Por Mauricio Reyes Rojas
Las alertas, denuncias y pronunciamientos no fueron tenidas en cuenta por las entidades estatales construidas para tal fin. Solo la acción de la misma de las comunidades ha resguardado la integridad de estas. En redes sociales solamente se leen las lamentaciones de un presidente y un gobernador que les interesa proteger su política de saqueo y extracción en Arauca y su favorabilidad en redes.
Las alertas, denuncias y pronunciamientos no fueron tenidas en cuenta por las entidades estatales construidas para tal fin. Solo la acción de la misma de las comunidades ha resguardado la integridad de estas. En redes sociales solamente se leen las lamentaciones de un presidente y un gobernador que les interesa proteger su política de saqueo y extracción en Arauca y su favorabilidad en redes.
Como de costumbre, lamentarse fue la única respuesta de los gobernantes de turno ante el conflicto social, económico y armado que se vive en Arauca.
Tras el inicio de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y las «Disidencias de las FARC – EP» en este departamento, el Estado no ha respondido con su deber garantizar la vida en este territorio.
Duque y su gobernador ex militar respondieron con militarización, 600 nuevos hombres, motos y lanchas llegaron al departamento. Pero, contrario a lo que muchos piensan este aumento en pie de fuerza y capacidades no fue usado para garantizar la vida, sirvió de excusa para el ingreso de las petroleras, precisamente a las zonas de conflicto.
Como copia de otras acciones en el país los «Disidentes de las FARC» atacan a comunidades en zonas de interés extractivo y geoestratégico, mientras que militares protegen la infraestructura de las empresas mineroenergéticas extranjeras o nacionales.
A sus anchas los «Disidentes de la FARC» amenazan y atacan las comunidades organizadas, en los últimos días estos mercenarios han asesinado a dos integrantes de las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. Además, de ello, atacaron la infraestructura básica de los saravenenses, atentando dos veces contra la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena. Empresa que surte de con agua y gas a los habitantes de este municipio.
Mientras el territorio se militariza, a escasos 200 metros de garitas de la Policía Nacional se atacó con carro bomba la sede de las organizaciones sociales de Arauca. Hecho reprochable que el gobierno nacional y las fuerzas armadas minimizaron, ubicando las afectaciones en a la infraestructura del Instituto Colombiano de Agropecuario -ICA- y el comercio del municipio, pero omitiendo el ataque y riesgo inminente contra las comunidades, líderes y lideresas y sus organizaciones sociales.
Las alertas, denuncias y pronunciamientos no fueron tenidas en cuenta por las entidades estatales construidas para tal fin, y solo la acción de las mismas comunidades ha resguardado la integridad de estas.
En redes sociales solamente se leen las lamentaciones de un presidente que le interesa proteger su política de saqueo y extracción, el posicionamiento de mercenarios y fuerzas de ataque contra Venezuela y su favorabilidad.
Fuente: Trochando sin fronteras
Tras el inicio de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y las «Disidencias de las FARC – EP» en este departamento, el Estado no ha respondido con su deber garantizar la vida en este territorio.
Duque y su gobernador ex militar respondieron con militarización, 600 nuevos hombres, motos y lanchas llegaron al departamento. Pero, contrario a lo que muchos piensan este aumento en pie de fuerza y capacidades no fue usado para garantizar la vida, sirvió de excusa para el ingreso de las petroleras, precisamente a las zonas de conflicto.
Como copia de otras acciones en el país los «Disidentes de las FARC» atacan a comunidades en zonas de interés extractivo y geoestratégico, mientras que militares protegen la infraestructura de las empresas mineroenergéticas extranjeras o nacionales.
A sus anchas los «Disidentes de la FARC» amenazan y atacan las comunidades organizadas, en los últimos días estos mercenarios han asesinado a dos integrantes de las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. Además, de ello, atacaron la infraestructura básica de los saravenenses, atentando dos veces contra la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena. Empresa que surte de con agua y gas a los habitantes de este municipio.
Mientras el territorio se militariza, a escasos 200 metros de garitas de la Policía Nacional se atacó con carro bomba la sede de las organizaciones sociales de Arauca. Hecho reprochable que el gobierno nacional y las fuerzas armadas minimizaron, ubicando las afectaciones en a la infraestructura del Instituto Colombiano de Agropecuario -ICA- y el comercio del municipio, pero omitiendo el ataque y riesgo inminente contra las comunidades, líderes y lideresas y sus organizaciones sociales.
Las alertas, denuncias y pronunciamientos no fueron tenidas en cuenta por las entidades estatales construidas para tal fin, y solo la acción de las mismas comunidades ha resguardado la integridad de estas.
En redes sociales solamente se leen las lamentaciones de un presidente que le interesa proteger su política de saqueo y extracción, el posicionamiento de mercenarios y fuerzas de ataque contra Venezuela y su favorabilidad.
Fuente: Trochando sin fronteras
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