Juan Valbuena y Sebastián Cristancho
Introducción
Tras el triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre, el país hoy está atravesado por un sentimiento de incertidumbre con respecto al futuro de la paz, que ha sacado a miles de colombianos a la calle a exigir el cumplimiento inmediato de este derecho. Sin embargo, se ha creado una encrucijada jurídica con respecto a la implementación de los acuerdos de la Habana, ante lo cual las principales cabezas de la campaña del No, lideradas por el uribismo, han exigido renegociación ya que, según ellos, el acuerdo vigente: “es el triunfo de los criminales sobre el Estado de Derecho y legitimar la violencia como una forma de hacer política”; mereciendo Colombia, a su criterio, “una paz digna, que implique castigo a los crímenes de lesa humanidad, entrega verificada de armas, reparación económica a las víctimas por sus victimarios, no elegibilidad política de criminales atroces, y desmovilización y reinserción generosa para la base de la guerrilla”, para evitar “las fuentes de nuevas violencias” al conseguirse una “paz de verdad, con justicia y sin impunidad”.
La victoria del No, como evidenció Juan Carlos Vélez (jefe de campaña) a la República, no se consiguió bajo una discusión seria con respecto a los acuerdos, sino bajo mentiras, que mezcladas a la desinformación e ideas con poco fondo como “ideología de género” y “castrochavismo”, manipularon a algunos sectores sociales y a muchos ciudadanos, varios de los cuales hoy (junto con otros que no votaron), bajo una meditación pausada después de los resultados electorales, se encuentran a favor de lo que representaba y representa el Sí, e incluso han salido a la calle a manifestarse. Sin embargo, creemos que ante el momento político que vive el país, los colombianos no podemos afrontar la situación bajo una reflexión apresurada de lo que está en juego, porque esto puede conducirnos a nuevos errores. Por el contrario, es un deber ciudadano informarnos detalladamente, para que, entre todos, podamos definir acertadamente cómo destrabar el momento y salir adelante con la paz.
Partiendo de lo anterior, el presente escrito lo queremos presentar como un insumo, para que los interesados en hacer una reflexión pausada con respecto a lo que está sucediendo forjemos una opinión crítica, con tal de que actuemos de la mejor forma, y con un raciocinio histórico, que debata los alegatos que se han presentado contra el acuerdo, y sabiendo lo que dice realmente el acuerdo, podamos sumar voluntades meditadas abriendo camino hacia un mismo fin, que es, hasta donde lo han reclamado los colombianos en la calle, conseguir un país en paz.
Para esto, hemos definido confrontar la “argumentación” expuesta por Iván Duque, Carlos Holmes e Iván Zuluaga, en lo que Rodrigo Uprimny calificó como el manifiesto del No, y el “comunicado” con las “propuestas” para la renegociación publicado por Uribe el domingo 9 de octubre. Dicha discusión, nos permitirá llegar a algunas conclusiones, que creemos sirven para que hoy la potente movilización protagonizada por los colombianos, pueda tener mayores claridades y, con esto, llegar a feliz término. Tarea que, aunque nuestra intención fue hacerla lo más sintética posible, se extendió un poco a pesar de nuestros planes, sin embargo, esperamos que el lector, frente a la importante coyuntura de la vida nacional, no pierda el interés de acompañarnos hasta el final en la lectura, y así, podamos concluir colectivamente.
1. Síntesis del conflicto*
A nuestro criterio, lo primero que debemos hacer, antes de pasar a la discusión puntual, es saber por qué se está negociando y quiénes están negociando, esto permite una comprensión a fondo de lo acordado en la Habana, y es el camino correcto, en nuestra opinión, para hacer una cavilación adecuada y no apresurada sobre ello, y así, tomar las mejores decisiones. En consonancia, a continuación, presentaremos algunas referencias históricas con respecto al origen y desarrollo del conflicto armado en Colombia, a manera de acercamiento y, lógicamente, bajo los límites de espacio y objetivos, sin ninguna pretensión de agotar el debate, sino como una muy sucinta introducción al tema.
1.1 Los orígenes de la violencia
El conflicto en Colombia está asociado históricamente a la disputa por el control de la tierra y del Estado. Particularmente, en su primera fase, de 1920 a el fin de la dictadura de Rojas (1958), dentro de la contienda sostenida entre conservadores e Iglesia y liberales y comunistas, al no estar consolidado un Estado en el sentido moderno de la palabra; la combinación entre armas y política, de forma legal e ilegal por parte de los actores, dieron origen y desarrollo al periodo conocido como La Violencia.
Dentro de ello, con el oscilamiento entre auge y declive de la economía cafetera, la disputa de las élites terratenientes y “burguesas” liberales y conservadoras por mantener el poder político y el control sobre la tierra y la explotación laboral; se enfrentó, al tiempo y en el mismo proceso, a la movilización social independiente de campesinos (e indígenas) y trabajadores por conseguir representatividad en la conducción del país y mejoras en sus condiciones de vida (mejores sueldos y tierra), influidos estos principalmente por el gaitanismo y el pensamiento revolucionario.
Con el asesinato de Gaitán, el acrecentamiento de la confrontación violenta y el repunte institucional conservador, se desarrollaron guerrillas liberales y comunistas que por tierra y política se enfrentaron a las agresiones realizadas por la policía, el ejército y fuerzas paraestatales afines a los conservadores en el Gobierno.
