Por: Heidy Sánchez
La alcaldesa Claudia López no deja de sorprender con las mentiras y contradicciones con las que gobierna. En diciembre de 2021, mientras la mayoría de la ciudadanía se concentraba en las festividades, expidió el POT por decreto, a pesar de que en 2019 le solicitó al exalcalde Enrique Peñalosa que no lo aprobara de esta forma pues lo consideraba un irrespeto a la ciudadanía. Del mismo modo, pese a que en campaña decía que la extensión del pico y placa no era una solución a los problemas de movilidad de Bogotá, notificó que el pico y placa se extendería durante todo el día; esto, sin tener en cuenta que los automóviles son el medio de trabajo para muchas personas en la ciudad.
Como si fuera poco, anunció que el pasaje del sistema de transporte público masivo incrementaría en $150, quedando Transmilenio en $2.650 y los buses zonales del SITP en $2.450. Otra de las medidas de la administración de lasupuesta «Bogotá Cuidadora», la cual entró en vigor este 11 de enero, afectando a la clase trabajadora, que es la que mayoritariamente se moviliza en el transporte público.
Con respecto a esto, hay que señalar que para el Presupuesto Distrital 2022 que había presentado la administración ante el Concejo de Bogotá a finales del año pasado, que correspondía a $28.5 billones, Movilidad se llevaba la mayor parte de los recursos con $8.6 billones, equivaliendo al 35% del presupuesto total. Rubro destinado para proyectos tales como: Segunda Línea del Metro ($1.6 billones –cofinanciación), el Corredor Verde de la Cra. 7ma (2022: finalizar estudios y diseños), cables de Ciudad Bolívar y Monserrate (estudios y diseños) y Usaquén y San Cristóbal (adquisición predial), Troncal Calle 13 (cofinanciación) y 20 kmlineales de ciclorrutas, 204.39 km malla vial local, 15 mil m² de espacio público y 4.27 km malla vial rural.
Dentro de este sector, Transmilenio es el que tiene mayor presupuesto con $6.4 billones (funcionamiento e inversión), de los cuales el Distrito aporta $3.1 billones. De estas transferencias distritales, el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) se lleva $1.8 billones. Es decir, de nuevo una de las prioridades presupuestales para el 2022 es subsidiar el negocio de las familias dueñas del transporte público masivo en Bogotá, pues el déficit del Sistema Integral de Transporte Público en gran parte es producto de la alta rentabilidad que reciben estos operadores privados, que junto a los bancos fueron los únicos que no perdieron en la crisis generada por la pandemia.
Sobre este tema, desde campaña Claudia López y más recientemente en el mal llamado proyecto de “rescate social”, la administración se comprometió a trabajar en la revisión de los contratos para que resulten favorables para el Distrito y no solamente para los operadores privados. Sin embargo, cuando le preguntamos a la Alcaldía en qué va esto, más allá de enlistar en la respuesta una serie de reuniones que supuestamente ha realizado, todavía no es clara cuál es la estrategia para concretar tal revisión de los contratos.
Más allá de esto, llama la atención que el rubro asignado al FET, dentro de la propuesta de Presupuesto 2022, haya sido de solo $1.8 billones, pues los estudios de Transmilenio evidenciaron que el déficit para 2022 sería de $2.5 billones. De esta forma, es claro que para la administración el faltante debía completarse con un aumento en el pasaje, como queda evidenciado con el incremento de $150 que ya empezó a regir. De hecho, en las proyecciones que hace Transmilenio, bajo un escenario ideal con la entrada en funcionamiento de las troncales de la 68, Cali y 7ma, la Primera Línea del Metro, el Regiotram, entre otras variables, se calcula que el SITP necesitará de 2021 a 2031 alrededor de $20.8 billones de pesos vía FET. Lo anterior, si además desde el 2022 se garantiza un aumento anual de por lo menos $100 al pasaje para todos los usuarios. Es decir, por ambos lados pierde el usuario: 1. Le toca pagar un pasaje más caro; y 2. Buena parte de sus impuestos se destinan a cubrir este déficit.
