. Inició preguntándole si “¿Es usted el presidente de la junta comunal de la vereda Matarratón?”, a lo que responde don Omar Elkin Salgado “! Si señor ¡¿y para qué lo necesita?”, de inmediato contesta el “comandante paramilitar” con tono amenazante: “Le quiero avisar y pedir un gran favor, no siga con el tema de las tierras y no vuelva a asistir a ninguna reunión sobre el asunto de las tierras. A la reunión del 15 de mayo no vaya, no lo queremos ver en esa reunión y mucho menos a firmar documentos que no tiene que firmar, lo del asunto de las tierras, ningún papel. Si sabe lo que le están pasado a los hijueputas líderes sociales que los están matando por sapos, lambones, metidos en lo que no les importa, por eso es que los estamos matando, además, tienen que irse dos de la vereda, dos personas.”
El Sr Omar Elkin pregunta: “¿quiénes?”, a lo que le responde quien se identifica como paramilitar: “usted es uno y la otra es la señora Luz Marina Arteaga, tienen que irse de la vereda o sino los matamos y usted tiene que renunciar a ser el presidente de la junta o sino vamos y lo matamos, lo conseguimos donde sea, porque ya le sabemos las entradas y las salidas de la finca a Orocué, usted es una persona que vive sólo, anda sólo, ya le tenemos la pista, ya sabemos a dónde llega a Orocué, la casa dónde llega…” la llamada se duró en promedio 7 minutos. Hora de la Llamada 12:47 p.m. Fecha: 16 de abril del 2019. Número que emite la llamada: 3154832398.
La lideresa campesina Luz Marina Arteaga, realizó radicación del formulario de inscripción el 30 abril de 2019. Mediante la Resolución No. 0009094 del 16 de diciembre del 2019, emitida por la Unidad Nacional de Protección, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas -CERREM determinó el nivel de riesgo de la lideresa como EXTRAORDINARIO, se designó un (1) medio de comunicación y un (1) chaleco blindado. Frente a la decisión, la lideresa realizó un recurso de reposición el 01 de enero de 2020 solicitando revocar lo dispuesto, así como exponiendo que “la solicitud reiterada a los funcionarios de la Unidad de Protección, consistente en el Apoyo Económico para la movilidad entre pueblos y ciudades, es la solución para mi caso concreto ya que he percibido Seguridad en el anonimato y la trashumancia vivida hasta ahora desde el mes de abril de 2019”. Las razones expuestas por la lideresa se analizaron con ocasión al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas -CERREM del 21 de febrero del 2020.
Para el 24 de junio de 2020, la Sra Luz Marina Arteaga recibe notificación de la UNP, con asunto resolución No. 3188 del 11 de mayo de 2020, en mención se Ratifica un (1) medio de comunicación y un (1) chaleco blindado. Implementar apoyo de reubicación temporal en cuantía de un (1) SMMLV, el cual tendrá una vigencia de tres (3) meses, a partir de la fecha de la implementación. Así como implementar en el Departamento del Meta un (1) vehículo convencional y dos (2) hombres de protección, medidas que serán utilizadas únicamente cuando la beneficiaria se desplace al Departamento. Frente a estas nuevas medidas la lideresa Arteaga coloca en conocimiento vía telefónicamente un funcionario de la UNP su desacuerdo, debido a que la asignación de un vehículo para moverse en su territorio no es adecuada ya que el predio donde vive, no cuenta con vías de acceso y está ubicado en una zona inundable, a orillas del Rio Meta, así mismo ella se moviliza entre el municipio de puerto Gaitán (Meta) y Orocué (Casanare)
Al día de hoy no se cuenta con una comunicación oficial que deje en claro las medidas otorgadas, a pesar que la lideresa realizó un correo solicitando el documento final de la Resolución 3188, el cual tampoco se ha realizado una nueva valoración de la misma medida debido a que no cuenta con el documento de resolución para apelar dicha decisión.
