domingo, 21 de agosto de 2016

Fuerza Pública y paramilitares ponen en grave situación a defensores de DD.HH en el Putumayo

Ejército hostiga a las movilizaciones sociales


Camilo Raigozo


Continúan la movilizaciones contra la erradicación forzada de cultivos ilícitos y los incumplimientos del Gobierno Nacional para los diálogos regionales con La Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofania Jardines de Sucumbíos de Ipiales Nariño, Meros.



Desde el 25 de julio de 2016 las organizaciones sociales y comunidades realizan actividades de pedagogía popular, asambleas, actos culturales y reuniones entre las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, para explicar los acuerdos e incumplimiento del Gobierno Nacional con los diálogos regionales.


Se brealizaron plantones en la vereda El Espinal, corregimiento Puerto Colón, municipio de San Miguel; en la vía y cruce del Yarumo, municipio de Orito; en el corregimiento de San Pedro, municipio de Puerto Caicedo y en los corregimientos comprendidos entre Puerto Vega y Teteye, municipio de Puerto Asís.


Las comunidades denuncian que en medio de las movilizaciones y demás actividades pacíficas, se han presentado las siguientes violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, la Policía y paramilitares:


El 3 de agosto de 2016, defensores de derechos humanos integrantes de la red de derechos humanos de la región, que acompañan la movilización del corregimiento de Piñuña Blanco y de la vereda la Alea informaron que miembros del Ejército Nacional, Brigada 27 de Selva, hicieron un retén a 20 de metros de la concentración de las comunidades.



Represión a las protestas sociales por parte de el Esmad de la Policía. Foto: Red de Comunicadores del Sur.


Un defensor trató de explicarles a los agentes del Estado que se retiraran a ina mayor distancia pero con palabras soeces y agresivas lo insultaron, le dijeron que era un tonto y se fueron. Al rato dos soldados, se metieron por el rastrojo, ocultándose de las comunidades y las grabaron, según un poblador que se dio cuente.


Cuando los defensores fueron a verificar los abusos los militares salieron corriendo. Una hora después pasaron por el lugar miembros de la empresa Amerisur, también grabando a las comunidades desde la camioneta en que se transportaban.


El 5 de agosto de 2016, mientras sesionaban en asamblea permanente en la Estación Colon de la vereda El Espinal, municipio San Miguel, las organizaciones campesinas e indígenas, vieron sobrevolar drones de color verde olivo, que se atribuye a uso privativo de la fuerza pública, por espacio de una hora, también sobrevolaron por una hora más, el espacio donde los defensores de la Red DDHH del Putumayo se encontraban reunidos.


En la misma fecha a las tres de la tarde el coronel Bonilla en enlace telefónico con el teniente coronel Paul Rodríguez, funcionarios de la Policía se comunicaron con el vocero de la Meros, Yule Anzueta y le manifestaron en tono amenazante, suspendiera las protestas y lo señalaron de que él como vocero, era quien estaba dando órdenes de bloquear carreteras.


Los oficiales le advirtieron que si no acataba la orden de la Policía, tendría problemas jurídicos, afirmando que las empresas petroleras solicitaban continuar con sus operaciones normalmente.


El líder campesino, Yule Anzueta, es vocero regional de la Meros, miembro del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, delegado de Fundaprogreso, filial a Fensuagro, quien además cuenta con medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección, UNP, debido a las amenazas en su contra.


El 5 de agosto de 2016 en el municipio Puerto Asís, mientras en el parque central se encontraba Ildefonso Mendoza, tomándose un jugo, fue abordado por agentes de la Policía que se movilizaban en cuatro motos, quienes le preguntaron si él había participado en un reciente incidente en el Bancolombia del municipio, con un paquete chileno, aduciendo que tenía las características físicas de la persona sospechosa.


Lo interrogaron ilegalmente sobre su vida personal y laboral, lo fotografiaron y le advirtieron que iban a estar pendientes de él. Mendoza es defensor de derechos humanos y vocero regional para los diálogos con gobierno nacional en los corregimientos de Piñuña blanco y la vereda la Alea. Además es coordinador de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, la Baja Bota Caucana y Cofania Jardín de Sucumbíos de Ipiales, Nariño.


El 6 de agosto anterior, en la casa donde funciona el Equipo Jurídico de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, la Baja Bota Caucana y Cofania Jardín de Sucumbíos de Ipiales, Nariño, se encontró pintado en una pared externa, un grafiti amenazante en letras rojas y blancas que decía: “Q chimba morirse, para ya no molestar a nadie… J.A.”.


Es de anotar que la casa se encuentra en un barrio tranquilo de Puerto Asís, en el que este tipo de mensajes en paredes no se había presentado antes. Según los vecinos y obreros del lugar en el municipio no hay alumbrado público, no se explican estos hechos pasan inadvertidos por el cuadrante de la Policía.


El domingo 7 de agosto de 2016 a las 11:20 de la mañána, en el punto de concentración ubicado en la vereda El Espinal, corregimiento Puerto Colón del municipio de San Miguel, el teniente Martínez de la Policía amenazó a los defensores Yobani Hernández, Claudia Patricia Erazo y Andrés Quiñones integrantes de la Red de DD.HH. El oficial cuestionó los conocimientos de los defensores sobre la defensa de los derechos humanos y les advirtió que el nuevo Código de Policía le permitía llevárselos sí él quería.


El mismo día, la asamblea permanente de las comunidades se vio interrumpida por un teniente del Ejército que se identificó como David Ricardo Meza, adscrito al Batallón Especial Energético Vial 9, ubicado en la base militar La Concordia, del municipio de Valle del Guamuez.


El teniente y un buen número de soldados, portando armas de largo alcance, irrumpieron en la caseta comunal y rodearon el lugar. Luego se dirigieron a los pobladores y amenazaron con judicializarlos. A los voceros de la asamblea, les gritaron que ellos perjudicaban a muchos con sus actuaciones y debían detenerse.


"Esta movilización pacífica, en el marco del Artículo 37 de la Constitución Política, surgió por las dinámicas del dialogo con el Gobierno Nacional; las conversaciones y los puntos de la agenda regional, de la que hacen parte funcionarios públicos de las diferentes instituciones, entidades, ministerios y Presidencia, quienes tienen amplio conocimiento y notificados de la misma", dice un aparte de la denuncia.


Entre el 2 y el 6 de agosto pasado, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica programó dentro de sus actividades sociales y humanitarias para todo el departamento, una brigada internacional de salud conformada por un equipo de trabajo multidisciplinario de 11 médicas y psicólogas.


Consistió en visitar tres municipios del Putumayo para realizar acciones de promoción y prevención en el derecho a la salud, y además visitaron  algunos puntos de las diferentes asambleas permanentes de la movilización regional, para atender situaciones de primeros auxilios.


El 7 de agosto desde las 6 de la tarde la brigada partió del municipio del Valle del Guamuez, Putumayo, hacia  Pasto, Nariño, para continuar con su misión humanitaria.


A las tres de la mañana, a 5 kilómetros de Pasto, hombres encapuchados con armas de fuego y armas blancas, bajaron a los integrantes de la Brigada Internacional de Salud. Los amenazaron y hurtaron las cámaras fotográficas, computadores, teléfonos celulares y dinero. Aunque la Policía fue informada inmediatamente no hubo ninguna respuesta.



Fensuagro







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