El acrecentamiento de la fuerza insurgente, la debilidad institucional y la inclinación fascista laureanista, acercaron a las élites liberales y conservadoras (ya sin Gaitán) para pactar el golpe de Rojas y reincorporar a las fuerzas guerrilleras liberales (eliminando físicamente a algunos de sus mandos ya como civiles) para que varias, como guerrillas de paz, con el ejército y la policía, exterminaran las zonas de autodefensa que los campesinos (muchos de ellos comunistas) tenían para protegerse y subsistir, razón por la cual estos últimos no entregaron armas bajo la desconfianza de que no se les cumpliría con las garantías de participación política y acceso a la tierra. Situación reforzada por el apoyo a las élites nacionales por parte de EEUU bajo la guerra fría, y puntualmente con la ilegalización de los comunistas en el país ejecutada por la dictadura de Rojas.
1.2 “La democracia más antigua de América Latina”
Bajo la excusa de ponerle punto final a la violencia, el pacto de élites se consolidó por medio del Frente Nacional, donde en “la democracia más antigua de América Latina”, liberales y conservadores acordaron alternarse en el poder (botín burocrático), excluyendo nuevamente a los comunistas, y por lo cual nacieron fuerzas como el MRL y la ANAPO que tuvieron que ver con la creación del ELN y el M-19, expresiones de resistencia en el marco de una democracia estrecha.
Este contexto se agudizó por medio de la Alianza para el Progreso y la implantación de la Doctrina de Seguridad Nacional, ambas iniciativas de EEUU, que bajo su anticomunismo pretendía cerrarle paso a la influencia y nuevos triunfos de la lucha guerrillera, como los ocurridos en Cuba y Vietnam. En vez de dar fin a la “guerra civil”, la nueva forma de exclusión política y económica denominada Frente Nacional, que remplazó a Rojas, dio paso a una nueva etapa de su desenvolvimiento.
El fracaso recurrente de las reformas agrarias impulsadas por los gobiernos, y la inclusión solamente formal de los campesinos en ellas, fortaleció la concentración de la tierra en manos de terratenientes e impulsó una fuerte colonización rural encabezada por los campesinos. Las zonas de autodefensa, obligadas para estos últimos por causa de la exclusión en la propiedad rural y la violencia política, fueron calificadas como repúblicas independientes y bombardeadas por el Gobierno, convirtiéndose en guerrillas móviles que se negaron de esta manera al control territorial y a una guerra de posiciones con la fuerza pública, dicho movimiento agrario derivó en la fundación de las FARC que se trazó como objetivo la toma del poder, y cuya influencia en las zonas periféricas rurales se empezó a consolidar. Una respuesta puntual del Gobierno ante este fenómeno, fue el Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968, normas que autorizaron la creación de grupos paramilitares con tal de retomar el orden en el país.
La economía nacional, con una importante participación petrolera, cambió su eje de desarrollo con el declive definitivo del café, a la inversión de capitales en ganadería extensiva y en plantaciones de banano y palma, sin contar con la misma rentabilidad. Primero la marihuana y después la coca, reactivaron las ganancias y las elevaron a márgenes impensables, que sumado a la economía de enclave, banano, petróleo y la ganadería, se convirtieron en los ejes de la economía nacional. A ello, contribuyó la creciente demanda de dichos productos a nivel internacional.
Estas actividades económicas, en su gran mayoría, empezaron a ser desarrolladas en las zonas de colonización, acolchando a su vez los precarios alcances de la política de industrialización por sustitución de importaciones. En varias de estas zonas, la nula o precaria presencia institucional y su corrupción, hizo que la guerrilla empezara a asumir las veces del Estado para regular la sociedad. El auge económico atrajo cada vez más a los colonos quebrados a las actividades ilícitas, produciendo una riqueza que benefició enormemente en términos nacionales a la economía ilegal y legal, mucha de esta última nacida en el negocio del narcotráfico. También contribuyó a la prosperidad de los territorios rurales periféricos, construyendo simultáneamente una cultura del dinero fácil.
1.3 Estado, capital, paramilitares, insurgencia y narcotráfico
Las guerrillas sacaron provecho del apogeo económico en función de su fortalecimiento, por medio del cobro de tributos de guerra. También se vigorizaron alrededor de la expansión de la colonización ligada a reivindicaciones sociales y al auge cocalero, lo cual creó fuertes conflictos campesinos e indígenas en contra del Estado y el incumplimiento de compromisos por parte del mismo para la satisfacción de demandas de estas poblaciones, que generalmente estaban sujetas a reconocimientos de tierra. A su vez, grandes narcotraficantes y ganaderos por un lado, e inversiones extranjeras como de banano y petróleo por el otro, empezaron a crear grupos paramilitares que actuaron en alianza con el ejército para el control de la política, la economía y el territorio, en disputa con el poder guerrillero.
Parte de la experiencia “ilegal” anteriormente mencionada fue la creación de las “cooperativas de seguridad” (Convivir), la gestación y accionar de las AUC, su fracasada desmovilización y, en consecuencia, el neo paramilitarismo contemporáneo (bacrim, clanes, etc.). El incremento de la fuerza guerrillera y el repunte de la movilización urbana contenida con fórmulas como el Estatuto de Seguridad de Turbay, llevaron a varios intentos de negociación de paz con las insurgencias. Uno de ellos, con las FARC particularmente, fue el que dio origen a la UP, la cual fue ahogada en sangre tras su evidente ascenso electoral, volviéndose a expresar la estrechez de la democracia en el país y, por lo tanto, reiterándose uno de los factores causantes del conflicto.
