Bogotá.- La Jurisdicción Especial para la Paz, pactada en el contexto del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP (2016), cumple este 2022 cinco años en función de cerrar el ciclo de violencia en Colombia.
Por Odalys Troya Flores Corresponsal de Prensa Latina en Colombia
En entrevista con Prensa Latina, su actual presidente, el abogado Eduardo Cifuentes, destacó el papel de ese componente de la paz en Colombia que podría convertirse en referente mundial.
Prensa Latina (PL): En el quinto aniversario del Acuerdo de Paz, el secretario general la ONU, António Guterres, expresó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas merecen admiración y solidaridad porque las tres entidades son indispensables para que haya justicia, verdad, reparación y no repetición en Colombia. ¿A qué se debe ese criterio?
Eduardo Cifuentes: La característica esencial del Acuerdo de Paz fue la de un pacto sin impunidad y por eso se creó un órgano de la justicia distinto de los anteriores en Colombia, que es la JEP, para investigar, juzgar y sancionar los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Es una justicia especial, transicional, restaurativa, y al mismo tiempo que ofrece justicia, genera posibilidades y oportunidades de encuentros entre los responsables de las atrocidades y sus víctimas.
Este camino comenzó a recorrerse y esto da esperanzas al país, de que al final logremos nuestro cometido: paz sin impunidad.
PL: La JEP, en sus casi cinco años de creada, abrió casos como Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, los llamados falsos positivos. ¿Cuánto avanzó este proceso?
Eduardo Cifuentes: Avanza de manera sustantiva. Se trata de perseguir, investigar y sancionar a los máximos responsables de asesinatos y desapariciones de personas inocentes presentados como bajas en combate, y en una primera revisión de datos, pruebas y evidencias por parte de la JEP, indica que se trató de seis mil 402 víctimas en principio.
Este macrocaso se guía por una visión estratégica y se está comenzando a examinar varias guarniciones y unidades militares donde produjeron masivamente estas violaciones de los derechos humanos y perpetraron estos gravísimos delitos.
Durante este año continúa la investigación y en el próximo vamos a concluirla. Los datos arrojados son espeluznantes. Esto es una tragedia humanitaria de dimensiones históricas, de la perspectiva del mal absoluto.
Las primeras audiencias en las cuales los militares, inclusive de alto rango como un general, reconocieron frente a las víctimas que ellos perpetraron esos crímenes, marcaron un momento de la vida de la JEP y en la concienciación por los colombianos de lo que fue este conflicto armado interno.
Así vamos a seguir con las diferentes guarniciones militares hasta poder determinar cómo estas acciones fueron sistemáticas y arrojaron ese saldo tan trágico de víctimas. Esta es la profundización de una de las atrocidades mayores que hemos podido experimentar en Colombia.
PL: El caso 06 confirma la certeza de las denuncias sobre el exterminio de miembros de la Unión Patriótica por autoridades estatales. ¿Cuándo usted cree que concluya la investigación?
Eduardo Cifuentes: En el siglo pasado se adelantó un proceso de paz, en el marco del cual se creó un partido político legítimo, la Unión Patriótica, y sus miembros fueron sistemáticamente eliminados.
Ese es un macrocaso de enorme trascendencia que igualmente se acomete por parte de la JEP. Más de cinco mil asesinatos, persecuciones y otros delitos se fraguaron contra los miembros de la Unión Patriótica.
Una experiencia de democracia fue objeto de hostilidad por diferentes fuerzas y alianzas dentro del Estado y la sociedad colombiana. Avanzamos igualmente en ese caso y vamos a llamar a muchas personas a sesiones para contrastar la verdad y también perseguir a los máximos responsables.
PL: El asesinato de más de 320 exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en proceso de reincorporación, refleja un escenario semejante al sufrido por la Unión Patriótica.
Eduardo Cifuentes: Lamentablemente estamos implementando el Acuerdo de Paz, firmado en La Habana, en un contexto en el cual también siguen vigentes diversos factores de violencia, sobre todo en territorios en los cuales la presencia del Estado es muy débil.