En la ALERTA TEMPRANA N° 017-20 emitida el 28 de abril de 2020 por la Defensoría del Pueblo del Meta, se advierte sobre acciones violentas de grupos armados organizados, que están generando afectaciones a líderes y lideresas sociales, colectivos defensores de derechos humanos; periodistas y/o comunicadores sociales que informen o denuncien su presencia o accionar; población en condición de vulnerabilidad por situaciones asociadas al conflicto armado; comunidades indígenas, autoridades de resguardos; campesinos, campesinas; personas que promueven o adelantan procesos de restitución de tierras; comerciantes; empresarios de campo; transportadores; y demás población civil en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo, advierte que en el municipio de Puerto Gaitán, paulatinamente se ha venido incrementando las amenazas y riesgos a estas comunidades a manos de los grupos armados organizados que delinquen en sus jurisdicciones territoriales, así como mayoritariamente a la creciente presencia y accionar de estructuras remanentes asociadas a los grupos sucesores del paramilitarismo (extintos bloques federados a las anteriormente conocidas como AUC, Autodefensas Unidas de Colombia), que en éste territorio se identifican como Autodefensas Gaitanistas de Colombia y que las autoridades policiales denominan Clan del Golfo, Autodefensas Unidas de la Orinoquia Bloque Los Cuchillitos, Los Rastrojos, Puntilleros Bloque Meta o Libertadores del Vichada y Ejército Revolucionario Antisubversivo Colombiano (ERAC). Estos últimos registran mayor presencia en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán. También la amenaza que genera la creciente presencia de grupos armados de las Facciones Disidentes de las extintas FARC y en menor medida de células del ELN, quienes también han comenzado a tener mayor injerencia en la población que reside en el suroccidente de Puerto Gaitán, con el fin de expandir su presencia y control territorial desde la confluencia de los departamentos del Meta, Guaviare y Vichada, hacia la zona norte del municipio (Defensoría del Pueblo, 2020).
Finalmente solicitamos a las diferentes instancias del Gobierno Nacional, el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional y la STP 16298 de 2015 de la Corte Suprema de Justicia.
– A la Defensoría del Pueblo: velar, garantizar e interlocutar con las instituciones competentes para esclarecer los hechos, así como velar por el respeto de los derechos fundamentales de las comunidades campesinas del Porvenir y Matarratón.
– A las Fuerzas Militares y Policía: para que dentro de sus funciones garanticen los derechos fundamentales a la vida y la protección de la comunidad campesina, reestableciendo la seguridad en la zona.
– A la Fiscalía: investigar los hechos de lo sucedido, así como los hechos de amenazas y acciones violentos contra las comunidades campesinas de Matarratón y Porvenir y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.
– A la Unidad Nacional de Protección: solicitamos brindar protección a los líderes y lideresas comunitarios, campesinos e indígenas y reclamantes de tierras con medidas acordes a sus necesidades dentro de territorio.
– A la Agencia Nacional de Tierras: tras seis años de incumplimientos, es necesario y urgente para evitar más riesgos implementar lo ordenado en la sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional respecto a la adjudicación de tierras a las comunidades campesinas históricas de El Porvenir y Matarratón, debido a que la no adjudicación a tiempo, continua generando inseguridad jurídica, temor y miedo en las comunidades campesinas, pues ante la inoperancia de la ANT, los actores armados y terceros, empresarios y políticos han venido sacando provecho por los intereses que siempre han mostrado en las tierras de El Porvenir y la Vereda Matarratón.
– A la Procuraduría General: investigar acciones y omisiones de las autoridades locales, departamentales y nacionales para la prevención de afectaciones a los derechos humanos, así como prestar vigilancia a la investigación que se desarrolle por los hechos de la desaparición y homicidio de la lideresa.
Fuente: Corporación Jurídica Yira Castro
No hay comentarios:
Publicar un comentario