Central Unitaria de Trabajadores
Subdirectiva Valle del Cauca
Comité de Solidaridad de La CUT - Valle
Que paren los montajes judiciales y la estigmatización contra el movimiento popular, fiscalía y policía nacional: ¡basta ya!
Alertamos sobre la persecución jurídica y amenazas a la labor de dirigentes sindicales, líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en el municipio de Bugalagrande y Andalucía Valle del Cauca.
Hechos:
El 09 de diciembre del 2021 , varios jóvenes, líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos de Bugalagrande y Andalucía Valle, fueron re-capturados/as en cumplimiento de la orden emitida por el Juez 2 penal del circuito de Tuluá, quien ordenó en segunda instancia capturar e imponer medida de aseguramiento intramural solicitada por la Fiscalía 58 seccional de Tuluá.
La solicitud de medida de aseguramiento había sido estudiada de fondo en audiencias preliminares llevadas a cabo entre el 31 de julio y el 6 de agosto del año en curso; la detención en centro carcelario fue negada por la Juez de primera instancia, en razón a graves irregularidades e inconsistencias probadas en audiencia por la defensa, que ponen en serias dudas la legalidad de la investigación adelantada por el ente fiscal y la inferencia razonable de autoría o participación de los/as imputadas en los hechos objeto del proceso.
Así, la detención masiva que se ejecutó el día 9 de diciembre causó desconcierto y rechazo generalizado en familiares y comunidad, no sólo por el impacto que trae consigo la privación de la libertad, sino porque la decisión de alzada es considerada arbitraria e injusta pues no analiza de fondo los argumentos expuestos en primera instancia.
Posterior a la audiencia de legalización de captura, los medios de comunicación, el congresista del Centro Democrático Cristian Garcés, y el Fiscal Francisco Barbosa1 anuncian una amenaza escrita en contra de la fiscal Diana Rojas, fiscal encargada de la investigación que adelanta la fiscalía 58 seccional de Tuluá. La apócrifa amenaza usa un lenguaje que deja traslucir la intencionalidad de degradar, deslegitimar y estigmatizar las denuncias que se vienen realizando desde el Movimiento Popular por el montaje judicial y el acto de castigo y persecución que está desplegando el Estado contra la población de Bugalagrande y Andalucía que expresó su inconformidad en las calles a partir del 28 de abril de 2021, toda vez que hace un uso confuso y amañado del lenguaje utilizado en los comunicados de denuncia pública adelantados en el caso.
Sin duda alguna, esta amenaza busca confundir a la opinión pública y trasladar una sensación de peligrosidad a las personas judicializadas, así como a quienes seguimos y seguiremos defendiendo el derecho a protestar, disentir y reclamar condiciones de vida y existencia digna para las grandes mayorías excluidas de este país y el mundo, pronunciándonos sobre las ilegalidades al interior de procesos judiciales que se adelantan en contra del movimiento popular, líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos.
El hecho constituye una muestra más del interés por crear una alteridad negativa alrededor de quienes están siendo injustamente reprimidos/as (a través de la judicialización y la cárcel), presentándolos como “enemigos” de la sociedad para que su propia comunidad les aísle y segregue. Dicho de otra forma, el propósito del pasquín es generar terror y minar la solidaridad y la lucha por la libertad de los/as detenidos/as del caso. Adicionalmente, esta amenaza pone en alto riesgo la seguridad de las personas encarceladas, quienes tendrán que enfrentar el rigor de la privación de la libertad en escenarios hostiles y violentos como las cárceles colombianas. Así que hacemos responsables al Estado por la incertidumbre y riesgo adicional que se les impone con este nuevo acto represivo en su contra.
Los determinantes del reciente levantamiento popular nos hablan de una realidad de segregación y discriminación, que puede potenciarse o incrementarse con la aplicación desproporcionada del derecho penal. En este caso consideramos que la privación de la libertad, incrementa -en forma sustancial- la exclusión e inequidad que conllevó a las recientes protestas (pacíficas y disruptivas) que se dieron en el país. Por esta razón, abogamos por la libertad y el respeto pleno de las garantías judiciales de Epifanio Domínguez Bolaños (sindicalista), Walter Eduardo Pérez Gallego (sindicalista), Karina Reyes Varela (vocera del paro), Jorge Miguel Vásquez Méndez, Héctor Fabio Peña Cardona, Juan Sebastián Aguirre Ortiz, Álvaro José Rojas Lamos, Jhon Deiby Castillo Murillo, Jonatan Sabogal, Wilson David Marín Durán, Jorge Luis Gordillo Coronado, Miguel Ángel González Vélez, Yerlinson González Zapata, Jhon Fredy González Caicedo, Carlos Julio Calero Suescún, Víctor Alfonso Tascón González, Brenlly Daniela Hidrobo y Christian David Granada Sánchez.
Desde las Organizaciones populares de Colombia y el mundo, seguiremos denunciando la criminalización de la protesta social y la ARBITRARIEDAD, ILEGALIDAD Y DESPROPORCIONALIDAD del proceso penal que hoy cursa contra jóvenes, dirigentes populares y sindicales de Bugalagrande y Andalucía (Valle del Cauca). Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso por acompañar a las y los detenidos y sus familias.
¡Ante la injusticia responderemos con solidaridad!
SOLICITAMOS, a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, se aclaren los hechos amenazantes en contra de los y las intervinientes en el proceso señalado, se brinden garantías a familiares, detenidos y detenidas, que han sido víctimas de persecución, hostigamiento, y amenazas producto de su vinculación a los hechos materia de investigación, toda vez que el RIESGO es inminente para todas las partes vinculadas al proceso.
A los ORGANISMOS INTERNACIONALES, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, y demás garantes, continuar el seguimiento a las violaciones de derechos humanos en el marco de las movilizaciones sociales en Colombia, entre estas las que devienen de los procesos judiciales que se adelantan con faltas graves, a la Ley, a la Constitución y a los Tratados internacionales ratificados por Colombia.
Comité de solidaridad de la CUT Valle del Cauca
Santiago de Cali, marzo 18 del 2022
“La Solidaridad es la Ternura de los Pueblos”
Subdirectiva Valle del Cauca
Comité de Solidaridad de La CUT - Valle
Que paren los montajes judiciales y la estigmatización contra el movimiento popular, fiscalía y policía nacional: ¡basta ya!
Alertamos sobre la persecución jurídica y amenazas a la labor de dirigentes sindicales, líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en el municipio de Bugalagrande y Andalucía Valle del Cauca.
Hechos:
El 09 de diciembre del 2021 , varios jóvenes, líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos de Bugalagrande y Andalucía Valle, fueron re-capturados/as en cumplimiento de la orden emitida por el Juez 2 penal del circuito de Tuluá, quien ordenó en segunda instancia capturar e imponer medida de aseguramiento intramural solicitada por la Fiscalía 58 seccional de Tuluá.
La solicitud de medida de aseguramiento había sido estudiada de fondo en audiencias preliminares llevadas a cabo entre el 31 de julio y el 6 de agosto del año en curso; la detención en centro carcelario fue negada por la Juez de primera instancia, en razón a graves irregularidades e inconsistencias probadas en audiencia por la defensa, que ponen en serias dudas la legalidad de la investigación adelantada por el ente fiscal y la inferencia razonable de autoría o participación de los/as imputadas en los hechos objeto del proceso.
Así, la detención masiva que se ejecutó el día 9 de diciembre causó desconcierto y rechazo generalizado en familiares y comunidad, no sólo por el impacto que trae consigo la privación de la libertad, sino porque la decisión de alzada es considerada arbitraria e injusta pues no analiza de fondo los argumentos expuestos en primera instancia.
Posterior a la audiencia de legalización de captura, los medios de comunicación, el congresista del Centro Democrático Cristian Garcés, y el Fiscal Francisco Barbosa1 anuncian una amenaza escrita en contra de la fiscal Diana Rojas, fiscal encargada de la investigación que adelanta la fiscalía 58 seccional de Tuluá. La apócrifa amenaza usa un lenguaje que deja traslucir la intencionalidad de degradar, deslegitimar y estigmatizar las denuncias que se vienen realizando desde el Movimiento Popular por el montaje judicial y el acto de castigo y persecución que está desplegando el Estado contra la población de Bugalagrande y Andalucía que expresó su inconformidad en las calles a partir del 28 de abril de 2021, toda vez que hace un uso confuso y amañado del lenguaje utilizado en los comunicados de denuncia pública adelantados en el caso.
