Cada vez que nos enfrentamos a un proceso electoral se promueve la idea de que la izquierda pondrá en riesgo la democracia, arrasará la Constitución y actuará por fuera de la ley, lo que nos obliga a preguntarnos por la seguridad jurídica: ¿Hay evidencia de que alguno de los grupos en contienda electoral vaya en contra de la Constitución y las leyes?
Por: Fernando Valencia Rivera
Abogado, docente Universidad de Antioquia
La certeza de que los gobernantes respetarán las leyes y las aplicarán en la garantía de los derechos de todos es lo que se conoce como seguridad jurídica, y es algo que persiguen las sociedades civilizadas y que los empresarios e inversionistas valoran tanto como la rentabilidad. En un Estado con autoridades que violan las normas o las usan de manera corrupta se configura un autoritarismo, un poder arbitrario que amenaza cualquier derecho.
A lo largo de la historia hemos asociado la falta de seguridad jurídica con las dictaduras y las revoluciones, y progresivamente se fue difundiendo la falsa idea de que los gobiernos de derecha defienden la norma y los de izquierda constituyen su principal amenaza. Esta falacia se deriva de confundir la defensa del statu quo con la de las leyes, pues algunos dictadores defienden el sistema pasando por encima de la Constitución, y por eso la cuestión no debe ser si el gobernante es de izquierda o de derecha, sino qué tanto respeta las reglas, como supuesto de cualquier democracia.
Cada vez que nos enfrentamos a un proceso electoral se promueve la idea de que la izquierda pondrá en riesgo la democracia, arrasará la Constitución y actuará por fuera de la ley, lo que nos obliga a preguntarnos por la seguridad jurídica: ¿Hay evidencia de que alguno de los grupos en contienda electoral vaya en contra de la Constitución y las leyes?
Revisados los programas propuestos por los diferentes candidatos no se advierte la existencia de iniciativas que choquen con la Constitución o las instituciones democráticas; sin embargo, estando los partidos de derecha en el gobierno no basta con mirar el programa de su candidato Federico Gutiérrez, sino que es necesario entender cómo ha sido la relación de su grupo político con el principio democrático de obediencia a la ley.
Necesario es señalar que este gobierno ha roto la independencia de poderes al poner a sus amigos en la dirección de los órganos de control, instrumentalizándolos en la persecución a sus contradictores y el favorecimiento a sus aliados; que con su bancada parlamentaria suspendió la ley de garantías electorales para entregar los dineros públicos a sus agentes de campaña; que ha ampliado en miles de puestos la burocracia en instituciones bajo su control y que con partidas futuras, y agrandando el hueco fiscal, adicionó el presupuesto de Prosperidad Social para repartir subsidios en campaña; que la participación de funcionarios públicos en política se convirtió en una práctica descarada e impune del presidente y sus subalternos; que ha politizado peligrosamente las armas de la república al autorizar al comandante de las fuerzas armadas a entrar en contradicción política; que ha llevado a la Procuraduría, como máxima instancia de control de la función pública, a violentar la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos; que este proceder del Ministerio Público se ampara en la arbitrariedad cometida por la bancada oficialista al aprobar una reforma que desconoce una sentencia de la CIDH; que no ha tenido reparo en cambiar los estatutos de Ecopetrol para atornillar a sus amigos en la dirección, ni en acabar con la independencia del Banco de la República para premiar a su nefasto ministro de hacienda; que ha encubierto con su fuerza parlamentaria a ministros ineptos o involucrados en graves casos de corrupción; y lo peor, que ha convertido a la Fiscalía en defensora de una larga lista de sus aliados comprometidos en graves crímenes, y que ha silenciado con su extradición a uno de los capos mafiosos que podía entregar mayores evidencias sobre los tentáculos de la ilegalidad en la vida política y económica del país.
Este complejo cuadro de gobierno contra la ley se evidencia en la suspensión del alcalde de Medellín. Sin entrar en debates sobre si Quintero participó en política, se configura un cuadro bastante preocupante para la seguridad jurídica de una nación: La Procuraduría sancionó sin agotar un debido proceso; fue selectiva por su silencio frente a las faltas cometidas por el presidente, el General Zapateiro y otros funcionarios; desconoció competencias e instancias adoptadas en la reciente reforma al régimen disciplinario; y desconoció el mandato de la CIDH sobre la prohibición de que autoridades no judiciales sancionen a mandatarios electos popularmente.
Lo peor de todo es el contexto político: El alcalde es de oposición, el partido de gobierno acaba de fracasar en un intento por revocar su mandato, y el presidente no designó un encargado de la misma organización del alcalde, como lo ordena la ley, sino a uno oficialista; mandó a su Comisionado de paz a tomarse por la fuerza lo que han perdido en las urnas y en los tribunales.
Ya sabemos lo que hace la derecha aferrada al poder y ahora estamos frente a un riesgo mayúsculo: su pretensión de suspender al Registrador, quien ya no les será útil gracias a todas las alertas sobre la falta de transparencia y eficacia en la operación electoral. Quieren usurpar otra competencia y propiciar un clima de provisionalidad e irregularidad que afecte la legitimidad del proceso, o incluso desestabilizar el orden público para sabotear las elecciones.
Queda claro entonces que quien está contra la Constitución y arriesga la seguridad jurídica es esta derecha; que la izquierda no amenaza la democracia ni la institucionalidad pública, sino que con sus denuncias y demandas ha sido la defensora del bien común, que hoy se trata de proteger uno de los más valiosos pilares de la democracia y la sana economía: la seguridad jurídica, y que para alcanzarla hay que lograr un cambio contundente: Sacar del gobierno a esta derecha corrupta.
