Militares intimidan, empadronan y amenazan a la comunidad
Coordinadora departamental de organizaciones sociales, ambientales y campesinas del Caqueta, COORDOSAC
Insistimos que la intimidación, la estigmatización, la no identificación como servidor público, el empadronamiento, las fotografías indiscriminadas y la interceptación arbitraria de las comunicaciones, son acciones ilegales que debilitan la confianza hacia el Estado, ponen en riesgo la vida de las personas y fractura a las organizaciones.
Intimidaciones y amenazas por parte de la fuerza pública en contra de las comunidades del Núcleo de Peñas Blancas en el municipio de Solano en el departamento del Caqueta causan miedo, zozobra e inseguridad a portas de los comicios electorales, promoviendo la permanencia del estado de cosas inconstitucionales que pone en riesgo la vida e integridad de las comunidades y sus representantes.
El día ocho de marzo de 2022, alrededor de las cinco de la tarde soldados de la Armada Nacional amenazan de muerte al presidente de la Junta de Acción Comunal vereda de Peñas Blancas en el municipio de Solano.
El presidente de la Junta de Acción Comunal se identifica varias veces haciendo claridad de su papel comunitario buscando evitar los señalamientos y hacer claridad a los soldados, quienes persistieron reiteradamente con las amenazas contra su vida.
La Armada Nacional viene haciendo presencia en la zona sin portar identificación visible de insignias, ni apellidos; tomando indiscriminadamente fotografías, realizando empadronamientos, solicitando listas de las personas que residen en el lugar, y convocando mediante intimidaciones a la comunidad a reuniones.
Existe gran preocupación en el territorio por la intensificación del conflicto ya que, aunque la presencia militar es altísima, se vienen presentando desplazamientos y asesinatos aun sin esclarecer, siendo uno de esos ejemplos lo ocurrido en las inmediaciones del Rio Orotuya hace unos meses.
Comprendemos las disposiciones del gobierno nacional en el marco del desarrollo del “Plan Democracia” que busca garantizar la seguridad del proceso electoral, pero les recordamos que debe acogerse a la normatividad del Estado Social de Derecho Colombiano que esta en la obligación de garantizar la convivencia, el respeto, la confianza y la participación democrática.
Insistimos que la intimidación, la estigmatización, la no identificación como servidor público, el empadronamiento, las fotografías indiscriminadas y la interceptación arbitraria de las comunicaciones, son acciones ilegales que debilitan la confianza hacia el Estado, ponen en riesgo la vida de las personas y fractura a las organizaciones.
Responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza del señor presidente IVAN DUQUE MARQUEZ, al ministro del Interior DANIEL PALACIOS MARTÍNEZ, al ministro de Defensa DIEGO MOLANO, a la Gobernación del Departamento del Caquetá en Cabeza de ARNULFO GASCA TRUJILLO, al Brigadier General FREDY MARLON COY VILLAMIL Comandante de la Sexta División del Ejército Nacional; de las consecuencias que pueden originarse de no esclarecer cuanto antes estos actos, y de continuar poniendo en riesgo la vida e integridad de las comunidades.
Exigimos a la Fiscalía general de la nación, procuraduría y demás autoridades competentes, iniciar acciones inmediatas que conlleven a la identificación de responsabilidades y responsables de este tipo de actos que son un claro riesgo para la participación efectiva de las comunidades en el proceso electoral ya que el estado del orden publico puede generar cierre de puestos de votación y limitar la participación de las personas.
Solicitamos a la Defensoría del Pueblo, personería, oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Segunda misión de verificación, a MAPP-OEA, a los organismos de derechos humanos y organizaciones que, en el marco del cumplimiento de su mandato, presten toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido.
Es preocupante que a menos de una semana de las elecciones se estén presentando estos hechos en distintas partes del departamento, siendo un evidente riesgo para la participación efectiva de las comunidades en la dinámica democrática del 13 de marzo.
Fuente: Prensa Rural
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