De igual manera, se planteó, cual debería ser el papel de los sindicatos, propuestas de plan de acción, para adelantar desde la particularidad de los trabajadores estatales y del movimiento sindical, las tareas en oposición y resistencia contra el modelo económico neoliberal y el régimen político autoritario presidencial neofascista, sincronizadas con la dinámica movilizadora del “Comité Nacional de Paro”. Las advertencias frente a los hechos consumados otorgan la razón. Como el preámbulo de lo que podrán ser las elecciones de 2022, el bloque de poder de clases dominantes, representado por las mayorías de derecha en el Congreso y violando todas las normas de participación de la bancada política alternativa, por la llamada vía exprés y a “pupitrazo” limpio, aprobó con el farsandulero nombre “DE INVERSIÓN SOCIAL”, la ley 2155 de 14 de septiembre de 2021, que es la nueva reforma tributaria. En el artículo 19 de dicha ley, queda sentenciada la nueva realidad de los servidores públicos de Colombia, a través de un próximo decreto reglamentario de austeridad y racionalización de gastos de funcionamiento para un periodo de 10 años:
"ARTÍCULO 19°. PLAN DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO.
En desarrollo del mandato del artículo 209 de la Constitución Política y con el compromiso de reducir el Gasto Público, en el marco de una política de austeridad, eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, durante los siguientes 10 años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional anualmente reglamentará mediante decreto un Plan de Austeridad del gasto para cada vigencia fiscal aplicable a los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Mediante este Plan de Austeridad se buscará obtener para el periodo 2022-2032 gradualmente un ahorro promedio anual de $1.9 billones de pesos a precios de 2022, mediante la limitación en el crecimiento anual del gasto por adquisición de bienes y servicios, la reducción de gastos destinados a viáticos, gastos de viaje, papelería, gastos de impresión, publicidad, adquisición de vehículos y combustibles que se utilicen en actividades de apoyo administrativo, la reducción en la adquisición y renovación de teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos, la reducción de gastos de arrendamiento de instalaciones físicas, y, en general, la racionalización de los gastos de funcionamiento. Para el logro de este Plan de Austeridad el Gobierno nacional también propondrá al Congreso de la República una reducción en un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5%) anual, durante los próximos cinco (5) años, de las transferencias incorporadas en el Presupuesto General de la Nación.”
Por lo tanto: Como política de marchitamiento, hacia su desmonte, el modelo de simulación de negociaciones colectivas en el sector público se impondrá, similar a la recientemente finalizada del ámbito general, en la cual se firmó el Acuerdo Nacional Estatal “ANE 2021”, que además del sistemático incumplimiento acumulado en los cuatro acuerdos nacionales anteriores, lo que evidencia es un elevado porcentaje de desacuerdos, considerados por el gobierno como acuerdos.
El Decreto de progresividad para garantizar la continuidad de los acuerdos colectivos firmados en años anteriores, lleva dos años demorado, pretendiendo imponer unilateral y autoritariamente el elemento de regresividad hacia el desmonte de lo pactado y ahora con la nueva reforma tributaria, negar su aplicación.
Las actuales negociaciones del ámbito particular en entidades del orden nacional como territorial, son objeto del mismo tratamiento y se están desviando a los temas del interés patronal, conduciendo a los trabajadores al debate y firma de proyectos, o reformas, o planes de modernización y ajustes de plantas de personal, que significarán la reducción de plantas, supresión de cargos de carrera, eliminación de dependencias, liquidación y privatización de entidades, aumento de la contratación por servicios prestados, con la total deslaboralización y tercerización de las funciones y servicios públicos estatales.
En consecuencia:
Se equivocan en las negociaciones colectivas del ámbito general y particular, los dirigentes sindicales que optan por creer en la buena fe de los negociadores del Patrón Estado, cayendo en la rogativa y el agradecimiento a los negociadores patronales del orden institucional y territorial, que simplemente están allí para cumplir los protocolos legales y negar las peticiones.
La realidad en las distintas mesas de negociación colectiva, antes que jurídica es política. La falta de voluntad del empleador, simplemente manifiesta la existencia de una directriz que apunta a debilitar tales espacios bipartitos y paritarios, que, como expresión de democracia participativa, son la manifestación real y efectiva del derecho de asociación sindical.
La alternativa es confrontar, oponer y resistir el modelo y el régimen, mediante la movilización unitaria y masiva, como el único camino para defender el salario, el empleo público, el Estado de Social y democrático de Derecho, la paz con justicia social.
Desde la particularidad de cada entidad y la coexistencia de numerosos sindicatos de base, hay que lograr coordinación entre los sectores clasistas, realizando asambleas virtuales, semipresenciales, con usuarios y ciudadanos que acceden a la atención, preparando distintas acciones escalonadas hacia un PARO NACIONAL ESTATAL, frente a la inminente masacre laboral estatal por la vía de reforma administrativa, congelamiento salarial por 10 años, levantamiento de la ley de garantías y aumento de las nóminas paralelas. El 28 de septiembre, es una nueva fecha para elevar la capacidad de movilización, organización y lucha de los trabajadores estatales.
Comité Ejecutivo Nacional de FENALTRASE
Williams Reyes Morales
Presidente Nacional
Hernán Sierra
Secretario General
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