La lucha oficial contra el narcotráfico y sus fumigaciones, agudizaron los conflicto sociales en el campo, en medio de la confrontación armada entre paramilitares y ejército contra las insurgencias. El fracaso de la política gubernamental para darle otro enfoque de desarrollo al campo, y por lo mismo, el auge de las guerrillas ligado a dicho fracaso, llevaron a una escalada de la confrontación, y como tragedia, al desplazamiento masivo de campesinos, indígenas y afrocolombianos.
La penetración de los narcos en la política y en las instituciones se hizo evidente, y con la entrada del tratado de extradición y el Plan Colombia auspiciados por EEUU, la confrontación armada se desenvolvió entre 1991 a 2011, como una oscilación entre auges y declives de los actores en contienda que hizo retomar con más fuerza el tema de la solución política al conflicto y los diálogos de paz, como la forma más idónea para superar esta historia de violencia con raíces económicas y políticas, que tristemente ha caracterizado al país en por lo menos los últimos 96 años.
1.4 Las negociaciones y el acuerdo de la Habana
Después de estos apuntes es que podemos afirmar que, a diferencia del uribismo que piensa que se está negociando con “capos de la droga”, “responsables de secuestros, torturas, masacres, carros bomba, reclutamiento y violación de niños”, en la superación de un “supuesto conflicto”; la evidencia histórica demuestra que en Colombia sí ha existido un conflicto armado con profundas raíces políticas y económicas, que tienen que ver principalmente con los problemas del campo y la falta de democracia para la participación política.
Y que sin negar que bajo la desafortunada prolongación de la guerra, los crímenes mencionados se hayan podido presentar, estos no son responsabilidad exclusiva ni han sido desarrollados solamente por las FARC (no “la FARC”), sino que involucran al conjunto de actores mencionados en el desenvolvimiento del conflicto, y por eso, para la consecución de la paz es necesario el esclarecimiento y superación de ello y la voluntad de todos para lograrlo. Solo dicho ejercicio, realizado seriamente, permitirá garantías de no repetición, y es con este fin que precisamente se ha elaborado durante casi 4 años (2012-2016) el contenido de los 6 puntos que conforman el acuerdo de la Habana, en el marco de la negociación de paz.
2. Mentiras para estancar y dilatar el proceso
Ahora sí, pasemos a la discusión prometida. Para ello, en primera instancia, utilizaremos como subtítulos los esgrimidos en el artículo “´La verdadera paz empieza con el No´”, siguiendo el orden propuesto por el uribismo, para evidenciar las mentiras que expone y, así, poder sacar a la luz lo verdaderamente contemplado en los acuerdos.
2.1 No habrá cárcel
El uribismo alega que el acuerdo de “justicia no contempla penas privativas de la libertad en condiciones carcelarias para los jefes guerrilleros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad” y que, por esto, “se violaría el Estatuto de Roma, que en el artículo 77 exige “reclusión” –ojo, no cárcel- para estos delitos; -y que además- tampoco se cumpliría la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige sanciones severas –de nuevo ojo, no cárcel-”.
Lo que podemos responder es que no es cierto que no haya cárcel en el acuerdo, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR, punto 5 del acuerdo), sí contempla penas de cárcel de hasta 20 años en caso de que no haya reconocimiento de responsabilidad o haya un reconocimiento tardío.
Adicionalmente, solo las sanciones propias, uno de los tipos de sanción que contempla el acuerdo, no son de reclusión carcelaria si hay una contribución efectiva a la verdad y a la reparación de las víctimas. Esto no es para nada una estipulación antijurídica ni viola ningún instrumento del derecho internacional, por lo menos por las siguientes razones:
1. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, así lo establece el artículo 22 de nuestra Constitución Política, que como norma de normas, mandata al Gobierno y a todos los ciudadanos a buscar y construir la paz.
2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete de instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como la Convención, estableció en la sentencia de las masacres de El Mozote y lugares aledaños V.S. El Salvador que la paz como producto de una negociación es un bien moral y políticamente superior, razón por la cual es un derecho, y los Estados están obligados a conseguirla por los medios que estén a su alcance. Uno de esos medios es el establecimiento de sistemas de justicia transicional que permitan la superación del enfrentamiento armado y garanticen los derechos de las víctimas.
3. “Como Estado Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Colombia ha reconocido que los crímenes más graves constituyen una amenaza a la paz, la seguridad y al bienestar general del mundo. Asimismo, ha afirmado su determinación para poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes, contribuyendo así a la prevención de los mismos”**. En desarrollo de este deber se construyó en el marco de las negociaciones el SIVJRNR, en el cual se excluyen las amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (núm. 40), con lo cual se ajusta a los parámetros establecidos por el Estatuto de Roma.
Así pues, no hay ninguna violación a algún precepto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario o del Derecho Penal Internacional. Tampoco contempla el acuerdo impunidad para quien haya cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. De la misma forma, lo establecido en el acuerdo es mucho más amplio y considera una gama de sanciones mucho más completa que la inocua propuesta de “reclusión en granjas agrícolas para los miembros de las FARC” hecha por Uribe recientemente.
