El 28 de abril de 2021 fue la fecha de inicio de un ejercicio de movilización sin precedentes para la historia del país a través de un paro nacional que duró alrededor de 3 meses. La sociedad colombiana, y especialmente la juventud precarizada, se volcó a las calles a protestar en contra de las nefastas políticas del gobierno uribista de Iván Duque, que en su indolencia ha tenido al pueblo viviendo en pésimas condiciones.
Por: Heidy Sánchez
Dicho escenario contó con antecedentes como el del paro estudiantil del 2018, que obligó al presidente Duque, recién posesionado, a negociar en aras de lograr un acuerdo para aumentar la base presupuestal de las universidades públicas, entre otros elementos. Del mismo modo, el 21 de noviembre 2019 hubo un paro nacional (21N) que convocó a múltiples sectores sociales del país a rechazar el denominado “paquetazo” que incluía las reformas laboral, pensional y tributaria.
Entrado el 2021, segundo año en el que Colombia sufría las consecuencias sociales, económicas y en materia de salud provocadas por la pandemia del COVID-19, el gobierno nacional anunció una nueva propuesta de reforma tributaria auspiciada desde el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Alberto Carrasquilla, la cual era absolutamente inoportuna e impopular dado el contexto nacional, pues buscaba entre otras, gravar la canasta familiar en plena crisis. Sumado a esto, se gestaba un proyecto de ley que pretendía reformar el sistema de salud, privatizando un servicio ya tercerizado, beneficiando la rentabilidad financiera de aseguradores y prestadores de salud. Dichas apuestas irrisorias motivaron a que las y los colombianos se manifestaran en su rechazo.
Hay que señalar que las demandas que se expresaron en las calles de manera directa, generando rupturas con la cotidianidad institucional, productiva y social, trascendieron del hecho de querer tumbar estas reformas. Las motivaciones fueron varias y han sido persistentes: exigir la implementación integral de los acuerdos de paz, que cese el asesinato de líderes sociales, rechazar la explotación predadora de los recursos naturales y la corrupción, como también la defensa de la educación, la salud y la búsqueda de mejores condiciones laborales, etc.
La presión en las calles de todo el país, auspiciada por la indignación de las y los jóvenes, que desbordó al movimiento organizado y sindical, logró que estas reformas retardatarias se tumbaran. Asimismo, la protesta llevó a que dimitieran de su cargo al ministro de Hacienda Carrasquilla, impulsor del proyecto de reforma tributaria que desencadenó las protestas, y la Canciller Claudia Blum.
Desafortunadamente, estos logros no fueron completos y sí dejaron mucho dolor en el país. El gobierno de Iván Duque, como muchos gobiernos locales, entre ellos el de la alcaldesa Claudia López, en vez de incentivar el diálogo efectivo con las y los manifestantes pararesolver las causas que motivaron la protesta social, priorizaron la represión y la violación a los derechos humanos como mecanismo para disolverla.
Según la Fundación Lazos de Dignidad, se sistematizaron en el contexto del paro al menos 89 homicidios, de los cuales en su mayoría corresponden a población joven y en al menos 36 casos existen elementos que permiten plantear la presunta responsabilidad de la Policía Nacional por el empleo de armas de fuego en escenarios de movilización. Alrededor de 1.929 personas heridas por el abuso policial, en donde se evidencian por lo menos 97 casos de lesiones oculares; práctica sistemática que desde el año 2018 ha dejado alrededor de 140 casos en todo el territorio nacional.
Igualmente, hubo 343 casos de agresiones directas a personas defensoras de derechos humanos que integran comisiones de verificación, las mismas que con la sanción presidencial de la Ley de Seguridad Ciudadana son estigmatizadas y criminalizadas a través del nuevo tipo penal denominado “obstrucción a la función pública”. También se registraron 106 denuncias de violencias basadas en género ejercidas presuntamente por la fuerza pública y 3.546 detenciones de manifestantes, en las que las personas detenidas afirman haber sido víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como presuntos montajes judiciales realizados en su mayoría contra liderazgos juveniles y populares que participaron activamente de las protestas.
Cabe resaltar que estas acciones dan muestra de que la violencia policial no es algo de “manzanas podridas” sino que obedece al ADN de lo que las élites han hecho con esta institución, pues en vez de ser un cuerpo civil armado encargado de garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, la Policía fue adecuada como un cuerpo político de represión, militarizado, dependiente de la política militar del Estado y permeado por la doctrina del enemigo interno implantada por Estados Unidos.
Producto de esto es que hay una problemática nacional de intervención violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en contra de los ejercicios de protesta, no solo en el marco del paro nacional de 2021 sino desde mucho antes. Realidad que ha sido reafirmada incluso por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC 7641-2020 del 22 de septiembre de 2020, en la que señala, entre otras, que el ESMAD es “una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas”.