La JEP, la Unidad de Búsqueda, la Comisión de la Verdad, en un principio solicitamos a la Corte Constitucional de Colombia que declarara una figura especial muy propia de nuestra justicia y es la de un Estado de Cosas Inconstitucional, o sea, identificar una realidad que ella misma vulnera, la Constitución política y el Acuerdo de Paz.
Este Acuerdo de Paz es un pacto en virtud del cual se convoca a los perpetradores de estos graves delitos cometidos en el conflicto a que expongan la verdad exhaustiva frente a las víctimas, también para que ellas revelen daños directa o indirectamente ocasionados por los actores armados. Eso supone un espacio de diálogo, de verdad.
Si las personas que revelan los hechos, como son los excombatientes de las extintas FARC-EP, o militares, o terceros y víctimas que lo hacen, son amenazadas, perseguidas o asesinadas, pues obviamente el proceso que se lleva a cabo por parte de la JEP se torna frágil.
O sea, no podemos convocar a personas que van a revelar lo que hicieron para que al día siguiente sean asesinadas, por eso la Corte declaró el Estado de Cosas Inconstitucional e impartió órdenes de fondo a las autoridades colombianas, para impulsar un proceso de seguridad respecto a los excombatientes.
Igualmente, para avanzar en las investigaciones de quiénes están detrás de estos asesinatos, desapariciones y desplazamientos.
Esperamos que esto cese, el nuevo gobierno asuma un verdadero control territorial y el Estado social de derecho llegue a esas regiones distantes de la capital de Colombia, pero que corresponde a más de la mitad del territorio nacional.
PL: El caso 01 es otro de las grandes investigaciones de la Justicia Transicional.
Eduardo Cifuentes: En este macrocaso se determinaron más de 21 mil secuestros por parte de las FARC-EP, como una política de financiación de la guerra interna en Colombia, una forma de sometimiento de población, territorial y política para intercambio de presos, y se presentaron en ese contexto innumerables crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Se cuenta ya con el reconocimiento por quienes fueron imputados, en este caso miembros del exsecretariado de la cúpula de las FARC-EP.
En las próximas semanas habrá una audiencia pública en la cual ellos van a estar frente a las víctimas y van a ratificar -eso esperamos- lo que en efecto ocurrió y, si ellos asumen plena responsabilidad, seguramente se seguirá adelante con lo que se conoce como Procedimiento Especial Restaurativo, en cuyo caso se podrá imponer una sanción propia.
Es una audiencia muy importante, también una muestra de cómo avanza la justicia en esta Jurisdicción y cómo esta innovación, que representa la JEP, se convierte en referente de la justicia en el mundo, en lo relacionado con crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
O sea, una Jurisdicción que decreta pruebas, recibe toda la información del pasado, todo cuanto se investigó por parte de la justicia ordinaria, las versiones de los actores armados y de las víctimas.
Después de esa contrastación, con una evidencia masiva de elementos probatorios, se llama a estos excombatientes para determinar si reconocen o no sus responsabilidades, si asumen la plena verdad de su actuación frente a las víctimas.
Si reconocen la verdad, entran en una ruta restaurativa de mucha importancia que también, naturalmente, se les impone una sanción, pero distinta de la pena carcelaria como tal.
En un tiempo de cinco a ocho años tendrán que trabajar, realizar obras para las víctimas en el contexto de planes, programas y de actividades que el Estado tiene que desarrollar justamente en esos territorios y en favor de las poblaciones más vulnerables donde se focalizó parte de la violencia en el conflicto.
Un dolor de 60 años, de 40 años, de 30 años, soportar la desaparición de un familiar durante tanto tiempo, muestra una pena inenarrable y nada puede ofrecerse para intercambiar un dolor por otro.
Pero realmente, cuando los autores de estos graves delitos confiesan frente a las víctimas lo que hicieron, por lo menos se mitiga ese dolor infinito y esto está ocurriendo en Colombia; esa es la noticia en relación con otros países que atravesaron por estos conflictos.