Con sus mismas afirmaciones le diríamos a los uribistas, ante tan importante momento de la historia nacional, ¿argumentar con mentiras?, “¡Que mal ejemplo!”, esto, por el contrario, abre la puerta para promover “nuevas violencias”.
Por último en este punto, es necesario anotar que centrar el ejercicio de la acción penal por parte del Estado en el resultado de la punición (la cárcel) no solo es atrasado con respecto a las teorías penales contemporáneas y las prácticas más avanzadas de elaboración de política criminal, sino que también es una afrenta a los derechos de las víctimas, pues las experiencias nacionales e internacionales nos demuestran que poner todo el peso en la punición deja insatisfechos, en distintos grados, los derechos a la verdad, la reparación y, sobre todo, las garantías de no repetición que deben tener las víctimas.
2.2 Premiados con curules
Aquí, los uribistas arguyen que en el acuerdo de justicia, para “los responsables de delitos atroces”, “el Gobierno aceptó que quienes cometieron estos delitos tengan todas las posibilidades de participación en política”. Y que “a las 10 curules que el Gobierno concedió a las FARC…se suman otras 16 que surgirán de circunscripciones exclusivas para candidatos de las FARC o afines a ellos en lugares donde han sido los promotores de violencia; es decir, 26 en total”. De entrada, lo que podemos decir, es que esta última afirmación carece de todo peso histórico ya que, por un lado, coloca a las FARC como único promotor de la violencia, y, por otro lado, califica a todos los pobladores de las zonas de las circunscripciones como aliados de las FARC. “¡Que mal ejemplo!”, si de lo que se trata es de no promover “nuevas violencias”.
En este punto, además, hay razones jurídicas y políticas que desmienten el temor y la zozobra que se quiere generar con dichas afirmaciones:
- Políticas
La posibilidad de la participación política de las FARC, sin armas y en el marco de la democracia colombiana y sus reglas, es la médula del acuerdo de la Habana, todo el proceso se hace precisamente para generar transformaciones que ataquen y den solución a las causas de la guerra, una de las cuales es la exclusión política, como lo pusimos en evidencia en el sucinto recuento histórico.
Aspirar a que no haya elegibilidad política para los miembros de las FARC, o por lo menos que no la haya frente a “máximos responsables”, es pretender que las FARC acepten un sometimiento a la justicia (no una negociación política), y hacer eso es, a su vez, generar las condiciones para volver a la guerra negando el conflicto y sus causas.
Lo lógico en la terminación de un conflicto armado de naturaleza política es que exista la posibilidad de participación en la democracia para todos los actores en conflicto.
- Jurídicas
1. Las 10 curules que están previstas en los acuerdos de la Habana, de manera temporal, cumplen la función de que las FARC puedan tener garantizada una mínima voz en el Congreso para la ejecución de los acuerdos, lo cual es apenas lógico en un escenario de transición a la democracia en el que el Congreso tendrá un papel crucial para la implementación de lo pactado por la guerrilla y el Gobierno.
2. Aun así, serían una fuerza política que poco afectaría las decisiones del Congreso, representarían 10 votos en un Congreso con 268 miembros.
3. No es cierto que las curules establecidas para las 16 circunscripciones especiales de paz sean para las FARC, son para las comunidades más afectadas por la guerra y la exclusión política, lo que dispone el acuerdo es que se excluye a los partidos que ya tienen representación, y se establecen un conjunto de medidas para que sean disputadas por organizaciones sociales y políticas de las zonas más marginadas de las decisiones nacionales a causa del conflicto armado.
2.3 Sustituyen Constitución
Acá, el uribismo sustenta que “el Acto Legislativo para la Paz…rompe el ordenamiento jurídico y sustituye la Carta Política…al pretender incorporar los acuerdos de impunidad de la Habana en el Bloque de Constitucionalidad…convirtiendo a las FARC en constituyentes”, que “terminará en una expedición de enmiendas exprés, alterando el espíritu de la Constitución de 1991 y limitando el poder al Congreso al discutir y reformar solo aquello que el Gobierno le permita”. Además, desde su punto de vista, “le dan al presidente…facultades extraordinarias que exceden los límites que ya tienen la Constitución y la ley”. Culmina diciendo de esta forma, que: “quienes han respaldado estos acuerdos son los mismos que destruyeron y llevaron a la tragedia a Cuba y Venezuela”.
Comenzando, ¿Qué tiene que ver Chile y Noruega, también países garante y acompañante y que apoyan los acuerdos, con las decisiones soberanas de los pueblos de Cuba y Venezuela?. Igualmente hay que decir que, integrar un acuerdo, que garantiza la terminación del conflicto armado y posibilita la construcción de la paz, al ordenamiento jurídico nacional, no es un quebrantamiento de la Constitución ni del orden institucional, todo lo contrario: es el cumplimiento del mandato constitucional de buscar la paz y de la obligación internacional del Estado de solucionar sus conflictos por vías pacíficas que garanticen la democracia.
La integración de los acuerdos mediante la figura de un acuerdo especial en el marco del DIH a través del bloque de constitucionalidad, es darles cumplimiento a los artículos 22 y 93 de la Constitución estableciendo un mecanismo expedito para su implementación, hacerlo de otra manera implicaría una dilación que anularía su efectividad y nos llevaría nuevamente a la violencia.
