Por su presunta responsabilidad en dos asesinatos de civiles, será llamado a juicio el general Torres Escalante, ex comandante de la Brigada XVI de Ejército, quien se enfrenta a una condena mínima de 25 años de prisión. La acusación se basa en pruebas recolectadas por la fiscalía general de la Nación, ente que también lo investiga por otros casos de “falsos positivos”.
El 16 de marzo de 2007 fueron asesinados los campesinos Daniel Torres y su hijo, menor de edad, Roque julio Torres Torres, en la vereda el Triunfo del municipio de Aguazul (Casanare), los cuales fueron presentados como guerrilleros muertos en combate en la “operación fragmentada No 5 Marte” adelantada por el grupo especial Delta 6 de la Brigada XVI bajo el mando del coronel Henry William Torres Escalante.
Según investigaciones publicadas en el libro Exhumando el Genocidio, cuyo contenido también aparece en un video , estos asesinatos fueron parte de una estrategia de control del territorio, amedrentamiento y retaliación contra las comunidades por parte del Ejército Nacional.
Padre e hijo fueron asesinados porque eran testigos de dos homicidios cometidos por el mismo Ejército. El primero de ellos ocurrió en agosto 13 de 2006, cuando el Grupo Especial Delta 4 de la Brigada XVI del Ejército, en desarrollo de la Misión Táctica N° 04 Albatros II, acabó con la vida de Fredy Alexander Sanabria. Esta operación fue ordenada directamente por Henry William Torres Escalante, quien para la fecha era comandante de la Brigada XVI.
Posteriormente, el 12 de septiembre de 2006, el Ejército asesinó a Hugo Édgar Araque Rodríguez. Ambos crímenes se cometieron en la vereda El Triunfo, del municipio de Aguazul.
Daniel Torres también había hecho otras denuncias contra el Ejército. El 12 de noviembre de 2006, cuatro meses antes de ser asesinado, denunció que 15 soldados de la Brigada XVI –bajo el mando del general Torres Escalante– habían llegado a su casa a hacer una “inspección”, que los militares catalogaron de “censo”, con lo cual pretendían conseguir información sobre los habitantes de la vereda el Triunfo.
Por su parte, Roque Julio había iniciado una serie de denuncias con el acompañamiento del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, a causa de atropellos cometidos por la fuerza pública. Las denuncias se basaban en hechos cometidos contra habitantes de una zona, que en ese entonces era de proyección petrolera, por lo cual se relacionaban esos abusos con la urgencia de debilitar el tejido social y así evitar que la gente realizaran oposición a la entrada de las empresas petroleras al territorio.
Por el asesinato de Daniel y Roque Julio, fue condenado el teniente Marco Fabián García del Ejército Nacional a 22 años de prisión. García reconoció que tras el crimen de padre e hijo fue propuesto como “candidato al curso de Fuerzas Especiales que duraba seis meses”, cuyo propósito era motivarlo “a seguir trabajando obteniendo estos beneficios”. Torres Escalante, comandante de la Brigada XVI, en ese momento aprobó el pago de una recompensa de $1.500.000 por estos asesinatos
Los crímenes por los que se investiga a Torres Escalante no fueron hechos aislados, sino que eran parte de una estrategia desde el Estado Colombiano con apoyo de las fuerzas militares para despejar el territorio y hacer apertura a las empresas petroleras que se estaban asentando en el departamento de Casanare.
Precisamente el general Torres Escalante está implicado en otros casos de ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Casanare, casos en los que confluyen elementos comunes como la incidencia de la Brigada XVI y la presencia de empresas petroleras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario