Ante las mismas, es necesario expresar que este tipo de prácticas, de ser ciertas, no solamente contradicen el ordenamiento legal y constitucional colombiano, sino que contrarían el espíritu democrático que debe regir en el ámbito educativo, principalmente en una universidad pública, como lo es la Universidad Militar Nueva Granada.
Nos sumamos a las peticiones de estas organizaciones sindicales para que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Trabajo y la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, realicen las investigaciones pertinentes y se tomen las medidas necesarias para la protección de la comunidad universitaria neogranadina y sus familias.
Estaremos prestos para acompañar a los docentes, trabajadores y estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada en la defensa de la educación pública y la democracia universitaria.
Francisco Maltes Tello
Presidente
Pedro Luis Arango Sánchez
Secretario General
Bogotá, 12 de julio de 2022
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