Dicha realidad solo puede cambiar con una reforma estructural de la Policía Nacional, para lo cual es necesario un gobierno alternativo que reconozca la importancia de una fuerza pública para la paz y no para la guerra, poniendo en marcha dicha reforma. Sin duda, estegobierno ha de ser el de Gustavo Petro y Francia Márquez. Tal reforma, por supuesto, debe partir de la implementación completa del punto 2 del acuerdo de paz. Asimismo, la Policía como cuerpo civil armado destinado a la garantía de la seguridad ciudadana, debe estar adscrita al Ministerio del Interior y no al Ministerio de Defensa como en la actualidad, además tendría que ser excluida del fuero penal militar para que sea la justicia ordinaria la que la pueda juzgar y se evite la impunidad que ha sido constante.
Igualmente, una reforma efectiva debe contener la abolición de la doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno, fortaleciendo la formación en derechos humanos y garantizando el acceso a educación superior para las y los integrantes de la fuerza pública. Asimismo, es fundamental que incluya el desmonte del ESMAD y prohíba el uso de armas de “letalidad reducida” para el manejo de la protesta social, fortaleciendo la capacitación y la labor civil de la Policía.
Por otro lado, es necesario establecer un efectivo mecanismo de participación y veeduría ciudadana sobre el actuar de la Policía en todos los niveles, con medidas céleres y efectivas frente a las denuncias que se interpongan y, finalmente, es menester diseñar un mecanismo de selección y reclutamiento en el que las evaluaciones psicológicas y la búsqueda de antecedentes nutran la institución de personas que tengan la empatía y el servicio (no la agresividad o la imposición) como eje central de la carrera.
La reforma estructural a la Policía será uno de los grandes retos a los que se enfrentará el gobierno entrante. La protesta social como derecho constitucionalmente protegido debe ser garantizado y no reprimido, como ha venido ocurriendo. El malestar social que se reflejó en las calles durante el paro nacional tiene que verse reflejado en las urnas, rechazando aaquellos sectores políticos que lo provocaron, a aquellos que avalaron la barbarie cometida en contra de la juventud, así como a quienes guardaron silencio frente a la misma. La posibilidad de un cambio por la vida está abierta, por la memoria de los que ya no están, por nosotras y por las generaciones venideras, demos un paso importante el próximo 29 de mayo marcando en el tarjetón los rostros de Gustavo Petro y Francia Márquez, quienes impulsarán una cultura de paz y las reformas sociales que la garantizan.
Fuente: Cuarto de Hora
Por: Heidy Sánchez
Dicho escenario contó con antecedentes como el del paro estudiantil del 2018, que obligó al presidente Duque, recién posesionado, a negociar en aras de lograr un acuerdo para aumentar la base presupuestal de las universidades públicas, entre otros elementos. Del mismo modo, el 21 de noviembre 2019 hubo un paro nacional (21N) que convocó a múltiples sectores sociales del país a rechazar el denominado “paquetazo” que incluía las reformas laboral, pensional y tributaria.
Entrado el 2021, segundo año en el que Colombia sufría las consecuencias sociales, económicas y en materia de salud provocadas por la pandemia del COVID-19, el gobierno nacional anunció una nueva propuesta de reforma tributaria auspiciada desde el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Alberto Carrasquilla, la cual era absolutamente inoportuna e impopular dado el contexto nacional, pues buscaba entre otras, gravar la canasta familiar en plena crisis. Sumado a esto, se gestaba un proyecto de ley que pretendía reformar el sistema de salud, privatizando un servicio ya tercerizado, beneficiando la rentabilidad financiera de aseguradores y prestadores de salud. Dichas apuestas irrisorias motivaron a que las y los colombianos se manifestaran en su rechazo.
Hay que señalar que las demandas que se expresaron en las calles de manera directa, generando rupturas con la cotidianidad institucional, productiva y social, trascendieron del hecho de querer tumbar estas reformas. Las motivaciones fueron varias y han sido persistentes: exigir la implementación integral de los acuerdos de paz, que cese el asesinato de líderes sociales, rechazar la explotación predadora de los recursos naturales y la corrupción, como también la defensa de la educación, la salud y la búsqueda de mejores condiciones laborales, etc.
La presión en las calles de todo el país, auspiciada por la indignación de las y los jóvenes, que desbordó al movimiento organizado y sindical, logró que estas reformas retardatarias se tumbaran. Asimismo, la protesta llevó a que dimitieran de su cargo al ministro de Hacienda Carrasquilla, impulsor del proyecto de reforma tributaria que desencadenó las protestas, y la Canciller Claudia Blum.
