La Regional
El tema de la desnutrición en el departamento de La Guajira, se convierte en un problema de salud pública, por lo cual se emitió la sentencia T-302 para garantizar a las comunidades vulnerables el derecho a la salud, servicios básicos y alimentación.
Sin embargo, el problema se acrecienta y ha encendido las alertas de las autoridades, por lo cual una comisión de la Corte Constitucional se encuentra en La Guajira haciendo una inspección judicial de cumplimiento dicho fallo judicial.
Según el economista César Arismendi, la actividad comenzó en Riohacha y se extendió a comunidades wayuú, específicamente 5 en Manaure y 4 en Uribia, donde se hace seguimiento judicial del cumplimiento de la Sentencia en el área de derechos como acceso al agua, seguridad alimentaria y nutricional, participación y salud.
Agregó que toda esa inspección termina en dos asentamientos comunitarios de Uribia, conocidos como 3 de Abril y Nueva Venezuela.
“(…) el cumplimiento de la sentencia T-302 en lo sustantivo todavía falta mucho por aquello de que la política pública todavía no se escritura ni se establece un plan de acción ni los indicadores de evaluación y mientras tanto el número de niños menores de cinco años que se han muerto por causas asociadas a la desnutrición sigue creciendo”, sostuvo.
“Desafortunadamente vamos a terminar con unos indicadores por encima de los indicadores que la Corte tuvo en cuenta para declarar el Estado de Cosas Inconstitucionales y que sirvieron de base para que en 2017 se declarara esta situación generalizada de derechos fundamentales en niños y niñas wayuú”, agregó Arismendi.
La comisión se hace acompañar de las 25 instituciones accionadas: 18 nacionales, dos de coordinación territorial y cinco entidades territoriales.
Advirtió que “los niveles de coordinación son los que han fallado, el Estado y los accionados no han tenido esa efectividad a nivel de coordinación institucional para su cumplimiento y por el otro lado, la baja acción y participación del mecanismo de seguimiento de la sentencia (…) las acciones que llevan las instituciones han sido impuntuales y desarticuladas, de bajo impacto y precisamente eso es lo que quiere ver la Corte, para estudiar algún incidente de desacato que están solicitando las comunidades indígenas frente a la asistencia”, apuntó.
Tomado de la Regional
Según el economista César Arismendi, la actividad comenzó en Riohacha y se extendió a comunidades wayuú, específicamente 5 en Manaure y 4 en Uribia, donde se hace seguimiento judicial del cumplimiento de la Sentencia en el área de derechos como acceso al agua, seguridad alimentaria y nutricional, participación y salud.
Agregó que toda esa inspección termina en dos asentamientos comunitarios de Uribia, conocidos como 3 de Abril y Nueva Venezuela.
“(…) el cumplimiento de la sentencia T-302 en lo sustantivo todavía falta mucho por aquello de que la política pública todavía no se escritura ni se establece un plan de acción ni los indicadores de evaluación y mientras tanto el número de niños menores de cinco años que se han muerto por causas asociadas a la desnutrición sigue creciendo”, sostuvo.
“Desafortunadamente vamos a terminar con unos indicadores por encima de los indicadores que la Corte tuvo en cuenta para declarar el Estado de Cosas Inconstitucionales y que sirvieron de base para que en 2017 se declarara esta situación generalizada de derechos fundamentales en niños y niñas wayuú”, agregó Arismendi.
La comisión se hace acompañar de las 25 instituciones accionadas: 18 nacionales, dos de coordinación territorial y cinco entidades territoriales.
Advirtió que “los niveles de coordinación son los que han fallado, el Estado y los accionados no han tenido esa efectividad a nivel de coordinación institucional para su cumplimiento y por el otro lado, la baja acción y participación del mecanismo de seguimiento de la sentencia (…) las acciones que llevan las instituciones han sido impuntuales y desarticuladas, de bajo impacto y precisamente eso es lo que quiere ver la Corte, para estudiar algún incidente de desacato que están solicitando las comunidades indígenas frente a la asistencia”, apuntó.
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