Lo que se está presentando, es una acción que encubre la intención de expulsar a los campesinos de estas regiones bajo la premisa de la supuesta protección de la Amazonia, considerada sujeto de derecho, lo que ha generado que se aplique una sesgada interpretación por parte de jueces de la república, tal cual lo denuncian las organizaciones sociales y campesinas de la región, sin que se establezcan reales y efectivas políticas que protejan la biodiversidad de esta región, y si se despliega una acción dirigida a afectar a hombres y mujeres trabajadores que se encuentran en la zona desde hace muchísimos años.
Las comunidades campesinas de la región de la Macarena en la Orinoquia colombiana, han venido denunciando los atropellos y abusos por parte de la fuerza pública en el marco de la denominada “operación Artemisa”. Los testimonios del campesinado, y la evidencia material audiovisual prueba el uso desmedido de la fuerza contra campesinos e indígenas, la destrucción de viviendas y propiedad, capturas ilegales e irregulares, traslados y presentación de personas ante la justicia sin que medie algún tipo de orden judicial, lo que se constituye en un atropelló a los derechos de las comunidades en esta región, donde el campesinado ha venido insistiendo en una solución dialogada al conflicto socioambiental en zonas consideradas parques nacionales naturales.
Por medio de la ley de delitos ambientales y el proyecto que modifica el código de policía se establece el mecanismo de expulsar a quienes se estigmatizan como ocupantes ilegales, que no son otra cosa que campesinos y campesinas que se encuentran en estas regiones desde hace muchísimos años desarrollando sus proyectos de vida. Las organizaciones campesinas y sociales de la región, han venido señalando que en el congreso de la república se están profundizando iniciativas legislativas como la ley 2111 del 2021, denominada delitos ambientales, que criminaliza al campesinado que se encuentran estas regiones y que dicha ley no es consecuente con lo planteado en el acuerdo final de Paz, donde se ubican herramientas y mecanismos para establecer acuerdos con las personas que habitan en las áreas especiales de interés ambiental.
Lo que se está presentando, es una acción que encubre la intención de expulsar a los campesinos de estas regiones bajo la premisa de la supuesta protección de la Amazonia, considerada sujeto de derecho, lo que ha generado que se aplique una sesgada interpretación por parte de jueces de la república, tal cual lo denuncian las organizaciones sociales y campesinas de la región, sin que se establezcan reales y efectivas políticas que protejan la biodiversidad de esta región, y si se despliega una acción dirigida a afectar a hombres y mujeres trabajadores que se encuentran en la zona desde hace muchísimos años. Las organizaciones que confluyen en la Agenda ambiental campesina étnica y popular del Meta, Caquetá y Guaviare, han venido solicitando la atención inmediata del Congreso de la república para que establezca el control político por medio de la comisión de paz ,y establezca la realidad del campesinado, que ha sido víctima de la deforestación y el control militar, dónde está de por medio la integridad y vida de las comunidades que han sido afectadas por las acciones de una operación de carácter militar contra civiles, con todos los efectos y consecuencias de la misma.
Las comunidades organizadas en la Agenda ambiental solicitan una visita inmediata y urgente de la comisión de paz para determinar los efectos de esta operación denominada Artemisa, y posibilitar que se abran los espacios de diálogo con las vocerías campesinas, para buscar la solución de este conflicto por medio del diálogo, la participación, y el respeto a los derechos humanos. El senador Pablo Catatumbo, denuncio en su cuenta de Twitter que esté operativo militar ha sido una agresión contra las comunidades que participaron en la audiencia ambiental convocada por el senado de la República, y representa una afrenta para la función del control político como para las comunidades. La salida a esta situación y a superar la violencia de organismos del estado contra las comunidades, debe ser el diálogo, el reconocimiento los derechos a las comunidades, y la implementación del acuerdo de paz.
Fuente Agencia Prensa Rural
Por medio de la ley de delitos ambientales y el proyecto que modifica el código de policía se establece el mecanismo de expulsar a quienes se estigmatizan como ocupantes ilegales, que no son otra cosa que campesinos y campesinas que se encuentran en estas regiones desde hace muchísimos años desarrollando sus proyectos de vida. Las organizaciones campesinas y sociales de la región, han venido señalando que en el congreso de la república se están profundizando iniciativas legislativas como la ley 2111 del 2021, denominada delitos ambientales, que criminaliza al campesinado que se encuentran estas regiones y que dicha ley no es consecuente con lo planteado en el acuerdo final de Paz, donde se ubican herramientas y mecanismos para establecer acuerdos con las personas que habitan en las áreas especiales de interés ambiental.
Lo que se está presentando, es una acción que encubre la intención de expulsar a los campesinos de estas regiones bajo la premisa de la supuesta protección de la Amazonia, considerada sujeto de derecho, lo que ha generado que se aplique una sesgada interpretación por parte de jueces de la república, tal cual lo denuncian las organizaciones sociales y campesinas de la región, sin que se establezcan reales y efectivas políticas que protejan la biodiversidad de esta región, y si se despliega una acción dirigida a afectar a hombres y mujeres trabajadores que se encuentran en la zona desde hace muchísimos años. Las organizaciones que confluyen en la Agenda ambiental campesina étnica y popular del Meta, Caquetá y Guaviare, han venido solicitando la atención inmediata del Congreso de la república para que establezca el control político por medio de la comisión de paz ,y establezca la realidad del campesinado, que ha sido víctima de la deforestación y el control militar, dónde está de por medio la integridad y vida de las comunidades que han sido afectadas por las acciones de una operación de carácter militar contra civiles, con todos los efectos y consecuencias de la misma.
Las comunidades organizadas en la Agenda ambiental solicitan una visita inmediata y urgente de la comisión de paz para determinar los efectos de esta operación denominada Artemisa, y posibilitar que se abran los espacios de diálogo con las vocerías campesinas, para buscar la solución de este conflicto por medio del diálogo, la participación, y el respeto a los derechos humanos. El senador Pablo Catatumbo, denuncio en su cuenta de Twitter que esté operativo militar ha sido una agresión contra las comunidades que participaron en la audiencia ambiental convocada por el senado de la República, y representa una afrenta para la función del control político como para las comunidades. La salida a esta situación y a superar la violencia de organismos del estado contra las comunidades, debe ser el diálogo, el reconocimiento los derechos a las comunidades, y la implementación del acuerdo de paz.
Fuente Agencia Prensa Rural
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