Por otro lado. No es cierto que las facultades dadas al presidente de la República excedan lo previsto en la ley por dos razones:
1. Las facultades extraordinarias tienen precisamente ese carácter: no estar previstas en normas preexistentes, si esas facultades ya estuvieran previstas no sería necesario volver a conferírselas al presidente.
2. Se siguió el procedimiento establecido en nuestro ordenamiento jurídico para conferir estas facultades: la aprobación por parte del Congreso de la República.
2.4 Justicia disfrazada
El uribismo dice que el acuerdo crea “un tribunal de las FARC, mediante el cual se busca la absolución de responsables de atrocidades, y a manera de venganza, el encarcelamiento de policías, soldados y civiles, quienes han sido considerados por el grupo ilegal como ´un estorbo´ en el propósito de destruir al país”. Esto supuestamente se realizará por “un supratribunal” “integrado por jueces escogidos por un mecanismo definido por Santos y las FARC”, donde se juzgará igualmente a “todo ciudadano que hubiera participado, directa o indirectamente, en el supuesto conflicto”.
Dichas enunciaciones llenas de inexactitudes históricas, por una parte, desconocen las raíces del conflicto y lo solucionan diciendo, sin ningún tipo de rigurosidad, que el objetivo de las FARC ha sido destruir al país, ¡falso!, sin negar, lógicamente, las desastrosas consecuencias de la guerra. Y por otra parte, la involucración de otros agentes la coloca como un hecho de venganza de las FARC, ocultando la realidad histórica que afirma que en el marco del conflicto han participado multiplicidad de actores, los cuales deben contribuir a la construcción de la paz para que realmente no haya impunidad. Hacerlo con solo las FARC nos daría un resultado incompleto a la luz de la discusión y el veredicto histórico, que no permitiría la superación efectiva de la violencia.
Sumado, uno de los escollos para la superación del conflicto en nuestro país es la inoperancia de la justicia en Colombia, lo cual lleva a denigrantes situaciones de impunidad. La razón del diseño de una Jurisdicción Especial para la Paz es que nuestra justicia no da abasto y es insuficiente para atender la magnitud y complejidad del conflicto.
De la misma forma, no es cierto que el mecanismo de elección sea amañado por las partes, todo lo contrario, es un mecanismo de escogencia transparente en el que se le asigna a entidades imparciales (el ICTJ, el SUE, el Secretario General de la ONU, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia) la responsabilidad de seleccionar el comité de escogencia*** encargado de seleccionar a quienes van a juzgar los más graves crímenes cometidos en el marco de la guerra.
Adicionalmente, es algo a saludar que no solo se juzgue a los actores directos del conflicto (tanto combatientes de las FARC como policías y militares) sino que en un reconocimiento de la complejidad y multidimensionalidad del conflicto colombiano, se integre en el proceso a todos los participantes directos e indirectos del mismo, como por ejemplo: empresarios y políticos vinculados con la violencia.
2.5 Humillación a víctimas
Los uribistas nos advierten a los colombianos que “se firmaron los acuerdos y las FARC no pidieron perdón a sus víctimas y tampoco van a repararlas”, que “en los acuerdos no se contempla un proceso de reparación verdadera, no se obliga a las FARC a entregar el dinero ni los bienes”, y que los recursos de la reparación recaerán en los colombianos a través de impuestos por medio de la reforma tributaria. Finalmente, que “el reclutamiento de menores es un tema ´pendiente´”.
Todos los argumentos expresados en este punto son falaces:
1. No es cierto que las FARC no hayan pedido perdón a las víctimas, así lo han hecho en varias ocasiones, dentro de las cuales las más remarcables son: la petición de perdón hecha por Timoleón Jiménez en el acto protocolario de la firma del acuerdo en Cartagena, la petición de perdón a las víctimas de Bojayá y la petición de perdón a las víctimas de La Chinita.
2. Las FARC han declarado públicamente que van a presentar todos sus recursos financieros y los van a poner al servicio de la reparación de las víctimas: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/farc-revelaran-cuantos-bienes-ilicitos-y-dinero-posee-r-articulo-657535
3. La reforma tributaria no tiene la función de financiar la implementación de los acuerdos pues este dinero está asegurado por vía de la cooperación internacional, sino de cubrir un hueco fiscal generado por la baja de los precios internacionales del petróleo, entre otras razones.
4. Las FARC ya han comenzado el proceso de entrega de los menores que hacen parte de sus filas, en cumplimiento de lo acordado con el Gobierno colombiano: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/farc-entregan-ninos-reclutados/16698419
2.6 Legalizan el narcotráfico
Los uribistas en este punto afirman que las FARC, “primer cartel de cocaína en el mundo”, por medio del acuerdo logran que “el lavado de activos, la minería ilegal, la extorsión e incluso el narcotráfico entren por la puerta de la conexidad con el delito político al dulce camino de la amnistía”. Se “elimina la extradición” y hace que “los capos de la droga” junto con el Gobierno, “definan la lucha contra el narcotráfico”.
En primer lugar, según las oficinas de la DEA, lejos están las FARC de ser el principal cartel del narcotráfico a nivel mundial, no controlan las rutas de transporte, la cristalización, la distribución y su venta en el extranjero. Esto es una falacia repetida muchas veces por el uribismo que nada tiene que ver con la realidad. De hecho, por ejemplo, Simón Trinidad, guerrillero de las FARC extraditado a EEUU, en un largo proceso bajo la justicia de este país, no ha recibido ninguna condena por motivos ligados al narcotráfico, deslegitimando de alguna manera los argumentos de los defensores del No, y obligando a colocar nuestra mirada sobre las causas del conflicto para superar la violencia, y no en la extradición que no soluciona nada.