Para ponerle fin a estos ciclos de repetición de la violencia tenemos que acudir a una justicia como la de la JEP, o por lo menos creo que en Colombia se acude con éxito a un procedimiento más dialógico, más humano, donde no se renuncia a la verdad.
La verdad se aporta contextualmente por parte de la Jurisdicción, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de la evidencia histórica. Por primera vez nos están entregando en muchos informes lo que en efecto ocurrió y no se conocía en Colombia.
Frente a esto tenemos que entender nuestra historia, nuestra realidad, nuestro dolor e igualmente imponer sanciones, pero de reintegración social, a los responsables que tienen, al menos, el valor de reconocer lo hecho, de aportar a la verdad, y de colocar los próximos años de su existencia en una ruta de trabajo y de actividad reparadora.
Eso puede ser censurable desde otras perspectivas, pero nos parece que es razonablemente una salida importante a un conflicto de 60 años.
Estamos probando que esto es posible; no podemos garantizar que estos éxitos cosechados en la primera etapa necesariamente van a continuar hasta el final, pero creemos que hay bases suficientes para pensar que este experimento de justicia es sostenible y rinde un fruto en términos de verdad, justicia y reparación.
En los próximos años el país y el mundo van a asistir a un acto trascendental y es ver a todos los perpetradores trabajar para las víctimas.
PL: ¿Qué nuevos posibles casos abriría la JEP?
Eduardo Cifuentes: La JEP abrió siete macrocasos, también esta es otra innovación en materia de justicia. Normalmente la justicia penal trabaja caso por caso.
En cambio en la JEP -una Jurisdicción temporal de 20 años-, lleva cuatro años y medio, y tenemos que avanzar con prioridades y con selección porque se trata de más de 400 mil hechos victimizantes en seis décadas de conflicto.
Los comparecientes son exguerrilleros, militares y terceros, de modo que nuestra unidad de trabajo los denomina macrocasos (…) y en uno solo de ellos podemos tener entre 10 mil, 100 mil o 200 mil víctimas. Es decir, gestionar un macrocaso en términos dialógicos es todo un desafío muy grande.
Estos siete están muy avanzados, ya están presentados muchos autos de imputaciones, también de aceptación de las mismas, como se vio en los casos de Falsos-Positivos, en el secuestro de FARC y en otros, y van a multiplicarse las audiencias de reconocimiento.
La Sala de Reconocimiento, competente dentro de la Jurisdicción, se aproxima a abrir tres nuevos macrocasos (…). En el caso de las FARC (…) vamos a tratar como línea de investigación control social y territorial, estructuras urbanas, medios y métodos ilícitos.
En el caso de la Fuerza Pública, relación Fuerza Pública con militarismo y terceros.
Y un tercero muy grande que tiene una base étnica, son grandes crímenes cometidos contra pueblos étnicos.
Violencia sexual, desplazamiento, torturas, alianzas militares-paramilitares, omisión de la fuerza pública, son temas de enorme trascendencia para cumplir con la misión de la JEP, que es ofrecer una verdad desde la perspectiva judicial, brindar reparación y no repetición.
PL: La Paz completa sigue siendo un asunto pendiente en Colombia.
Eduardo Cifuentes: La paz completa no es solamente lo que merece Colombia, sino lo que los colombianos tenemos derecho a vivir; si no vivimos en paz, no podemos ni ejercer derechos ni cumplir los deberes. Una condición esencial para la posibilidad de una democracia y de una vida que no sea grosera, brutal, cruel e inútil, es la paz.
La paz es una tarea que debe completarse, un proceso permanente; el Acuerdo firmado en La Habana me parece que es no solamente histórico para Colombia, ha sido exitoso pero hay que seguirlo cumpliendo y profundizando.
Fui magistrado de la Corte Constitucional a raíz de la Constitución de 1991 (…) y sumo algebraicamente: Constitución de 1991 más Acuerdo de Paz es humanidad en Colombia.
PL: Cuba y Noruega, países garantes de los diálogos entre el Estado colombiano, representado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, manifestaron con sus acciones el compromiso con la paz.
Eduardo Cifuentes: Frente a Cuba y Noruega, por su trabajo en materia de paz, agradecimiento perpetuo.
