Un proyecto de reformas a la Ley de
Retorsión presentará hoy ante el parlamento panameño el ministro de
Economía y Finanzas Dulcidio De la Guardia, como escalada a la guerra
comercial con Colombia.
El propósito es que el cuerpo legal
establezca sanciones arancelarias, migratorias y tributarias, y
restricciones en la participación de contratos públicos para países que
discriminen al Istmo.
"Se trata de una Ley que ha sido
consultada con diversos sectores por más de un año y que nos permitirá
salvaguardar mejor a Panamá y defendernos mejor de las medidas
discriminatorias que han sido adoptadas por otros países en los últimos
años y que pudieran surgir eventualmente en el futuro", explicó el
titular.
Las reformas propuestas contemplan también el
incremento sustancial de los impuestos a los dividendos y a las remesas
que envían desde Panamá ciudadanos de los países sancionados, al igual
que regalías e intereses, explicó De la Guardia.
Otros
elementos que endurecen la Ley son un aumento de aranceles a ciertos
productos, limitaciones a la migración de ciudadanos de las naciones que
se encuentren en la lista, restricción a las contrataciones con el
Estado y al otorgamiento de nuevas licencias o concesiones a sus
empresas originarias, precisó.
El Ejecutivo aprobó el
incremento, a partir del próximo 16 de agosto, de los aranceles a
importaciones de flores, carbón mineral, cemento sin pulverizar o
"clinker" y prendas de vestir, como medida comercial de retorsión contra
Colombia, que mantiene similar sanción a productos panameños.
Antes
de que venciera el pasado 31 de julio el decreto de incremento de tasas
a textiles y calzados procedentes de Panamá, el Gobierno colombiano
prorrogó la medida restrictiva, a pesar del fallo de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) favorable a eliminar tal práctica por
injustificada.
"Es lamentable que Colombia insista en el uso
de recursos jurídicos para seguir violando las reglas de la OMC y
continúe utilizando argumentos que no pudo sustentar durante el
procedimiento, ni ante el Panel Arbitral, ni ante el "Órgano de
Apelación de la OMC", dijo el ministro panameño de Comercio e Industria
Augusto Arosemena.
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