Luego de estos 18 días en los que seguimos sin saber absolutamente nada de Pablo González -detenido el 28 de febrero en la zona de frontera Przemyśl y acusado falsamente de hacer tareas de espionaje- aumenta nuestra preocupación por su estado de salud física y su integridad emocional. Algo es seguro: Sus derechos están siendo conculcados.
La suma de violaciones a los derechos básicos de Pablo González ha sido y son múltiples y se acumulan en la medida en que pasan los días y no solo no es puesto en libertad, sino que tampoco tiene acceso a su letrado defensor.
Su abogado, Gonzalo Boyé, asegura que al no haberse podido reunir con él ni tampoco su familia, Pablo se encuentra en una: “Incomunicación fáctica” ya que se ha alargado más de 18 días.
El letrado explicó a los periodistas de El Nacional, que pese a haber cumplido con todos los requisitos y documentación exigidas por las autoridades polacas para poder ver a su defendido, éstas no hace sino dilatar burocráticamente ese encuentro, exigiendo a última hora que la traducción de todos los documentos deben ser respetando la forma de una “traducción jurada”, cuando en realidad esto no sería necesario.
Boye cree que Polonia no acepta las normas de la Unión Europea “para ganar tiempo”, y apunta que aunque “desconocemos los motivos, todos los podemos imaginar”.
Las declaraciones realizadas a EITB por Gonzalo Boyé han aumentado la preocupación: “No podemos ver a Pablo porque no está en condiciones de que sea visto o quieren forzarle a que reconozca unos hechos que no cometió”
Consultado el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Albares, aseveró que la familia del periodista ya había podido comunicarse con él. Su familia niega enfáticamente la veracidad de estas declaraciones, ratifica que no sabe nada de él desde hace 18 días y exige poder entrar en contacto con Pablo inmediatamente.
Un párrafo para esos silencios cómplices que venimos mencionando desde hace muchos días: es inadmisible que las autoridades no se hayan pronunciado, evidenciando que hay una defensa de los derechos humanos selectiva y que esto implica que considera que existen personas detenidas de primera categoría y otras de segunda. No hay sorpresa, hay indignación. La arbitrariedad del Estado es una constante, practicada en forma eficiente por el gobierno de turno. Las garantías de los Derechos Humanos que deben proporcionar de acuerdo a las normativas, leyes, Acuerdos y Declaraciones nacionales e internacionales, así como las enunciadas por la Constitución española, no existen cuando se trata de aplicarlos a determinadas personas. Estas leyes son de obligado cumplimiento y nada exime a los Estados de su no aplicación. Así, éstos incurren en unas faltas graves, cuestionables y judiciales.
Dentro de este panorama de alta preocupación, es alentador ver que cada vez más periodistas se van sumando a los reclamos que algunos/as pocas comunicadoras iniciamos hace un tiempo: No hay excusas para no denunciar públicamente situación de Pablo González, detenido e incomunicado en una cárcel de máxima seguridad polaca.
Estos días comienzan a aparecer más mensajes en las redes sociales que dan cuenta de la situación. Recomendamos seguir en Twitter la cuenta #FreePabloGonzález – @FreePabloGonz creada hace pocos días.
Reclamamos nuestro repudio por la detención de Pablo González y las falsas acusaciones que pesan sobre él
Denunciamos su detención y su incomunicación en una prisión de máxima seguridad
Exigimos su inmediata libertad
@helenaresano contrapone en @sextanoticias las declaraciones de @jmalbares con las de la familia de Pablo: no han tenido ningún contacto con él en estos 18 días que lleva detenido. pic.twitter.com/EKHmarIVZM
— #FreePabloGonzález (@FreePabloGonz) March 17, 2022
Fuente Kaosenlared
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