Pues parece que la gente en Colombia podrá disfrutar con un poco más de tranquilidad y de optimismo estos días de puente con motivo de las fiestas por un aniversario más de la proclamación de la independencia absoluta de España por parte de la ciudad de Cartagena de Indias.
Al filo de la media noche del sábado, hora de España, se realizó en La Habana la firma del nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP cuarenta y un días después de los resultados negativos del plebiscito del 2 de octubre. Aún el acuerdo no se conoce en su totalidad pero por los discursos de los jefes de las delegaciones de paz del gobierno y de la insurgencia, de la intervención del presidente Santos y de las confidencias de integrantes de La Mesa ya se conocen los puntos centrales del nuevo articulado que se nota refleja un real y muy serio esfuerzo por recoger las propuestas que se han hecho para la llamada renegociación y que no corresponden exclusivamente a las que hicieran los voceros de las campañas del no. También recoge opiniones y propuestas de quienes impulsaron el voto afirmativo durante el plebiscito.
El nuevo acuerdo es más obediente de la constitucionalidad vigente y no la desborda y al excluir la presencia de magistrados extranjeros en los procesos de justicia transicional refuerza el papel de los tribunales nacionales. Se elude un poco el llamado blindaje constitucional del acuerdo dejando este papel a la confianza y al valor de la palabra empeñada. La guerrilla no tendrá curules especiales. Serán para las comunidades y regiones más afectadas por el conflicto.
Se precisan los términos para que algunos delitos relacionados con el narcotráfico puedan ser considerados conexos con el delito político e igualmente se aclaran los términos de tiempos de la justicia transicional y de los espacios de libertades restringidas. Donde la guerrilla fue intransigente fue en la defensa del punto relacionado con la elegibilidad política de los ex guerrilleros que algunos querían fuera eliminada. En la intervención posterior a la firma en intervención a todos los medios de comunicación el propio presidente santos recordaba que ningún proceso de paz en el mundo se ha realizado sin que contemplara la participación política legal de quienes abandonaban las armas.
Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de las FARC fue enfático en señalar que una cosa era recoger propuestas, aceptar cambios y hacer precisiones que fueran en dirección a mejorar el acuerdo y avanzar hacia la paz y otra muy diferente, y era evidente que se refería al ex presidente Uribe, eran las propuestas que buscaban torpedear abiertamente la posibilidad de la paz. Igualmente expresó que era imposible dar respuesta o acogidas a posicionamientos basados en la deformación y desinformación de los acuerdos.
Seguramente el expresidente Uribe no estará conforme con el nuevo acuerdo. Y ni siquiera hacemos fuerza por equivocarnos en esto. Su última propuesta, una hora antes de la firma, era que no fuera definitiva en espera de las reacciones de los opositores. Afortunadamente ninguna acogida tuvo esta propuesta abiertamente dilatoria. Aún no se sabe cuál será el mecanismo de refrendación y si lo habrá. Lo más seguro es que pase inmediatamente al Congreso de la república para iniciar el trámite urgente de las leyes como la de amnistía que faciliten la inmediata implementación de lo acordado. Y lo más seguro es que el martes cuando el país vuelva a la normalidad tras los días de descanso la gente que está a favor de la paz se tome nuevamente las calles y las plazas para reclamar la inmediata implementación. Que es lo que viene. Es lo que toca.
Jaime Cedano Roldán
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