Fuente: Caja Virtual
Por: Fernando Valencia Rivera
Abogado, docente Universidad de Antioquia
La certeza de que los gobernantes respetarán las leyes y las aplicarán en la garantía de los derechos de todos es lo que se conoce como seguridad jurídica, y es algo que persiguen las sociedades civilizadas y que los empresarios e inversionistas valoran tanto como la rentabilidad. En un Estado con autoridades que violan las normas o las usan de manera corrupta se configura un autoritarismo, un poder arbitrario que amenaza cualquier derecho.
A lo largo de la historia hemos asociado la falta de seguridad jurídica con las dictaduras y las revoluciones, y progresivamente se fue difundiendo la falsa idea de que los gobiernos de derecha defienden la norma y los de izquierda constituyen su principal amenaza. Esta falacia se deriva de confundir la defensa del statu quo con la de las leyes, pues algunos dictadores defienden el sistema pasando por encima de la Constitución, y por eso la cuestión no debe ser si el gobernante es de izquierda o de derecha, sino qué tanto respeta las reglas, como supuesto de cualquier democracia.
Cada vez que nos enfrentamos a un proceso electoral se promueve la idea de que la izquierda pondrá en riesgo la democracia, arrasará la Constitución y actuará por fuera de la ley, lo que nos obliga a preguntarnos por la seguridad jurídica: ¿Hay evidencia de que alguno de los grupos en contienda electoral vaya en contra de la Constitución y las leyes?
Revisados los programas propuestos por los diferentes candidatos no se advierte la existencia de iniciativas que choquen con la Constitución o las instituciones democráticas; sin embargo, estando los partidos de derecha en el gobierno no basta con mirar el programa de su candidato Federico Gutiérrez, sino que es necesario entender cómo ha sido la relación de su grupo político con el principio democrático de obediencia a la ley.
Necesario es señalar que este gobierno ha roto la independencia de poderes al poner a sus amigos en la dirección de los órganos de control, instrumentalizándolos en la persecución a sus contradictores y el favorecimiento a sus aliados; que con su bancada parlamentaria suspendió la ley de garantías electorales para entregar los dineros públicos a sus agentes de campaña; que ha ampliado en miles de puestos la burocracia en instituciones bajo su control y que con partidas futuras, y agrandando el hueco fiscal, adicionó el presupuesto de Prosperidad Social para repartir subsidios en campaña; que la participación de funcionarios públicos en política se convirtió en una práctica descarada e impune del presidente y sus subalternos; que ha politizado peligrosamente las armas de la república al autorizar al comandante de las fuerzas armadas a entrar en contradicción política; que ha llevado a la Procuraduría, como máxima instancia de control de la función pública, a violentar la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos; que este proceder del Ministerio Público se ampara en la arbitrariedad cometida por la bancada oficialista al aprobar una reforma que desconoce una sentencia de la CIDH; que no ha tenido reparo en cambiar los estatutos de Ecopetrol para atornillar a sus amigos en la dirección, ni en acabar con la independencia del Banco de la República para premiar a su nefasto ministro de hacienda; que ha encubierto con su fuerza parlamentaria a ministros ineptos o involucrados en graves casos de corrupción; y lo peor, que ha convertido a la Fiscalía en defensora de una larga lista de sus aliados comprometidos en graves crímenes, y que ha silenciado con su extradición a uno de los capos mafiosos que podía entregar mayores evidencias sobre los tentáculos de la ilegalidad en la vida política y económica del país.
Este complejo cuadro de gobierno contra la ley se evidencia en la suspensión del alcalde de Medellín. Sin entrar en debates sobre si Quintero participó en política, se configura un cuadro bastante preocupante para la seguridad jurídica de una nación: La Procuraduría sancionó sin agotar un debido proceso; fue selectiva por su silencio frente a las faltas cometidas por el presidente, el General Zapateiro y otros funcionarios; desconoció competencias e instancias adoptadas en la reciente reforma al régimen disciplinario; y desconoció el mandato de la CIDH sobre la prohibición de que autoridades no judiciales sancionen a mandatarios electos popularmente.
Lo peor de todo es el contexto político: El alcalde es de oposición, el partido de gobierno acaba de fracasar en un intento por revocar su mandato, y el presidente no designó un encargado de la misma organización del alcalde, como lo ordena la ley, sino a uno oficialista; mandó a su Comisionado de paz a tomarse por la fuerza lo que han perdido en las urnas y en los tribunales.
Ya sabemos lo que hace la derecha aferrada al poder y ahora estamos frente a un riesgo mayúsculo: su pretensión de suspender al Registrador, quien ya no les será útil gracias a todas las alertas sobre la falta de transparencia y eficacia en la operación electoral. Quieren usurpar otra competencia y propiciar un clima de provisionalidad e irregularidad que afecte la legitimidad del proceso, o incluso desestabilizar el orden público para sabotear las elecciones.
Queda claro entonces que quien está contra la Constitución y arriesga la seguridad jurídica es esta derecha; que la izquierda no amenaza la democracia ni la institucionalidad pública, sino que con sus denuncias y demandas ha sido la defensora del bien común, que hoy se trata de proteger uno de los más valiosos pilares de la democracia y la sana economía: la seguridad jurídica, y que para alcanzarla hay que lograr un cambio contundente: Sacar del gobierno a esta derecha corrupta.
Fuente: Caja Virtual
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