Por Odalys Troya Flores Corresponsal de Prensa Latina en Colombia
En entrevista con Prensa Latina, su actual presidente, el abogado Eduardo Cifuentes, destacó el papel de ese componente de la paz en Colombia que podría convertirse en referente mundial.
Prensa Latina (PL): En el quinto aniversario del Acuerdo de Paz, el secretario general la ONU, António Guterres, expresó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas merecen admiración y solidaridad porque las tres entidades son indispensables para que haya justicia, verdad, reparación y no repetición en Colombia. ¿A qué se debe ese criterio?
Eduardo Cifuentes: La característica esencial del Acuerdo de Paz fue la de un pacto sin impunidad y por eso se creó un órgano de la justicia distinto de los anteriores en Colombia, que es la JEP, para investigar, juzgar y sancionar los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Es una justicia especial, transicional, restaurativa, y al mismo tiempo que ofrece justicia, genera posibilidades y oportunidades de encuentros entre los responsables de las atrocidades y sus víctimas.
Este camino comenzó a recorrerse y esto da esperanzas al país, de que al final logremos nuestro cometido: paz sin impunidad.
PL: La JEP, en sus casi cinco años de creada, abrió casos como Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, los llamados falsos positivos. ¿Cuánto avanzó este proceso?
Eduardo Cifuentes: Avanza de manera sustantiva. Se trata de perseguir, investigar y sancionar a los máximos responsables de asesinatos y desapariciones de personas inocentes presentados como bajas en combate, y en una primera revisión de datos, pruebas y evidencias por parte de la JEP, indica que se trató de seis mil 402 víctimas en principio.
Este macrocaso se guía por una visión estratégica y se está comenzando a examinar varias guarniciones y unidades militares donde produjeron masivamente estas violaciones de los derechos humanos y perpetraron estos gravísimos delitos.
Durante este año continúa la investigación y en el próximo vamos a concluirla. Los datos arrojados son espeluznantes. Esto es una tragedia humanitaria de dimensiones históricas, de la perspectiva del mal absoluto.
Las primeras audiencias en las cuales los militares, inclusive de alto rango como un general, reconocieron frente a las víctimas que ellos perpetraron esos crímenes, marcaron un momento de la vida de la JEP y en la concienciación por los colombianos de lo que fue este conflicto armado interno.
Así vamos a seguir con las diferentes guarniciones militares hasta poder determinar cómo estas acciones fueron sistemáticas y arrojaron ese saldo tan trágico de víctimas. Esta es la profundización de una de las atrocidades mayores que hemos podido experimentar en Colombia.
PL: El caso 06 confirma la certeza de las denuncias sobre el exterminio de miembros de la Unión Patriótica por autoridades estatales. ¿Cuándo usted cree que concluya la investigación?
Eduardo Cifuentes: En el siglo pasado se adelantó un proceso de paz, en el marco del cual se creó un partido político legítimo, la Unión Patriótica, y sus miembros fueron sistemáticamente eliminados.
Ese es un macrocaso de enorme trascendencia que igualmente se acomete por parte de la JEP. Más de cinco mil asesinatos, persecuciones y otros delitos se fraguaron contra los miembros de la Unión Patriótica.
Una experiencia de democracia fue objeto de hostilidad por diferentes fuerzas y alianzas dentro del Estado y la sociedad colombiana. Avanzamos igualmente en ese caso y vamos a llamar a muchas personas a sesiones para contrastar la verdad y también perseguir a los máximos responsables.
PL: El asesinato de más de 320 exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en proceso de reincorporación, refleja un escenario semejante al sufrido por la Unión Patriótica.
Eduardo Cifuentes: Lamentablemente estamos implementando el Acuerdo de Paz, firmado en La Habana, en un contexto en el cual también siguen vigentes diversos factores de violencia, sobre todo en territorios en los cuales la presencia del Estado es muy débil.
