Este es el caso de ocho campesinos del corregimiento de Estados Unidos, municipio de Becerril, en el departamento del Cesar, detenidos por el Ejército luego de ser acusados de rebelión. Los campesinos llevan, desde entonces, cerca de cinco meses en la cárcel de La Picota de Bogotá, esperando que avance su proceso jurídico. Familiares y defensores de derechos humanos explican lo ocurrido y cómo va el proceso judicial.
Falsos positivos judiciales
La captura masiva de los ocho campesinos fue realizada por parte del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- de la Fiscalía General de la Nación, y miembros del Ejército, acusando a las ocho personas de pertenecer a una red de apoyo del Ejército de Liberación Nacional -ELN-.
Guillermo Pérez, vocero regional del movimiento social ‘Congreso de los Pueblos’ comenta que “A partir de este día hemos denunciado estos hechos porque consideramos que son falsos positivos judiciales. El contexto político de la región nos hace pensar en que no hay presencia de grupos armados de la insurgencia en la región; los campesinos capturados son gente que lleva 30, 40 años en la región: Padres de familia, campesinos, y líderes comunitarios como el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tucuy, que también fue capturado”.
Según el relato de Guillermo la fuerza pública certificó, en el mes de mayo, que no había presencia de actores armados que pudieran entorpecer este proceso de reparación colectiva y el proceso de retorno. Y un mes y medio después aparece capturando ocho campesinos acusándolos de ser las terroristas más grandes de la región acusándolos de pertenecer a una organización criminal y que son una red de apoyo al terrorismo.
Rommel Durán, defensor de Derechos Humanos, miembro del ‘Equipo Jurídico Pueblos’ comenta: “Podemos observar que en la región, y en este caso mientras se habla de paz, hay una política nacional que orienta desde la ‘Unidad Nacional Contra el Terrorismo’ judicializar campesinos y al movimiento social; para presentarlos como miembros del ELN. Esto como una forma de presionar, creemos nosotros, los diálogos con el ELN que hoy en día el Gobierno mantiene”.
Un antecedente a la captura refiere a un empadronamiento (procedimiento ilegal) realizado por miembros del Batallón Especial Energético Vial Y Minero No. 2, del Ejército, en el sector. Los campesinos víctimas de este procedimiento ilegal, se dirigieron a la Personería de Becerril y pusieron la denuncia respectiva; no obstante, cuatro de estos campesinos que firmaron la denuncia pública en contra de las Fuerzas Militares están capturados, acusados de ser miembros de la insurgencia del ELN.
Irregularidades en la captura
Según el testimonio de Pérez, hubo un allanamiento a los hogares de los campesinos sin previa autorización; a los familiares y a los detenidos no les presentaron una orden de captura, y personas encapuchadas, desmovilizadas de la insurgencia, estuvieron presentes. Estas personas llevaron armas y uniformes de uso exclusivo de la Fuerza Pública y fueron quienes señalaron a la gente en la vereda Manantiales.
Por su parte, Durán explicó que “el uso de personas civiles uniformadas con prendas de las Fuerzas Militares, armadas y encapuchadas, implica una violación obvia a las garantías procesales y, desmovilizadas o no, está prohibido que las usen si integraron la vida civil; no deberían portar ninguno de estos elementos”.
Según Pérez, “Todo esto está documentado en las quejas y las denuncias que las familias y los campesinos que fueron atropellados pusieron ante la Personería Municipal de Becerril. Esto se puede constatar en la Personería de Becerril y en la Defensoría de Valledupar, donde se han puesto constantes denuncias. Entonces hubo formas irregulares, estigmatización y persecución; últimamente se nos ha informado de varias incursiones del Ejército tratando de capturar más gente tratando un desplazamiento masivo.
También hubo una violación a la Jurisdicción Especial Indígena ya que dos de los compañeros capturados pertenecen al resguardo indígena Soporka del pueblo Yukpa, y el Ejército entró sin previo aviso, sin consultar con las autoridades indígenas; violó todos los protocolos y capturó dos compañeros que pertenecen al resguardo.
Durán sancionó esto como “una violación a la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas”.
