El próximo viernes 17 de junio desde las 9:00 a.m. se dará un nuevo round entre la administración distrital en cabeza de la alcaldesa Claudia López y el consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP (CGR), operador del relleno sanitario Doña Juana. Este escenario, en continuación de la audiencia por un incidente de desacato que pretende frenar un artículo del Plan de Ordenamiento territorial (POT), en el que se propone la creación de un parque de innovación y valorización de residuos en el relleno sanitario, el cual se contempla dentro del sistema de infraestructuras para la gestión de residuos sólidos en el artículo 187 del decreto 555 de 2021 (POT 2022 – 2035).
Por: Heidy Sánchez
Es decir, el operador privado pretende por medio de dicho recurso legal presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se suspendan los artículos del POT que proyectan la creación de nuevas alternativas diferentes a la del enterramiento (estrategia actual) para la disposición de los residuos en el relleno Doña Juana, que tiene vida útil proyectada hasta 2024. Hay que destacar que la firma CGR es la que manipula y opera los desechos del relleno desde hace 11 años, y ha tenido diferentes conflictos debido al incumplimiento sistemático en la operación del relleno y por dificultades financieras del consorcio que ordenaron en el año 2020 el embargo de sus activos por parte de la DIAN por una deuda que ascendía a $15.000 millones de pesos.
Adicionalmente, en 2020 la división especializada contra violaciones a los derechos humanos, eje temático de protección de recursos naturales y medio ambiente de la Fiscalía, formuló cargos al representante legal de CGR, por su presunta responsabilidad en los delitos de contaminación ambiental debido a supuestas fallas en el manejo y disposición de los residuos; especialmente en lo relacionado con la disgregación, compactación y cubrimiento de estos. Igualmente, por presuntas irregularidades en el manejo de lixiviados y estabilidad de taludes que aumentan la presencia de vectores y malos olores.
Actualmente, el distrito señala el incumplimiento sistemático por parte de CGR frente a la construcción de una planta de tratamiento de lixiviados necesaria para evitar la contaminación del río Tunjuelo que posteriormente desemboca en el río Bogotá y que se ve afectado por el mal manejo de los lixiviados por parte el operador. Por tal motivo, mediante expediente SAN0302-00-2018 notificado a través del auto 6685 del 31 octubre de 2018, la ANLA sancionó a la empresa por manejo inadecuado de lixiviados debido a que las cajas de distribución son construidas sin cumplir con las especificaciones técnicas, generando proliferación de vectores y olores ofensivos. Sin embargo, pese a que esta obra podría costar alrededor de $100.000 millones según la administración distrital y que CGR ha recaudado más de $160.000 millones de las y los bogotanos por medio de las diferentes tarifas, las obras aún siguen inconclusas.
Hoy la disputa en los estrados judiciales es entre la ciudad y un operador que ha incumplido sus deberes, evadiendo mediante argucias jurídicas las sanciones por parte de la autoridad ambiental y que, a pesar de recibir dividendos económicos durante más de una década por la operación del relleno, demanda al distrito por una cuantiosa suma que puede ascender a los $2 billones de pesos.
Hay que enfatizar que, si bien nos hemos opuesto a diferentes medidas implementadas por esta administración distrital, consideramos que la operación de los residuos sólidos debe estar en cabeza del sector público, que tiene que invertir en tecnologías limpias que permitan el aprovechamiento, reciclaje, reconversión y generación de energía para Bogotá a partir del manejo de los residuos. Por tal razón, cerramos filas en defensa de la ciudad y su patrimonio, esperando que la nueva batalla a librar el 17 de junio nos permita proteger el interés común, y que este prevalezca por encima del particular.
Fuente: Cuarto de Hora
Es decir, el operador privado pretende por medio de dicho recurso legal presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se suspendan los artículos del POT que proyectan la creación de nuevas alternativas diferentes a la del enterramiento (estrategia actual) para la disposición de los residuos en el relleno Doña Juana, que tiene vida útil proyectada hasta 2024. Hay que destacar que la firma CGR es la que manipula y opera los desechos del relleno desde hace 11 años, y ha tenido diferentes conflictos debido al incumplimiento sistemático en la operación del relleno y por dificultades financieras del consorcio que ordenaron en el año 2020 el embargo de sus activos por parte de la DIAN por una deuda que ascendía a $15.000 millones de pesos.
Adicionalmente, en 2020 la división especializada contra violaciones a los derechos humanos, eje temático de protección de recursos naturales y medio ambiente de la Fiscalía, formuló cargos al representante legal de CGR, por su presunta responsabilidad en los delitos de contaminación ambiental debido a supuestas fallas en el manejo y disposición de los residuos; especialmente en lo relacionado con la disgregación, compactación y cubrimiento de estos. Igualmente, por presuntas irregularidades en el manejo de lixiviados y estabilidad de taludes que aumentan la presencia de vectores y malos olores.
Actualmente, el distrito señala el incumplimiento sistemático por parte de CGR frente a la construcción de una planta de tratamiento de lixiviados necesaria para evitar la contaminación del río Tunjuelo que posteriormente desemboca en el río Bogotá y que se ve afectado por el mal manejo de los lixiviados por parte el operador. Por tal motivo, mediante expediente SAN0302-00-2018 notificado a través del auto 6685 del 31 octubre de 2018, la ANLA sancionó a la empresa por manejo inadecuado de lixiviados debido a que las cajas de distribución son construidas sin cumplir con las especificaciones técnicas, generando proliferación de vectores y olores ofensivos. Sin embargo, pese a que esta obra podría costar alrededor de $100.000 millones según la administración distrital y que CGR ha recaudado más de $160.000 millones de las y los bogotanos por medio de las diferentes tarifas, las obras aún siguen inconclusas.
Hoy la disputa en los estrados judiciales es entre la ciudad y un operador que ha incumplido sus deberes, evadiendo mediante argucias jurídicas las sanciones por parte de la autoridad ambiental y que, a pesar de recibir dividendos económicos durante más de una década por la operación del relleno, demanda al distrito por una cuantiosa suma que puede ascender a los $2 billones de pesos.
Hay que enfatizar que, si bien nos hemos opuesto a diferentes medidas implementadas por esta administración distrital, consideramos que la operación de los residuos sólidos debe estar en cabeza del sector público, que tiene que invertir en tecnologías limpias que permitan el aprovechamiento, reciclaje, reconversión y generación de energía para Bogotá a partir del manejo de los residuos. Por tal razón, cerramos filas en defensa de la ciudad y su patrimonio, esperando que la nueva batalla a librar el 17 de junio nos permita proteger el interés común, y que este prevalezca por encima del particular.
Fuente: Cuarto de Hora
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