La JEP, la Unidad de Búsqueda, la Comisión de la Verdad, en un principio solicitamos a la Corte Constitucional de Colombia que declarara una figura especial muy propia de nuestra justicia y es la de un Estado de Cosas Inconstitucional, o sea, identificar una realidad que ella misma vulnera, la Constitución política y el Acuerdo de Paz.
Este Acuerdo de Paz es un pacto en virtud del cual se convoca a los perpetradores de estos graves delitos cometidos en el conflicto a que expongan la verdad exhaustiva frente a las víctimas, también para que ellas revelen daños directa o indirectamente ocasionados por los actores armados. Eso supone un espacio de diálogo, de verdad.
Si las personas que revelan los hechos, como son los excombatientes de las extintas FARC-EP, o militares, o terceros y víctimas que lo hacen, son amenazadas, perseguidas o asesinadas, pues obviamente el proceso que se lleva a cabo por parte de la JEP se torna frágil.
O sea, no podemos convocar a personas que van a revelar lo que hicieron para que al día siguiente sean asesinadas, por eso la Corte declaró el Estado de Cosas Inconstitucional e impartió órdenes de fondo a las autoridades colombianas, para impulsar un proceso de seguridad respecto a los excombatientes.
Igualmente, para avanzar en las investigaciones de quiénes están detrás de estos asesinatos, desapariciones y desplazamientos.
Esperamos que esto cese, el nuevo gobierno asuma un verdadero control territorial y el Estado social de derecho llegue a esas regiones distantes de la capital de Colombia, pero que corresponde a más de la mitad del territorio nacional.
PL: El caso 01 es otro de las grandes investigaciones de la Justicia Transicional.
Eduardo Cifuentes: En este macrocaso se determinaron más de 21 mil secuestros por parte de las FARC-EP, como una política de financiación de la guerra interna en Colombia, una forma de sometimiento de población, territorial y política para intercambio de presos, y se presentaron en ese contexto innumerables crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Se cuenta ya con el reconocimiento por quienes fueron imputados, en este caso miembros del exsecretariado de la cúpula de las FARC-EP.
En las próximas semanas habrá una audiencia pública en la cual ellos van a estar frente a las víctimas y van a ratificar -eso esperamos- lo que en efecto ocurrió y, si ellos asumen plena responsabilidad, seguramente se seguirá adelante con lo que se conoce como Procedimiento Especial Restaurativo, en cuyo caso se podrá imponer una sanción propia.
Es una audiencia muy importante, también una muestra de cómo avanza la justicia en esta Jurisdicción y cómo esta innovación, que representa la JEP, se convierte en referente de la justicia en el mundo, en lo relacionado con crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
O sea, una Jurisdicción que decreta pruebas, recibe toda la información del pasado, todo cuanto se investigó por parte de la justicia ordinaria, las versiones de los actores armados y de las víctimas.
Después de esa contrastación, con una evidencia masiva de elementos probatorios, se llama a estos excombatientes para determinar si reconocen o no sus responsabilidades, si asumen la plena verdad de su actuación frente a las víctimas.
Si reconocen la verdad, entran en una ruta restaurativa de mucha importancia que también, naturalmente, se les impone una sanción, pero distinta de la pena carcelaria como tal.
En un tiempo de cinco a ocho años tendrán que trabajar, realizar obras para las víctimas en el contexto de planes, programas y de actividades que el Estado tiene que desarrollar justamente en esos territorios y en favor de las poblaciones más vulnerables donde se focalizó parte de la violencia en el conflicto.
Un dolor de 60 años, de 40 años, de 30 años, soportar la desaparición de un familiar durante tanto tiempo, muestra una pena inenarrable y nada puede ofrecerse para intercambiar un dolor por otro.
Pero realmente, cuando los autores de estos graves delitos confiesan frente a las víctimas lo que hicieron, por lo menos se mitiga ese dolor infinito y esto está ocurriendo en Colombia; esa es la noticia en relación con otros países que atravesaron por estos conflictos.
Para ponerle fin a estos ciclos de repetición de la violencia tenemos que acudir a una justicia como la de la JEP, o por lo menos creo que en Colombia se acude con éxito a un procedimiento más dialógico, más humano, donde no se renuncia a la verdad.