Asimismo, la conexidad con el delito político no es un invento de los negociadores en la Habana, en el entendido que el delito político es imposible de consumar como delito autónomo, es necesario cometer otros delitos para poder llevar a cabo la rebelión. Esto es un precepto de derecho penal universalmente reconocido.
Aún más, el mismo numeral 39 del acuerdo establece que “El segundo criterio, de tipo restrictivo, excluirá crímenes internacionales, de conformidad con lo indicado en los puntos 40 y 41, tal y como lo establece el derecho internacional de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de Roma”. Por lo cual, el fantasma de la impunidad que se quiere presentar de nuevo se difumina entre lo sólido de la realidad.
Por último, con respecto al combate contra el narcotráfico, el acuerdo lo fortalece insistiendo en un enfoque territorial, proponiendo mecanismos para el uso eficiente de los recursos judiciales, diferenciando el tratamiento de criminales, consumidores y cultivadores, y creando herramientas para la lucha contra las finanzas ilícitas, el mayor control a los insumos, y la lucha contra la corrupción institucional asociada a este flagelo.
2.6 Tierras y milicias
Los uribistas dicen que en el acuerdo “quedó establecido que se podrá hacer una expropiación administrativa a quienes han adquirido sus tierras legalmente”. Asimismo, que en el acuerdo “no hubo claridad sobre la desmovilización de las estructuras de milicias” y que “el Gobierno vincula a las FARC a unidades de inteligencia del Estado, a cuerpos de Policía, a organismos oficiales para supervisar las empresas de vigilancia privada y para vigilar a quienes voten por el ´No´ en el plebiscito”.
Antes de seguir, ante esta última afirmación, y las que hacen referencia a que las FARC iban a amedrantar campesinos y zonas para sacar un resultado positivo en el plebiscito; todo colombiano honesto que salió a votar, por el Sí o por el No, sabe que estas aseveraciones se caen por su propio peso ante lo sucedido. Sigamos. Asimismo, acusan los uribistas de que los acuerdos “aceptan armar a alrededor de 600 guerrilleros para ser incorporados a las fuerzas de seguridad del Estado con el pretexto de proteger a los cabecillas”.
En cuanto a las tierras, lo primero que habría que decir es que es uno de los problemas estructurales para la superación del conflicto, negar la posibilidad de una redistribución y una modificación de la concentración de la tierra en Colombia sería, nuevamente, negar una de las causas históricas del conflicto y, por lo tanto, volver nuevamente a la situación de violencia. En segundo lugar, lo que se establece en el acuerdo es un fondo de tierras que se compone, entre otras de: (1) tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la Nación, es decir, tierras que han sido decomisadas por el Estado en su deber de perseguir delitos como, por ejemplo, el narcotráfico; y (2) tierras adquiridas por motivos de interés o utilidad pública. Ninguna de las dos figuras son un invento de los acuerdos de la Habana, ambas están previstas en nuestra Constitución en los artículos 34 y 58 respectivamente. No hay ningún ejercicio de arbitrariedad contra nadie que haya adquirido legalmente sus tierras.
En cuanto a la falta de claridad en el acuerdo sobre la situación de las milicias, debemos decir que es sencillamente otra falacia. Queda perfectamente claro en el punto 5 referido a víctimas, y en particular en el aparte de la Jurisdicción Especial para la Paz, que comparecerán ante ella “todos los que hayan tenido vinculación directa e indirecta con el conflicto”; a lo cual se suma que las FARC ya han empezado a entregar de buena fe la información sobre la composición de sus estructuras, lo que deja sin piso alguno los alegatos amañados del uribismo para deslegitimar el proceso de paz.
Y con respecto a la seguridad para cuidar al partido político que cree las FARC en su reincorporación a la vida civil, es apenas lógico que se geste un cuerpo independiente para la protección, dentro del Estado y regulado por el mismo, cuando se ha demostrado que los servicios brindados directamente por los organismos institucionales, han tenido que ver con facilitar atentados como el que segó la vida de Luis Carlos Galán, por no hablar del genocidio de la UP.
3. Las verdaderas intenciones y la necesidad de movilizarnos para destrabar la paz
Una vez develadas las mentiras expuestas por estos tres distinguidos precandidatos presidenciales del Centro Democrático, quisiéramos proseguir la discusión para pasar a concluir, anotando algunas cuestiones con respecto a las propuestas de renegociación ya puntualizadas por Uribe en el “comunicado” que publicó el 9 de octubre, evidenciando sus verdaderas intenciones, y así, referenciando algunos de los fines con los que, desde nuestro punto de vista, se tiene que llenar la movilización de los colombianos, para destrabar el momento político y sacar la paz adelante.