Sin duda alguna, esta amenaza busca confundir a la opinión pública y trasladar una sensación de peligrosidad a las personas judicializadas, así como a quienes seguimos y seguiremos defendiendo el derecho a protestar, disentir y reclamar condiciones de vida y existencia digna para las grandes mayorías excluidas de este país y el mundo, pronunciándonos sobre las ilegalidades al interior de procesos judiciales que se adelantan en contra del movimiento popular, líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos.
El hecho constituye una muestra más del interés por crear una alteridad negativa alrededor de quienes están siendo injustamente reprimidos/as (a través de la judicialización y la cárcel), presentándolos como “enemigos” de la sociedad para que su propia comunidad les aísle y segregue. Dicho de otra forma, el propósito del pasquín es generar terror y minar la solidaridad y la lucha por la libertad de los/as detenidos/as del caso. Adicionalmente, esta amenaza pone en alto riesgo la seguridad de las personas encarceladas, quienes tendrán que enfrentar el rigor de la privación de la libertad en escenarios hostiles y violentos como las cárceles colombianas. Así que hacemos responsables al Estado por la incertidumbre y riesgo adicional que se les impone con este nuevo acto represivo en su contra.
Los determinantes del reciente levantamiento popular nos hablan de una realidad de segregación y discriminación, que puede potenciarse o incrementarse con la aplicación desproporcionada del derecho penal. En este caso consideramos que la privación de la libertad, incrementa -en forma sustancial- la exclusión e inequidad que conllevó a las recientes protestas (pacíficas y disruptivas) que se dieron en el país. Por esta razón, abogamos por la libertad y el respeto pleno de las garantías judiciales de Epifanio Domínguez Bolaños (sindicalista), Walter Eduardo Pérez Gallego (sindicalista), Karina Reyes Varela (vocera del paro), Jorge Miguel Vásquez Méndez, Héctor Fabio Peña Cardona, Juan Sebastián Aguirre Ortiz, Álvaro José Rojas Lamos, Jhon Deiby Castillo Murillo, Jonatan Sabogal, Wilson David Marín Durán, Jorge Luis Gordillo Coronado, Miguel Ángel González Vélez, Yerlinson González Zapata, Jhon Fredy González Caicedo, Carlos Julio Calero Suescún, Víctor Alfonso Tascón González, Brenlly Daniela Hidrobo y Christian David Granada Sánchez.
Desde las Organizaciones populares de Colombia y el mundo, seguiremos denunciando la criminalización de la protesta social y la ARBITRARIEDAD, ILEGALIDAD Y DESPROPORCIONALIDAD del proceso penal que hoy cursa contra jóvenes, dirigentes populares y sindicales de Bugalagrande y Andalucía (Valle del Cauca). Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso por acompañar a las y los detenidos y sus familias.
¡Ante la injusticia responderemos con solidaridad!
SOLICITAMOS, a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, se aclaren los hechos amenazantes en contra de los y las intervinientes en el proceso señalado, se brinden garantías a familiares, detenidos y detenidas, que han sido víctimas de persecución, hostigamiento, y amenazas producto de su vinculación a los hechos materia de investigación, toda vez que el RIESGO es inminente para todas las partes vinculadas al proceso.
A los ORGANISMOS INTERNACIONALES, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, y demás garantes, continuar el seguimiento a las violaciones de derechos humanos en el marco de las movilizaciones sociales en Colombia, entre estas las que devienen de los procesos judiciales que se adelantan con faltas graves, a la Ley, a la Constitución y a los Tratados internacionales ratificados por Colombia.
Comité de solidaridad de la CUT Valle del Cauca
Santiago de Cali, marzo 18 del 2022
“La Solidaridad es la Ternura de los Pueblos”
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