Mientras tanto, familias como las de los Martínez, los Losada, los Hernández, los Rodríguez, los Gómez, los Cubides, los Wolff o los Baquero, que hacen parte delos dueños del transporte público masivo en Bogotá, continúan ganando. Qué mala suerte vivir en Bogotá y no pertenecer a una de estas familias privilegiadas, porque esos son los intereses de clase para los que gobierna la actual Alcaldía. Mientras tanto, los trabajadores seguirán pagando anualmente un pasaje cada vez más caro a cambio de un pésimo servicio.
Fuente: Cuarto de Hora
Con respecto a esto, hay que señalar que para el Presupuesto Distrital 2022 que había presentado la administración ante el Concejo de Bogotá a finales del año pasado, que correspondía a $28.5 billones, Movilidad se llevaba la mayor parte de los recursos con $8.6 billones, equivaliendo al 35% del presupuesto total. Rubro destinado para proyectos tales como: Segunda Línea del Metro ($1.6 billones –cofinanciación), el Corredor Verde de la Cra. 7ma (2022: finalizar estudios y diseños), cables de Ciudad Bolívar y Monserrate (estudios y diseños) y Usaquén y San Cristóbal (adquisición predial), Troncal Calle 13 (cofinanciación) y 20 kmlineales de ciclorrutas, 204.39 km malla vial local, 15 mil m² de espacio público y 4.27 km malla vial rural.
Dentro de este sector, Transmilenio es el que tiene mayor presupuesto con $6.4 billones (funcionamiento e inversión), de los cuales el Distrito aporta $3.1 billones. De estas transferencias distritales, el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) se lleva $1.8 billones. Es decir, de nuevo una de las prioridades presupuestales para el 2022 es subsidiar el negocio de las familias dueñas del transporte público masivo en Bogotá, pues el déficit del Sistema Integral de Transporte Público en gran parte es producto de la alta rentabilidad que reciben estos operadores privados, que junto a los bancos fueron los únicos que no perdieron en la crisis generada por la pandemia.
Sobre este tema, desde campaña Claudia López y más recientemente en el mal llamado proyecto de “rescate social”, la administración se comprometió a trabajar en la revisión de los contratos para que resulten favorables para el Distrito y no solamente para los operadores privados. Sin embargo, cuando le preguntamos a la Alcaldía en qué va esto, más allá de enlistar en la respuesta una serie de reuniones que supuestamente ha realizado, todavía no es clara cuál es la estrategia para concretar tal revisión de los contratos.
Más allá de esto, llama la atención que el rubro asignado al FET, dentro de la propuesta de Presupuesto 2022, haya sido de solo $1.8 billones, pues los estudios de Transmilenio evidenciaron que el déficit para 2022 sería de $2.5 billones. De esta forma, es claro que para la administración el faltante debía completarse con un aumento en el pasaje, como queda evidenciado con el incremento de $150 que ya empezó a regir. De hecho, en las proyecciones que hace Transmilenio, bajo un escenario ideal con la entrada en funcionamiento de las troncales de la 68, Cali y 7ma, la Primera Línea del Metro, el Regiotram, entre otras variables, se calcula que el SITP necesitará de 2021 a 2031 alrededor de $20.8 billones de pesos vía FET. Lo anterior, si además desde el 2022 se garantiza un aumento anual de por lo menos $100 al pasaje para todos los usuarios. Es decir, por ambos lados pierde el usuario: 1. Le toca pagar un pasaje más caro; y 2. Buena parte de sus impuestos se destinan a cubrir este déficit.
Mientras tanto, familias como las de los Martínez, los Losada, los Hernández, los Rodríguez, los Gómez, los Cubides, los Wolff o los Baquero, que hacen parte delos dueños del transporte público masivo en Bogotá, continúan ganando. Qué mala suerte vivir en Bogotá y no pertenecer a una de estas familias privilegiadas, porque esos son los intereses de clase para los que gobierna la actual Alcaldía. Mientras tanto, los trabajadores seguirán pagando anualmente un pasaje cada vez más caro a cambio de un pésimo servicio.
Fuente: Cuarto de Hora
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