3.1 Más de lo mismo
Después del plebiscito, ante la evidente improvisación de los líderes del No y la indignación de los colombianos con la confesión de su mentirosa campaña, Uribe ha vuelto a “contra argumentar” el 9 de octubre, diciendo y haciendo más de lo mismo, pero a pesar de ello, explicitando aún más sus verdaderos propósitos. De lo que expuso se puede decir que****:
1. Los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 11, son una reformulación de lo ya discutido y refutado anteriormente. Sin embargo, añadiríamos que dentro de estas propuestas hay algunas que representan, además de inexactitudes, evidentes regresiones con respecto a lo pactado en los acuerdos, en particular: la propuesta de que el marco jurídico aplicable sea la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) que demostró ser una ley absolutamente inoperante, insatisfactoria para los derechos de las víctimas y que favorece la impunidad; que el escenario de reclusión se limite a granjas agrícolas para los “máximos responsables” de las FARC lo cual es infinitamente más estrecho que las tres modalidades de sanciones establecidas en el acuerdo, no solo para las FARC sino para todos los actores del conflicto; y la de amnistía únicamente para la base guerrillera, que retrasa sin argumento alguno lo previsto en el acuerdo en el sentido de una ley de amplia amnistía, que en todo caso, se somete a las decisiones de la sala de amnistía e indulto de la JEP.
2. Punto 7: Los ingresos que pide garantizar para los guerrilleros rasos contratados para la destrucción de cultivos ilícitos, ya están contemplados en el punto 3 del acuerdo (Fin del conflicto), pero en vez de colocarse en contraposición de lo definido en el punto 4 del acuerdo (Solución al problema de las Drogas Ilícitas), de lo que se trata es de garantizar a la totalidad de los guerrilleros, para su efectiva reincorporación a la vida civil, un conjunto de medidas transitorias de apoyo en salud social, física y mental, y de apoyo material en lo laboral y para proyectos productivos. Del éxito de dichas medidas depende que los colombianos evitemos a futuro manifestaciones de tipo criminal, por lo tanto, no nos puede dar escozor que para que los guerrilleros transiten a la vida civil, el gobierno en el paso inicial les brinde dicha ayuda. De hecho, esa ayuda ya existe de alguna manera, en la vigente política de desmovilización.
3. Punto 9: La erradicación manual y la fumigación por parte del Gobierno que pide privilegiar, ya está contemplado en el acuerdo en el punto 4, pero en este, al contrario, se privilegia la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en diálogo con las comunidades, como parte de la Reforma Rural Integral (punto 1 del acuerdo), al entender este problema, desde un criterio histórico, como falta de un enfoque y política Estatal decidida para el desarrollo del campo y sus pobladores.
4. Punto 10: Se pide que el acuerdo no afecte ni a los propietarios o poseedores honestos ni a la empresa agropecuaria, no lo hace, a los únicos que afecta el acuerdo es a quienes han adquirido sus tierras por medio del mecanismo criminal del despojo o quienes han estado relacionados con esta práctica ilegal.
5. Punto 12: Con respecto a la autonomía de alcaldes y gobernadores para atender con equidad las necesidades de todos los ciudadanos, por el contrario, en vez de limitarla, como se sugiere; la implementación del acuerdo complementará y reforzará dicha atención con recursos y políticas necesarias a la luz del desarrollo del país, ante los impactos desafortunados que ha tenido el conflicto durante décadas en todo el territorio nacional.
6. Punto 13: La participación ciudadana, las consultas a comunidades, transversal en los acuerdos como elemento indispensable de implementación, no se puede ver como un hecho que pueda entorpecer el desarrollo equilibrado de la nación. Precisamente, la falta de participación política en todos sus niveles ha sido uno de los causantes de la violencia, su lógica promoción por parte de los acuerdos es un garante del desarrollo equilibrado de la nación al fortalecer su democracia.
Se puede decir que Uribe concluye así, pidiendo “urgencia y paciencia” “para discutir tantos motivos de preocupación”, que esto se haga público, y que el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo no tenga el límite del 31 de octubre. En algo no se equivoca Uribe, los colombianos tenemos urgencia de la paz y hemos tenido paciencia durante 96 años de conflicto, la pírrica respuesta que para Uribe significa “tantos motivos de preocupación”, como se ha demostrado en su “comunicado”, no son muchos motivos a pesar de la retórica (“…propuestas, que hacen parte de muchas”), y la mayoría son mentiras, un desconocimiento del conflicto, o simplemente ya están contemplados en el acuerdo. ¿Justifica el triunfo del No y que con esto se siga deteniendo la implementación de los acuerdos para avanzar hacia la paz?
3.2 A lo que aspira Uribe y lo que puede pasar
Realmente a lo que aspira Uribe es a dilatar el proceso buscando su falla, no de otra manera se explica el parsimonioso método de discusión propuesto (definición de metodología seguida de una revisión minuciosa de lo acordado en la Habana ¿No se han leído ya los acuerdos?) que contrasta con sus llamados a la urgencia, esta dilación y situación prolongada de incertidumbre no tiene otro ánimo que, en medio de la tensa calma, surja un hecho que quiebre la confianza entre las partes y le permita acabar la tregua ya conquistada, o esperar a que el movimiento ciudadano en defensa de la paz se desgaste de aquí a las fiestas decembrinas para intentar modificar con menos presión los acuerdos, y, dentro de eso, poder capitalizar este espacio de incertidumbre con formulaciones vacías y manipulación mediática para así materializar la aspiración del Centro Democrático a las contiendas presidenciales del 2018.
Sumado, lo que realmente tienen de fondo sus “propuestas” con respecto al acuerdo, es:
1. La intención de separar la base de las FARC de su dirigencia. De ahí la amnistía para los guerrilleros rasos y el castigo para los “criminales atroces”.