Desafortunadamente, estos logros no fueron completos y sí dejaron mucho dolor en el país. El gobierno de Iván Duque, como muchos gobiernos locales, entre ellos el de la alcaldesa Claudia López, en vez de incentivar el diálogo efectivo con las y los manifestantes pararesolver las causas que motivaron la protesta social, priorizaron la represión y la violación a los derechos humanos como mecanismo para disolverla.
Según la Fundación Lazos de Dignidad, se sistematizaron en el contexto del paro al menos 89 homicidios, de los cuales en su mayoría corresponden a población joven y en al menos 36 casos existen elementos que permiten plantear la presunta responsabilidad de la Policía Nacional por el empleo de armas de fuego en escenarios de movilización. Alrededor de 1.929 personas heridas por el abuso policial, en donde se evidencian por lo menos 97 casos de lesiones oculares; práctica sistemática que desde el año 2018 ha dejado alrededor de 140 casos en todo el territorio nacional.
Igualmente, hubo 343 casos de agresiones directas a personas defensoras de derechos humanos que integran comisiones de verificación, las mismas que con la sanción presidencial de la Ley de Seguridad Ciudadana son estigmatizadas y criminalizadas a través del nuevo tipo penal denominado “obstrucción a la función pública”. También se registraron 106 denuncias de violencias basadas en género ejercidas presuntamente por la fuerza pública y 3.546 detenciones de manifestantes, en las que las personas detenidas afirman haber sido víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como presuntos montajes judiciales realizados en su mayoría contra liderazgos juveniles y populares que participaron activamente de las protestas.
Cabe resaltar que estas acciones dan muestra de que la violencia policial no es algo de “manzanas podridas” sino que obedece al ADN de lo que las élites han hecho con esta institución, pues en vez de ser un cuerpo civil armado encargado de garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, la Policía fue adecuada como un cuerpo político de represión, militarizado, dependiente de la política militar del Estado y permeado por la doctrina del enemigo interno implantada por Estados Unidos.
Producto de esto es que hay una problemática nacional de intervención violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en contra de los ejercicios de protesta, no solo en el marco del paro nacional de 2021 sino desde mucho antes. Realidad que ha sido reafirmada incluso por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC 7641-2020 del 22 de septiembre de 2020, en la que señala, entre otras, que el ESMAD es “una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas”.
Dicha realidad solo puede cambiar con una reforma estructural de la Policía Nacional, para lo cual es necesario un gobierno alternativo que reconozca la importancia de una fuerza pública para la paz y no para la guerra, poniendo en marcha dicha reforma. Sin duda, estegobierno ha de ser el de Gustavo Petro y Francia Márquez. Tal reforma, por supuesto, debe partir de la implementación completa del punto 2 del acuerdo de paz. Asimismo, la Policía como cuerpo civil armado destinado a la garantía de la seguridad ciudadana, debe estar adscrita al Ministerio del Interior y no al Ministerio de Defensa como en la actualidad, además tendría que ser excluida del fuero penal militar para que sea la justicia ordinaria la que la pueda juzgar y se evite la impunidad que ha sido constante.
Igualmente, una reforma efectiva debe contener la abolición de la doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno, fortaleciendo la formación en derechos humanos y garantizando el acceso a educación superior para las y los integrantes de la fuerza pública. Asimismo, es fundamental que incluya el desmonte del ESMAD y prohíba el uso de armas de “letalidad reducida” para el manejo de la protesta social, fortaleciendo la capacitación y la labor civil de la Policía.
Por otro lado, es necesario establecer un efectivo mecanismo de participación y veeduría ciudadana sobre el actuar de la Policía en todos los niveles, con medidas céleres y efectivas frente a las denuncias que se interpongan y, finalmente, es menester diseñar un mecanismo de selección y reclutamiento en el que las evaluaciones psicológicas y la búsqueda de antecedentes nutran la institución de personas que tengan la empatía y el servicio (no la agresividad o la imposición) como eje central de la carrera.
La reforma estructural a la Policía será uno de los grandes retos a los que se enfrentará el gobierno entrante. La protesta social como derecho constitucionalmente protegido debe ser garantizado y no reprimido, como ha venido ocurriendo. El malestar social que se reflejó en las calles durante el paro nacional tiene que verse reflejado en las urnas, rechazando aaquellos sectores políticos que lo provocaron, a aquellos que avalaron la barbarie cometida en contra de la juventud, así como a quienes guardaron silencio frente a la misma. La posibilidad de un cambio por la vida está abierta, por la memoria de los que ya no están, por nosotras y por las generaciones venideras, demos un paso importante el próximo 29 de mayo marcando en el tarjetón los rostros de Gustavo Petro y Francia Márquez, quienes impulsarán una cultura de paz y las reformas sociales que la garantizan.
Fuente: Cuarto de Hora
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