Lo que se viene

Indígenas Colombianos. Foto: Felix

Germán Ayala Osorio   
     

De tiempo atrás se vienen asesinando líderes y lideresas sociales y políticos en territorios en donde los movimientos sociales, en especial el movimiento indígena y campesino, resisten no solo a los actores armados ilegales, al Estado mismo, sino a las fuerzas económicas interesadas en penetrar y transformar ambiental y socialmente sus territorios.

   

 Pocos se atreven a dudar de lo difícil y complejo que será que en poco tiempo, de la Mesa de La Habana, salga un nuevo Acuerdo Final que permita avanzar hacia la terminación del conflicto armado interno, por lo menos con las Farc.

Pero más allá de las discusiones alrededor de la viabilidad y legitimidad de las propuestas entregadas al Gobierno por quienes “cobraron” el triunfo del NO en la jornada electoral del 2 de octubre, bien vale la pena pensar sobre lo que puede venir para el país cuando se logre la conversión de las Farc –y ojalá del ELN– en partido político.

Un país sin la presencia de la guerrilla, echará a andar, casi de manera inexorable, procesos sociales y políticos de una enorme complejidad, que tienen en el (re) surgimiento de movimientos sociales, a su mayor y esperado resultado. Movimientos sociales que, hay que decirlo, fueron debilitados, perseguidos y estigmatizados por las dinámicas del conflicto armado y por los actores armados comprometidos en las hostilidades.

Las protestas sociales serán el mecanismo con el cual, en adelante, las comunidades afrocolombianas, campesinas e indígenas saldrán a defender sus territorios, proyectos de vida y procesos comunitarios. Y los continuarán defendiendo de las iniciativas de desarrollo de empresas nacionales e internacionales interesadas en explotar materias primas en las zonas y territorios en donde dichas comunidades y pueblos resisten de tiempo atrás, no solo a la arremetida de los actores armados, sino a la de los proyectos extractivos asociados de manera natural a la locomotora minero-energética implementadas por los gobiernos de Uribe y Santos.

Si es así, bienvenidas sean todas las protestas sociales que se den en un escenario de posacuerdos. Eso no tiene mayor discusión si revisamos que en la Constitución Política se garantiza el derecho a marchar, a movilizarse y a protestar. El asunto problemático pasa por la seguridad de los líderes sociales y políticos que se harán visibles cuando las movilizaciones sociales empiecen a torpedear y a evitar la ejecución de mega proyectos de infraestructura, que comprometan los intereses de poderosos actores económicos, nacionales e internacionales.

De tiempo atrás se vienen asesinando líderes y lideresas sociales y políticos en territorios en donde los movimientos sociales, en especial el movimiento indígena y campesino, resisten no solo a los actores armados ilegales, al Estado mismo, sino a las fuerzas económicas interesadas en penetrar y transformar ambiental y socialmente sus territorios. Lo que las autoridades ven como casos aislados, realmente responden a una muy bien pensada estrategia de debilitamiento del movimiento campesino, afro e indígena, por la vía de la amenaza y el asesinado de sus principales exponentes. Se trata de una práctica sistemática de exterminio, que irá consolidando y extendiendo de acuerdo con la complejidad de los conflictos y de las disputas que se presenten.

Una vez se concrete la dejación de armas y la reincorporación a la vida social y política de los guerrilleros, los territorios ocupados en los que las guerrillas hacían presencia, se espera que sean copados por el Estado, o en su defecto, por grupos al margen de la ley (narcos y paras), presentados hoy por el Gobierno como Grupos Armados Organizados (GAO). Dichas organizaciones responden, realmente, a procesos de mutación de las fuerzas paramilitares que supuestamente se desmovilizaron en 2005 y que deambulan acéfalas, políticamente.

Eso sí, lo que no ha cambiado es el objetivo social, económico y político de los paramilitares: sacar de sus territorios a indígenas, afros y campesinos porque sus vidas transcurren en zonas en donde hay riquezas naturales que deben, inexorablemente, ser explotadas. Por ello, sus proyectos de vida resultan inconvenientes para los intereses de grandes corporaciones y para específicos actores de la sociedad civil colombiana. Más claro: indígenas, afros y campesinos resultan ser ciudadanos disonantes e incómodos, de allí que se busque su debilitamiento comunitario, por la vía del desplazamiento forzoso, la intimidación, la estigmatización y el asesinato. El exterminio se dará en términos simbólicos y físicos.

En el Foro sobre el desmonte del Paramilitarismo, llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Occidente, con el apoyo de la Corporación Nuevo Arco Iris, el 9 de noviembre, se hicieron graves denuncias por la presencia de “nuevas” estructuras paramilitares en zonas del Cauca y Nariño, que vienen amenazando y asesinando a sus más visibles líderes. En particular, se exhibieron denuncias de asesinatos y persecuciones de campesinos en Caloto, Cauca, y, en Policarpa, Nariño, por parte de grupos paramilitares.

Así entonces, lo que se viene para el país resulta positivo por un lado, en la medida en que se fortalecerá la protesta social y los movimientos sociales, ojalá con vocación política; pero negativo, por otro lado, por la ya advertida persecución, hostigamiento, desplazamiento y el asesinato de sus principales líderes, por parte de fuerzas paramilitares que continúan ancladas a los intereses de las grandes Corporaciones y a los de los ganaderos, latifundistas, agroindustriales y empresas mineras. Más claro: subsisten y persisten los intereses compartidos entre agroindustriales, ganaderos, azucareros y hacendados y el proyecto Paramilitar.

Todo lo anterior, bajo la complicidad de los Medios masivos, de las autoridades de Policía y de la propia Fiscalía.

Germán Ayala Osorio

Comunicador social y politólogo

   

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