2. Darle paso a la impunidad (que lo beneficia) juzgando a solo un actor del conflicto (y solo a su dirigencia) por medio de la inoperancia de la justicia ordinaria, todo lo contrario a lo propuesto con la JEP; despreciando a las víctimas y a los colombianos, y su derecho a la verdad.
3. Que la reforma del campo no tenga ningún impacto sobre la gran propiedad (su gran propiedad y la de sus compinches) que haya sido conseguida de “buena fe” pero sobre la base del despojo y desplazamiento violento de los pobladores rurales.
De esta manera, podemos sugerir que en lo real, a Uribe no le importan ni las víctimas ni que regrese la guerra, esta última, de hecho, es su más potente trampolín político. A Uribe y el uribismo lo único que les interesa son sus aspiraciones burocráticas, y como buenos ególatras, hacer triunfar por encima de todo y de todos, su tesis de la victoria militar sobre “el terrorismo y el narcotráfico”, pisoteando la solución política y negociada al conflicto armado colombiano.
Es por esto que defender el acuerdo se transforma en este momento en el camino más seguro hacia la estabilización política del país garantizando su tránsito hacia la paz, ya que es el mejor acuerdo porque:
1. Durante cuatro años, dos fuerzas absolutamente contrarias, el Gobierno en representación de las instituciones y los ciudadanos, y las FARC; trabajaron en llegar a puntos intermedios, con lo que hay que insistir, que si otras propuestas, que benefician más al Gobierno o se inclinan más hacia las FARC, se hubieran podido pactar, ninguna de las dos partes hubiera dudado en colocarlo en el acuerdo final. En esa medida, la renegociación es peligrosa, porque además que amenaza la tregua al congelar el acuerdo y dilatar el proceso, le da cabida a oportunismos políticos de todo tipo, que realmente aspiran burocráticamente y no a contribuir a la paz.
2. Es el que mejor se acomoda a la solución del conflicto en sus dimensiones históricas y plantea, de esta manera, las mejores propuestas para su superación. Y porque, tal como lo hemos expuesto en este documento, no hay ningún contenido en las “propuestas” de los promotores del No que justifique la dilación del proceso, su empate obtenido en el plebiscito no es un cheque en blanco para hacer con la paz y el futuro del país lo que les venga en gana.
3.3 La movilización por la paz
Así pues es que, cuando hablamos de una alternativa para destrabar el momento, nos referimos a cumplir con el objetivo de concretar la solución política al conflicto armado que, hasta ahora, adquiere una entidad material en los acuerdos de la Habana. Indudablemente los resultados del plebiscito del 2 de octubre generan un estado de indefinición jurídica alrededor de la cual han comenzado a surgir múltiples propuestas. Pero, debe estar claro que ante la situación, nuevos plebiscitos u objetivos maximalistas para la movilización tienen el mismo resultado que la renegociación, la dilatación del proceso poniendo en riesgo la paz y abriéndole una posibilidad al oportunismo y al retorno de la guerra.
En consecuencia, la solución a este limbo no es exclusivamente jurídica sino fundamentalmente política, y en política estamos hablando siempre en un lenguaje de correlación de fuerzas, solo mediante una movilización lo suficientemente potente, certera y eficaz, que demuestre que hay una arrolladora voluntad colectiva en Colombia que está por la paz y que exige la inmediata implementación de los acuerdos de la Habana, será posible materializar el clamor que los colombianos hemos venido expresando en la calle las dos últimas semanas.
Una reflexión meditada, a la que esperamos poder contribuir con este escrito, nos debe llevar a asumir el compromiso de rechazar las mentiras uribistas y a movilizarnos cuantas veces sea necesario (cada vez a mayor escala) para presionar la implementación de lo acordado, exigiendo celeridad al Presidente y el Congreso, para que cumplan con su obligación y garanticemos, entre todos, el derecho constitucional a la paz, no plebiscitable.
Los ríos de gente en las calles y asambleas ciudadanas deben exigir mantener el cese al fuego, que el diálogo con el ELN llegue a feliz término para conquistar una paz completa; y con la presión ejercida conseguir destrabar políticamente el momento, cerrándole el paso a la dilatación del proceso al dar inicio por parte del gobierno a la implementación del acuerdo, y dentro de ello, al gran pacto político nacional que le dé la estocada final y definitiva a la relación entre armas y política para superar 96 años de violencia. Será la victoria política y ciudadana la que imponga a las condiciones jurídicas la necesaria implementación inmediata de lo acordado para avanzar de manera segura hacia la paz.
La indiferencia es el peor enemigo de un mejor futuro, esperamos y estamos absolutamente convencidos, que los colombianos estaremos a la altura del momento, para construir un país en paz, con justicia social y profundamente democrático, que es lo que todos y todas queremos y necesitamos.
Gráfica: Pie de foto.- El futuro de la paz Foto: UNDP
Notas al Pie
* Este apartado en cuanto a referencias históricas, tiene como principal soporte lo consignado por Alfredo Molano Bravo en su texto: “Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920 - 2010)”.
** Declaración de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, sobre la conclusión de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).
*** La trasparencia se expresa en la imposibilidad de escoger directamente a los magistrados que van a integrar la JEP, con tantos subniveles de la escogencia podríamos preguntar ¿Más transparencia para dónde?
**** Para facilitar la explicación, utilizamos la enumeración de las propuestas de Uribe realizadas por Blu radio.
Bibliografía
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