La verdad se aporta contextualmente por parte de la Jurisdicción, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de la evidencia histórica. Por primera vez nos están entregando en muchos informes lo que en efecto ocurrió y no se conocía en Colombia.
Frente a esto tenemos que entender nuestra historia, nuestra realidad, nuestro dolor e igualmente imponer sanciones, pero de reintegración social, a los responsables que tienen, al menos, el valor de reconocer lo hecho, de aportar a la verdad, y de colocar los próximos años de su existencia en una ruta de trabajo y de actividad reparadora.
Eso puede ser censurable desde otras perspectivas, pero nos parece que es razonablemente una salida importante a un conflicto de 60 años.
Estamos probando que esto es posible; no podemos garantizar que estos éxitos cosechados en la primera etapa necesariamente van a continuar hasta el final, pero creemos que hay bases suficientes para pensar que este experimento de justicia es sostenible y rinde un fruto en términos de verdad, justicia y reparación.
En los próximos años el país y el mundo van a asistir a un acto trascendental y es ver a todos los perpetradores trabajar para las víctimas.
PL: ¿Qué nuevos posibles casos abriría la JEP?
Eduardo Cifuentes: La JEP abrió siete macrocasos, también esta es otra innovación en materia de justicia. Normalmente la justicia penal trabaja caso por caso.
En cambio en la JEP -una Jurisdicción temporal de 20 años-, lleva cuatro años y medio, y tenemos que avanzar con prioridades y con selección porque se trata de más de 400 mil hechos victimizantes en seis décadas de conflicto.
Los comparecientes son exguerrilleros, militares y terceros, de modo que nuestra unidad de trabajo los denomina macrocasos (…) y en uno solo de ellos podemos tener entre 10 mil, 100 mil o 200 mil víctimas. Es decir, gestionar un macrocaso en términos dialógicos es todo un desafío muy grande.
Estos siete están muy avanzados, ya están presentados muchos autos de imputaciones, también de aceptación de las mismas, como se vio en los casos de Falsos-Positivos, en el secuestro de FARC y en otros, y van a multiplicarse las audiencias de reconocimiento.
La Sala de Reconocimiento, competente dentro de la Jurisdicción, se aproxima a abrir tres nuevos macrocasos (…). En el caso de las FARC (…) vamos a tratar como línea de investigación control social y territorial, estructuras urbanas, medios y métodos ilícitos.
En el caso de la Fuerza Pública, relación Fuerza Pública con militarismo y terceros.
Y un tercero muy grande que tiene una base étnica, son grandes crímenes cometidos contra pueblos étnicos.
Violencia sexual, desplazamiento, torturas, alianzas militares-paramilitares, omisión de la fuerza pública, son temas de enorme trascendencia para cumplir con la misión de la JEP, que es ofrecer una verdad desde la perspectiva judicial, brindar reparación y no repetición.
PL: La Paz completa sigue siendo un asunto pendiente en Colombia.
Eduardo Cifuentes: La paz completa no es solamente lo que merece Colombia, sino lo que los colombianos tenemos derecho a vivir; si no vivimos en paz, no podemos ni ejercer derechos ni cumplir los deberes. Una condición esencial para la posibilidad de una democracia y de una vida que no sea grosera, brutal, cruel e inútil, es la paz.
La paz es una tarea que debe completarse, un proceso permanente; el Acuerdo firmado en La Habana me parece que es no solamente histórico para Colombia, ha sido exitoso pero hay que seguirlo cumpliendo y profundizando.
Fui magistrado de la Corte Constitucional a raíz de la Constitución de 1991 (…) y sumo algebraicamente: Constitución de 1991 más Acuerdo de Paz es humanidad en Colombia.
PL: Cuba y Noruega, países garantes de los diálogos entre el Estado colombiano, representado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, manifestaron con sus acciones el compromiso con la paz.
Eduardo Cifuentes: Frente a Cuba y Noruega, por su trabajo en materia de paz, agradecimiento perpetuo.
Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la JEP. Foto: El País
Fuente: Prensa Latina
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