Proceso jurídico
Las ocho personas capturadas, detenidos el 16 de junio en 2016, hicieron la audiencia de la legalización de la captura, la audiencia de la imputación de los cargos y la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento; al considerar que son un peligro para la sociedad, según les comunicó la Fiscalía. Por este motivo se encuentran privadas de la libertad en reclusión carcelaria.
A partir del 16 de junio la Fiscalía cuenta con 60 días, en este caso 120 ya que son más que 4 personas las acusadas en un mismo proceso, para presentar el escrito de acusación. Es decir, una individualización con los hechos por los cuales está siendo investigada cada persona y los delitos por los cuales se les acusa, en este caso, de rebelión.
Los familiares
Jorge Enrique, hijo de uno de los acusados, expresó que”él estaba solo en la finca y por eso no sé qué le dijeron cuando lo agarraron. Pero nosotros nos quedamos sorprendidos cuando lo mostraron en los periódicos acusándolo de guerrillero, cuando él toda la vida ha sido un trabajador campesino de buena fe en esta vereda. Incluso fue la guerrilla, hace quince años, la que nos mató un hermano; entonces no creo que a ninguno de nosotros nos queden ganas de trabajar con un grupo de esos porque todavía recordamos a nuestro hermano como si estuviera presente”.
Ana Mercedes, esposa de otro de los detenidos manifestó que “Mi esposo es un hombre trabajador, tengo veinte años de estar viviendo con él, y tenemos seis hijos; y lo que lo he visto hacer es trabajar en la agricultura, como albañil y mototaxista. El 16 de junio vinieron y dijeron que eran la Policía Nacional y se lo llevaron, pero no entiendo porque nunca lo he visto en cosas malas, es un buen esposo, padre y un buen amigo. Me siento con miedo, perseguida y los niños también están muy afectados, porque cuando llegaron para llevárselo pusieron sus armas contra ellos, menores de edad. Él era el que trabajaba y me toca muy duro porque tengo que mantener a cinco niños, que preguntan por su papi todos los días y nunca han conocido a la guerrilla. Yo estoy segura que él es inocente”.
Capturas para el Despojo
Pérez explica que “el corregimiento de Estados Unidos ha sido muy golpeado por la violencia. No podemos negar que en el pasado había presencia de las FARC y del ELN, pero después hubo un incursión del paramilitarismo donde se cometieron masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, despojo de tierras y también asesinatos por parte de la Fuerza Pública que no han sido condenados; nosotros los tenemos documentados pero debido al mismo contexto no se han podido denunciar”.
Hay que destacar que parte de las tierras despojadas, en esta región del Cesar, están siendo explotadas minero energéticamente por las multinacionales Drummond y Prodeco. La mayoría del territorio está pedido para otorgar concesiones mineras, y también hay grande proyectos agroindustriales de monocultivos para el cacao y la palma de aceite.
“Nosotros lo que vemos es que hay una acción sistemática para que los campesinos, por miedo o temor, vuelvan a desplazarse. Y lo digo porque los campesinos después de la arremetida paramilitar se desplazaron y decidieron regresar voluntariamente sin acompañamiento del estado. Recientemente lo hacen por medio de la ‘Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas’, que vienen realizando un proceso de reconocimiento colectivo como víctimas a la población del corregimiento de Estados Unidos”, agregó Pérez.
Complicidad de los medios de comunicación
Uno de los capturados, dedicado a la actividad del mototaxismo sufrió un accidente poco antes de su captura. La prensa lo visibilizó como un guerrillero que estaba accidentado, pero dijeron que estaba en muletas por culpa de un accidente en la moto, sino por estar poniendo un artefacto explosivo. El testimonio de la ambulancia que lo fue a recoger, la historia clínica y los testimonios de los vecinos comprueban lo contrario.
También está el caso de otro campesino acusado de ser alias Parranda mocha. Supuesto encargado de la administración de propiedades del Frente de Guerra Norte, y tener bajo su cuidado más de 2.000 cabezas de ganado de la estructura subversiva. A pesar de esto, en las cinco veredas que conforman el corregimiento Estados Unidos no alcanzan a existir 500 reses, en propiedad de todos los campesinos. Una mentira que inventó la inteligencia militar avalada por la prensa.
Gráfica: Pie de foto.- Campesinos de Becerril protestan por captura de ocho de sus miembros. Foto Quinto Poder
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